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EEUU: Hermano del venezolano acusado de matar a estudiante de enfermería tenía papeles migratorios falsos

El venezolano José Ibarra, de 26 años, fue detenido por el asesinato de Laken Hope Riley, de 22 años, el viernes

El venezolano José Ibarra, de 26 años, fue detenido por el asesinato de Laken Hope Riley, de 22 años, el viernes

Con información de AP

ATHENS, Georgia, EE.UU. (AP) — El hermano del hombre acusado de matar a una estudiante de enfermería de Georgia ha sido acusado de presentar una tarjeta de residencia falsa a la policía cuando se investiga la muerte de la mujer, según autoridades federales.

Los hermanos José y Diego Ibarra son venezolanos, informó en un comunicado de prensa la Fiscalía del Distrito Medio de Georgia.

José Ibarra, de 26 años, fue detenido por el asesinato de Laken Hope Riley, de 22 años, el viernes, indicó la policía. El jefe de policía de la Universidad de Georgia, Jeff Clark, dijo que José Ibarra no es ciudadano estadounidense pero que desconoce su estatus migratorio.

Diego Ibarra, de 29 años, fue arrestado el mismo día por presentar presuntamente a los investigadores una tarjeta falsificada de residente permanente en Estados Unidos, afirmó la fiscalía. La policía local se había acercado a Diego Ibarra, que vive en Athens, cuando caminaba por la calle porque coincidía con la descripción del sospechoso.

Diego Ibarra se había encontrado con agentes fronterizos estadounidenses en abril del año pasado cerca de El Paso, Texas, de acuerdo con la fiscalía federal. Se tramitó su expulsión acelerada, pero alegó un “temor creíble de regresar a Venezuela”. Fue puesto en libertad con una solicitud de asilo pendiente.

Al menos 7,3 millones de personas han huido de Venezuela en la última década durante crisis políticas, económicas y humanitarias. La mayoría se asentó en países vecinos de Latinoamérica, pero muchos llegaron a Estados Unidos en los últimos tres años.

Desde que ingresó a Estados Unidos, Diego Ibarra ha sido detenido tres veces por agentes del orden público de Athens, informaron autoridades federales.

Fue detenido en septiembre por conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol y sin licencia, detalló la fiscalía. Fue detenido en octubre por hurto menor en tiendas y arrestado en diciembre por “no comparecer por un delito que requiere huellas dactilares”.

Diego Ibarra se encuentra bajo custodia estatal, aseveraron autoridades federales. Se desconoce si cuenta con un abogado que pueda hablar en su nombre.

Melissa Hodges, una portavoz de la fiscalía, dijo en un correo electrónico el sábado que no tenía ninguna información adicional sobre el estatus migratorio de José Ibarra, quien ahora enfrenta cargos que incluyen asesinato y secuestro.

La policía local indicó el viernes que José Ibarra, que vivía en Athens, aparentemente no conocía a Riley y actuó solo. El cadáver de Riley fue encontrado cerca de unos senderos para correr el jueves, lo que puso en marcha una investigación policial muy intensa que se centró en un complejo de apartamentos al sur de esa localidad.

Un video de las cámaras de seguridad del campus y otras herramientas tecnológicas condujeron a la policía hasta José Ibarra, que vivía en uno de los apartamentos, informó la policía.

No se sabe si José Ibarra cuenta con un abogado que pueda hablar en su nombre.

El cuerpo de Riley fue descubierto el jueves por la tarde después que una amiga dijera a la policía que no había vuelto de correr por la mañana, según las autoridades. Los agentes comenzaron inmediatamente una búsqueda y encontraron su cadáver en una zona boscosa cerca del lago Herrick que incluye senderos populares entre las personas que acuden al lugar para correr y caminar.

Los servicios médicos de emergencia determinaron que había muerto antes que los agentes la encontraran. Clark, jefe de la policía universitaria, dijo el viernes que la causa de la muerte fue un traumatismo por objeto contundente, pero no dio más detalles.

Riley estudió en la Universidad de Georgia hasta la primavera de 2023 antes de transferirse a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Augusta, de acuerdo con un comunicado de la propia Universidad de Georgia, que no tiene un programa de enfermería. Permaneció activa en la fraternidad universitaria a la que se unió en la Universidad de Georgia.

La hermana de Riley, Lauren Phillips, le rindió homenaje el viernes en un post de Instagram, llamándola “la mejor hermana y mi innata mejor amiga desde el primer segundo”.

“Esto no es justo y nunca lo entenderé, pero sé que ahora mismo estás en el cielo con el hombre que más querías”, escribió Phillips. “No estoy segura de cómo voy a hacer esto pero todo va a ser para ti a partir de ahora. No puedo esperar a darte el más grande de los abrazos algún día. Te echaré de menos y te querré siempre Laken”.

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Valle Seco ha perdido su capacidad turística por abandono gubernamental

La población fue seriamente afectada por el deslave del 3 de noviembre de 2022

La población fue seriamente afectada por el deslave del 3 de noviembre de 2022

Juan Afonso/@jcabnews

La actividad turística en Valle Seco, en el municipio Guanta del estado Anzoátegui (noreste de Venezuela) decayó casi por completo.

Ya la situación era grave desde antes del deslave ocurrido el 3 de noviembre de 2022 y que aun hoy deja secuelas en los habitantes de ese caserío.

Según el pescador Richard Serrano, la apertura de la vía hacia Conoma fue una de las cosas que comenzó a cortar el nexo turístico que esa población tenía.

Además, según serrano, la delincuencia, tanto de Anzóategui como del estado Sucre, los ha azotado. Muchos de los pescadores perdieron motores de sus embarcaciones, y los pocos que pudieron conservar, los mantuvieron a resguardo en sus viviendas.

El efecto de la delincuencia se hizo más notorio cuando se comprobó que existió una casilla de Poliguanta, pero hoy no está activa y el edificio se encuentra abandonado.

La zona del bulevar muestra como la taquilla para botes también está en abandono, y otros locales también. Además, algunos de ellos están ocupados por vecinos que quedaron damnificados tras el deslave de hace poco más de tres meses.

Serrano hizo un llamado a las autoridades del estado para que los ayude, especialmente en materia de seguridad.

"Este era un pueblo visitado por muchos turistas y hoy no tiene nada. Los gobernantes de turno se olvidaron de nosotros", expresó Serrano.

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Redacción Redacción

Fedenaga denuncia continuidad de invasiones: "Son mafias con ropaje de campesinos"

Lamentablemente estamos siendo acosados, amenazados, acechados; por grupos de delincuencia organizada disfrazados de campesinos

Lamentablemente estamos siendo acosados, amenazados, acechados; por grupos de delincuencia organizada disfrazados de campesinos

Nota de prensa

La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), en voz de su consultor jurídico, Alexis Algarra, denunció -este viernes- que, entre los múltiples problemas que hoy agobian al sector, repunta el tema de las invasiones de tierras productivas. Aseveró que este flagelo se ha agravado por años, y que hoy suma más de cinco millones de hectáreas afectadas.

"El sector productivo primario nacional hoy se encuentra bastante golpeado (...) Lamentablemente estamos siendo acosados, amenazados, acechados; por grupos de delincuencia organizada que, disfrazados de campesinos, se dedican de manera permanente, los 365 días del año, a invadir, desmantelar, vandalizar, a productores agropecuarios", enfatizó el abogado.

En entrevista para Primera Página de Globovisión, Algarra detalló que estos grupos irregulares entran a las unidades de producción, se roban tractores, implementos agrícolas, e incluso acaban con el rebaño. En este sentido, comentó que manejan denuncias de reses apuñaladas en los terrenos afectados.

"Llegó el momento de separar trigo de cizaña, la verdad es que el campesino venezolano es honesto, laborioso, trabajador; hay grupos criminales que dicen ser campesinos y solo generan inestabilidad, miedo; y esto sumado al resto de los problemas que atravesamos, contrae la producción nacional y atenta contra el plato de comida de los venezolanos", subrayó.

Diálogo en cámara lenta

Al referirse al tema del diálogo entre el gremio y la Asamblea Nacional, el portavoz del sector ganadero destacó que, aunque hasta la fecha no han visto resultados concretos, no se levantarán de la mesa hasta obtener respuestas a sus problemas.

Puso como ejemplo de esto la necesidad de coordinar con el ejecutivo la importación de diesel para el campo venezolano mientras se reestablece la producción nacional. Refirió que es un tema planteado hace cuatro meses sin éxito hasta ahora. (NDP)

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Nacionales Redacción Nacionales Redacción

Identifican al líder de la banda “Mayeya” que azota a la parroquia caraqueña La Vega

El hombre que responde al nombre del Yorfren Javier Guedes Bullones de 24 años está siendo solicitado por múltiples homicidios y lesiones a personas

El hombre que responde al nombre del Yorfren Javier Guedes Bullones de 24 años está siendo solicitado por múltiples homicidios y lesiones a personas

Redacción

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) divulgó este miércoles las fotografías del líder negativo el «Mayeya» y los presuntos integrantes de la banda delictiva que durante los últimos meses ha protagonizado los enfrentamientos en la parroquia La Vega, de Caracas.

El hombre que responde al nombre del Yorfren Javier Guedes Bullones de 24 años está siendo solicitado por múltiples homicidios y lesiones a personas y se ofrece una recompensa por $ 100 mil a quien de alguna información para su captura, se lee en el cartel publicado por Román Camacho a través de su cuenta en Twitter.

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Nacionales Redacción Nacionales Redacción

Hieren a un mayor del Ejército en una emboscada en el sector Los Pinos

El uniformado estaba en comisión de servicio en un vehículo particular junto con otros dos oficiales subalternos

El uniformado estaba en comisión de servicio en un vehículo particular junto con otros dos oficiales subalternos

Redacción

El mayor Carlos Eduardo Rodríguez Sánchez recibió un impacto de bala en su brazo izquierdo luego de ser emboscado por varios sujetos que se movilizaban en una camioneta Toyota Fortuner, mientras viajaba de Puerto Ordaz a Caracas.

El uniformado estaba en comisión de servicio en un vehículo particular junto con otros dos oficiales subalternos.

Rodríguez Sánchez fue trasladado al Hospital General de El Tigre, donde recibió atención medica de emergencia.

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Nacionales Redacción Nacionales Redacción

Reuters: Delincuentes condenados forman parte de la fuerza policial especial que aterroriza a Venezuela

La presencia de convictos dentro de las filas de la FAES arroja nueva luz sobre una fuerza de seguridad ampliamente considerada por los venezolanos como un mecanismo de control social de Maduro

La presencia de convictos dentro de las filas de la FAES arroja nueva luz sobre una fuerza de seguridad ampliamente considerada por los venezolanos como un mecanismo de control social de Maduro

Con Información de Reuters

GUARENAS, Venezuela, 18 feb (Reuters) - Desde que el presidente Nicolás Maduro fundó la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela hace dos años y medio, el escuadrón se ha ganado una reputación temible en los barrios pobres de Venezuela.

Oficiales de la fuerza han sido acusados ​​de torturar y realizar ejecuciones sumarias por grupos de derechos humanos, políticos de oposición y ciudadanos comunes.

El pasado noviembre, Reuters publicó una investigación sobre 20 muertos atribuidos a la fuerza, conocida como FAES, en la que las versiones oficiales de tiroteos como actos de autodefensa se contradicen con la de testigos, evidencia en video, certificados de defunción, informes de autopsia y otra documentación. La fuerza se ha relacionado con cientos de muertes desde su creación en 2017.

Sin embargo, pese a su notoriedad, el grupo FAES es muy reservado y es conocido por sus máscaras y uniformes negros con insignias de calavera, pero sin llevar etiquetas con sus nombres. Los oficiales suelen permanecer en el anonimato incluso después de derramar sangre.

Ahora, un caso judicial que involucra a la fuerza FAES en la muerte de dos hombres el pasado marzo revela otro hecho poco conocido que Reuters es el primero en ofrecer de manera pública: algunos oficiales del escuadrón son criminales condenados.

Según cientos de documentos reservados presentados por los fiscales del caso, al menos dos oficiales procesados ​​por participar en las muertes cumplieron penas de prisión antes de unirse al FAES.

Los documentos, que incluyen autopsias, informes balísticos, testimonios de oficiales y archivos de personal, muestran también que por lo menos tres miembros del mismo grupo, que no están siendo procesados ​​por la mortal operación, tienen antecedentes penales.

Es ilegal y contrario a la política de la policía nacional la presencia de delincuentes en la FAES. Una ley de 2009 prohíbe a los venezolanos con condenas penales trabajar como agentes. Las normas del grupo y los documentos de reclutamiento, revisados ​​por Reuters, dicen que los oficiales no deben tener antecedentes penales y sí tener “buen carácter moral”.

José Domínguez, jefe nacional de la fuerza FAES, dijo a Reuters en un breve intercambio de mensajes de texto que los miembros de la fuerza pasan por “procesos selectivos” y “entrenamiento especial”. No respondió a preguntas sobre los antecedentes penales de algunos policías del grupo FAES ni a una solicitud para discutir los hallazgos de Reuters en persona o por teléfono.

El Ministerio del Interior, que supervisa a la policía, y el Ministerio de Información, responsable de las comunicaciones gubernamentales, no devolvieron las llamadas y correos electrónicos de Reuters detallando sus hallazgos.

La presencia de convictos dentro de las filas de la FAES arroja nueva luz sobre una fuerza de seguridad ampliamente considerada por los venezolanos como un mecanismo de control social de Maduro, cuyo gobierno está asediado por el declive económico, el hambre, la inseguridad generalizada, las sanciones internacionales y el aislamiento.

Defendido por el presidente como un nuevo medio para combatir el aumento de la delincuencia y la violencia, el grupo FAES se ha vuelto tan temido como los criminales a los que estaba destinado a combatir, especialmente en las barriadas pobres, donde las dificultades avivan la inestabilidad política.

Personas familiarizadas con la unidad FAES dicen que los administradores del grupo están más preocupados por la fuerza y ​​el miedo que por la rectitud.

“Ellos veían la necesidad de contratar personas que no tengan temor de cometer delitos, de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento y matar”, dijo Nora Echavez, exfiscal jefe en Miranda, el estado donde se escuchará el caso judicial en curso.

“Un delincuente hace esto fácilmente porque ya lo hizo la primera vez”, agregó.

Reuters no pudo determinar exactamente cuántos exconvictos pueden estar trabajando dentro de las filas de la fuerza FAES en todo el país. El gobierno no hace públicos los registros de personal y ni siquiera el número de integrantes, que según estiman miembros de la policía, es de unos 1.500 oficiales.

El misterio que rodea a la fuerza, incluida la falta de transparencia sobre sus oficiales, es fundamental en su manual.

“El FAES prefiere el anonimato”, dijo Javier Gorriño, un criminólogo y comisionado de policía municipal en El Hatillo, un distrito de Caracas, que ha interactuado con la fuerza. “Una máscara da más terror cuando uno no sabe quién está detrás”.

El caso que se sigue en Guarenas, una localidad a unos 39 kilómetros al este de Caracas, es uno de los pocos en los que la identidad y los antecedentes de los oficiales de FAES han salido a la luz.

Los dos hombres muertos allí estaban relacionados con las fuerzas de seguridad. Uno era un policía municipal de Caracas y el otro era un exmiembro de la misma fuerza en la capital venezolana. Ninguno de los dos estaba afiliado a la fuerza FAES ni a ninguno de sus oficiales.

Personas familiarizadas con el caso creen que probablemente la única razón por la que sus muertes han provocado una mayor investigación son los vínculos de las víctimas con la policía. Los casos de miles de otros venezolanos que murieron a manos de la policía, supuestamente después de resistirse a un arresto, habitualmente no se investigan.

Alexis Lira, un antiguo policía convertido en abogado cuyo hermano fue una de las víctimas en Guarenas, dice que la mayoría de las familias de personas muertas a manos de policías carecen de recursos y medios para desafiar las versiones de los operativos del grupo FAES.

“La mayoría de las víctimas tiene que aceptarlo”, dijo Lira, quien ahora pasa gran parte de sus días trabajando con los fiscales para buscar la responsabilidad por la muerte de su hermano. “Yo no”.

Su hermano Fernando era un expolicía de 39 años que se había convertido en diseñador gráfico. También murió el amigo de Lira, Eligio Duarte, un funcionario municipal de 41 años en Caracas. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales.

Murieron el 6 de marzo de 2019, cuando un grupo de oficiales de FAES les disparó tras una breve persecución en auto. En un comunicado a los investigadores policiales, el supervisor de la fuerza que dirigió la operación dijo que los hombres habían disparado primero contra sus agentes.

La respuesta de la policía fue “bajo estado de proporcionalidad”, dijo el supervisor en su declaración.

No obstante, pronto surgieron pruebas de lo contrario.

Las pruebas forenses mostraron que ni Lira ni Duarte, que habían ido a Guarenas a cobrar un dinero debido a la novia del primero, dispararon un arma.

Ambos hombres fueron baleados desde arriba, según informes de autopsia, lo que socava la afirmación de la fuerza FAES de que fueron alcanzados en un tiroteo.

En una presentación judicial que llevó a la imputación de cargos de homicidio al supervisor de FAES y a seis oficiales, un fiscal estatal escribió: “Los hechos no se suscitaron de la forma como los funcionarios policiales pretenden hacer ver”.

“NO HAY LUGAR EN NINGUNA FUERZA DE POLICÍA”

Guarenas es el tipo de lugar violento que podría haberse beneficiado de una nueva fuerza nacional de lucha contra el crimen. Con unos 200.000 habitantes, esta comunidad del estado de Miranda, al este de la capital, tiene tasas de criminalidad que históricamente han excedido el promedio de Venezuela.

Algunas pandillas, expulsadas de Caracas en los últimos años, se han mudado a las colinas que rodean Guarenas y se extienden a lo largo de la costa caribeña. Las fuerzas policiales aquí y en otros lugares de Miranda son consideradas corruptas desde hace mucho tiempo.

Después de que los precios del petróleo se hundieron en 2014, provocando que Venezuela cayera en recesión, Maduro siguió políticas que profundizaron los problemas del país. Casi 5 millones de personas han migrado, aproximadamente el 15% de la población del país.

En ese éxodo han participado soldados, policías y otros trabajadores de la seguridad pública. Con salarios equivalentes a unos pocos dólares al mes en la economía hiperinflacionaria de Venezuela, quedan pocos incentivos para atraer candidatos calificados para reemplazarlos.

En Miranda, las filas disminuyeron tan rápidamente que los jefes de las comisarías comenzaron a bajar los estándares para los reclutas, dijeron a Reuters seis exoficiales familiarizados con el área.

Algunos de los contratados tenían antecedentes penales. La policía del área acrecentó su reputación de sobornar, cometer extorsiones y secuestros, así como de usar tácticas como chantajear a ciudadanos para sacarles sus pertenencias o detener camiones y saquear su carga.

“Había funcionarios que no deberían haber pertenecido a ningún cuerpo policial”, dijo Luis Martínez, un oficial de policía retirado que trabajaba en el área.

El crimen se disparó. La tasa de homicidios, que aumentó en toda Venezuela, subió particularmente rápido en Miranda.

De 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes a comienzos de década, la tasa para 2017 en Miranda se disparó a 153, según el Observatorio Venezolano de Violencia, un grupo de investigación con sede en Caracas. La cifra fue la segunda más alta en el país y alrededor de 30 veces la tasa en ese momento en Estados Unidos.

Cuando Maduro anunció la creación del FAES en julio de 2017, su gobierno encargó a los administradores de la policía local que reclutaran a oficiales para la nueva fuerza. Las prioridades incluían la lealtad al gobernante partido socialista y la disposición a usar agresivas tácticas en los vecindarios delictivos en todo el país, dijeron más de una docena de personas conocedoras de esos esfuerzos.

En abril de 2018, la Policía Nacional lanzó la unidad FAES del área, administrada desde Zamora, un municipio cercano. La fuerza estableció su sede detrás de un hospital local, al lado de la morgue. Un cráneo toscamente dibujado adorna una pared de yeso encalado junto a la entrada.

Un exjefe de operaciones policiales de Zamora, Oliver Álvarez, tomó el mando. Construyó una unidad de 120 oficiales, muchos de cuales provenían de las fuerzas locales y cercanas, de acuerdo con los contratos de empleo para el escuadrón revisados por Reuters. Álvarez no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Entre los nuevos oficiales de FAES estaba Richard Sánchez, uno de los procesados ​​en las muertes de Guarenas. Sánchez, ahora de 34 años, fue imputado en 2004 por robo y asalto, según registros judiciales. Reuters no pudo determinar si fue condenado por esos cargos. En 2014, fue declarado culpable de robo y cumplió dos años y medio de prisión, según muestran los documentos judiciales.

Reuters no pudo comunicarse con Sánchez.

Su abogado, Miguel Peña, también representa a todos menos uno de los otros seis oficiales procesados ​​en el caso de Guarenas. Peña dijo a Reuters que los acusados ​​están detenidos en un cuartel del grupo FAES en Caracas, pero aún son oficialmente parte de la fuerza. Confirmó la condena previa de Sánchez, pero dijo que sus clientes en este caso actuaron en defensa propia.

“No estoy diciendo que son unos santos”, dijo a Reuters en una entrevista. “Hubo un enfrentamiento y ellos tuvieron que defenderse”.

Otro recluta de la fuerza FAES local fue José Oliveros, un oficial que había escalado a través de las filas policiales en Miranda pese a una condena previa como cómplice de asesinato. Según los registros judiciales, Oliveros, ahora de 37 años, había acompañado a hombres cuando uno de ellos mató a tiros a un hombre después de un altercado de 2009.

Después de cumplir un año de una condena de cinco, Oliveros fue nombrado subdirector de una pequeña fuerza policial cerca de Guarenas en 2017, según muestran los documentos que anuncian su designación al cargo. Se convirtió en jefe de otra comisaría en 2018 y luego en jefe de otra el año pasado, incluso después de unirse a las filas del grupo FAES.

Contactado por teléfono, Oliveros dijo que buscaría el permiso de sus superiores para hablar con Reuters. No respondió a intentos adicionales para contactarlo. Su abogado, Julio Ortega, se negó a hablar con Reuters para esta historia.

“TODOS VAMOS A MORIR”

Las dos muertes en Guarenas siguieron a una fallida transacción en moneda extranjera, según las transcripciones de testimonios de los involucrados a fiscales e investigadores policiales. No está claro por qué los funcionarios del grupo FAES se involucraron o por qué el episodio se tornó violento.

En la mañana del 2 de marzo, María González recibió un mensaje de texto en su apartamento de Caracas que compartía con Lira, el expolicía.

La pareja llevaba junta 10 años y dirigía un negocio de impresión de camisetas. El mensaje ofrecía una transacción básica que muchos venezolanos buscan para evitar que sus ingresos se vean erosionados por la hiperinflación. Al convertir su moneda local en dólares, conservan el valor a largo plazo de sus ganancias.

Jhonathan Coraspe, un excolega de González de Guarenas, le dijo a la mujer que un amigo tenía 500 dólares que quería cambiar por bolívares, la moneda de Venezuela. En los textos, revisados ​​por Reuters y corroborados por González en entrevistas, ella aceptó la transacción.

Ese mismo día, transfirió 1,68 millones de bolívares, aproximadamente el valor equivalente de los 500 dólares en ese momento, a una cuenta que Coraspe dijo que pertenecía al amigo, Rubén Alarcón. González manejó la media hora a Guarenas para recoger los dólares.

Reuters no pudo comunicarse con Coraspe. Después de las dos muertes en Guarenas, Coraspe testificó ante los investigadores y fiscales de la policía, pero desde entonces se ha escondido, según los abogados involucrados en el caso.

Alarcón, el amigo de Coraspe, no respondió a llamadas telefónicas o mensajes de texto de Reuters para discutir el incidente.

En Guarenas, Alarcón no apareció en la farmacia donde Coraspe dijo que se reuniría con González para entregar los dólares. “Confié en ti”, escribió Coraspe. “Estoy chimbo (me siento terrible)”, respondió, y aceptó verla más tarde.

Esa noche, Coraspe condujo hasta el departamento de González en Caracas. Prometió asegurar los 500 dólares.

Lira, el expolicía, y Duarte, el agente policial municipal y amigo que también recibiría un disparo cuando se frustró la transacción, estaban en el departamento, según el testimonio de Coraspe y González. Coraspe dijo a los investigadores que los dos hombres lo obligaron a dejar su automóvil como garantía en caso que nunca entregara los 500 dólares. González dijo que Coraspe ofreció voluntariamente el Honda Civic plateado de 1997.

Ni Duarte ni Lira tenían antecedentes penales, según un documento que la policía de Caracas envió a los fiscales para el caso. Cinco excolegas dijeron a Reuters que ambos hombres habían sido ciudadanos y policías honestos.

En la mañana del 6 de marzo, Coraspe llamó a Hugo Martínez, un oficial de la fuerza FAES que conocía de su vecindario, según el testimonio de Coraspe a los fiscales. Le dijo a Martínez que dos hombres le habían robado su automóvil y estaban tratando de extorsionarlo pidiéndole 500 dólares.

Al día siguiente Martínez le dijo a Coraspe que le dijera a González que tenía los 500 dólares, pero que no tenía forma de llegar a Caracas, testificó Coraspe.

Coraspe le envió un mensaje de texto a Gónzalez y le dijo que podrían encontrarse en Guarenas al día siguiente.

A la mañana siguiente, el 6 de marzo, González envió a Lira, que se fue con Duarte a recuperar el dinero, dijo González a los investigadores.

En mensajes de texto, testificó Coraspe, Lira acordó encontrarse con él en una estación de servicio.

Con Lira con destino a Guarenas, Martínez llamó a su supervisor de FAES, Alexander Uzcátegui, y le contó sobre la supuesta extorsión, según muestran las transcripciones de testimonios de Uzcátegui.

Martínez le dijo a Uzcátegui que Coraspe pronto se encontraría con los dos hombres de Caracas en la estación de servicio. Uzcátegui dijo que él y un pequeño grupo de colegas de FAES estarían “en espera” de ellos allí.

Reuters no pudo comunicarse con Martínez, Uzcátegui ni con ninguno de los otros oficiales acusados ​​en la operación.

A las 13.00, Coraspe esperaba en la estación de servicio. Lira y Duarte llegaron en una camioneta Toyota Hilux azul. Cerca, en dos vehículos, los oficiales de FAES observaban.

Según el testimonio de Uzcátegui a los investigadores policiales, los hombres en la camioneta sacaron un arma y obligaron a Coraspe a ir hacia su vehículo “bajo amenaza de muerte”. Salieron a toda velocidad, dijo. Su escuadrón los persiguió.

Coraspe, en sus propios comentarios a los investigadores, dijo que ingresó a la camioneta voluntariamente. Ni Duarte ni Lira empuñaron un arma, dijo. Sin prisa, los oficiales FAES dispararon contra la camioneta Toyota en movimiento, agregó.

Asustado, Coraspe apretó el freno de mano. La camioneta se estrelló a un costado de la carretera. “Todos vamos a morir”, recordó Coraspe que le dijo a los otros hombres.

Según la transcripción de su testimonio, Coraspe corrió entonces hacia un vehículo FAES y entró. Mientras tanto, los oficiales se acercaron a la camioneta.

Duarte y Lira, testificó Coraspe, salieron con las manos en alto. Siguieron las órdenes de FAES de tirarse al piso. Con los hombres en el suelo, Coraspe afirmó que ya no podía verlos. Escuchó disparos.

Cinco minutos después, los agentes del FAES sacaron a Coraspe de su vehículo y le ordenaron tirarse al piso, dijo en su testimonio. Vio a Lira y Duarte “tirados como inmóviles”, dijo Coraspe a los fiscales.

Uzcátegui indicó a los investigadores que Lira y Duarte habían disparado contra su escuadrón. Sus oficiales respondieron, disparando a ambos. Después del incidente, dijo, los oficiales llevaron a los hombres a un hospital, donde un médico los declaró muertos.

“LO QUE REALMENTE SUCEDIÓ”

A las 14.30, Marlon Brito, un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas recibió una orden de un supervisor para ir a la morgue, según su informe escrito sobre el caso. El cuerpo, conocido como el CICPC, realiza trabajos forenses para la Policía Nacional. Reuters no pudo comunicarse con Brito para hacer comentarios.

En la morgue, al lado del hospital, Brito vio dos cuerpos.

Con una tarjeta de identidad nacional que estaba en el cadáver de Duarte, Brito identificó el cuerpo del oficial de Caracas. El cadáver de Lira sería identificado más tarde por las palabras inglesas “LIBERTAD” e “Historia” tatuadas en su antebrazo izquierdo.

Duarte sufrió dos heridas de bala en el pecho, escribió Brito en su informe. Lira tenía dos heridas en el pecho y un disparo en el estómago. Las autopsias confirmaron las heridas que informó Brito.

Desde la morgue, Brito condujo hasta el lugar del accidente y los disparos. Uzcátegui, el supervisor, hacía guardia con otros 15 oficiales de FAES, según el informe de Brito.

La camioneta Hilux estaba acribillada a balazos, escribió Brito. Las fotos de la escena revisadas por Reuters también muestran las perforaciones. Los proyectiles gastados cubrían el área y dos pistolas yacían en el suelo.

Los oficiales dijeron a Brito que las armas pertenecían a los dos sospechosos que les habían disparado.

En cuestión de días, la autopsia y los informes forenses rebatirían la versión de los miembros del FAES.

Los resultados de la autopsia, preparados por otra agencia gubernamental, concluyeron el 19 de marzo que ambos hombres habían recibido disparos desde arriba. Los informes, revisados ​​por Reuters e incluidos también en los documentos de la corte, dicen que las balas perforaron a Duarte “de arriba abajo”. Lira recibió un disparo de “arriba hacia abajo”.

Duarte Nuno Vieira, profesor de medicina forense y derecho médico en la Universidad de Coimbra, en Portugal, revisó los resultados de la autopsia a solicitud de Reuters. “Los informes de autopsia”, señaló, “están más en línea con un contexto de ejecución sumaria”.

En su informe forense, el CICPC concluyó que las manos de Lira y Duarte no tenían rastros de antimonio, bario o plomo, químicos reveladores expulsados ​​por la mayoría de las armas. Un especialista forense en España que revisó los hallazgos para Reuters dijo que el informe era concluyente.

“No realizaron disparo alguno”, dijo Francisco Gallego, director del Instituto Técnico de Estudios Balísticos de Madrid.

El informe del CICPC dijo que el reporte forense y testimonios situaron a los siete oficiales en la escena.

Uzcátegui, el supervisor, disparó las balas de pistola de 9 milímetros que mataron a Duarte, según el informe. La especificidad fue posible porque las balas, rastreadas por forenses hasta el arma de Uzcátegui, permanecieron en el cuerpo de Duarte, según la autopsia. Aunque las rondas que mataron a Lira salieron por las heridas, la balística en el informe indica que tres de los otros seis oficiales involucrados en el caso habían disparado armas.

Meyfer Díaz, un recluta de 23 años que se unió a la fuerza solo dos meses antes del suceso, disparó una ametralladora Heckler & Koch MP5. Un mes antes de la operación, Díaz publicó una foto de sí mismo en Facebook con el equipo de FAES. “Mámalo un ratico”, escribió, “nada me afecta”.

Sánchez, el oficial que cumplió condena en prisión por robo, disparó su pistola Tanfoglio cuatro veces. Los investigadores rastrearon otras catorce rondas en la escena hasta Oliveros, el oficial que fue cómplice de asesinato.

Reportes de balística y un registro de armas del FAES contenidos en el archivo del caso de los fiscales, ambos revisados ​​por Reuters, muestran que las rondas provienen de un Heckler & Koch MP5 asignado a Oliveros. El registro de armas muestra que Oliveros nunca devolvió la metralleta al arsenal de la fuerza FAES.

En una audiencia en julio, Ortega, el abogado de Oliveros, argumentó que su cliente no tenía el arma el día de los asesinatos.

En su testimonio ante los fiscales, Coraspe, cuya llamada telefónica desencadenó el episodio, dijo que después de las muertes en Guarenas los oficiales del FAES le dijeron que contara a los investigadores “que lo que pasó fue un enfrentamiento”. En cambio, dijo: “Les dije a los funcionarios todo lo que sucedió realmente”.

Los acusados ​​tienen previsto comparecer ante el tribunal en marzo. Se espera que el juicio demore meses. Los abogados de la Fiscalía no respondieron a las solicitudes de Reuters para discutir el caso.

Alexis Lira, el hermano del diseñador gráfico, visita semanalmente el juzgado y a los fiscales para asegurarse de que el caso progresa. González, la novia de Fernando Lira y beneficiaria prevista de los 500 dólares faltantes, se debilitó gradualmente tras la muerte de Lira debido a su larga lucha contra la hipertensión pulmonar.

Reuters la entrevistó varias veces a fines de 2019.

El 3 de enero, González murió de una insuficiencia cardiaca.

“Ella fue nuestra compañera en esta batalla”, dijo Jeanette Padrón, médica, amiga y la pareja de años de Duarte, el otro hombre asesinado. “La muerte de Fernando la rompió”.

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Robo de equipos afecta señal de Movistar en la zona centro de Anzoátegui

A raíz del robó en la estación Cerro Grande, las comunicaciones de voz y datos en las poblaciones Cantaura, San Mateo y Santa Ana se verán afectadas hasta nuevo aviso

A raíz del robo en la estación Cerro Grande, las comunicaciones de voz y datos en las poblaciones Cantaura, San Mateo y Santa Ana se verán afectadas hasta nuevo aviso

José Alberto Camacho / @josecamacho13

Barcelona. A través de su cuenta en la red social Twitter, la empresa de telecomunicaciones Movistar informó que las comunicaciones en la zona centro de Anzoátegui se encuentran afectadas luego de que la estación Cerro Grande fuese víctima de la delincuencia.

A raíz del robo en la estación Cerro Grande, las comunicaciones de voz y datos en las poblaciones Cantaura, San Mateo y Santa Ana se verán afectadas hasta nuevo aviso.


La estación Cerro Grande ha sido robada en dos ocasiones en los últimos 30 dias / Fotos: Cortesía

En lo que va de año Movistar informó que la estación ha sido robada en dos ocasiones y durante 2019 sus equipos fueron hurtados en cuatro oportunidades. Tan solo en 2019, indicaron, se invirtieron casi cuatro millones de dólares en la reposición de equipos robados en sus diferentes estaciones ubicadas en el país.

La empresa trabaja para restablecer las comunicaciones con prontitud, desviando las señales a otras estaciones cercanas.

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El Faes da de baja a cinco integrantes de la banda “El Peluca” en la Panamericana

El ministerio a través de su twitter añadió que durante el proceso se logró la incautación de 4 armas de fuego y una escopeta


El ministerio a través de su twitter añadió que durante el proceso se logró la incautación de 4 armas de fuego y una escopeta

Redacción

El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, confirmó que en un operativo realizado por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en el Km 2 de la carretera Panamericana, se efectuó un enfrentamiento con los integrantes de la banda de “El peluca”, siendo abatidos cinco de sus integrantes incluyendo al jefe del grupo delincuencial.

Hasta el momento identificaron con sus alias a cuatro, se trata de El Duende, el Guasón, el Fresa y el Javielito.

El ministerio a través de su twitter añadió que durante el proceso se logró la incautación de 4 armas de fuego y una escopeta.


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Cuatro detectives del Cicpc heridos en tiroteo contra delincuentes en la Cota 905

Al lugar se trasladaron grupos tácticos del Cicpc  y Contrainteligencia. Estos entraron al sector Las Quintas, de la Cota 905, en camionetas blindadas. Al parecer, "ingresaron a la Cota 905 en apoyo a funcionarios que se encontraban rodeados por hampones con fusiles de asalto"

Al lugar se trasladaron grupos tácticos del Cicpc  y Contrainteligencia. Estos entraron al sector Las Quintas, de la Cota 905, en camionetas blindadas. Al parecer, "ingresaron a la Cota 905 en apoyo a funcionarios que se encontraban rodeados por hampones con fusiles de asalto"


Con información de Panorama

En redes sociales,  este 26 de julio, se  posicionó rápidamente el enfrentamiento entre delincuentes de la banda de alias "El Coqui" y funcionarios de la policía científica registrado en horas de la mañana  en la Cota 905, en Caracas.

En videos que circulan en redes se escuchan las ráfagas y se ven cómo desde los techos de las viviendas los hampones muestran sus armas de alto calibre.

Al lugar se trasladaron grupos tácticos del Cicpc  y Contrainteligencia. Estos entraron al sector Las Quintas, de la Cota 905, en camionetas blindadas. Al parecer, "ingresaron a la Cota 905 en apoyo a funcionarios que se encontraban rodeados por hampones con fusiles de asalto".

Los heridos son Jesús Ramírez, comisario director de Vehículos; y los detectives Moisés Hernández (delicado), Greiver Solano, de contra bandas; y Luis Boyer.

Ningún delincuente resultó herido.

Por “orden presidencial”, el Cicpc tuvo que retirarse del lugar. El comisario Iván Simonovis indicó en sus redes sociales que el régimen ha dejado ganar la batalla en la Cota 905 a la delincuencia desalojando a los funcionarios del del lugar



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Cementerio de Barcelona es blanco de saqueadores de tumbas

Denuncian que santeros y hampones han abierto criptas para sacar bienes materiales o robar los cadáveres para ritos oscuros. El lugar no cuenta con vigilancia

Denuncian que santeros y hampones han abierto criptas para sacar bienes materiales o robar los cadáveres para ritos oscuros. El lugar no cuenta con vigilancia


Juan Afonso/@jcabnews

El Cementerio Municipal de Barcelona se ha visto severamente afectado por varios robos de tumbas que perpetran hampones y personas ligadas a la santería que se llevan cadáveres o partes de estos para rituales oscuros.

José Hurtado denunció que el camposanto capitalino no tiene vigilancia privada o de la Policía del Municipio Bolívar, por lo que a los saqueadores se les hace fácil entrar a robar las criptas.

Hurtado denunció que muchas tumbas fueron abiertas por delincuentes que buscan algún bien material para revender en el mercado negro, o hasta el mismo material de las urnas.

Expuso que los cadáveres expuestos generan focos de contaminación para visitantes y personal que labora en la necrópolis barcelonesa.

Aunque le pidieron al director del Cementerio, Eddy Brito, hacerse cargo de la situación, y este ha mandado reportes del problema a la Alcaldía de Barcelona, las autoridades municipales no se han movido para paliar la situación.

Hurtado mencionó que el daño a las tumbas les resulta imposible de pagar a los deudos que sufrieron estos embates delictivos.


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Proponen la implementación de un nuevo código penal para anteponer el derecho a la vida en Venezuela

La propuesta viene del abogado Guillermo Aristimuño quien aseguró además  que el actual Código penal  ha traído como resultado un aumento desmesurado de la criminalidad, un gran índice de reincidencia, una super población carcelaria que supera el 400% y la repotenciación del delito

La propuesta viene del abogado Guillermo Aristimuño quien aseguró además  que el actual Código penal  ha traído como resultado un aumento desmesurado de la criminalidad, un gran índice de reincidencia, una super población carcelaria que supera el 400% y la repotenciación del delito

Nota de prensa

“Urge un nuevo código penal”, aseguró el Dr. Guillermo Aristimuño, reconocido abogado del país especialista en derecho penal, quien también acotó que Venezuela transita por un momento único y crucial en  su historia que debe ser aprovechado con la renovación y adecuación de un nuevo código penal que sustituya al actual que lleva más de 100 años en el país.  

El especialista del derecho explicó que “no se ha tenido un nuevo código penal porque éste debe ser aprobado por  la Asamblea Nacional con las 2 terceras partes, las veces que ha existido la voluntad política de los legisladores  para crearla, no ha habido el consenso necesario, por eso este es el momento en la historia de Venezuela de aplicar y crear un nuevo Código”.

Aristimuño insistió en la importancia que tiene para una sociedad regirse por leyes que vayan acordes con las características y comportamientos  de cada nación,  y resaltó que el código penal es pieza clave ya que de ahí se  regirán acciones y sanciones a  seguir para implantar normas en el país.  “Nuestra Constitución nos da principios, deberes, garantías y derechos, nos da el derecho a la vida, a la salud, entre otros, el instrumento que protege esos bienes es el código penal”.   

El abogado explicó que “para el año 1800 nos regíamos por las leyes españolas, es decir por las de otro país  que nos había colonizado, en 1863 fue promulgado nuestro segundo código penal pero tenía como fundamento el código penal español. En 1897 cuando Guzmán Blanco elaboraron un nuevo código penal, es cuando se aprueba el tercero de Venezuela, copia prácticamente del código italiano. Luego de 122 años ese código sigue vigente en Venezuela, no ha cambiado su estructura, ha tenido algunos cambios muy menores  pero seguimos siendo regidos por un código de hace más de 100 años”. 

Resaltó que “todos los códigos del mundo empiezan tratando los delitos contra la vida, luego de la libertad y de último contra la propiedad, nuestra Constitución empieza protegiendo la vida en su artículo 43. Nuestro código penal empieza hablando de delitos contra la patria, contra la corrupción, delitos contra la propiedad y de último, el artículo 405  es que toca el tema de  la vida, eso produce la gran descomposición de la sociedad como hemos visto que se  está acentuando”. 

Aristimuño recordó que la vida es lo principal que debe proteger el código penal de un país. “Nosotros estamos al contrario, dejamos la vida para lo último, por otra parte tiene 122 años y no se ha adecuado a la cantidad de tratados internacionales que han suscrito leyes penales como la Corte penal internacional”. 

“Existe una desproporción entre las penas. En nuestro código  penal por quitarle la vida a una persona que es el bien más sagrado que existe  la pena es de 2 a 18 años, en cambio por el robo de un vehículo la pena es de 18 años. Hacer que una persona pierda su brazo, causar lesiones o provocar el aborto de una mujer embarazada, la pena es de 4 años y 6 meses, mientras que si me robo una vaca, la pena es de 4 a 8 años, o sea que una vaca o un teléfono valen más que la vida humana  en Venezuela”, increpó, 

El jurista dijo que “nuestro código tiene que adecuarse a los códigos del mundo, el nuestro solo ofrece penas de privativas de libertad, no contempla multas, trabajo comunitario, entre otras, ya que no todos deberían ir presos, no se puede mandar a un muchacho de 18 años que cometió un delito menor, a la cárcel con delincuentes que han cometido grandes delitos, porque terminan de corromperse, hay que tener otro tipo de penas, esto está siendo aplicado en todos los  países del mundo, en EEUU, España, Francia, Suiza Colombia, entre otros”. 

Concluyó asegurando que “no podemos seguir teniendo un código que está hecho para otra sociedad, para otra historia, para otra idiosincrasia, debemos tener nuestro propio código penal, hecho por juristas venezolanos en base a las necesidades juristas sociales, políticas, económicas e históricas de nuestro país”. 

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Estudiantes de veterinaria hayan osamenta en el campus de UCV Maracay

Estudiantes venezolanos, desolados tras un macabro hallazgo

Estudiantes venezolanos, desolados tras un macabro hallazgo

Con información de AP

MARACAY, Venezuela (AP) — Rafael Toro, un estudiante de la escuela de veterinaria más importante de Venezuela, sospechó que algo iba mal cuando una querida yegua llamada Miss Congeniality no lo saludó en la cerca una mañana reciente, como los otros miembros de la pequeña manada del centro.

La yegua alazana de ojos brillantes se había ganado su apodo por ayudar a estudiantes discapacitados a superar su miedo a montar a caballo. Dicen que era inteligente e incluso trotaba cuando la llamaban por su nombre.

Para su sorpresa, Toro descubrió la piel del animal y sus huesos desembrados escondidos entre los árboles en el pasto de una esquina del recinto universitario de la ciudad de Maracay Durante la noche, los ladrones saltaron la cerca, mataron al caballo y se llevaron su carne, bien para venderla o para alimentar a sus hambrientas familias.

“Yo reventé a llorar”, señaló Toro, quien dio la macabra noticia a los otros estudiantes. “Todos vinimos para acá, todos lloramos”.

El asesinato no es un incidente aislado. Ante el colapso económico y la desorbitada inflación en la que en su día fuera una próspera nación petrolera, los residentes tienen problemas para comprar los escasos alimentos disponibles y la delincuencia motivada por el hambre y la desesperación va en aumento.

Ganaderos de todo el país se quejan de que sus rebaños están enfrentando la misma suerte. Reportes en medios locales, ilustrados con grotescas imágenes de los animales descuartizados, señalaron que pequeños grupos de hombres fueron sorprendidos contrabandeando con carne de caballo robada.

Los profesores del campus de la Universidad Central de Venezuela en Maracay se quejan de que los ladrones se llevaron los aparatos de aire acondicionado y los cables eléctricos, obligándolos a dar clase en aulas a oscuras y con el sudor corriéndoles por la espalda.

Los bandidos parecen haber centrado su atención ahora en el sacrificio de caballos y otros animales vitales para el aprendizaje de la próxima generación de veterinarios de la nación.

La carne de un caballo adulto podría alcanzar los 1.400 dólares en el mercado, en base a la equivalencia de precios de la carne de vacuno venezolana, lo que lo convierte en un negocio lucrativo en un país donde el salario mínimo mensual de un trabajador está por debajo de los 10 dólares, según la tasa utilizada en el mercado negro.

Meses antes de la desaparición de Miss Congeniality, los ladrones mataron a dos caballos que habían sido donados a la universidad y estaban en cuarentena en un pasto cercano, explicó Toro. Desde finales de 2016, siete vacas, incluyendo un valioso toro que era el centro del programa de reproducción del centro, fueron sacrificados por bandidos que se cuelan en el campus aprovechando la noche.

“Una pérdida como esa también es algo bastante costoso”, dijo el profesor Daniel Vargas, que supervisa el programa de ganado de la universidad.

Tradicionalmente, los venezolanos han sentido repulsa ante la idea de comer carne de caballo, lo que hace que los recientes acontecimientos sean especialmente inquietantes, señalan los maestros, que sospechan que los clientes compran el producto a sus carniceros pensando que es carne de res.

La facultad reporta cada caso, pero por el momento la policía no ha detenido a ningún sospechoso. El presupuesto de la escuela está congelado desde hace más de una década, lo que llevó a los guardas de seguridad a abandonar sus puestos dejando al centro a merced de los malhechores, señalaron las autoridades universitarias.

“Pudiese ser algo interno o algo externo”, manifestó Isis Vivas, decano de la escuela de veterinaria. “Todo es posible”.

Toro, que ama los animales desde que era niño y planea graduarse el próximo año, cree que Miss Congeniality fue elegida entre la pequeña manada de cinco caballos. Tenía cuatro años y esta rellenita y en su mejor momento.

Ante la trágica pérdida, guardó su cráneo para que futuras generaciones de estudiantes puedan seguir aprendiendo de ella, como a medir la edad de un equino examinando sus dientes.

“Uno hubiese querido que ella hubiese permanecido más aquí en la facultad, que hubiese dejado una descendencia. Pero lamentándolo mucho no fue así”, dijo Toro.

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Cicpc desmanteló una banda de abogados

Esta banda de abogados se dedicaba a vender toda la información financiera de sus víctimas quienes eran extorsionadas


Esta banda de abogados se dedicaba a vender toda la información financiera de sus víctimas quienes eran extorsionadas

Con información de El Universal

Martha Isabel Utrera y Renny Javier Durán fueron aprehendidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas al constatar que la pareja supuestamente vendía información financiera de colegas y amigos a bandas dedicadas al robo, según versión policial.

La abogada señalada fungía como autora intelectual de las fechorías y su cómplice contactaba a los delincuentes para “pichar a las víctimas”. Durán se desempeñaba como coordinador de alguacilazgo del área de adolescente del circuito penal del estado Táchira.

La detención ocurrió 14 de julio y según la fuente las investigaciones van adelantadas y se tienen pistas del sitio donde estas personas esconden lo sustraído en los robos. reseñó El Universal

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Estudiantes de la UDO cerraron la avenida Argimiro Gabaldón por inseguridad

La Escuela de Medicina fue cerrada debido a falta de energía eléctrica, mientras que profesores de unirán al paro de 48 horas

La Escuela de Medicina fue cerrada debido a falta de energía eléctrica, mientras que profesores de unirán al paro de 48 horas

Jackelyn Pinto 

La comunidad estudiantil de la Universidad de Oriente (UDO), núcleo Anzoátegui, cerró por segundo día consecutivo el acceso en la avenida Argimiro Gabaldón, debido a la inseguridad que azota al campus.

Luis García, dirigente estudiantil de UDO7, informó que durante la madrugada de este miércoles sustrajeron del área del comedor 400 kilos de alimentos que servían para alimentar a bachilleres y profesores.

Además añadió que el hecho ocurrió mientras efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se encontraban dentro de la universidad.

La decana de la UDO, María Teresa Lattuca, exigió al Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (Cicpc) realicen las averiguaciones pertinentes, “no se puede seguir permitiendo el desmantelamiento a la casa de estudio.

Entre tanto, Génesis Villalba, estudiante del cuarto semestre de medicina, manifestó que se vieron en la obligación de cerrar la Escuela de Medicina debido a que no cuentan con energía eléctrica  para recibir contenido.

Aunque la bachiller no precisó por cuánto tiempo estarán así, si aclaró que es imposible recibir clases, puesto que los ladrones se llevaron todo el cableado y toda la brekera.

Paro

Este jueves y viernes los profesores de la UDO se unirán al paro convocado por la  Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), esto en exigencia a salarios dignos para los trabajadores, respeto a la  Autonomía Universitaria, presupuestos universitarios adecuados a las necesidades, en rechazo al saqueo de las universidades, igualdad de derechos para los trabajadores en condición de  activos y jubilados y pensionados.

Además de  condiciones académicas para una educación de calidad, beneficios estudiantiles que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, cobertura total de  las necesidades en materia de salud y servicios funerarios para los trabajadores y diálogo urgente con los representantes legítimos de los trabajadores.

“Denunciamos ante la comunidad universitaria que el gobierno, irresponsablemente y de manera  deliberada, nos obliga a mantener el conflicto, seguiremos en defensa de la universidad”, apuntó.

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Desmantelan banda de secuestradores que operaba en el eje Guarenas-Guatire

A través de Twitter, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, señaló que fueron aprehendidas cuatro personas que formaban parte de la organización delictiva


A través de Twitter, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, señaló que fueron aprehendidas cuatro personas que formaban parte de la organización delictiva

Con información de El Universal 

 El ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó este miércoles que fue desmantelada una banda de secuestradores que operaba en el eje Guarenas-Guatire en el estado Miranda. 

A través de su cuenta en Twitter, @NestorReverol, el ministro señaló que luego de las investigaciones realizadas por la División de Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), se consiguió detener a cuatro integrantes de dicha organización delictiva, quienes responden a los nombres de Juan Yanez (43), Deivi Crespo (43), Charly Mecia (42), y Deivis Crespo Vargas (21). 

Trascendió que en la redada fueron incautados un teléfono, un vehículo y una moto "que eran usados para cometer delitos en la zona". 

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Denuncian que la delincuencia azota las instituciones del estado

El secretario de gobierno, Sergio Padrón, informó que esperan aprobación para aumentar el cobro del peaje y activar un plan de seguridad


El secretario de gobierno, Sergio Padrón, informó que esperan aprobación para aumentar el cobro del peaje y activar un plan de seguridad

Nohemí Rondón

Producto de la crisis social y económica que azota el país, las instituciones públicas dependientes de la gobernación de Anzoátegui han sido azotadas por la delincuencia.

Así lo aseveró en entrevista a Unión Radio el secretario de gobierno, Sergio Padrón, quien detalló que en los hospitales por ejemplo, se han llevado bombillos, llaves de lava manos y hasta las bisagras de las puertas, “ocurre lo mismo en otros entes”.

Comparó el hecho como los desmantelamientos que han ocurrido en la Universidad de Oriente (UDO), donde personas ajena a la casa de estudio han cargado con puertas, pocetas, escritorios, aires acondicionados y hasta material de papelería.

“Existe un asedio tanto en las instituciones públicas como en la UDO, esta última nos preocupa porque si no hacemos una gran cruzada podríamos perder una universidad que tantos profesionales no ha dado”, alegó Padrón.

Indicó que en el tema de la inversión estadal ha sido difícil puesto que dependen directamente del Gobierno nacional. “Cuando realizamos el presupuesto para una obra  en menos de una semana vuelve a cambiar tres veces más de los acordado, y nuestra gobernación tiene un déficit presupuestario enorme”, agregó el  director.

Explicó que se han trazado un plan de recuperación de vialidad sobre todo en las carreteras nacionales ya que carecen desde buen asfaltado hasta asistencia médica. “Hay bandas dedicadas al saqueo, robo y extorsión en las carreteras.  Estamos esperando que nos aprueben los aumentos en los peajes para aplicar  un ajuste a los camiones de carga pesada los cuales dañan las vías, y eso nos ayudaría a tener vigilancia, servicio de paramédicos, ambulancias, grúas y patrullas policiales con recursos propios”, puntualizó.

Salarios

Padrón destacó que pese a todas las deudas y pendientes que encontró el gobernador Antonio Barreto Sira cuando asumió el mandato, pudo lograr que se homologaran los sueldos de los trabajadores activos de la gobernación.

“El gobernador se comprometió con los jubilados para homologar también  sus sueldos, pero esos recursos dependen  del gobierno central. La gobernación depende 100% del Ejecutivo nacional, sin embargo, no hemos tenido complejos para plantear la situación. Todo lo que corresponda a los trabajadores hay que cumplirlo. Estamos conscientes de los bajos salarios que tenemos y que no alcanzan para vivir”, dijo.

Padrón recordó que existe un compromiso del vicepresidente de la República de entregar la policía del estado en enero, “estamos en mayo y no ha pasado; sin embargo mantenemos contacto con el gobierno y aspiramos que en los próximos días la entreguen y  podamos atacar situaciones importantes como los atracos en la carretera”.

El funcionario precisó que desde la gobernación ayudan a todos aquellas personas que ingresan solicitando apoyo para la compra de comida y medicinas, “sabemos la situación que afronta nuestro pueblo y nuestro deber es ayudarlos”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Alertan que hurtos masivos en la UDO hacen técnicamente imposible el inicio de clases

Aires acondicionados, cableado, breakers industriales, y hasta las puertas de los salones y baños fueron sustraídos de la casa de estudios

Aires acondicionados, cableado, breakers industriales, y hasta las puertas de los salones y baños fueron sustraídos de la casa de estudios

Nohemí Rondón

Barcelona.- La incertidumbre, delincuencia y el desmantelamiento rodean a la Universidad de Oriente (UDO), núcleo Anzoátegui, así lo aseguró el directivo de la Escuela de Ciencia Administrativa (ECA), Tirso González al afirmar que el área de Ingeniería Civil fue víctima del hampa.

Explicó que todo el sistema del cableado eléctrico y breakers industriales fueron sustraídos por malhechores, lo que técnicamente imposible que el 25 de septiembre pueda iniciar el periodo académico, puesto que el 90% de los departamentos de la casa de estudio fueron objeto de hurtos.

“No sabemos en qué condiciones vamos a encontrar la universidad, nuestro campus parece una casa fantasma por la ineficiencia en la seguridad por parte de las autoridades académicas, cuerpos de seguridad y el gobierno regional presidido por Nelson Moreno”, acotó González.

El también delegado de la Asociación de Profesoresde la UDO (Apudo)  dijo que debido al abandono e inseguridad, los ladrones se han llevado las puertas de los salones y baños además de pocetas y lavamanos. “El 25 de septiembre solo vamos a encontrar los ladrillos de la universidad”, expresó.

 

Desde el principio

De entrada al primer día de clases, González exigirá que se retome el conflicto universitario sobre la contratación colectiva, condiciones de higiene, seguridad y ambiente de trabajo; además de proveer un buen sistema de salud a los trabajadores universitarios.

También planteará las elecciones de Apudo, la cual , según dijo, hay dos formas viables de convocar: La primera por llamado de la actual junta directiva de la Asociación de profesores, y la segunda depende de la recolección de firmas del 10% de los académicos, esta se da solo si la primera no funciona.

“Yo me anoto en la primera, por ello es necesario que el 25 o 26 de septiembre se llame a un proceso electoral, de lo contrario yo voy a organizar a la gente para la recolección de firmas”, precisó.

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El estado Bolívar en manos de delincuentes que siembran terror

El diputado Omar González Moreno miembro de la Comisión de Defensa de la AN, afirma que no son fortuitos los hechos de violencia acaecidos en esa entidad

El diputado Omar González Moreno miembro de la Comisión de Defensa de la AN, afirma que no son fortuitos los hechos de violencia acaecidos en esa entidad

Niurka Franco

Bandas dedicadas a la depredación ambiental,  toques de queda, asesinatos a sueldo y toda suerte de delitos tienen lugar en el estado Bolívar, donde según el diputado Omar González Moreno, miembro de la Comisión de Defensa de la AN, hasta el propio gobernador Francisco Rangel Gómez estaría involucrado.

El parlamentario refiere que en el municipio Caroní las bandas armadas  están sembrando el terror, lo cual asevera, se evidencia en una sucesión de hechos de violencia, cada uno peor que el anterior.

“Hubo un paro en la zona del hierro porque mataron al director de la Cámara de Comercio, pero eso no es nada, en Tumeremo 24 horas antes, organizaciones hamponiles  que trafican con oro, con gasolina y con todo cuanto pueden, decretaron  un toque de queda y ni siquiera  la Guardia Nacional podía salir de los cuarteles “.

Advierte que  por si eso fuera poco, hace escasas horas, el Jefe de Vigilancia Minera, General Nelson Figuera, apareció extrañamente ahogado en el río Aro sin que las autoridades regionales y nacionales hayan ofrecido algún tipo de información al respecto, por el contrario un hermetismo total respecto al caso.

El vocero de la Comisión de Defensa sostiene que no solo se trata de hampa organizada, también de irregulares como guerrilleros y paramilitares. Sobre este aspecto, el ente parlamentario interpeló recientemente al gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, quien dijo haber denunciado ante el Ministerio de la Defensa, la presencia de irregulares, así como su ubicación en campamentos en diversas áreas de la entidad. No obstante, la respuesta a su denuncia habría sido que estaban al tanto de la ubicación de los campamentos, pero que por órdenes superiores no podían actuar, “eso quedó grabado en la Comisión de Defensa”, finalizó el diputado Omar González Moreno.

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Policía de Lechería desmanteló 4 bandas delictivas en febrero

El comisario Iraní Benavides detalló que el mes pasado también detuvieron a 30 personas incursas en delitos, además incautaron un arma de fuego, un vehículo, una moto y un peñero

El comisario Iraní Benavides detalló que el mes pasado también detuvieron a 30 personas incursas en delitos, además incautaron un arma de fuego, un vehículo, una moto y un peñero

Redacción

Los cuatro grupos delictivos desarticulados por los uniformados de Lechería fueron: Los Pirañas, conformada por cuatro sujetos que robaban en los bulevares de la ciudad, utilizando como medio de escape un peñero; y Los Polivíveres, integrada por tres ciudadanos, uno de ellos funcionario activo de Polisotillo, incurso en el delito de hurto. También desarticularon a Los Escaladores y la banda las Padilleras.

El comisario Benavides informó que durante los procedimientos incautaron un arma de fuego, un vehículo, una moto, y un peñero que los delincuentes usaban para huir de la ciudad por vía marítima una vez que cometían sus fechorías.

Durante el mes de febrero de 2017, la Policía de Lechería detuvo a 30 personas, 10 de ellas mujeres, por su participación en diversos delitos, informó el jefe policial.

Explicó además que 14 ciudadanos fueron capturados por hurto, seis por robo, cuatro por lesiones, tres por resistencia a la autoridad, dos por tratos crueles a menores, y uno por porte ilícito de arma de fuego. Todos los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

Carnaval

Por otra parte, el director de la Policía de Lechería manifestó que durante el operativo Carnaval 2017 arrestaron a siete personas, dos de ellas por hurto, dos por resistencia a la autoridad, dos por maltrato infantil, y uno por lesiones.

Igualmente, dijo que retuvieron siete motos, ocho vehículos, impusieron 233 multas por infracciones de tránsito, e impartieron 250 charlas de educación vial.

“Citamos a los encargados de cuatro establecimientos nocturnos por incumplir los horarios de cierre, los cuales serán sancionados por la Policía Comunal”, resaltó el comisario Benavides.

Comentó que no se registraron homicidios, accidentes con lesionados ni con fallecidos, y tampoco robos o hurtos de vehículos. “Lechería continúa siendo la ciudad más segura de Venezuela”, sentenció.

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Estados Unidos recomienda evitar viajes a Venezuela por delincuencia, escasez y saqueos

 "Venezuela tiene uno de los índices de crimen más altos" y "la segunda tasa de homicidios" en el mundo

 "Venezuela tiene uno de los índices de crimen más altos" y "la segunda tasa de homicidios" en el mundo

Con información de AFP

El departamento de Estado estadounidense recomendó el jueves a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido al "crimen generalizado" en todo el país, la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes y los frecuentes episodios de disturbios y saqueos.

"El crimen violento, incluyendo homicidios, atracos a mano armada, secuestros y robos violentos de coches, son endémicos en todo el país (...), incluso en zonas que generalmente se presumen como seguras y frecuentadas por turistas", advirtió el departamento en un comunicado.

Citando a la ONG local Observatorio Venezolano de la Violencia, el texto advirtió que "Venezuela tiene uno de los índices de crimen más altos" y "la segunda tasa de homicidios" en el mundo.

La "advertencia" del departamento de Estado es de largo plazo y difiere de una "alerta", un formato que recomienda a la población evitar un país por una circunstancia específica. En este caso, en cambio, el gobierno estadounidense pide a sus viajeros evitar Venezuelapor tiempo indefinido.

"Las protestas políticas pueden ocurrir espontáneamente y se espera que tengan lugar con mayor frecuencia en los próximos meses en Caracas y otras regiones del país. Son comunes las largas filas para comprar productos básicos y ha habido reportes de disturbios y violencia durante estas esperas, que a menudo terminan en negocios saqueados y calles bloqueadas", indicó el comunicado.

El departamento también advirtió sobre los traficantes de drogas y grupos armados ilegales "que están activos en los estados de Zulia, Táchira y Apureen la frontera con Colombia".

El gobierno indicó además que las restricciones de seguridad que debe cumplir el personal diplomático acreditado en Caracas restringe los servicios que la embajada puede proveer a sus ciudadanos.

Esta advertencia actualiza una previa emitida en septiembre de 2018.

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