El fiscal de la CPI reprende a Venezuela por no implementar leyes que protejan los derechos de los civiles
Khan insistió a Venezuela en “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos
Khan insistió a Venezuela en “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos
Con información de EFE
La Haya, 2 dic (EFE).- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reprendió este lunes a Venezuela por la falta de “implementación concreta de leyes y prácticas” que protejan los derechos de los civiles y advirtió de que las investigaciones de la fiscalía “siguen en curso y están activas”.
En su discurso en la reunión anual de países miembros de la CPI, Khan insistió a Venezuela en “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente”.
La CPI desestimó en marzo el recurso de Caracas contra la reanudación de la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, quien había recurrido al “principio de complementariedad”, que debe evitar que se solapen investigaciones, para pedir el cierre del caso abierto en la oficina del fiscal.
“La pelota está en el campo de Venezuela. El camino de la complementariedad se está agotando”, dijo Khan.
Denuncian a exministros y empresarios por intoxicaciones masivas a través de los CLAP: Investigación en curso ante la CPI
La red de corrupción y tráfico de influencias que involucra a exministros, exdiputados y empresarios venezolanos ha sido denunciada por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional
La red de corrupción y tráfico de influencias que involucra a exministros, exdiputados y empresarios venezolanos ha sido denunciada por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional
Redacción
Un equipo de abogados especialistas en Derecho Penal Internacional denunció ante la Corte Penal Internacional a exministros, exdiputados y empresarios por delitos de Lesa Humanidad relacionados con intoxicaciones masivas a venezolanos humildes a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Los ciudadanos denunciados, entre ellos exdiputados, presidentes de CONCECOEX y empresarios, están acusados de crear una organización criminal para importar alimentos de mala calidad, distribuyendo productos en estado de descomposición y no aptos para el consumo humano en las cajas CLAP. Este grupo habría desfalcado al Estado venezolano a través de contratos millonarios con sobreprecios de al menos 300%.
La denuncia interpuesta detalla la participación de los acusados en la importación de alimentos en mal estado, así como la complicidad de diputados opositores que habrían ocultado auditorías y permitido transacciones fraudulentas. Se solicita que sean investigados y acusados por delitos de Lesa Humanidad, especialmente por el daño causado a niños y mujeres humildes de Venezuela.
El equipo de abogados anuncia que se convertirán en acusadores privados en cortes norteamericanas y están preparando acciones legales para solicitar sanciones internacionales, bloqueo de capitales y enjuiciamiento de los responsables. Se busca establecer la responsabilidad de personas involucradas en estos crímenes, incluyendo colaboradores, banqueros e intermediarios.
El Dr. Salvador Pimentel Roja, coordinador del equipo jurídico, promete llevar la causa a sus últimas consecuencias en todos los países interesados en la investigación. Se espera que las autoridades americanas reaccionen favorablemente a las acciones legales que están en curso.
La fiscalía de la Corte Penal Internacional analiza nuevas denuncias de crímenes en Venezuela tras el fraude electoral y negó demoras en la investigación previa
La oficina de Karim Khan emitió un comunicado después de que se revelara un vínculo familiar entre el fiscal y una defensora del régimen de Maduro en el tribunal que procesa los crímenes de lesa humanidad
La oficina de Karim Khan emitió un comunicado después de que se revelara un vínculo familiar entre el fiscal y una defensora del régimen de Maduro en el tribunal que procesa los crímenes de lesa humanidad
Con Información de
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó hoy que está analizando de manera “independiente e imparcial” la información sobre las denuncias de crímenes cometidos en Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
“La Oficina ha sido clara desde el comienzo de esta labor, en que no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas en relación con la situación en Venezuela, ya sea mediante su propia investigación o mediante esfuerzos genuinos y reales en Venezuela”, indicó la oficina del Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, en un comunicado enviado a la prensa.
La investigación de la CPI sobre Venezuela se reanudó en junio de 2023 tras un litigio con el régimen de Nicolás Maduro, quien intentó hacer valer la competencia de Venezuela de conformidad con el Estatuto de Roma.
“La composición del equipo legal que representó a Venezuela en los procedimientos en los que la Oficina defendió con éxito su derecho a hacer valer su jurisdicción en esta situación es un asunto de dominio público. Entendemos que ninguna de las partes en los procedimientos planteó objeciones en ese momento”, señaló la Fiscalía.
Según el comunicado, la Oficina del Fiscal también está siguiendo de cerca los acontecimientos actuales en Venezuela tras las elecciones, consideradas fraudulentas por la oposición y gran parte de la oposición. El régimen desató una feroz represión tras los comicios, con decenas de muertos y cientos de personas detenidas arbitrariamente, según denuncias de la oposición y organismos de derechos humanos.
Al respecto, la fiscalía dijo que “ha realizado gestiones diplomáticas para subrayar la importancia de garantizar el estado de derecho” y que todas las personas estén “protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes” de lesa humanidad.
En paralelo a la investigación, la Fiscalía firmó dos memorandos de entendimiento con el Gobierno venezolano para apoyar los esfuerzos genuinos de rendición de cuentas a nivel nacional, incluyendo asistencia técnica y transferencia de conocimientos.
“Sin embargo, la Oficina ha sido clara desde el comienzo de esta labor, en que no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas en relación con la situación en Venezuela”, enfatizó la Fiscalía.
Polémica por vínculos familiares del Fiscal Jefe de la CPI
El comunicado de la CPI se produce después de la revelación de que la cuñada del Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, está entre los abogados que defienden al régimen de Maduro ante el tribunal ha generado una creciente polémica y preocupaciones sobre posibles conflictos de interés.
Según un artículo publicado por The Washington Post, la abogada Venkateswari Alagendra, cuñada de Khan, se ha unido al equipo legal que representa a Venezuela en los procedimientos de la CPI.
“Algunos críticos ven lo que consideran un conflicto de intereses más preocupante. Incluso mientras Khan investiga a Maduro, ha establecido una oficina en Caracas para ayudar al gobierno a mejorar sus propias capacidades de investigación”, señala el artículo.
El código de conducta de la Oficina del Fiscal de la CPI establece que los miembros deben abstenerse de cualquier conflicto que pueda surgir de “interés personal en el caso, incluyendo una relación conyugal, parental u otra relación familiar cercana, personal o profesional con cualquiera de las partes”.
Ante estas revelaciones, una organización de derechos humanos, la Fundación Arcadia, con sede en Washington DC, anunció que ha presentado una solicitud formal de recusación contra Karim Khan ante la CPI.
La petición argumenta que el vínculo familiar entre Khan y la abogada Alagendra “compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial”, con implicaciones para la credibilidad de la CPI.
La organización pide la recusación inmediata de Khan y su apartamiento de todas las actuaciones relacionadas con el caso Venezuela, y solicita el nombramiento de un fiscal independiente para asegurar que la investigación y el enjuiciamiento continúen “sin sesgos o apariencia de conflicto de intereses”.
Los ex mandatarios del grupo IDEA denunciaron a Nicolás Maduro ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
El ex presidente colombiano Andrés Pastrana presentó un informe jurídico, en nombre de una treintena de antiguos jefes de Estado iberoamericanos sobre “violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos”, incluidos “los crímenes de lesa humanidad”
El ex presidente colombiano Andrés Pastrana presentó un informe jurídico, en nombre de una treintena de antiguos jefes de Estado iberoamericanos sobre “violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos”, incluidos “los crímenes de lesa humanidad”
Con información de EFE
El ex presidente colombiano Andrés Pastrana presentó este viernes un informe jurídico en nombre de una treintena de antiguos mandatarios iberoamericanos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar “violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos”, incluidos “los crímenes de lesa humanidad”, del régimen venezolano de Nicolás Maduro, y pidieron que actúe “con urgencia”.
Los firmantes aseguraron ante la fiscalía que “los hechos previos y posteriores a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela” son una “práctica de terrorismo de Estado”, según informaron en un comunicado, los denunciantes, entre los que también están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa.
Y en este sentido, señalaron que “los crímenes de lesa humanidad que se han ejecutado y siguen ejecutando en línea de continuidad, incluyendo la reciente orden de aprehensión contra el verdadero presidente electo, Edmundo González Urrutia, son la obra de una estructura militar operacional cuya cadena de mando ejerce directamente Nicolás Maduro Moros”.
Presentado por Pastrana, el informe jurídico contra el dictador de Venezuela está respaldado por 31 miembros de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), un foro integrado por ex Jefes de Estado y de Gobierno, precisó esta organización.
Los ex mandatarios le piden a la Fiscalía de la CPI que “tome conciencia de la responsabilidad que tiene el presidente Maduro en todos los actos criminales que se están cometiendo”, explicó a la agencia de noticias EFE el abogado penalista español Blas Jesús Imbroda, quien acompañó a Pastrana a la entrega del informe jurídico, junto al ex embajador venezolano Víctor Rodríguez Cedeño, negociador del Estatuto de Roma de la CPI.
En seis páginas, el informe explica jurídicamente que “Maduro es el comandante en jefe, es la cabeza, la cúspide del poder, ya que además de ser presidente del Gobierno es el comandante en jefe. Ahí funciona lo que se llama el Comando Estratégico Operacional, que manda él y es el que lleva a cabo la política de terror de Estado en Venezuela”, señaló Imbroda.
Esta denuncia, que se hace extensiva a los miembros del régimen venezolano por ser el soporte fundamental del régimen de Maduro, se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI.
“Ese régimen militar ahora imperante y sustitutivo de la república civil es el verdadero dueño de los poderes del Estado y de las riquezas económicas, y el responsable, como dictadura militar represora y terrorista, de los crímenes investigados por la Corte, recreándose en Venezuela la experiencia trágica de las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano”, afirmaron los ex mandatarios.
En noviembre de 2021, la fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014.
La oficina de la fiscalía, que no quiso hacer comentarios para salvaguardar la “confidencialidad” del procedimiento, dijo en agosto que está “monitoreando activamente” la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales que se celebraron en julio, que Maduro asegura haber ganado y que no ha reconocido parte de la comunidad internacional por no haber podido ver las actas.
En una nota distribuida entonces a los medios, la Fiscalía aseguró que ha recibido “múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias tras las elecciones” e invitó a cualquier “individuo y organización” que pueda tener “información que pueda ser relevante” para la investigación en curso a que la presente.
Además, el fiscal Karim Khan señaló que su departamento “ha entablado diálogo con el Gobierno de Venezuela al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar que se respete el estado de derecho en el momento actual y enfatizar que todas las personas deben estar protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes del Estatuto de Roma”.
La investigación abierta en la CPI se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano.
CPI designa a juezas que investigarán crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La información fue publicada en la página web de la CPI. Los os casos que adelanta el organismo sobre Venezuela -Venezuela I y Venezuela II- serán asignados a la Sala de Cuestiones Preliminares
La información fue publicada en la página web de la CPI. Los os casos que adelanta el organismo sobre Venezuela -Venezuela I y Venezuela II- serán asignados a la Sala de Cuestiones Preliminares
Con información de Versión Final
La Presidencia de la Corte Penal Internacional (CPI) ratificó este miércoles a las juezas Reine Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera en la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
De acuerdo con información publicada en la página web de la CPI, los casos que adelanta la CPI sobre Venezuela -Venezuela I y Venezuela II serán asignados a la Sala de Cuestiones Preliminares I, que estará integrada por las magistradas.
"3 juezas estarán a cargo de la Investigación por crímenes de lesa humanidad, Venezuela I. La Presidencia de la Corte Penal Internacional ratificó hoy #13Mar a las juezas Reine Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, y nombró a la jueza Iulia Motoc, en reemplazo del juez saliente Péter Kovács”, informó la ONG Provea en un mensaje divulgado a través de su cuenta en la red social X.
Perfil de las juezas
– Reine Alapini-Gansou: Antes de unirse a la CPI en 2018, pasó 12 años en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), y como Relatora Especial sobre defensores en África (2005- 2009 y 2012 -2017).
– Socorro Flores Liera: Antes de incorporarse a la CPI, desarrolló carrera en el Servicio Exterior de México, (2017-2021) Representante de México ante la Oficina de la ONU y otras en Ginebra. Vicepresidenta en Consejo de DD. HH. 2020.
– Lulia Motoc: Antes de la CPI, Iulia fue jueza del Tribunal Europeo de DD. HH. (Tedh, 2013-2023) y profesora Derecho Inter. También Relatora Especial ONU para República Dem. del Congo sobre crímenes de lesa humanidad y guerra.
La Sala de Apelaciones de la CPI responderá el 1 de marzo al recurso del Gobierno de Maduro
En el supuesto de que la Sala declare con lugar la apelación presentada por Venezuela, los efectos de su decisión dependerán del vicio particular que hubieren detectado los magistrados
En el supuesto de que la Sala declare con lugar la apelación presentada por Venezuela, los efectos de su decisión dependerán del vicio particular que hubieren detectado los magistrados
Nota de prensa
1 de marzo, 3 de la tarde (hora de La Haya; 10 de la mañana hora de Caracas). Estas son la fecha y hora en las que la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) emitirá su decisión sobre el recurso con el que el Estado venezolano persigue que se ordene a la Fiscalía del juzgado poner fin a sus investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
La noticia la dio la instancia en el auto n.º ICC-02/18 OA, firmado por su presidente, el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, y publicado el 16 de febrero. En dicha decisión se convoca a los representantes de la Fiscalía de la CPI, del Estado venezolano y de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) para comparecer en la Sala II de la sede del Tribunal en La Haya (Países Bajos) en el día y hora señalados.
En un comunicado de prensa posterior, la CPI anunció que la audiencia, donde se leerá el veredicto, se transmitirá en vivo en el sitio web del juzgado.
La Sala, en su dictamen, debe responder a los cinco señalamientos realizados por las autoridades en contra del fallo que la Sala de Cuestiones Preliminares dictó el 27 de junio de 2023, en el cual se autorizó al despacho dirigido por el jurista británico Karim Khan a reanudar sus averiguaciones sobre las detenciones ilegales y arbitrarias, las torturas, desapariciones forzadas y persecución que «masiva y sistemáticamente» las autoridades habrían emprendido contra el sector de la población que lo adversa. Esto, por considerar que «Venezuela no está investigando o no ha investigado» dichos hechos delictivos.
Los representantes del Estado, por su parte, consideraron que con su decisión la Sala de Cuestiones Preliminares incurrió en las siguientes irregularidades:
La falta de identificación de los casos que la Fiscalía investiga o los que pretende investigar.
No fijar un límite temporal a la investigación fiscal.
Impedir su derecho a la defensa, porque el despacho dirigido por Khan no aceptó todos los documentos en español aportados por el Gobierno venezolano y el Ministerio Público (MP).
También planteó dudas sobre la legitimidad de la información que maneja la Fiscalía de la CPI, por cuanto sustenta sus sospechas en documentos no oficiales.
Que se le exija investigar al Estado venezolano situaciones no previstas en el ordenamiento jurídico nacional, como el delito de persecución, uno de los crímenes de lesa humanidad establecido en el Estatuto de Roma.
Los cuatro escenarios
El fallo de la Sala podría ir en cuatro direcciones. En primer lugar, puede confirmar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de julio pasado que autorizó a la Fiscalía a reanudar sus averiguaciones, lo cual dejaría la puerta libre para que Khan continúe con sus indagaciones a fin de identificar a los responsables de los crímenes denunciados y buscar su enjuiciamiento, sin la posibilidad de nuevos recursos que busquen frenarlas. Una segunda posibilidad es que puede anularla. Tercero, la instancia podría modificar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares; por último, podría remitir el asunto nuevamente a esta Sala para que emita otro pronunciamiento.
Así lo explicó Francisco González Centeno, funcionario de divulgación de la CPI, en un video difundido con motivo de la audiencia oral y pública que la Sala de Apelaciones celebró el 7 y 8 de noviembre de 2023 en relación con el recurso interpuesto por las autoridades venezolanas.
En el supuesto de que la Sala declare con lugar la apelación presentada por Venezuela, los efectos de su decisión dependerán del vicio particular que hubieren detectado los magistrados. Como la mayor parte de estos se relacionan con supuestas irregularidades de la notificación de la apertura de la investigación, un posible escenario es que la sentencia incluya una orden de que se practique una nueva notificación, de conformidad con el artículo 18 (1) del Estatuto de Roma.
Otra posibilidad, dentro del mismo escenario de que la Sala declare con lugar la apelación presentada por el Estado venezolano, sería que la Sala de Apelaciones dé por válidos algunos de los señalamientos formulados por las autoridades venezolanas acerca de que la Fiscalía de la CPI no tiene competencia para actuar, porque sí está investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, esta posibilidad se antoja poco probable. La información suministrada tanto por el Gobierno de Venezuela como por el Ministerio Público dan cuenta de un retardo injustificado en las investigaciones, ausencia de condenas y la exclusión de mandos superiores de las líneas de investigación penal, lo cual revela que el Estado no ha tenido hasta ahora la voluntad genuina de investigar y enjuiciar a los responsables de los presuntos crímenes de lesa humanidad, tal y como han sostenido la Fiscalía y la OPCV.
En este sentido, hasta la fecha los argumentos expuestos por el Estado venezolano no han permitido tener explicaciones plausibles sobre por qué luego de tantos años no se tengan cadenas de mando sancionadas por los crímenes denunciados y por qué la enorme mayoría de las denuncias se encuentran en su etapa inicial, y mucho menos por qué el número de sentencias condenatorias es prácticamente insignificante; toca esperar lo que diga la Sala de Apelaciones al respecto.
¿Coincidencia?
El anuncio de la Sala de Apelaciones de la CPI se produjo en menos de 24 horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores informara su decisión de expulsar a los integrantes de la oficina técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que operaba en el país desde 2019, por considerar que dichos funcionarios han asumido «una actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas».
En su comunicado, el canciller Yván Gil indicó que el Gobierno venezolano se tomará los próximos 30 días para realizar «una revisión integral» de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con la anterior alta comisionada y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.
¿Por qué las autoridades dieron este paso? Del comunicado y las posteriores declaraciones del ministro se desprenden dos motivos: no les agradó que la instancia recibiera denuncias de venezolanos y activistas de derechos humanos, porque, a su criterio, con esto la instancia se convirtió en un «bufete particular de grupos golpistas y terroristas que permanentemente confabulan contra el país». Tampoco les sentaron bien los comunicados y pronunciamientos emitidos en los últimos meses por el alto comisionado, Volker Türk, a quien acusaron de «agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones».
La expulsión de los funcionarios de la ONU se produjo en medio de la ola de críticas que dentro y fuera del país se han producido por la detención y desaparición forzada temporal de la presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel, ocurrida el 9 de febrero. Türk se pronunció en dos ocasiones sobre este caso en los últimos días, en un primer momento exigió su «liberación inmediata» y dos días después reclamó que se le garantizaran sus derechos judiciales, en particular el derecho a la defensa.
Más de quince días después de la aprehensión de la activista, sus abogados denuncian que no han podido ser juramentados como su defensa técnica (lo cual les permitiría acceso al expediente).
Un duro golpe
El cierre de la oficina técnica del ACNUDH no es cualquier cosa. Desde Acceso a la Justicia advertimos que dicha instancia brindaba a los distintos organismos de la ONU una comprensión más profunda del contexto de las violaciones de derechos humanos que se producen en el país y facilitaba el contacto de las víctimas con otras entidades de protección internacionales. Más importante aún: esta era la única instancia en el país donde las víctimas de violaciones de derechos humanos podían acudir sin ser revictimizadas o ser objeto de persecución.
Nuestra opinión es compartida por decenas de organizaciones nacionales e internacionales, que condenaron el intento del Gobierno de buscar evadir del escrutinio internacional «justo en momentos en que la represión se intensificó notablemente antes de las elecciones presidenciales».
Asimismo, no podemos olvidar que la oficina ahora cerrada iba a brindar apoyo a la representación que la Fiscalía de la CPI tiene previsto instalar en Caracas este mismo año.
Esto afirmó el fiscal Khan en su informe anual de 2023:
«La oficina local de la Fiscalía en Caracas, prevista para ser inaugurada en 2024, será un importante acelerador de la ambición de la Fiscalía de profundizar su colaboración con las autoridades nacionales venezolanas, para fortalecer el objetivo de una acción interna significativa (en materia de lucha contra las vulneraciones a los derechos humanos)»,
Este último despacho, no obstante, no tendrá por finalidad recabar información para las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad, sino que «está destinada a trabajar en iniciativas de complementariedad en colaboración con las autoridades nacionales». ¿Qué significa esto? Que buscará ayudar a las autoridades a investigar y sancionar algunos crímenes de lesa humanidad y, sobre todo, formulará recomendaciones para evitar que se sigan cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Cabe acotar que no interferirá con la investigación que, de ser permitida por la Sala de Apelaciones, podrá continuar desde La Haya.
La oficina en Caracas forma parte del llamado «enfoque de doble vía» que Khan pretende poner en marcha y que recientemente presentó con el fin de buscar «formas novedosas e imaginativas de asociación con las autoridades nacionales, la sociedad civil y todos los actores que permitan hacer justicia».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La sentencia que la Sala de Apelaciones de la CPI está por emitir es trascendental, porque puede despejar el camino a las investigaciones que la Fiscalía del juzgado internacional desea adelantar en relación con Venezuela, acercando así las posibilidades de que las víctimas y sus familiares puedan hacer oír su voz ante una instancia independiente.
Sin embargo, el contexto interno donde el veredicto se producirá no puede ser menos propicio. Las autoridades nacionales han lanzado una nueva campaña de represión contra la sociedad civil organizada y, de paso, han expulsado a los funcionarios de la oficina del ACNUDH en Caracas, justo cuando la Fiscalía de la CPI se apresta a abrir su propia representación, que tenía previsto colaborar con la instancia por ahora expulsada.
Hacemos votos para que las autoridades den marcha atrás y permitan el regreso de los funcionarios de la ONU, algo que, a nuestro criterio, demostraría su intención de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. También esperamos que la Sala de Apelaciones de la CPI les dé a las víctimas de crímenes de lesa humanidad la justicia que aquí se les ha negado hasta ahora.
El régimen de Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes
En la segunda audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la Fiscalía de la CPI ratificó que “hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad” en el país
En la segunda audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la Fiscalía de la CPI ratificó que “hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad” en el país
Con información de Infobae / por Gastón Calvo
La Corte Penal Internacional (CPI) celebra este miércoles en su sede en La Haya la segunda audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En esta jornada, el régimen chavista presenta de nuevo sus apelaciones contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación en el país caribeño. El martes, la Fiscalía de la CPI rechazó los argumentos.
El régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes: “Evidentemente en algunos casos habrá algún sospechoso idenificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”, dijo en representación del chavismo el abogado británico Ben Emmerson.
En tanto, el letrado Aitor Martínez Jiménez detalló que “los datos actualizados en relación a 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay tres en fase intermedia, es decir con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados”.
Emmerson defendió que “no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales porque eso no es lo que se plantea”. Sin embargo, la Fiscalía retrucó que “deben prestar atención a los mismos porque si no lo hacen no podrán pronunciarse respecto al alcance del daño”.
“La Sala fue razonable e hizo lo correcto”, continuó la Fiscalía de la CPI; al tiempo que ratificó que “hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad” en la nación caribeña. “Pese a esto, Venezuela insistió en que no hubo crímenes contra la población civil y apuntó en que pudo haber habido abusos pero estos fueron casos aislados e individuales y se investigaron oportunamente”, acotó.
Por su parte, el abogado del Estado venezolano reconoció que “ninguno de esos casos se ha cerrado completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua”.
Al respecto, la Fiscalía de la CPI informó que de los 62 casos que observaron, “47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, es decir tres cuartas partes. También 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir, la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal. Y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada”.
Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, indicó que -para las víctimas-, “sólo un enfoque global permitirá develar la verdad, los autores inmediatos, reconocerá el contexto de la violencia en la que se produjeron estos crímenes y la naturaleza sistemática de los patrones”.
Marc Perrin de Brichambaut, juez de la Corte Penal Internacional, recordó que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000. “Cuando lo hizo, asumió unos compromisos, entre ellos el respeto a que la CPI podría tener que actuar en algunas circunstancias. ¿Cuáles fueron los obstáculos que le costó a Venezuela en los últimos 23 años aceptar la legislación?”, preguntó.
Ante ello, el abogado Ben Emmerson respondió: “La crítica de los 23 años es injuta. Venezuela fue el primer país de la región en firmar el Estatuto de Roma y ha respetado sus obligaciones con la Corte”. El letrado criticó que la CPI, como “corte extranjera” -así la definió-, “intervenga en el derecho nacional y soberano de perseguir a los propios ciudadanos por crímenes en su propio territorio”.
El martes, la fiscalía de la CPI alegó que su investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad está en “fase preliminar” y es “poco razonable que pueda identificar” sospechosos o “establecer el alcance real” del caso, en contra de la posición mantenida por el régimen de Caracas.
El chavismo, que niega la validez legal y sustancial de la petición de reanudar la investigación, trató de convencer a los jueces para que rectifiquen su decisión de permitir a la oficina del fiscal Karim Khan reanudar la investigación pero no lo consiguió.
Francisco González Centeno, funcionario de Información Pública y Sensibilización de la Corte Penal Internacional, indicó que, en términos generales, lo que se está dirimiendo es una cuestión de admisibilidad de una situación ante la CPI. Todo esto bajo el artículo 18 del Estatuto de Roma, que requiere que un Estado demuestre un proceso avanzado de investigaciones y procesamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por el Fiscal de la Corte.
Fue en junio pasado cuando los jueces de la sala de cuestiones preliminares autorizaron al fiscal de la CPI a seguir con las investigaciones, al considerar que si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía de la CPI.
La República Bolivariana de Venezuela apeló esa decisión y en estas audiencias no se dictará una sentencia. El fallo de los jueces se emitirá más adelante.
Durante estos dos días -ayer y hoy- se brindó la oportunidad a la Fiscalía de la Corte, a los representantes del régimen venezolano y a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI, que actúa en nombre de los intereses generales de las víctimas, de abordar cuestiones específicas que surjan de sus presentaciones y de responder a las preguntas de los jueces.
Luego de las audiencias, los jueces deliberarán y emitirán su fallo a su debido tiempo. Si no se puede alcanzar la unanimidad, el dictamen se tomará por mayoría de los jueces.
El fallo se dictará en audiencia pública y su fecha se anunciará públicamente con antelación, informaron desde la CPI.
Los jueces pueden decidir confirmar la decisión previa de la Sala de cuestiones preliminares de autorizar la reanudación de la investigación de la Fiscalía en Venezuela, revertirla o modificarla. También pueden enviarla a la Sala de cuestiones preliminares para una nueva determinación.
Antonio Ledezma denunció que la Fiscalía de Venezuela intenta manipular a la CPI con sus investigaciones
El ex alcalde opositor exiliado escribió una carta a Karim Khan, fiscal ante la CPI, para advertirle sobre la veracidad de la información que le suministra el Ministerio Público dirigido por Tarek William Saab
El ex alcalde opositor exiliado escribió una carta a Karim Khan, fiscal ante la CPI, para advertirle sobre la veracidad de la información que le suministra el Ministerio Público dirigido por Tarek William Saab
Con información de EFE
El ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, exiliado en España, denunció este miércoles en Miami (Florida) que el Ministerio Público de Venezuela intenta hacer creer a la Corte Penal Internacional (CPI) que investiga violaciones de los derechos humanos mediante diligencias “irrelevantes”.
En una carta dirigida este miércoles al fiscal ante la CPI Karim Khan, a la que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, Ledezma relata lo que le ocurrió recientemente en Madrid, donde tiene su residencia, aunque actualmente se encuentra en Miami.
El ex alcalde fue citado por el Ministerio de Justicia de España a una diligencia de investigación basada en una solicitud de asistencia mutua en materia penal proveniente de la Fiscalía Trigésima Novena (39na.) del Ministerio Público venezolano.
Según la información que le suministraron al dirigente opositor, la fiscalía 39 está “conociendo casos de la Corte Penal Internacional, entre ellos el suyo por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.
Lo que se pretendía, dice Ledezma en la carta, es que concertara una cita para una entrevista online e hiciera un “retrato hablado” de los funcionarios policiales que lo detuvieron, algo a lo que se negó.
“Quiero expresar mi más rotundo rechazo a esa solicitud, pues procura seguir victimizándome al intentar simular una investigación sobre hechos que jamás han sido indagados seriamente y que, por el contrario, han sido encubiertos por toda la estructura judicial del Estado” de Venezuela, dice Ledezma al fiscal Khan.
A juicio del opositor exiliado, se trata de “una insólita petición de asistencia”, dado -dice- que su “detención arbitraria está perfectamente documentada en un simulado expediente judicial, además de videos, fotografías, entre otras fuentes de prueba”.
“Los funcionarios que actuaron en esta ilegal detención suscribieron un acta policial de tal diligencia, en la que consta su identificación plena y organismo de adscripción, todo lo cual está en manos del Ministerio Público”, agrega.
“Pero es que, además, luego de ser ilegalmente detenido, una fiscal de ese mismo Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control que se decretara una medida de privación judicial de libertad en mi contra, y eso consta en el expediente judicial”.
Por todo ello, Ledezma le asegura a Khan que “el Ministerio Público, a cargo de Tarek William Saab, intenta engañar a la Corte Penal Internacional en el marco del memorándum de entendimiento firmado por Venezuela con su Despacho”.
“No hay mayores pruebas (de mi detención ilegal) que el expediente mismo”, subraya, tras mencionar a la actual presidenta del circuito Judicial Penal de Caracas, Katherine Harrington Padrón, como la jueza que le acusó “sin prueba alguna”.
La carta termina con la aseveración de que “no existe seguridad alguna para las víctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado venezolano”.
“El Ministerio Público y todos los tribunales actúan de forma coordinada con el Poder Ejecutivo en la comisión de estos crímenes, y lejos de proteger a las víctimas, procuran encubrir a los autores o partícipes”, subraya.
El mismo Fiscal General de Venezuela, Tarek Williams Saab, “es un eslabón fundamental en la perpetración de los crímenes de encarcelamiento y persecución, además de permitir que la tortura se institucionalizara por parte de los organismos de seguridad”, subraya.
Según Ledezma, el Ministerio Público venezolano, junto a otras instancias oficiales, “intenta dar una falsa percepción de justicia” para intentar entorpecer la investigación sobre Venezuela que ha sido autorizada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional.
En noviembre de 2017, Ledezma, que estaba detenido en su casa desde 2015 bajo cargos de conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro, huyó a Colombia para luego viajar a España.
CPI no ordenará al fiscal Karim Khan frenar investigación sobre Venezuela
El fallo de la Sala de Cuestiones Preliminares el 27 de junio permite al jurista británico iniciar las averiguaciones para aclarar las denuncias y para identificar a los posibles responsables
El fallo de la Sala de Cuestiones Preliminares el 27 de junio permite al jurista británico iniciar las averiguaciones para aclarar las denuncias y para identificar a los posibles responsables
Con información de El Nacional
La Corte Penal Internacional no ordenará al fiscal Karim Khan paralizar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, como había solicitado el régimen de Nicolás Maduro. El tribunal, pese a las advertencias del chavismo, debe decidir si el proceso está ajustado al Estatuto de Roma.
La información la publicó Acceso a la Justicia, que señaló que el fallo emanado de la Sala de Cuestiones Preliminares el 27 de junio permite al jurista británico iniciar las investigaciones para aclarar las denuncias e identificar a los posibles responsables.
“Las autoridades venezolanas amenazaron en su escrito de apelación con consecuencias irreparables si la Sala de Apelaciones decide a favor de continuar la investigación. Por un lado, aseguraron que saldría afectado el memorando de entendimiento que Khan firmó con Maduro en el palacio de Miraflores a finales de 2021”, dijo la ONG.
No hubo crímenes, según el chavismo
En segundo lugar, el chavismo aseguró que en el país no ocurrieron crímenes de lesa humanidad. Por eso cree que permitir las pesquisas de la CPI pondría en entredicho su propósito de impedir que se inicie la investigación. Por último, añadió la organización, alegó que podrían “retraumatizar” a las víctimas con las entrevistas con funcionarios de La Haya.
“Venezuela no demuestra que exista el riesgo de consecuencias irreversibles para el memorando, especialmente a la luz del compromiso público del fiscal de seguir comprometido con la cooperación en virtud del memorando en caso de que se reanudara la investigación”, dictaminó la Sala de Apelaciones.
Acceso a la Justicia, que destacó el interés de Karim Khan de continuar la cooperación con el Estado venezolano, indicó asimismo que las autoridades chavistas tampoco pudieron explicar cómo la investigación podría afectar su recurso.
“El fiscal también argumenta que mientras la Sala de Apelaciones decide sobre el fondo de la apelación, Venezuela puede continuar con sus investigaciones y procedimientos internos, independientemente de la investigación en curso de la fiscalía. El fiscal sostiene que incluso si la Sala de Apelaciones finalmente decidiera que la Corte carece de jurisdicción en la presente situación, se suspendería cualquier investigación pertinente por parte del fiscal”, argumentaron los jueces.
La Sala finalmente dijo que las autoridades venezolanas no pudieron demostrar que la reanudación de la investigación de la Fiscalía de la CPI pudiera tener consecuencias difíciles de corregir o irreversibles.
La Corte Penal Internacional confirmó que abrirá una oficina de asistencia técnica en Venezuela: “Vamos a poder venir más a menudo”
Karim Khan, fiscal de la CPI, explicó que la instalación del espacio permitirá una mayor colaboración “para garantizar que haya más justicia” en el país
Karim Khan, fiscal de la CPI, explicó que la instalación del espacio permitirá una mayor colaboración “para garantizar que haya más justicia” en el país
Con información de EFE
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, confirmó este viernes la apertura de una oficina de asistencia técnica en Venezuela, con la firma de un memorando de entendimiento suscrito en Caracas con Nicolás Maduro.
El fiscal adelantó que él y su equipo visitaron el local en el que será instalada la oficina, un paso que, aseguró, permitirá una mayor colaboración “para garantizar que haya más justicia” en Venezuela, donde en marzo de 2022 ya se habían comprometido, de manera verbal, a abrir este despacho.
“Ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar más con la asistencia técnica, con la capacitación para que Venezuela pueda hacer más para cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma”, expresó el fiscal, sentado al lado de Maduro en el palacio presidencial, en Caracas.
El documento firmado “detalla la asistencia técnica y la asesoría” que la CPI brindará al país, señaló Khan, que no ofreció información específica sobre el contenido del memorando.
Además, manifestó que, con el establecimiento de la oficina, los especialistas de la Corte podrán apoyar a Venezuela en reformas que el Ejecutivo “quiere poner en práctica para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y una paz sostenible”.
Maduro y Khan se reunieron la noche del jueves para revisar los “avances alcanzados luego de implementar un primer memorándum de entendimiento” suscrito entre el Estado y el alto tribunal en noviembre de 2021.
En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela -abierta en 2021-, después de que quedara en suspenso a solicitud de Caracas.
En este sentido, el fiscal aseguró hoy que la continuidad o no de la investigación es un tema “sometido a los jueces”.
En abril de este año, Venezuela acusó a Khan de “instrumentalizar” la Justicia “con fines políticos”, tras la publicación de un documento en el que la Fiscalía de la CPI desestima los argumentos presentados por el régimen de Maduro en torno a la investigación.
Violaciones a los derechos humanos en Venezuela: el fiscal de la CPI visita Caracas
Karim Khan, quien viajó al país caribeño por tercera vez, dijo que tiene previsto celebrar “unas reuniones con la sociedad civil”
Karim Khan, quien viajó al país caribeño por tercera vez, dijo que tiene previsto celebrar “unas reuniones con la sociedad civil”
Con información EFE
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se encuentra de visita en Venezuela, donde se reunió con el fiscal general, Tarek William Saab, para evaluar la implementación del memorando de entendimiento suscrito entre el Estado y el organismo internacional en noviembre de 2021, informó este jueves el funcionario venezolano.
"Hemos culminado la reunión en el despacho del Ministerio Público (MP, Fiscalía) con el ciudadano fiscal de la CPI, Karim Khan, donde intercambiamos opiniones en relación a los logros en materia de protección de los derecho humanos en Venezuela", escribió Saab en una publicación en Twitter, donde compartió fotografías del encuentro.
Asimismo, dijo que revisaron la implementación del memorando de entendimiento, sin ofrecer mayores detalles sobre lo conversado.
Khan, quien visita Venezuela por tercera vez, confirmó este miércoles su viaje a Caracas desde Colombia, donde dijo que tiene previsto celebrar “unas reuniones con la sociedad civil”.
En noviembre del año pasado, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela -abierta en 2021-, después de que quedara en suspenso a solicitud de Caracas.
En abril, Venezuela acusó al fiscal de “instrumentalizar” la Justicia “con fines políticos”, tras la publicación de un documento en el que la Fiscalía desestima los argumentos presentados por el Gobierno de Nicolás Maduro en torno a la investigación.
El pasado mayo, la Sala decidió no otorgar a Venezuela la autorización para responder a un informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas, ya que “no considera necesario recibir presentaciones adicionales” del país, por lo que “procederá ahora con su análisis y decisión sobre la solicitud de reanudación de la investigación”.
ONG rechazaron este miércoles la falta de un anuncio oficial sobre la visita de Khan al país caribeño, donde, según organizaciones, “reina la opacidad”.
El fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que visitará Venezuela
Las autoridades de la dictadura chavista no han confirmado la visita oficial de Karim Khan al país
Las autoridades de la dictadura chavista no han confirmado la visita oficial de Karim Khan al país
Con información de Infobae
Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), anunció que visitará Venezuela tras finalizar hoy su visita oficial a Colombia. Por el momento, la dictadura de Nicolás Maduro no ha hecho ningún anuncio sobre la visita de la CPI.
“El derecho y la justicia internacional es demasiado importante como para dejarla a jueces y fiscales, todo el mundo debe tener una participación”, dijo Khan en rueda de prensa en Colombia.
“Después de esta misión a Colombia y a Venezuela, cuando yo regrese tengo una reuniones con la sociedad civil”, añadió el fiscal.
La CPI comenzó en 5 de diciembre de 2022 el proceso para recibir las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El organismo facilitó en su página web un formulario para que las víctimas expliquen su caso y compartan la documentación necesaria.
La Corte abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas de seguridad del régimen en la represión de las multitudinarias protestas contra Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas.
En noviembre de 2022 el fiscal Karim Khan presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares I del organismo solicitando una autorización para que su Oficina reanude su investigación en la Situación en la República Bolivariana de Venezuela. Esto, pese al pedido de aplazamiento realizado por la dictadura de Maduro.
Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, Khan ha concluido que “el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado, y que se debe autorizar la reanudación de la investigación”, indicó en un comunicado.
A fines de marzo del año pasado, en el marco de su visita a Caracas, Karim Khan anunció que la CPI abriría una oficina en Venezuela, luego de que en noviembre de 2021 decidiera abrir una investigación al país caribeño para determinar si se produjeron crímenes de lesa humanidad, tal y como denuncian la oposición y diversas organizaciones no gubernamentales, y a pesar de todos los esfuerzos del régimen chavista para dilatar el proceso en el tribunal internacional.
De esta manera, los resultados de la selección de las denuncias presentadas ante la CPI serán presentados ante la Sala de Cuestiones Preliminares I hasta el 7 de marzo de este año. Por su parte, se espera que el régimen de Maduro, que ha apelado a todos los recursos posibles para dilatar la investigación, envíe sus observaciones antes del próximo 28 de febrero.
Brutales métodos de torturas
Las investigaciones que se han venido realizando sobre la situación en Venezuela son concluyentes.
La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) presentó en septiembre del año pasado su tercer informe anual, el cual se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al dictador Maduro, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar. Los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno para reprimir a la disidencia”, que fue “orquestado” por Maduro.
El contundente reporte concluyó que los organismos de inteligencia del Estado civil y militar de Venezuela funcionan como estructuras bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.
La Misión documentó 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por las fuerzas de la dcitadura chavista desde 2014 hasta la actualidad. La violencia y la persecución, afirma claramente el documento, es sistemática. No se trata de excesos de las fuerzas de seguridad, no se tratan de hechos aislados: en Venezuela hay un “plan orquestado al más alto nivel político, liderado por el propio Nicolás Maduro”, aseguró en conferencia de prensa Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Los investigadores documentaron los siguientes actos de tortura, violencia sexual y otros malos tratos: posiciones de tensión denominadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y “el pulpo” (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos); asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua; golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes; descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo; amenazas de muerte o de violencia adicional; amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares; desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas; y estar encadenado durante largos períodos de tiempo.
Las torturas tenían lugar en la sede del DGCIM en Boleíta, Caracas, y en una red de 17 centros de detención clandestinos en todo el país.
Michelle Bachelet, ex alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, también constató en reiterados informes durante su gestión graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La ex presidenta de Chile fue detallando año tras año la situación en el país caribeño, y en sus contundentes reportes denunció torturas, asesinatos, crisis sanitaria y migratoria, e inacción por parte del régimen de Maduro ante las denuncias.
En marzo del año pasado, en una nueva actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Bachelet reiteró, entre otras cosas, que “todos los detenidos arbitrariamente deben ser puestos en libertad y debe garantizarse el debido proceso”, al tiempo que exigió que reciban “atención médica adecuada”.
Un nuevo informe de la OEA advirtió que las reformas en Venezuela “perpetúan la impunidad” de los crímenes de lesa humanidad
El Panel de Expertos Internacionales Independientes presentó su segundo trabajo sobre la opresión del régimen de Nicolás Maduro
El Panel de Expertos Internacionales Independientes presentó su segundo trabajo sobre la opresión del régimen de Nicolás Maduro
Con información de Infobae
El Panel de Expertos Internacionales Independientes, designado por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para evaluar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentó este martes su esperado segundo informe.
En una conferencia de prensa celebrada hoy en La Haya, los miembros del panel Santiago Canton y Joanna Frivet presentaron conclusiones alarmantes que revelan “las reformas institucionales de Venezuela que perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas”.
Moderada por Rodrigo Diamanti, secretario del panel de expertos, la sesión puso de relieve la urgente necesidad de que actúe la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Nombrado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el 14 de septiembre de 2017, el Panel de Expertos Internacionales Independientes está formado por distinguidas personalidades que evalúan los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Entre sus miembros se encuentran Santiago Cantón, de Argentina; Manuel Ventura Robles, de Costa Rica; e Irwin Cotler, de Canadá; junto con la más reciente incorporación, Joanna Frivet, de Mauricio.
El panel reveló que “las reformas institucionales propuestas en Venezuela son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis”.
Además, el informe expresó su preocupación por el hecho de que estas reformas “protejan a los responsables ante la justicia nacional e internacional, perpetuando así la impunidad al más alto nivel. Esto indica una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos, especialmente en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
En ese sentido, el panel destacó dos casos que son ilustrativos del problema generalizado en Venezuela donde presuntos perpetradores son promovidos a posiciones donde están directamente involucrados en la reforma institucional y la relación del Estado con la CPI.
En primer lugar, mencionó a Calixto Ortega, actualmente embajador de Venezuela en los Países Bajos y jefe de la misión diplomática de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Es magistrado de la Sala Constitucional y de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia desde diciembre de 2105. “En su condición de tal, se le atribuye haber colaborado activamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad de detenciones arbitrarias mediante decisiones judiciales que autorizaron la continuación de detenciones sin fundamento jurídico sustantivo, como en los casos de Gilber Caro y Juan Requesens, entre otros”.
En segundo término, el informe señala a Diosdado Cabello, vicepresidente de la “Comisión de la Revolución Judicial” y actual Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. “Es considerado una de las personas que podría tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al Director General del SEBIN, González López, quien de facto dependía de él”, resalta el reporte.
“En lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad. Este informe evidencia con casos concretos cómo el gobierno de Venezuela está garantizando la impunidad”, expresó Santiago Cantón, a la cabeza del panel.
Las principales conclusiones del informe demuestran que las reformas introducidas por Venezuela se quedan cortas en varias áreas críticas:
I) Erosiona aún más el ya deficiente sistema judicial, plagado de falta de independencia e imparcialidad y de corrupción endémica.
II) No establece mecanismos eficaces y viables de rendición de cuentas para llevar a los presuntos responsables ante la justicia.
III) Sigue ignorando a las víctimas venezolanas, al no crear derechos sustantivos a recursos accesibles y transparentes.
En palabras de Joanna Frivet, “el panel ha llegado a la conclusión de que las víctimas venezolanas siguen existiendo en un vacío legal sin derechos sustantivos a reparaciones”.
Los expertos enviaron una recomendación al fiscal Karim Khan para “centrarse en los autores de alto nivel que operan fuera del alcance de la jurisdicción nacional debido a la falta de voluntad y la incapacidad del Gobierno de Venezuela para poner fin a la impunidad”.
Antecedentes
El 29 de mayo de 2018, el Panel emitió su primer informe, indicando una base razonable para considerar los actos perpetrados contra la población civil de Venezuela desde al menos el 12 de febrero de 2014 como crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma.
Estos actos incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y desapariciones forzadas.
El grupo recomendó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que remitiera el informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) e instó a los estados partes en el Estatuto de Roma a solicitar la apertura de una investigación sobre la situación venezolana.
Actualmente, la CPI, el Panel de Expertos de la OEA y la Misión de Investigación de Naciones Unidas son los únicos mecanismos internacionales dedicados a estudiar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
CPI rechaza petición de Venezuela de responder a informe con observaciones de víctimas
La Corte Penal Internacional no aceptó la solicitud del gobierno del presidente Nicolás Maduro de responder al informe con observaciones de las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad, lo que para defensores de DDHH supone una “buena noticia”
La Corte Penal Internacional no aceptó la solicitud del gobierno del presidente Nicolás Maduro de responder al informe con observaciones de las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad, lo que para defensores de DDHH supone una “buena noticia”
Con información de VOA Noticias
CARACAS — La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó autorizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro a responder al informe con observaciones de las víctimas que respaldan la continuidad de la investigación de la fiscalía de la CPI contra el Estado venezolano, por presuntos delitos de lesa humanidad.
Los jueces de la CPI argumentaron que “una respuesta debe limitarse a las nuevas cuestiones planteadas” y recuerda que “solo se puede evaluar la pertinencia de otorgar cualquier permiso para responder en relación con cuestiones específicamente identificadas”.
“Venezuela se limita a señalar que el informe presenta hechos relativos a presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas o incluso los perpetradores podrían haber recibido sanciones efectivas o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial interno venezolano”, resalta la decisión publicada el lunes.
“Esta presentación, en sí misma, no es lo suficientemente precisa como para permitirle a la Sala determinar la procedencia de conceder una autorización para responder. Además, una respuesta bajo el marco legal de la Corte no está pensada para el tipo de presentaciones exhaustivas que Venezuela desea proporcionar”, expone otro punto de la decisión.
La Sala subrayó que el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), publicado el mes pasado, transmite opiniones y preocupaciones de "potenciales víctimas" y que en la fase actual "ninguna víctima ha sido admitida a participar en el procedimiento", por lo que el nivel de respuesta de Venezuela "no se justifica".
Además, precisa que no considera necesario recibir presentaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en el procedimiento y anunció que ahora procederá con su análisis y decisión sobre la solicitud de reanudación de la investigación que deberá hacerse pública en las próximas semanas.
El informe de la VPRS, que presentó detalles suministrados por las víctimas sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el país, reveló que víctimas apoyan “abrumadoramente” la reanudación de la investigación por parte de la fiscalía de la CPI sobre el Estado venezolano.
Según las víctimas, el gobierno de Maduro “no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente” los crímenes cometidos en el país “con total impunidad” por parte de las autoridades del Estado.
El Estado venezolano celebró el hecho de que la Sala de Cuestiones Preliminares haya expuesto que el informe de la VPRS sólo recoge las opiniones de "víctimas potenciales", lo que, para el gobierno, hasta el momento determina expresamente que "no existe ninguna víctima reconocida como tal por la CPI”.
A través de un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Maduro reiteró que algunas organizaciones y “víctimas potenciales”, podrían estar siendo instrumentalizadas para convertir a la CPI en un “arma política contra la institucionalidad en Venezuela”.
En el comunicado el gobierno insistió en que en Venezuela “no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional”.
Meses de tira y afloja
En diciembre, la VPRS había habilitado un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que jueces decidirán si autorizan al fiscal de la CPI, Karim Khan retomar la investigación Venezuela I.
A inicios de abril, el gobierno de Maduro rechazó los argumentos del fiscal Khan, quien al responder a las observaciones presentadas por el Estado venezolano que busca evitar que continue la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, ratificó su solicitud de que continúe el proceso de investigación.
La fiscalía de la CPI asegura que ninguna de las peticiones del Estado “tiene fundamento” y reiteró a la Sala de Cuestiones Preliminares su petición de que continúe la investigación.
“El gobierno no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”, precisó la fiscalía, entre otros argumentos.
En ese sentido, la fiscalía sostiene que el aplazamiento de la investigación “no está justificado” y solicita a la Sala de Cuestiones preliminares que autorice la reanudación de la investigación.
En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.
El Estado venezolano cuestionó la decisión del fiscal argumentando que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
Antes de la Conferencia Internacional sobre Venezuela celebrada recientemente en Bogotá, entre sus condiciones para volver al diálogo político con la oposición, el gobierno de Maduro incluyó el cese de lo que calificó de “políticas de ataques” a través de la CPI.
Buena noticia
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en Venezuela, califica como una “magnífica noticia para las víctimas” el hecho de que la Sala no haya otorgado al gobierno venezolano un lapso adicional para responder al informe.
“De esta manera se pone de manifiesto que la solicitud del gobierno no tenía fundamento alguno, de hecho, lo dice expresamente la decisión, que esta solicitud no está contemplada en el procedimiento que se está decidiendo”, resalta Daniels al ser consultado por la Voz de América.
Daniels, abogado y profesor de derecho internacional humanitario, estima que lo que debe proceder es la continuidad de la investigación, "vista la abrumadora cantidad de pruebas que demuestran que en Venezuela no hay justicia”.
Calixto Ávila, vocero en Europa de la organización defensora de DDHH Provea, una de las más antiguas del país, destaca que la petición del Estado venezolano "no tiene precedentes" y recuerda que las dos situaciones similares son las de Afganistán y Filipinas que, explica, no introdujeron ese tipo de recursos.
"El objetivo del recurso era esencialmente dilatorio, es decir, poner trabas en el proceso de decisión de los jueces de la CPI a la petición del fiscal. Es dilatorio y abusivo y contrario al interés de las víctimas", manifestó.
Omar González: Maduro debe responder por torturas y ejecuciones de miles de venezolanos
Caso de Leoner Azuaje es copia al carbón del presunto suicidio del concejal Fernando Albán
Aseguran que el CNE humilla a la Comisión Nacional de Primarias
Caso de Leoner Azuaje es copia al carbón del presunto suicidio del concejal Fernando Albán
Nota de Prensa
Barcelona, 24 abril 2023-. De acuerdo con un informe de la Corte Penal Internacional unos 8.900 venezolanos han sido torturados por la policía política o cuerpos militares en Venezuela. En función a estas cifras, Omar González Moreno aseveró que “Maduro debe responder por las torturas y ejecuciones extrajudiciales que han sufrido miles de venezolanos”.
Indicó que bajo el régimen de Maduro a esos miles de ciudadanos le han sido violados todos sus derechos fundamentales y sumidos en una dolorosa política de tortura y terror sin igual en la historia del país.
“Más temprano que tarde Nicolás Maduro y todos sus cómplices tendrán que verse frente a la justicia y ser castigados por las atrocidades que han cometido a lo largo de estos últimos 23 años”.
Aseveró que el caso de Leoner Azuaje, el implicado en la red de corrupción develada en el país, es parte de una política de “silencio forzoso” que está aplicando el Estado.
“Al encargado de Cartones de Venezuela le tocó su parte; ese presunto suicidio que cometió es muy sospechoso y debería se investigado por entes internacionales”.
Dijo que lo sucedido con Azuaje es copia al carbón del caso del Fernando Albán quien falleció bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia y en su momento argumentaron que se había lanzado de un décimo piso.
El dirigente liberal aseveró que más temprano que tarde todos los implicados en las crueldades cometidas en las mazmorras del SEBIN serán encarcelados por vulnerar derechos esenciales de los ciudadanos.
Humillación
En otro orden de ideas, Omar González Moreno le pidió a los representantes de la Comisión Nacional de Primarias reaccionar ante las amenazas y humillaciones que provienen del Consejo Nacional Electoral.
“Debemos ser serios, no podemos permitir que el CNE intervenga en un proceso que es exclusivo de los ciudadanos; si esto pasa la jornada se vería manchada y viciada por completo”.
Desde Vente Venezuela le exigimos a la Comisión Nacional de Primarias “tomar seriamente las riendas del proceso y evitar el uso de las captahuellas, las máquinas de votacion y el Plan República en las elecciones primarias".
Negociación chucuta
En cuanto a la reciente reunión del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, con un sector de la oposicion venezolana, el directivo de Vente Venezuela dijo que no esperaba nada bueno de ese encuentro.
"Esa iniciativa está condenada al fracaso, como las 15 anteriores. En este caso, porque su promotor viene de una guerilla sustentada en el tráfico de drogas, pólvora y sangre; del secuestro y actos terroristas que produjeron indecibles martirios a los colombianos", explicó
El líder liberal se refería a Gustavo Petro quien pretende ser mediador de un diálogo para conseguir unas elecciones libres, transparentes y en paz en Venezuela.
"Es como pedir peras al olmo", refirió
Igualmente criticó que por el lado venezolano asistiera solo una delegacion que no representa la totalidad de la oposición venezolana.
"Unos supuestos negociantes que vienen acumulando todo un récord de fracasos tras fracasos en iniciativas similares" dijo.
"Ya basta que se sigan burlando de los venezolanos", exclamó
La Corte Penal Internacional informó que 8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El tribunal de justicia indicó que avalaron la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación. Afirmaron que el régimen no está dispuesto a juzgar genuinamente los crímenes
El tribunal de justicia indicó que avalaron la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación. Afirmaron que el régimen no está dispuesto a juzgar genuinamente los crímenes
Con información de Infobae
La Corte Penal Internacional (CPI) informó este viernes que 8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A través de un informe, el tribunal de justicia indicó que, tras la solicitud del Fiscal de la CPI, Karim Khan, de reanudar la investigación sobre la situación en Venezuela, se ordenó el pasado 18 de noviembre a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) de la Secretaría que recabara las opiniones e inquietudes de las víctimas sobre la solicitud de la Fiscalía.
La sala ordenó a la VPRS que transmitiera las observaciones de las víctimas y que las presentara junto con un informe consolidado al respecto y fijó como fecha límite el 20 de abril de 2023. Es por esa razón que dicho escrito se conoció hoy.
La CPI detalló que, tras la “amplia participación de las víctimas” en este proceso de consulta, la VPRS recibió 1.875 solicitudes que contenían sus opiniones e inquietudes (1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 videos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito. Las solicitudes incluyen a 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones.
El informe de 57 páginas no contiene ninguna información que identifique a las víctimasy/o cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso, por lo que el régimen de Venezuela “no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas”, aclararon desde la CPI.
Y subrayaron: “La gran mayoría de las víctimas apoyan la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación y afirman que el gobierno venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, por las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos’”.
Asimismo, la VPRS recibió observaciones de víctimas de todos los crímenes de lesa humanidad, en particular, de los delitos de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y otras violaciones de los derechos humanos.
“Los jueces de la CPI recibieron las opiniones e inquietudes de familiares de las víctimas, así como tutores y cuidadores”, resalta el escrito; al tiempo que agrega: “Las víctimas también incluyen defensoras y defensores de derechos humanos; activistas sociales y ambientales; trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud; jueces, fiscales, abogados y abogadas, y otros funcionarios y funcionarias públicos de la judicatura”.
Además, se tuvieron en consideración los testimonios de “trabajadores del sector público y privado; estudiantes universitarios, profesores, profesoras y personal de apoyo; ex policías y militares; figuras políticas, miembros de partidos políticos, parlamentarios, diplomáticos y diplomáticas; pensionados y pensionadas; periodistas, medios de comunicación, blogueros y usuarios de redes sociales; propietarios y propietarias de tierras, granjas y negocios; inventores, innovadores y artistas”.
La CPI informó que la Sala de Cuestiones Preliminares I dictará una decisión tras “examinar y evaluar detenidamente” todas las observaciones recibidas, incluidas las opiniones e inquietudes de las víctimas.
El informe
En un contundente informe con fecha al 30 de marzo, que se titula “La situación en la República Bolivariana de Venezuela 1″, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respondió a los argumentos presentados por el régimen de Nicolás Maduro que buscaban desestimar las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
“La Fiscalía sostiene respetuosamente que ninguna de esas peticiones tiene fundamento”, rechazó el informe. En el documento, el fiscal Karim Khan ratificó que “existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento”.
“Desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación”, subrayó.
La Fiscalía sostuvo que no se trata de temas aislados, si no que, por el contrario, “la comisión múltiple de estos actos constituía un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado sistemática y que la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.
Khan indicó que encontró una base razonable para creer que cientos de víctimas habían sido sometidas “a una amplia gama de actos criminales durante períodos prolongados de detención, incluyendo tortura, violación y/o violencia sexual”. Y detalló: “Las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.
Además, denunció que el chavismo “no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”.
El contexto
El pasado 1 de noviembre, Khan solicitó a la sala autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, después de que quedara en suspenso a solicitud de Caracas. Dos semanas después, la sala pidió a Venezuela presentar sus observaciones sobre el pedido del fiscal.
El 1 de marzo, Khan recibió unas observaciones presentadas por Venezuela, a las que respondió en un documento transmitido a Caracas el día 28 del mismo mes. En su reacción formal, Venezuela pidió más tiempo para contestar y sostuvo que la respuesta del fiscal “planteó una nueva cuestión que el Estado no podía haber anticipado razonablemente”.
El fiscal señaló entonces, el 31 de marzo, que los temas identificados por el equipo legal venezolano “no son nuevos” y “podrían haber sido razonablemente anticipados”, pero dejó en manos de la sala la decisión de dar o no más tiempo a Caracas y autorizar los puntos a los que puede responder.
El reglamento de la CPI dispone que el país o el fiscal “solo podrá contestar a una respuesta con el permiso de la sala” y que ésta “debe limitarse a cuestiones nuevas planteadas en la respuesta, que el participante que reacciona no podría haber previsto razonablemente”.
En este sentido, la sala consideró que la cuestión relacionada con la “evaluación” del fiscal es algo que Caracas “no podría haber anticipado” y por eso tenía hasta el 20 de abril para responder. Algo que hasta el momento no hizo.
Víctimas de la represión en Venezuela siguen a la espera de los resutados de la investigación de la CPI contra el régimen de Maduro
La Corte Penal Internacional le dio plazo hasta el 20 de abril a la dictadura venezolana para que responda al fiscal sobre las violaciones a los derechos humanos, torturas y ejecuciones extrajudiciales
La Corte Penal Internacional le dio plazo hasta el 20 de abril a la dictadura venezolana para que responda al fiscal sobre las violaciones a los derechos humanos, torturas y ejecuciones extrajudiciales
Con información de AFP
Las víctimas de violaciones de Derechos Humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, esperan que la investigación de la Corte Penal Internacional relacionada a los asesinatos, torturas y represión en el país caribeño les brinde algún tipo de solución.
Confían en las gestiones del fiscal general de la CPI, Karim Khan, que en marzo pidió al tribunal que autorizara la reapertura de una investigación sobre la brutal represión de la dictadura chavista que ha dejado más de 100 muertos desde el estallido de las protestas antigubernamentales en 2017.
Khan informó al tribunal que había una “base razonable para creer que se han cometido crímenes contra la humanidad.”
Funcionarios del régimen chavista acusaron a Khan de ser un fiscal parcializado y aseguraron que trabajan con cientos de acusados por violaciones, sin embargo, la CPI insiste en que estos esfuerzos son insuficientes.
Algunas de las historias de víctimas de torturas, violaciones y represión:
El estudiante universitario Juan Pablo Pernalete murió el 26 de abril de 2017 en Caracas, tras el impacto en el pecho de una bomba lacrimógena disparada por un funcionario chavista durante una protesta antigubernamental. Tenía 20 años.
“Juan Pablo siempre salía a protestar.... Yo le decía: Juan, tengo miedo, están asesinando muchachos”, le contó a la agencia de noticias AFP Elvira de Pernalete en su casa de Caracas, adornada con las medallas de baloncesto de su hijo.
“Él me decía: ‘Mamá, protestar no es un delito, protestar significa que las cosas no están bien’. Y yo le seguía rezando a Dios para que mi hijo volviera a casa”, añadió.
Elvira estaba cocinando cuando recibió la llamada: su hijo había sido herido por las fuerzas de Maduro en una protesta. Cuando llegó a la clínica, le notificaron que Juan Pablo había muerto.
“Me volví loca. Empecé a tirar cosas, a correr... hasta que llegué a la cama donde estaba mi hijo... Le dije: ‘¡Levántate, Juan, levántate de ahí!”, recordó.
Las autoridades afirmaron que el joven había muerto a manos de otros manifestantes, antes de admitir finalmente que su muerte fue por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno.
En 2021, 13 militares fueron acusados de homicidio involuntario por este caso
Once han vuelto al trabajo, según la madre de Pernalete, y dos están prófugos de la justicia.
Los padres del joven presentaron una demanda civil que fue desestimada el año pasado. Han presentado un recurso.
“Necesitamos que la investigación continúe en los organismos internacionales. Es la única forma de que podamos tener algo de paz”.
En otro caso, el concejal del Municipio Libertador Fernando Albán, de 56 años, fue lanzado desde el décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Contrainteligencia Militar, la policía política de Maduro, el 8 de octubre de 2018, tres días después haber sido detenido.
La dictadura venezolana aseguró que fue un suicidio, pero activistas y amigos cercanos afirmaron que fue arrojado desde una ventana para borrar pruebas de tortura.
Albán había sido acusado de participar en un atentado en 2018 con drones cargados de explosivos contra Maduro.
“Todos sus derechos fueron violados: fue sometido a detención arbitraria... tortura y muerte bajo custodia”, expresó su esposa, Meudy Osio, en Nueva York, donde vive con sus dos hijos.
“Tenía moratones, cortes, arañazos... Los abogados me dijeron que había señales de tortura”, dijo a la AFP.
Dos agentes de los servicios de inteligencia fueron condenados en diciembre de 2021 a cinco años y diez meses de cárcel cada uno por la muerte de Alban.
Según Osio, los funcionarios vinculados a la muerte de su marido hoy están en libertad.
Entretanto, Anrry Chinchilla murió el 26 de abril de 2019, a los 30 años, en una operación contra la delincuencia realizada en un barrio de Caracas planificada por la unidad de fuerzas especiales FAES, unidad disuelta tras cientos de denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Hoy, su foto está sobre una mesa rodeada de estampas religiosas en el departamento de sus padres, junto a una tarjeta que dice “Te quiero, papá”, hecha por una Anrry de 3 años.
El padre de Chinchilla, Gregorio, indicó que la hermana del joven había oído cómo lo mataban desde la ventana del apartamento.
“Lo sacaron (del apartamento) y lo llevaron al patio. Usaron una sábana del tendedero para protegerse. Fue entonces cuando oyó los... tres disparos”, dijo Gregorio Chinchilla.
Familiares de la víctima aseguraron que la captura Chinchilla se trató de un error.
“No tenía antecedentes penales”, explicó su padre.
“Hicieron de él un espectáculo... Decían: ‘ríndete, ríndete, suelta el arma’”, describió. “Simularon un enfrentamiento, luego lo hicieron arrodillarse y le dispararon”.
Chinchilla dijo que pudo ver el cuerpo de su hijo en la morgue del hospital. “No me permitieron tocarlo... Vi tres disparos a corta distancia... todos en el pecho”.
Omar González: Maduro debería desistir de seguir al frente del régimen
Afirman que la CPI anunciará su decisión contra Maduro
Señaló que el Viernes Santo es un día de reflexión sobre el sacrificio y el bien
*Nota de Prensa*-. “Si tuviera un poquito de dignidad Maduro renunciaría de inmediato al cargo que usurpa en Miraflores”, así lo aseveró el dirigente nacional de Vente Venezuela, Omar González Moreno.
Indicó que los escándalos de corrupción en Petróleos de Venezuela, la CVG, las cementeras y demás instituciones públicas que lo implican a él y a decenas de integrantes de su gabinete y del Psuv, sería motivo suficiente para que en cualquier parte del mundo hubiera un colapso total en el régimen.
“Si esto pasará en otro pais, ya todos estuvieran fuera de sus cargos; sin embargo, aquí se devela un desfalco mil millonario y no pasa nada, meten a unos cuantos presos y el régimen queda como si nada”, apuntó.
“No solo se trata de Tareck El Aissami y su entorno en Pdvsa, Pedro Maldonado y demas directivos de la CVG, ministros, diputados, gobernadores, alcaldes, bolichicos y seudo empresarios, sino que todo el sistema socialista está corrompido y siempre lo estará pues fundamenta su pensamiento en una doctrina podrida en toda la extensión del término”, dijo.
Agregó que en medio del escándalo de la millonada extraída ilegalmente por quienes ocupan el poder, siguen enviando furtivamente millones de barriles de crudo a Cuba y sus compinches de forma clandestina.
“Esto es otro tipo de robo, pues todos esos barriles pudieron ser comercializados por el país en el mercado internacional y obtener de su venta recursos para las escuelas, para el pago de maestros, médicos, empleados públicos o pensionados ”, acentuó.
CPI
Omar González indicó que el miedo reina por los pasillos del Palacio de Miraflores por el eminente pronunciamiento de la Corte Penal Internacional sobre el caso de Venezuela y Nicolás Maduro.
“Están en la mira telescópica de la justicia internacional; ellos saben que tienen la soga al cuello. Se hacen los bravucones de barrio, pero a solas muestran todo el terror que los invade”.
El Esequibo
Al referirse al fallo de la Corte Internacional de Juticia contra Venezuela en el caso del Esequibo, González Moreno señaló que es culpa del socialismo.
"El socialismo entregó el territorio venezolano del Esequibo. Le corresponderá a María Corina Machado hacer todo lo que esté a su alcance para recuperarlo", sentenció.
Como se sabe, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una sentencia contra Venezuela al rechazar los mediocres alegatos presentados por el régimen de Nicolás Maduro sobre el diferendo limítrofe con Guyana por el territorio Esequibo que comprende más de 160.000 kilómetros cuadrados.
“La posición entreguista de los representantes de Maduro fue rechazada por 14 votos a 1, según se supo cuando dieron a conocer la sentencia en La Haya.
"Si se llegase a perder este valioso territorio -señaló- fue por culpa de Hugo Chávez y de Nicolas Maduro y sus mafias, ya que -por imposición de los cubanos- echaron por la borda años de lucha de avezados diplomáticos, juristas, militares y ciudadanos venezolanos por recuperar el Esequibo".
El dirigente liberal agregó que esta es "otra criminal traición a la patria de estos bribones que en mala hora asaltaron el poder para saquear a Venezuela".
Finalizó precisando que "le corresponderá a María Corina Machado, como próxima Presidente de la Nación, tratar de enderezar este entuerto, mediante la activacion de todos los recursos a su alcance y el concurso de nuestros mejores talentos, para recuperar El Esequibo".
Viernes Santo
Sobre el Viernes Santo aseveró que es un momento para reflexionar sobre el sacrificio y el triunfo del bien sobre el mal después de atravesar el calvario.
“A veces los grandes logros tienen que ser probados con fuego, en un camino muy duro. Jesucristo efectuó la mayor prueba de sacrificio por nosotros, lo torturaron y crucificaron; nos dejó el ejemplo que el bien no llega solo, sino que hay que construirlo, a veces con mucho dolor, con pasión. Pero al final el bien siempre, siempre, siempre triunfa”, sentenció.
CPI desestima observaciones de Maduro: Estado venezolano no investiga crímenes de lesa humanidad
Estado venezolano no ofrece pruebas circunstanciales que permitan admitir que presuntos crímenes de lesa humanidad son investigados, juzgados y realmente sancionados
Estado venezolano no ofrece pruebas circunstanciales que permitan admitir que presuntos crímenes de lesa humanidad son investigados, juzgados y realmente sancionados
Con información de El Pitazo
Caracas.- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) respondió a los argumentos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro, que buscaban desestimar las investigaciones por delitos de lesa humanidad. El fiscal Karim Khan ratifica que, en efecto, hay una política criminal que merece seguir bajo investigación.
En un documento de 22 páginas, con fecha del 30 de marzo de 2023, se indica que la Fiscalía de la CPI señala que el Estado venezolano no ofrece pruebas circunstanciales que permitan admitir que presuntos crímenes de lesa humanidad son investigados, juzgados y realmente sancionados.
“La política de atacar a esta parte de la población (civil) fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”, señala el documento presentado el jueves 30.
El informe agrega que la Fiscalía llegó a la conclusión de que los posibles casos identificados, “son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas por la Corte, a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”.
Gobierno venezolano argumenta
El gobierno oficialista insistió en que la Corte Penal Internacional no tiene competencia para juzgar y afirma que Venezuela ha investigado y enjuiciado los presuntos crímenes. El oficialismo, además, acusó a la Fiscalía de la CPI de tener “vínculos” con organizaciones no gubernamentales.
El documento de Khan busca entonces contestarle a las desestimaciones hechas por Maduro. Recuerda que se encontró base razonable para creer que cientos de víctimas habían sido sometidas “a una amplia gamade actos criminales durante períodos prolongados de detención, incluyendo tortura, violación y/o violencia sexual”.
Desde 2018, la CPI investiga al Gobierno nacional por crímenes contra la población civil, luego de recibir una denuncia de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Maduro ha dicho que la CPI no tiene competencia para investigarlo y juzgarlo.
La investigación debe continuar
El fiscal Khan pide que se continúe el caso “Venezuela I”, el cual se abrió por la anterior fiscal, Fatou Bensouda, y busca exigir un enjuiciamiento por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela.
La Corte de la La Haya no tiene en la mira sólo a Maduro, lo que investiga es un plan sistemático ordenado por el gobernante, peroejecutado por un grupo de sus funcionarios con puestos de decisión en dependencias clave del Estado venezolano: ministros del Ejecutivo nacional, mandos de la PNB, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la extinta Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), entre otros.
Borges y Guaido calificaron como un gran paso la orden de la CPI para arrestar a Putin: “Maduro es el próximo”
Juan Guaidó y Julio Borges indicaron que su país también tendrá justicia y los responsables de crímenes de lesa humanidad serán procesados
Juan Guaidó y Julio Borges indicaron que su país también tendrá justicia y los responsables de crímenes de lesa humanidad serán procesados
Con información de EFE
“Maduro es el próximo”, se ilusionaban los venezolanos en las redes sociales cuando la noticias sobre orden de arresto contra el jefe de Kremlin circulaba frenéticamente. De hecho, los opositores venezolanos Julio Borges y Juan Guaidó respaldaron y calificaron como un “gran paso” la medida emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación de niños ucranianos.
“La orden de detención contra Putin es un gran paso para resarcir a tantas víctimas de crímenes de guerra. Esto demuestra que la justicia siempre vencerá al mal”, indicó Borges en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
Y agregó: “Venezuela también tendrá justicia y los responsables de crímenes de Lesa Humanidad serán procesados”.
Por su parte, Guaidó calificó de “abominables” los “crímenes de guerra” cometidos por Putin.
“Son abominables los crímenes de guerra cometidos por Putin. Deportar a la fuerza a niños ucranianos a Rusia es repugnante. Este tipo de atrocidades son las que apoya Maduro. Todos en el mundo deben condenar lo ocurrido y respaldar la búsqueda de justicia por parte de la CPI”, expresó.
La CPI emitió este viernes una orden de arresto contra Putin, como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.
La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.
El jefe de la Duma o cámara de diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, aseguró hoy que “cualquier ataque” contra el presidente Putin es considerado una “agresión” contra el país, en alusión a la orden de arresto.
Además, el jefe del Comité de Instrucción de Rusia, Alexandr Bastrikin, ordenó lanzar una investigación sobre lo que llamó “emisión ilegal por parte del Tribunal Penal Internacional de una orden de arresto contra un ciudadano ruso”.
La Corte Penal Internacional investiga a Maduro
La Corte Penal Internacional comenzó el pasado 5 de diciembre el proceso para recibir las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El organismo facilitó en su página web un formulario para que las víctimas expliquen su caso y compartan la documentación necesaria.
La Corte abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas de seguridad del régimen en la represión de las multitudinarias protestas contra Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas.
El pasado mes de noviembre el fiscal Karim Khan presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares I del organismo solicitando una autorización para que su oficina reanude su investigación en la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Esto, pese al pedido de aplazamiento realizado por la dictadura de Maduro.
Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, Khan ha concluido que “el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado, y que se debe autorizar la reanudación de la investigación”, indicó en un comunicado.
A fines de marzo del año pasado, en el marco de su visita a Caracas, Karim Khan anunció que la CPI abriría una oficina en Venezuela, luego de que en noviembre de 2021 decidiera abrir una investigación al país caribeño para determinar si se produjeron crímenes de lesa humanidad, tal y como denuncian la oposición y diversas organizaciones no gubernamentales, y a pesar de todos los esfuerzos del régimen chavista para dilatar el proceso en el tribunal internacional.
De esta manera, los resultados de la selección de las denuncias presentadas ante la CPI fueron presentados ante la Sala de Cuestiones Preliminares I hasta el pasado 7 de marzo.
Brutales métodos de torturas
Las investigaciones que se han venido realizando sobre la situación en Venezuela son concluyentes.
La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) presentó en septiembre del año pasado su tercer informe anual, el cual se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al dictador Maduro, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar.
Los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno para reprimir a la disidencia”, que fue “orquestado” por Maduro.
El contundente reporte concluyó que los organismos de inteligencia del Estado civil y militar de Venezuela funcionan como estructuras bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.
La Misión documentó 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por las fuerzas de la dcitadura chavista desde 2014 hasta la actualidad. La violencia y la persecución, afirma claramente el documento, es sistemática. No se trata de excesos de las fuerzas de seguridad, no se tratan de hechos aislados: en Venezuela hay un “plan orquestado al más alto nivel político, liderado por el propio Nicolás Maduro”, aseguró Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Los investigadores documentaron los siguientes actos de tortura, violencia sexual y otros malos tratos: posiciones de tensión denominadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y “el pulpo” (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos); asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua; golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes; descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo; amenazas de muerte o de violencia adicional; amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares; desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas; y estar encadenado durante largos períodos de tiempo.
Las torturas tenían lugar en la sede del DGCIM en Boleíta, Caracas, y en una red de 17 centros de detención clandestinos en todo el país.
Michelle Bachelet, ex alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, también constató en reiterados informes durante su gestión graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La ex presidenta de Chile fue detallando año tras año la situación en el país caribeño, y en sus contundentes reportes denunció torturas, asesinatos, crisis sanitaria y migratoria, e inacción por parte del régimen de Maduro ante las denuncias.
En marzo del año pasado, en una nueva actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Bachelet reiteró, entre otras cosas, que “todos los detenidos arbitrariamente deben ser puestos en libertad y debe garantizarse el debido proceso”, al tiempo que exigió que reciban “atención médica adecuada”.
Asimismo, denunció atropellos contra la libertad de prensa y de expresión, y expresó su preocupación “por la falta de disponibilidad de información pública”.
Otros organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Human Rights Watch, entre otros, también son férreos denunciantes de las violaciones a los derechos humanos en el país caribeño.
En base a estas y otras tantas pruebas, la Corte de La Haya no sólo tiene en la mira a Maduro. Lo que investiga es un plan sistemático ordenado por el dictador pero ejecutado por un grupo de sus funcionarios con puestos de decisión en dependencias clave del estado venezolano. El listado es confidencial, pero de acuerdo al periodo investigado y las posiciones de poder en el organigrama del régimen, estos son los hombres y mujeres clave de la dictadura que pueden ser condenados por la CPI por delitos de lesa humanidad: Nicolás Maduro Moros (dictador de Venezuela); Tareck El Aissami (Vicepresidente hasta el 14 de junio de 2018); Vladimir Padrino López (Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional de 2014 a 2017; Ministro de Defensa -cargo actual-); Delcy Eloína Rodríguez Gómez (Vicepresidenta del régimen de Venezuela. Ministra de Relaciones Exteriores entre 2014 y 2017. Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente hasta el 14 de junio de 2018); Diosdado Cabello Rondón (Vicepresidente del PSUV, diputado chavista y presidente de la Asamblea Paralela que montó la dictadura para desplazar al Parlamento electo democráticamente); Maikel Moreno (desde febrero de 2017 es presidente del Tribunal Supremo de Justicia); Tarek William Saab (Fiscal general de Venezuela desde 2017); Jorge Arreaza Montserrat (Ministro de Relaciones Exteriores de 2017 a 2021); Antonio Benavides Torres (Mayor General, fue Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana desde julio 2016 hasta enero 2018); Carlos Alfredo Pérez Ampueda (General de Brigada, Director de la Policía Nacional Bolivariana desde marzo 2017 hasta mayo 2019); y Néstor Luis Reverol Torres (entre 2014 y 2016 se desempeñó como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana); entre otros.
Todos ellos fueron determinantes en la cadena del horror: o bien porque participaron en la toma de decisión y ejecución de la brutal represión, o porque desde la Justicia sepultaron cualquier tipo de investigación imparcial que garantizara el debido proceso.