“Abogados deben exigir nulidad de la resolución 008610”
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Rafael Narváez, penalista y defensor de los derechos humanos, asegura que ninguna resolución puede estar por encima de la Constitución
Niurka Franco
@ConFranqueza
La Constitución Nacional es la Carta Magna del país y por encima de ella no hay Ley o resolución que valga, afirmó el abogado penalista y luchador por la defensa de los derechos humanos desde hace 27 años, Rafael Naváez.
El profesional del Derecho instó a los Colegios de Abogados del país a pronunciarse en contra de lo que considera una violación flagrante al Texto Fundamental. “Las Escuelas de Derecho del país no pueden guardar silencio frente a lo que está ocurriendo, es necesario que dejen el temor y den un paso adelante a favor de la defensa de los derechos humanos”.
Sostiene que se impone la introducción de cuantos recursos de nulidad sean necesarios, contra una resolución que califica de ilegal, advirtiendo que el Ministerio de la Defensa no tiene facultad para legislar, usurpando las funciones de la Asamblea Nacional.
Hizo referencia al artículo 68 de la Constitución, el cual reza que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley.
Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
La resolución del Ministerio de la Defensa viola este artículo y la única manera que pueda tener cabida es mediante una enmienda a la Carta Magna, pero eso requeriría el llamado a un referéndum para que sea la población quien decida.
Por otra parte y en cuanto a la posición asumida por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, Narváez destacó que le extraña que éste siendo profesional del Derecho y de jactarse de tener una larga trayectoria en lo que concierne al tema de los Derechos Humanos, pretenda someter a interpretación a algo de no admite interpretación.
“La Constitución es taxativa y el Defensor del Pueblo debería saberlo”, dijo, al tiempo que criticó el hecho de que ante la situación que está viviendo el país de colas, desabastecimiento e injusticias, se apruebe el uso de armas en manifestaciones pacíficas y que encima se deje a discrecionalidad de algunos funcionarios, calificar de pacíficas o no determinadas manifestaciones.
Desde su perspectiva, hasta un estudiante de primer año de Derecho, está en condiciones de percibir que la resolución 008610 es nula, puesto que ninguna norma puede estar por encima de la Constitución Nacional. “Ellos lo saben, tendríamos que pasar entonces a investigar el por qué de esta medida”, dijo sin descartar lo que ha sido la tesis del secretario regional de la MUD, Antonio Ricóveri, quien llamó la atención en cuanto a que podría ser una especie de “trapo rojo”, para desviar la atención de otros aspectos sobre los cuales es necesario exigir respuestas, como el caso de las denuncias contra el presidente de la Asamblea Nacional.
