Vicepresidenta de la Comisión de Medios: Poder Judicial censura con sentencia contra el Correo del Caroní
"La sentencia es una aberración completa que prohíbe la investigación de hechos de Corrupción"
Redacción
La vicepresidenta de la Comisión Permanente de Medios de la Asamblea Nacional, Olivia Lozano informó este miércoles que se aprobó un comunicado en respaldo al diario Correo del Caroní, del estado Bolívar, cuyo director fue sentenciado a 4 años de prisión por la publicación de varios trabajos de investigación referentes a la CVG Ferrominera, que resultaron en privativa de libertad para varios de sus directivos en el año 2013.
“Nuevamente el gobierno utiliza al poder judicial para silenciar los medios de comunicación y la censura tiene un aval judicial en la sentencia contra el Correo de Caroní. La sentencia es una aberración completa que prohíbe la investigación de hechos de Corrupción", manifestó la parlamentaria.
“Por eso hoy denunciamos que el régimen no ha cesado en su decisión de restringir los derechos de expresión e información, en Venezuela se utilizan medios directos e indirectos para perseguir y hostigar”, dijo la también defensora de los DD.HH.
“La corrupción en este país tiene consecuencias ulteriores dependiendo de sobre quien estás hablando. Esta condena es regresiva sobre la libertad de expresión y pone en riesgo el ejercicio del periodismo como un oficio natural para escrutar el poder y de contraloría social Bolívar”, destacó.
Lozano refirió que tanto este caso como la problemática que atraviesan varios diarios del interior del país dificultan el trabajo periodístico y el acceso a la información. “Se ha condenado la misión social y moral del periodismo. La violencia y la hostilidad permanentes contra los medios de comunicación y el ataque directo a las garantías individuales y colectivas en materia de libertad de expresión, hacen de
Venezuela un país de riesgo para el ejercicio periodístico”, resaltó.
Para la segunda representante de la Comisión de Medios, la denuncia pública la han convertido “en un delito político y penal. El gobierno utiliza el poder judicial para silenciar los medios de comunicación”.
Culminó recordando que en el estado Bolívar la coacción a los medios regionales está a la orden del día, a través de la asignación de pauta publicitaria que adjudica de forma política el gobernador Francisco Rangel Gómez. “Por esta y muchas razones este señor debería poner su cargo a la orden, es un mentiroso e irresponsable como quedó demostrado en el tratamiento a la masacre de Tumeremo”.
