Opositores denuncian que el gobierno está destruyendo su propaganda electoral
Jesús Valderrama, jefe de campaña del municipio Sotillo, afirma que el gobierno ha mantenido una conducta de intimidación para tratar de torcer la voluntad del electorado
Niurka Franco
El gobierno y los pocos grupos que aún le obedecen, actúan como las peores bandas hamponiles que hayan existido en el país y por eso arremeten contra quienes piensan diferente con armas de fuego como hicieron con Pizarro, con Capriles, con Lilian Tintori y muchos otros opositores, sin contar con que esas acciones no desviarán la voluntad del electorado, cuya intención de voto es a favor del cambio.
Así se desprende de lo dicho por Jesús Valderrama, jefe de campaña del Municipio Sotillo, quien denunció además que desde el gobierno se ha ordenado la destrucción de la propaganda electoral del candidato de la Unidad, Armando Armas.
“Si el esfuerzo que han hecho para destruir la propaganda de nuestro candidato, lo hubiesen dirigido a resolver los problemas del estado, la población no estaría pasando hoy por tantas penurias”, comentó Valderrama, al recalcar que son innumerables los abusos y atropellos por parte del oficialismo que usando todo el poder y los recursos que son de los venezolanos, intentan torcer la voluntad de un pueblo que ya no les cree.
A su juicio, se trata de una conducta de intimidación y de atropello institucionalizada, pero advierte que contra una poblacióndecidida no hay amenaza ni intimidación que valga, de ahí que llamó a los anzoatiguenses a votar de forma decidida y contundente por el cambio, subrayando que ésa será la mejor manera de rechazar los atropellos y humillacionesimpuestos desde el gobierno nacional, regional y locales que en definitiva, es uno solo.
En cuanto a los rumores sobre las amenazas a los empleados públicos, a quienes estarían obligando a votar por lo candidatos del presidente Maduro y a presentar pruebas como filmaciones o fotos a través de teléfonos celulares, Valderrama insistió que actúan como bandas delictivas, pero acotó que los empleados públicos no deben dejarse intimidar porque se trata de un delito electoral.
Afirma que nadie puede violar la confidencialidad del voto y que para ello, los testigos que se encontrarán en las mesas electorales, han sido instruidos de manera que ninguna acción considerada como delito, pueda tener cabida en los centros el próximo 6D