Víctimas de la represión en Venezuela siguen a la espera de los resutados de la investigación de la CPI contra el régimen de Maduro
La Corte Penal Internacional le dio plazo hasta el 20 de abril a la dictadura venezolana para que responda al fiscal sobre las violaciones a los derechos humanos, torturas y ejecuciones extrajudiciales
Con información de AFP
Las víctimas de violaciones de Derechos Humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, esperan que la investigación de la Corte Penal Internacional relacionada a los asesinatos, torturas y represión en el país caribeño les brinde algún tipo de solución.
Confían en las gestiones del fiscal general de la CPI, Karim Khan, que en marzo pidió al tribunal que autorizara la reapertura de una investigación sobre la brutal represión de la dictadura chavista que ha dejado más de 100 muertos desde el estallido de las protestas antigubernamentales en 2017.
Khan informó al tribunal que había una “base razonable para creer que se han cometido crímenes contra la humanidad.”
Funcionarios del régimen chavista acusaron a Khan de ser un fiscal parcializado y aseguraron que trabajan con cientos de acusados por violaciones, sin embargo, la CPI insiste en que estos esfuerzos son insuficientes.
Algunas de las historias de víctimas de torturas, violaciones y represión:
El estudiante universitario Juan Pablo Pernalete murió el 26 de abril de 2017 en Caracas, tras el impacto en el pecho de una bomba lacrimógena disparada por un funcionario chavista durante una protesta antigubernamental. Tenía 20 años.
“Juan Pablo siempre salía a protestar.... Yo le decía: Juan, tengo miedo, están asesinando muchachos”, le contó a la agencia de noticias AFP Elvira de Pernalete en su casa de Caracas, adornada con las medallas de baloncesto de su hijo.
“Él me decía: ‘Mamá, protestar no es un delito, protestar significa que las cosas no están bien’. Y yo le seguía rezando a Dios para que mi hijo volviera a casa”, añadió.
Elvira estaba cocinando cuando recibió la llamada: su hijo había sido herido por las fuerzas de Maduro en una protesta. Cuando llegó a la clínica, le notificaron que Juan Pablo había muerto.
“Me volví loca. Empecé a tirar cosas, a correr... hasta que llegué a la cama donde estaba mi hijo... Le dije: ‘¡Levántate, Juan, levántate de ahí!”, recordó.
Las autoridades afirmaron que el joven había muerto a manos de otros manifestantes, antes de admitir finalmente que su muerte fue por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno.
En 2021, 13 militares fueron acusados de homicidio involuntario por este caso
Once han vuelto al trabajo, según la madre de Pernalete, y dos están prófugos de la justicia.
Los padres del joven presentaron una demanda civil que fue desestimada el año pasado. Han presentado un recurso.
“Necesitamos que la investigación continúe en los organismos internacionales. Es la única forma de que podamos tener algo de paz”.
En otro caso, el concejal del Municipio Libertador Fernando Albán, de 56 años, fue lanzado desde el décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Contrainteligencia Militar, la policía política de Maduro, el 8 de octubre de 2018, tres días después haber sido detenido.
La dictadura venezolana aseguró que fue un suicidio, pero activistas y amigos cercanos afirmaron que fue arrojado desde una ventana para borrar pruebas de tortura.
Albán había sido acusado de participar en un atentado en 2018 con drones cargados de explosivos contra Maduro.
“Todos sus derechos fueron violados: fue sometido a detención arbitraria... tortura y muerte bajo custodia”, expresó su esposa, Meudy Osio, en Nueva York, donde vive con sus dos hijos.
“Tenía moratones, cortes, arañazos... Los abogados me dijeron que había señales de tortura”, dijo a la AFP.
Dos agentes de los servicios de inteligencia fueron condenados en diciembre de 2021 a cinco años y diez meses de cárcel cada uno por la muerte de Alban.
Según Osio, los funcionarios vinculados a la muerte de su marido hoy están en libertad.
Entretanto, Anrry Chinchilla murió el 26 de abril de 2019, a los 30 años, en una operación contra la delincuencia realizada en un barrio de Caracas planificada por la unidad de fuerzas especiales FAES, unidad disuelta tras cientos de denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Hoy, su foto está sobre una mesa rodeada de estampas religiosas en el departamento de sus padres, junto a una tarjeta que dice “Te quiero, papá”, hecha por una Anrry de 3 años.
El padre de Chinchilla, Gregorio, indicó que la hermana del joven había oído cómo lo mataban desde la ventana del apartamento.
“Lo sacaron (del apartamento) y lo llevaron al patio. Usaron una sábana del tendedero para protegerse. Fue entonces cuando oyó los... tres disparos”, dijo Gregorio Chinchilla.
Familiares de la víctima aseguraron que la captura Chinchilla se trató de un error.
“No tenía antecedentes penales”, explicó su padre.
“Hicieron de él un espectáculo... Decían: ‘ríndete, ríndete, suelta el arma’”, describió. “Simularon un enfrentamiento, luego lo hicieron arrodillarse y le dispararon”.
Chinchilla dijo que pudo ver el cuerpo de su hijo en la morgue del hospital. “No me permitieron tocarlo... Vi tres disparos a corta distancia... todos en el pecho”.
