ONU reacciona ante resolución del Ministerio de Defensa
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El uso de armas de fuego en protestas alarma a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Caracas. Evely Orta
Como una violación directa a los derechos humanos calificó la Organización de Naciones Unidas (ONU) la reciente resolución 008610 del Ministerio de Defensa.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó este martes la autorización para reprimir las manifestaciones con armas de fuego.
Rupert Colville, portavoz de la oficina, dijo que "el uso del Ejército para acciones de imposición de la ley debería ser un método excepcional de responder a una situación de emergencia, cuando hay una necesidad de apoyar a la policía civil”.
"En esos casos, el uso del Ejército debería ser sólo temporal y los militares deberían actuar bajo comando y control civil", agregó Colville.
La resolución detalla una explicación dirigida a los funcionarios de orden público sobre cómo hacer el "uso progresivo y diferenciado de la fuerza" y ubica en último lugar la aplicación "del método del uso de la fuerza potencialmente mortal bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal".
Sin embargo, los funcionarios policiales "no portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, a menos que, por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla sea necesario su porte y uso".
El funcionario de la Naciones Unidas recordó que de acuerdo a los estándares internacionales, el uso de la fuerza letal debe ser la última opción, sólo aplicada bajo los principios de necesidad y proporcionalidad, y sólo en situaciones donde es estrictamente inevitable para proteger la vida”.
Y en concordancia, Colville leyó el artículo 68 de la Constitución que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.
Instó al gobierno venezolano a adherirse en todas circunstancias a los Principios Básicos de la ONU sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios que aplican la ley y a sus propia Constitución.
