Abelardo Díaz: Asesinato de liceísta demuestra lo peligroso de resolución 8610
Diputado tachirense asegura que el informe forense del menor refleja herida por arma de fuego
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Diputado tachirense asegura que el informe forense del menor refleja herida por arma de fuego
Caracas. Evely Orta
Ante el asesinato del liceísta de 14 años en Táchira, en protestas en las que otros seis jóvenes resultaron heridos, el diputado Abelardo Díaz expresó que "aquí lo que cabe pedir es que se derogue esa resolución 8610 en la que el Ministerio de la Defensa autoriza a los organismos de seguridad poseer armas de fuego en manifestaciones".
El parlamentario tachirense explicó que la medida propicia situaciones irregulares como las registradas en Táchira. "Lamentamos la posición irresponsable del señor presidente que le dice al país que esta situación no ocurrió, sabiendo que los hechos se dieron de una forma, el país lo vio porque hay videos, fotos y testimonios”.
El informe forense, aseguró el diputado de la Unidad, indica la víctima falleció como consecuencia de una herida con arma de fuego en la cabeza con pérdida de masa encefálica. “Este hecho es producto del odio que nos han sembrado durante tantos años, prácticamente lo que vimos fue un niño asesinando a otro niño”.
“A estos jóvenes policías les han inculcado que toda persona que proteste es un enemigo de la patria, ya los venezolanos estamos viendo las consecuencias de esta siembra de odio”, rechazó el legislador.
Díaz informó que en la sesión de este martes solicitó en la sesión ordinaria una investigación y la destitución del jefe de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). La respuesta de su homólogo Darío Vivas era que había que investigar sus vínculos con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien en su cuenta Twitter publicó la muerte del niño.
Agregó que esta falta de seriedad de los diputados del PSUV en la Asamblea Nacional es insólita. “Tantos problemas que atraviesa el país y ellos aprovechando la mayoría que tienen en el parlamento se mantienen a espaldas de la crisis enfrascándose en la persecución a dirigentes políticos, empresarios, comerciantes, pero se niegan a dar una respuesta al ciudadano”.
ONU reacciona ante resolución del Ministerio de Defensa
El uso de armas de fuego en protestas alarma a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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El uso de armas de fuego en protestas alarma a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Caracas. Evely Orta
Como una violación directa a los derechos humanos calificó la Organización de Naciones Unidas (ONU) la reciente resolución 008610 del Ministerio de Defensa.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó este martes la autorización para reprimir las manifestaciones con armas de fuego.
Rupert Colville, portavoz de la oficina, dijo que "el uso del Ejército para acciones de imposición de la ley debería ser un método excepcional de responder a una situación de emergencia, cuando hay una necesidad de apoyar a la policía civil”.
"En esos casos, el uso del Ejército debería ser sólo temporal y los militares deberían actuar bajo comando y control civil", agregó Colville.
La resolución detalla una explicación dirigida a los funcionarios de orden público sobre cómo hacer el "uso progresivo y diferenciado de la fuerza" y ubica en último lugar la aplicación "del método del uso de la fuerza potencialmente mortal bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal".
Sin embargo, los funcionarios policiales "no portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, a menos que, por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla sea necesario su porte y uso".
El funcionario de la Naciones Unidas recordó que de acuerdo a los estándares internacionales, el uso de la fuerza letal debe ser la última opción, sólo aplicada bajo los principios de necesidad y proporcionalidad, y sólo en situaciones donde es estrictamente inevitable para proteger la vida”.
Y en concordancia, Colville leyó el artículo 68 de la Constitución que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.
Instó al gobierno venezolano a adherirse en todas circunstancias a los Principios Básicos de la ONU sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios que aplican la ley y a sus propia Constitución.
ONU rechaza uso de armas letales en protestas
La propuesta del gobierno venezolano de controlar manifestaciones permitiendo el uso de armas letales causa alarma en Naciones Unidas.
La propuesta del gobierno venezolano de controlar manifestaciones permitiendo el uso de armas letales causa alarma en Naciones Unidas.
con información de VOA Noticias
Alarma internacional generó la decisión del gobierno de Venezuela de aprobar el uso de armas letales para controlar manifestaciones en el país.
Stephane Dujarric, vocero del secretario general de Naciones Unidas, expresó que los pueblos tienen derecho a manifestarse en forma abierta y pacífica.
“Es importante y vital que las personas puedan adelantar manifestaciones pacíficas sin el temor de ser acosados o baleados por las fuerzas de seguridad", dijo Dujarric
Nuria García, de Amnistía Internacional, aseguró que su organización se opone a la medida e hizo un llamado directo al gobierno de Nicolás Maduro.
"Creemos que el Estado venezolano debe mandar una señal clara las fuerzas del orden, debe respetar el derecho a la protesta pacífica, asegurarse que los funcionarios de las fuerzas del orden actúan de acuerdo a los estándares internacionales que prohíben en todo momento el uso de armas de fuego en protestas pacíficas", enfatizó.
La resolución del Ministerio de Defensa va en contra del artículo 68 de la Constitución de Venezuela.
Sin embargo, es una medida que refleja lo previsto en un testimonio de un oficial del Pentágono al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.
"Anticipamos que las fuerzas de seguridad ocasionalmente usarán tácticas de mano dura para restablecer el orden", dijo el teniente general Vincent Stewart.
Para el general retirado Antonio Rivero, sobre quien pesa una orden de captura de parte de las autoridades venezolanas, dijo que la medida representa una amenaza.
"Es atentativa contra los derechos humanos desde todo orden", dijo recientemente.
Designado magistrado ponente al recurso contra resolución 008610
La diputada Delsa Solórzano informó que decidieron alzar la voz contra dicho texto por sancionar el derecho constitucional a la protesta
Foto: Cortesía
La diputada Delsa Solórzano informó que decidieron alzar la voz contra dicho texto por sancionar el derecho constitucional a la protesta
Con información de nota de prensa
Este viernes, la diputada Delsa Solórzano, Vicepresidenta Nacional de Un Nuevo Tiempo y Coordinadora de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, participó en una serie de foros que se están realizando en todo el país en torno a la resolución 008610 emanada por el Ministerio del Poder Popular de la Defensa.
En ese sentido, Solórzano informó que decidieron alzar la voz contra dicho texto por sancionar el derecho constitucional a la protesta, violando de esa manera el artículo 68 de la CRBV que prohíbe el uso de armamento en reuniones y manifestaciones públicas “reuniones como esta, pacifica, puede ser objeto de sanción por parte de esta resolución y la posibilidad del uso de arma de fuego en estas. Es por ello que hemos decidido concientizar a los venezolanos sobre la misma, realizando Foros como estos que los estamos dando en los cinco municipios del Área Metropolitana de Caracas y se van a replicar en todo el país”.
En el mismo orden de ideas, la parlamentaria por la tolda azul, comunicó que ya le fue asignado Magistrado ponente al recurso de nulidad que introdujeron el pasado martes ante el Tribunal Supremo de Justicia en conjunto con los distintos factores políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática y “es menester que la gente sepa que cuando este recurso sea admitido, cosa que tiene que ocurrir, ellos pueden adherirse en los tiempos que establece la ley, ya que conociendo el contenido de la resolución la gente tiene conciencia de la forma para oponerse a ella y que tienen la posibilidad de adherirse al recurso que se introdujo contra ella”.
Por último, la legisladora anunció que seguirán acompañando al pueblo adelante ante esta arbitrariedad del Gobierno Nacional por medio de distintos foros en todo el país.
“Abogados deben exigir nulidad de la resolución 008610”
Rafael Narváez, penalista y defensor de los derechos humanos, asegura que ninguna resolución puede estar por encima de la Constitución
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Rafael Narváez, penalista y defensor de los derechos humanos, asegura que ninguna resolución puede estar por encima de la Constitución
Niurka Franco
@ConFranqueza
La Constitución Nacional es la Carta Magna del país y por encima de ella no hay Ley o resolución que valga, afirmó el abogado penalista y luchador por la defensa de los derechos humanos desde hace 27 años, Rafael Naváez.
El profesional del Derecho instó a los Colegios de Abogados del país a pronunciarse en contra de lo que considera una violación flagrante al Texto Fundamental. “Las Escuelas de Derecho del país no pueden guardar silencio frente a lo que está ocurriendo, es necesario que dejen el temor y den un paso adelante a favor de la defensa de los derechos humanos”.
Sostiene que se impone la introducción de cuantos recursos de nulidad sean necesarios, contra una resolución que califica de ilegal, advirtiendo que el Ministerio de la Defensa no tiene facultad para legislar, usurpando las funciones de la Asamblea Nacional.
Hizo referencia al artículo 68 de la Constitución, el cual reza que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley.
Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
La resolución del Ministerio de la Defensa viola este artículo y la única manera que pueda tener cabida es mediante una enmienda a la Carta Magna, pero eso requeriría el llamado a un referéndum para que sea la población quien decida.
Por otra parte y en cuanto a la posición asumida por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, Narváez destacó que le extraña que éste siendo profesional del Derecho y de jactarse de tener una larga trayectoria en lo que concierne al tema de los Derechos Humanos, pretenda someter a interpretación a algo de no admite interpretación.
“La Constitución es taxativa y el Defensor del Pueblo debería saberlo”, dijo, al tiempo que criticó el hecho de que ante la situación que está viviendo el país de colas, desabastecimiento e injusticias, se apruebe el uso de armas en manifestaciones pacíficas y que encima se deje a discrecionalidad de algunos funcionarios, calificar de pacíficas o no determinadas manifestaciones.
Desde su perspectiva, hasta un estudiante de primer año de Derecho, está en condiciones de percibir que la resolución 008610 es nula, puesto que ninguna norma puede estar por encima de la Constitución Nacional. “Ellos lo saben, tendríamos que pasar entonces a investigar el por qué de esta medida”, dijo sin descartar lo que ha sido la tesis del secretario regional de la MUD, Antonio Ricóveri, quien llamó la atención en cuanto a que podría ser una especie de “trapo rojo”, para desviar la atención de otros aspectos sobre los cuales es necesario exigir respuestas, como el caso de las denuncias contra el presidente de la Asamblea Nacional.
Dirigente juvenil deplora "golpe de Estado" a la Constitución
Representante de Alianza Bravo Pueblo ratifica carácter inconstitucional de la resolución sobre el uso de armas de fuego contra manifestaciones
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Representante de Alianza Bravo Pueblo ratifica carácter inconstitucional de la resolución sobre el uso de armas de fuego contra manifestaciones
Redacción.
A propósito de la resolución que permite la represión con armas de fuego, la dirigente juvenil de ABP en Anzoátegui, Rebeca Uzcátegui, rechazó que el Gobierno haya dado un "golpe de Estado" a la Constitución y atente contra los derechos humanos sin que se active ninguno de los mecanismos institucionales que deben garantizar que ello no ocurra.
La resolución 008610 conculca el artículo 68 de la Carta Magna, que prohíbe expresamente el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, así como hace caso omiso al principio de reserva legal, en virtud del cual, la regulación de los derechos humanos sólo puede hacerse por vía de una ley general y jamás por una resolución, expuso Uzcátegui, citada por una nota de prensa.
La dirigente de la tolda vinotinto expresó que la medida "socava las bases que sustentan el sistema democrático y la convivencia ciudadana, con el objeto de amedrentar a la población para que no manifieste su indignación por la difícil situación que está viviendo".
Cámara de Lechería exige nulidad de resolución sobre armas de fuego en protestas
De manera unánime, los concejales de Urbaneja rechazan que se repriman con balas las manifestaciones
Foto: Prensa
De manera unánime, los concejales de Urbaneja rechazan que se repriman con balas las manifestaciones
Con información de nota de prensa
Los concejales de Lechería firmaron un acuerdo de cámara para rechazar de manera unánime y exigir al Tribunal de Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad absoluta de la resolución 008610, que permite el uso de armas de fuego para controlar y dispersar manifestaciones.
El presidente de ente legislativo municipal, Andrés Dietrich, señaló que dicha norma vulnera gravemente el libre derecho que tiene todo ciudadano de alzar su voz de protesta, además de ser una medida que contraviene lo establecido en el artículo 68 de la Constitución Nacional.
“Esta resolución lo que busca es amedrentar e intimidar al pueblo para que no salga a protestar ante la grave crisis económica y social que vivimos en el país, la gente está en todo su derecho de luchar de forma pacífica por los cambios que la mayoría estamos reclamando”, señaló Dietrich.
La iniciativa del acuerdo surgió desde la comisión de participación ciudadana, presidida por el concejal Fabio Pioli quien señaló que solicitarán al TSJ y a cualquier otra instancia que sea necesaria, la nulidad absoluta de dicho decreto por ir en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
De igual modo los ediles morreños acotaron que siempre apoyarán la lucha pacífica y en el marco de la Constitución de cualquier ciudadano que busque y persiga un objetivo de cambio social, político, económico o de cualquier otra índole para el país.
Estudiantes exigen a ministro de Defensa derogar resolución
Manifiestan que el gobierno busca coaccionar a los jóvenes en no salir a defender sus derechos
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Manifiestan que el gobierno busca coaccionar a los jóvenes en no salir a defender sus derechos
Irina Figuera
@IrinaFiguera
Los miembros de los diferentes movimientos estudiantiles que hacen vida en el estado Anzoátegui se pronunciaron oficialmente la mañana de este lunes en relación a la entrada en vigencia de la resolución 8610 que da luz verde a funcionarios del ejército venezolano en la utilización de armas de fuego para disipar protestas y manifestaciones.
Joan Infante, miembro del Movimiento Estudiantil de la región, refirió que esta medida busca legalizar el abuso de poder cometido por los efectivos de seguridad, como fue en el caso de las pasadas protestas de 2014, que dejaron un gran número de heridos y un sinfín de violaciones a la libertad de expresión.
“Buscan coaccionarnos con esta resolución que no es algo nuevo es algo que han venido haciendo tanto a nosotros como estudiantes como al resto de la sociedad civil. Esto va en contra del artículo 68 de la constitución”
Infante puntualizó que el ejecutivo y sus políticas de gobierno buscan revertir los errores a su favor; haciéndole saber a la población que la responsabilidad de las llamadas guarimbas es de los universitarios.
“Para nadie es un secreto que quienes propiciaron estos actos violentos en el país fueron los colectivos armados pro gobierno. El uso de armas de fuego para la represión, se viene haciendo desde hace tiempo en el país, solo que ahora es "legal". La dictadura tiene los días contado y solo busca alargar su estadía repartiendo miedo entre sus habitantes.
La disyuntiva recae acerca de cuándo una manifestación viola los canales regulares, pues a su juicio no se puede mirar desde la perspectiva de quien hace uso de las armas.
Exigen al Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, la derogación absoluta de lo suscrito en el documento, por ser un ataque más a los derechos humanos y a la Constitución Nacional. Estiman que de ser ejecutada, podría generar un segundo Caracazo; siendo enfáticos en que los delitos de lesa humanidad no prescriben.
Al momento de reflexionar Infante, aclaró que existen en el poder funcionarios que en momentos dados apuntaron sus armas contra el pueblo. "Los mismos que dieron el golpe de estado del 4 de Febrero. No hay golpe bueno ni malo”
La medida se pondría en práctica si se llegará a considerar necesaria para controlar las manifestaciones. La nueva ley estipula que el funcionario que se niegue a obedecer órdenes de ataque será sancionado.
A través de su cuenta en Twitter, el recién electo Defensor del Pueblo Tareck Willian Saab, subrayó que este nuevo orden establece en su artículo 2.2 que su finalidad es "proteger los derechos humanos y garantías en las manifestaciones", partiendo de una sociedad donde reine la paz.
Unificación de criterios
Los universitarios buscan manejar puntos en común con los diferentes movimientos estudiantiles del estado, para así lograr una unificación en cuanto a la toma de decisiones. Trabajarán en conjunto con los diversos partidos políticos de oposición.
Próximas acciones
El Meanzoátegui hizo hincapié en las actividades de cara al 12 de febrero, aunque prefirieron no adelantar detalles, informaron que estudian las propuestas que tienen sobre la mesa.
Realizaran foros en los recintos universitarios de la zona,que conlleven a una concienciación sobre derechos humanos y el no ser indiferentes ante la problemática que atraviesa el país.
Hicieron extensiva la invitación a los habitantes del estado Anzoátegui, a dejar el miedo y unirse a los llamados de calle.
Jóvenes de PJ demandan al defensor del pueblo anular "resolución mortal"
Una manifestación con pancartas en Anzoátegui rechazó la medida que permite el uso de armas potencialmente mortales
Foto: SP
Una manifestación con pancartas en Anzoátegui rechazó la medida que permite el uso de armas potencialmente mortales
Salvador Passalacqua
@spassalacqua
A solo una cuadra del distribuidor Fabricio Ojeda, escenario de protestas en el que un policía hirió de bala a la estudiante Carlin Rodríguez el año pasado, representantes juveniles de Primero Justicia Anzoátegui alzaron pancartas en contra de la resolución del Ministerio de Defensa que admite el uso de armas de fuego y de cualquier arma potencialmente mortal para reprimir manifestaciones.
Los jóvenes exhibieron mensajes como "Maduro está en guerra contra el pueblo". Fue el rótulo que levantó el concejal por el partido amarillo en Lechería, Fabio Pioli. El edil exigió al defensor del pueblo y exgobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab, que promueva la nulidad absoluta de la resolución: "La gente confió en él y llegó al puesto que hoy tiene para defender los derechos humanos. Que use entonces las atribuciones de la Defensoría y pida la anulación de esta norma violatoria de los mismos".
La demanda de los justicieros coincidió con la visita de Saab al estado este viernes. El llamado "poeta de la revolución" escogió la sede en Barcelona de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) para lanzar unas jornadas de divulgación sobre derechos humanos. Se dejó fotografiar junto al actual gobernador, Aristóbulo Istúriz, y se escabulló prometiendo que en una semana "profundizará" sobre el contenido de la nueva medida.
Pioli rechazó tres puntos adicionales que se leen entre líneas en la Gaceta Oficial: que se permite a los funcionarios decidir si pone en peligro o no la vida de un manifestante, que podrán remitir a los detenidos al Ministerio Público "cuando les dé la gana" y que todo esto comienza a regir a partir de su publicación, aun cuando la preparación de los militares inicia en tres meses. "Quedó demostrado que la única guerra es la de Maduro contra su pueblo. Quieren meter miedo a quienes se quejan de las colas en la madrugada, de la mortandad y de la inflación", expresó el concejal.
"La resolución de Padrino López es solo una bazofia jurídica"
La coalición opositora anuncia que apoyarán las venideras manifestaciones en el estado Anzoátegui
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La coalición opositora anuncia que apoyarán las venideras manifestaciones en el estado Anzoátegui
Irina Figuera
@IrinaFiguera
Mediante una rueda de prensa la mañana de este viernes, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se pronunció respecto a la resolución emanada por el Ministerio de la Defensa, donde luego de agotar los canales regulares, el ejército podrá hacer uso de sus armas de reglamento para dispersar las manifestaciones.
El coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la MUD, Manuel Ferreira dijo que el General Vladimir Padrino López, busca legalizar lo que ya los cuerpos se seguridad han venido ejecutando en las movilizaciones a nivel nacional. Asegurando que la connotación va más allá de un papel, que es el de sosegar a los jóvenes.
“El decreto de Padrino López es solo una bazofia jurídica y solo muestra la oscuridad de su ser y de este gobierno. Sólo trata de legalizar lo que ya hacen los cuerpos de seguridad del estado”
El abogado, aclaró que esta normativa ya entrada en vigencia mediante gaceta oficial, representa una contradicción a la Constitución Nacional, algo completamente paradojo ya que no puede estar por encima de esta.
El también defensor de los estudiantes, manifestó que esta sería la legalización a la pena de muerte en Venezuela, como en las grandes dictaduras revestidas de democracia.
El secretario general de MUD, Antonio Ricóveri, rechazó categóricamente la medida, por ser una violación que atenta contra los derechos humanos y a la Carta Magna.
“El miedo se refleja así. El gobierno no quiere muestras de descontento en las calles y acude a esta vía que ya ha cobrado vida de muchos estudiantes en todo el país.
La resolución, fechada el martes pasado, establece las normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control de orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones.
Exhortaron su respaldando a los jóvenes en su lucha por un mejor país.
Gobierno rechaza resolución del Parlamento Europeo
La resolución condenó la persecución política y la represión de la oposición democrática, las violaciones de las libertades de expresión y de manifestación
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La Eurocámara condenó la persecución política y la represión de la oposición democrática, las violaciones de las libertades de expresión y de manifestación
Con información de EP
El Gobierno rechazó este domingo la resolución aprobada el jueves por el pleno de la Eurocámara en la que expresó su "profunda preocupación" por el agravamiento de la situación en el país y condenó el encarcelamiento de manifestantes pacíficos, estudiantes y líderes de la oposición.
"Venezuela manifiesta su más profundo rechazo a la resolución del Parlamento Europeo, así como a las insolentes declaraciones de la Alta Representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, que tuvieron lugar el 18 y 19 de diciembre de 2014, respectivamente, por considerar que atentan contra la soberanía y las instituciones democráticas del Gobierno", expresó el Ministerio de Exteriores a través de un comunicado.
"Para el Gobierno Bolivariano resulta preocupante que el Parlamento Europeo, así como la Alta Representante de la UE, desvíen la atención de la grave crisis económica que afecta a los países miembros de la UE, producto de recortes en materia social y la consecuente pobreza estructural a la que están sometidos sus pueblos, y centren sus esfuerzos en desacreditar los logros de la revolución bolivariana", agregó.
Así, el ministerio afirmó que las declaraciones de Mogherini y la resolución del pleno de la Eurocámara "no representan en absoluto la opinión de sus pueblos, que históricamente han mantenido vínculos con Venezuela", según ha informado la agencia estatal venezolana de noticias, AVN.
"Asimismo, el Gobierno de Venezuela considera que estas declaraciones, además de injerencistas y profundamente irrespetuosas, contradicen abiertamente a todos los organismos internacionales que han manifestado expresamente su reconocimiento a los enormes avances de Venezuela en diferentes áreas, y cuya posición favorable se materializa con el amplio apoyo en las votaciones en diversas instancias internacionales", valoró.
En este sentido, recalcó que el Gobierno "promueve la democracia participativa y protagónica de toda la sociedad sobre la base de la igualdad y la justicia, así como la autonomía de todos los poderes, al tiempo que reitera su disposición de mantener el diálogo entre todos los sectores del país".
La resolución
La resolución condenó "rotundamente la persecución política y la represión de la oposición democrática, las violaciones de las libertades de expresión y de manifestación, y la existencia de censura en los medios de comunicación y páginas web". Al mismo tiempo, criticó rotundamente el uso de la violencia contra los manifestantes.
Los eurodiputados instaron además a la liberación inmediata de las personas encarceladas arbitrariamente, de acuerdo con las solicitudes realizadas por diversos organismos de Naciones Unidas y organizaciones internacionales.
El Parlamento Europeo pidió a las autoridades venezolanas desarmar y disolver inmediatamente a las asociaciones y "los grupos armados descontrolados progubernamentales", y poner fin a su impunidad y les recordó su "responsabilidad" a la hora de velar por que todos los juicios se desarrollen conforme a las normas internacionales.
Asimismo, reiteró que el respeto del principio de la separación de poderes es fundamental en un régimen democrático, y que el sistema judicial no puede ser utilizado por las autoridades como "medio de persecución política y de represión de la oposición democrática".
La resolución también reclamó al Gobierno de Venezuela que retire los cargos infundados y las órdenes de detención contra políticos de la oposición, y que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos del país, independientemente de sus opiniones o adscripciones políticas, así como "que cumpla su propia Constitución y sus obligaciones internacionales en lo que respecta a la independencia judicial".
En relación a los Derechos Humanos, la Eurocámara solicitó a Venezuela que los respete y que entable con la Unión Europea "un diálogo intenso y abierto" sobre este asunto.
Los eurodiputados pidieron a la UE, a sus estados miembro y a Mogherini, que reclamen "la liberación inmediata de los manifestantes que hayan sido detenidos arbitrariamente desde el inicio de las protestas".
Por último, reiteraron su petición de que se envíe a Venezuela cuanto antes una delegación del Parlamento Europeo para evaluar la situación y dialogar con todos los sectores en conflicto.