CPI designa a juezas que investigarán crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La información fue publicada en la página web de la CPI. Los os casos que adelanta el organismo sobre Venezuela -Venezuela I y Venezuela II- serán asignados a la Sala de Cuestiones Preliminares
La información fue publicada en la página web de la CPI. Los os casos que adelanta el organismo sobre Venezuela -Venezuela I y Venezuela II- serán asignados a la Sala de Cuestiones Preliminares
Con información de Versión Final
La Presidencia de la Corte Penal Internacional (CPI) ratificó este miércoles a las juezas Reine Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera en la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
De acuerdo con información publicada en la página web de la CPI, los casos que adelanta la CPI sobre Venezuela -Venezuela I y Venezuela II serán asignados a la Sala de Cuestiones Preliminares I, que estará integrada por las magistradas.
"3 juezas estarán a cargo de la Investigación por crímenes de lesa humanidad, Venezuela I. La Presidencia de la Corte Penal Internacional ratificó hoy #13Mar a las juezas Reine Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, y nombró a la jueza Iulia Motoc, en reemplazo del juez saliente Péter Kovács”, informó la ONG Provea en un mensaje divulgado a través de su cuenta en la red social X.
Perfil de las juezas
– Reine Alapini-Gansou: Antes de unirse a la CPI en 2018, pasó 12 años en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), y como Relatora Especial sobre defensores en África (2005- 2009 y 2012 -2017).
– Socorro Flores Liera: Antes de incorporarse a la CPI, desarrolló carrera en el Servicio Exterior de México, (2017-2021) Representante de México ante la Oficina de la ONU y otras en Ginebra. Vicepresidenta en Consejo de DD. HH. 2020.
– Lulia Motoc: Antes de la CPI, Iulia fue jueza del Tribunal Europeo de DD. HH. (Tedh, 2013-2023) y profesora Derecho Inter. También Relatora Especial ONU para República Dem. del Congo sobre crímenes de lesa humanidad y guerra.
Antonio Ledezma denunció que la Fiscalía de Venezuela intenta manipular a la CPI con sus investigaciones
El ex alcalde opositor exiliado escribió una carta a Karim Khan, fiscal ante la CPI, para advertirle sobre la veracidad de la información que le suministra el Ministerio Público dirigido por Tarek William Saab
El ex alcalde opositor exiliado escribió una carta a Karim Khan, fiscal ante la CPI, para advertirle sobre la veracidad de la información que le suministra el Ministerio Público dirigido por Tarek William Saab
Con información de EFE
El ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, exiliado en España, denunció este miércoles en Miami (Florida) que el Ministerio Público de Venezuela intenta hacer creer a la Corte Penal Internacional (CPI) que investiga violaciones de los derechos humanos mediante diligencias “irrelevantes”.
En una carta dirigida este miércoles al fiscal ante la CPI Karim Khan, a la que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, Ledezma relata lo que le ocurrió recientemente en Madrid, donde tiene su residencia, aunque actualmente se encuentra en Miami.
El ex alcalde fue citado por el Ministerio de Justicia de España a una diligencia de investigación basada en una solicitud de asistencia mutua en materia penal proveniente de la Fiscalía Trigésima Novena (39na.) del Ministerio Público venezolano.
Según la información que le suministraron al dirigente opositor, la fiscalía 39 está “conociendo casos de la Corte Penal Internacional, entre ellos el suyo por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.
Lo que se pretendía, dice Ledezma en la carta, es que concertara una cita para una entrevista online e hiciera un “retrato hablado” de los funcionarios policiales que lo detuvieron, algo a lo que se negó.
“Quiero expresar mi más rotundo rechazo a esa solicitud, pues procura seguir victimizándome al intentar simular una investigación sobre hechos que jamás han sido indagados seriamente y que, por el contrario, han sido encubiertos por toda la estructura judicial del Estado” de Venezuela, dice Ledezma al fiscal Khan.
A juicio del opositor exiliado, se trata de “una insólita petición de asistencia”, dado -dice- que su “detención arbitraria está perfectamente documentada en un simulado expediente judicial, además de videos, fotografías, entre otras fuentes de prueba”.
“Los funcionarios que actuaron en esta ilegal detención suscribieron un acta policial de tal diligencia, en la que consta su identificación plena y organismo de adscripción, todo lo cual está en manos del Ministerio Público”, agrega.
“Pero es que, además, luego de ser ilegalmente detenido, una fiscal de ese mismo Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control que se decretara una medida de privación judicial de libertad en mi contra, y eso consta en el expediente judicial”.
Por todo ello, Ledezma le asegura a Khan que “el Ministerio Público, a cargo de Tarek William Saab, intenta engañar a la Corte Penal Internacional en el marco del memorándum de entendimiento firmado por Venezuela con su Despacho”.
“No hay mayores pruebas (de mi detención ilegal) que el expediente mismo”, subraya, tras mencionar a la actual presidenta del circuito Judicial Penal de Caracas, Katherine Harrington Padrón, como la jueza que le acusó “sin prueba alguna”.
La carta termina con la aseveración de que “no existe seguridad alguna para las víctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado venezolano”.
“El Ministerio Público y todos los tribunales actúan de forma coordinada con el Poder Ejecutivo en la comisión de estos crímenes, y lejos de proteger a las víctimas, procuran encubrir a los autores o partícipes”, subraya.
El mismo Fiscal General de Venezuela, Tarek Williams Saab, “es un eslabón fundamental en la perpetración de los crímenes de encarcelamiento y persecución, además de permitir que la tortura se institucionalizara por parte de los organismos de seguridad”, subraya.
Según Ledezma, el Ministerio Público venezolano, junto a otras instancias oficiales, “intenta dar una falsa percepción de justicia” para intentar entorpecer la investigación sobre Venezuela que ha sido autorizada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional.
En noviembre de 2017, Ledezma, que estaba detenido en su casa desde 2015 bajo cargos de conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro, huyó a Colombia para luego viajar a España.
Un nuevo informe de la OEA advirtió que las reformas en Venezuela “perpetúan la impunidad” de los crímenes de lesa humanidad
El Panel de Expertos Internacionales Independientes presentó su segundo trabajo sobre la opresión del régimen de Nicolás Maduro
El Panel de Expertos Internacionales Independientes presentó su segundo trabajo sobre la opresión del régimen de Nicolás Maduro
Con información de Infobae
El Panel de Expertos Internacionales Independientes, designado por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para evaluar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentó este martes su esperado segundo informe.
En una conferencia de prensa celebrada hoy en La Haya, los miembros del panel Santiago Canton y Joanna Frivet presentaron conclusiones alarmantes que revelan “las reformas institucionales de Venezuela que perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas”.
Moderada por Rodrigo Diamanti, secretario del panel de expertos, la sesión puso de relieve la urgente necesidad de que actúe la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Nombrado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el 14 de septiembre de 2017, el Panel de Expertos Internacionales Independientes está formado por distinguidas personalidades que evalúan los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Entre sus miembros se encuentran Santiago Cantón, de Argentina; Manuel Ventura Robles, de Costa Rica; e Irwin Cotler, de Canadá; junto con la más reciente incorporación, Joanna Frivet, de Mauricio.
El panel reveló que “las reformas institucionales propuestas en Venezuela son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis”.
Además, el informe expresó su preocupación por el hecho de que estas reformas “protejan a los responsables ante la justicia nacional e internacional, perpetuando así la impunidad al más alto nivel. Esto indica una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos, especialmente en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
En ese sentido, el panel destacó dos casos que son ilustrativos del problema generalizado en Venezuela donde presuntos perpetradores son promovidos a posiciones donde están directamente involucrados en la reforma institucional y la relación del Estado con la CPI.
En primer lugar, mencionó a Calixto Ortega, actualmente embajador de Venezuela en los Países Bajos y jefe de la misión diplomática de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Es magistrado de la Sala Constitucional y de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia desde diciembre de 2105. “En su condición de tal, se le atribuye haber colaborado activamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad de detenciones arbitrarias mediante decisiones judiciales que autorizaron la continuación de detenciones sin fundamento jurídico sustantivo, como en los casos de Gilber Caro y Juan Requesens, entre otros”.
En segundo término, el informe señala a Diosdado Cabello, vicepresidente de la “Comisión de la Revolución Judicial” y actual Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. “Es considerado una de las personas que podría tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al Director General del SEBIN, González López, quien de facto dependía de él”, resalta el reporte.
“En lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad. Este informe evidencia con casos concretos cómo el gobierno de Venezuela está garantizando la impunidad”, expresó Santiago Cantón, a la cabeza del panel.
Las principales conclusiones del informe demuestran que las reformas introducidas por Venezuela se quedan cortas en varias áreas críticas:
I) Erosiona aún más el ya deficiente sistema judicial, plagado de falta de independencia e imparcialidad y de corrupción endémica.
II) No establece mecanismos eficaces y viables de rendición de cuentas para llevar a los presuntos responsables ante la justicia.
III) Sigue ignorando a las víctimas venezolanas, al no crear derechos sustantivos a recursos accesibles y transparentes.
En palabras de Joanna Frivet, “el panel ha llegado a la conclusión de que las víctimas venezolanas siguen existiendo en un vacío legal sin derechos sustantivos a reparaciones”.
Los expertos enviaron una recomendación al fiscal Karim Khan para “centrarse en los autores de alto nivel que operan fuera del alcance de la jurisdicción nacional debido a la falta de voluntad y la incapacidad del Gobierno de Venezuela para poner fin a la impunidad”.
Antecedentes
El 29 de mayo de 2018, el Panel emitió su primer informe, indicando una base razonable para considerar los actos perpetrados contra la población civil de Venezuela desde al menos el 12 de febrero de 2014 como crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma.
Estos actos incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y desapariciones forzadas.
El grupo recomendó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que remitiera el informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) e instó a los estados partes en el Estatuto de Roma a solicitar la apertura de una investigación sobre la situación venezolana.
Actualmente, la CPI, el Panel de Expertos de la OEA y la Misión de Investigación de Naciones Unidas son los únicos mecanismos internacionales dedicados a estudiar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
CPI rechaza petición de Venezuela de responder a informe con observaciones de víctimas
La Corte Penal Internacional no aceptó la solicitud del gobierno del presidente Nicolás Maduro de responder al informe con observaciones de las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad, lo que para defensores de DDHH supone una “buena noticia”
La Corte Penal Internacional no aceptó la solicitud del gobierno del presidente Nicolás Maduro de responder al informe con observaciones de las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad, lo que para defensores de DDHH supone una “buena noticia”
Con información de VOA Noticias
CARACAS — La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó autorizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro a responder al informe con observaciones de las víctimas que respaldan la continuidad de la investigación de la fiscalía de la CPI contra el Estado venezolano, por presuntos delitos de lesa humanidad.
Los jueces de la CPI argumentaron que “una respuesta debe limitarse a las nuevas cuestiones planteadas” y recuerda que “solo se puede evaluar la pertinencia de otorgar cualquier permiso para responder en relación con cuestiones específicamente identificadas”.
“Venezuela se limita a señalar que el informe presenta hechos relativos a presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas o incluso los perpetradores podrían haber recibido sanciones efectivas o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial interno venezolano”, resalta la decisión publicada el lunes.
“Esta presentación, en sí misma, no es lo suficientemente precisa como para permitirle a la Sala determinar la procedencia de conceder una autorización para responder. Además, una respuesta bajo el marco legal de la Corte no está pensada para el tipo de presentaciones exhaustivas que Venezuela desea proporcionar”, expone otro punto de la decisión.
La Sala subrayó que el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), publicado el mes pasado, transmite opiniones y preocupaciones de "potenciales víctimas" y que en la fase actual "ninguna víctima ha sido admitida a participar en el procedimiento", por lo que el nivel de respuesta de Venezuela "no se justifica".
Además, precisa que no considera necesario recibir presentaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en el procedimiento y anunció que ahora procederá con su análisis y decisión sobre la solicitud de reanudación de la investigación que deberá hacerse pública en las próximas semanas.
El informe de la VPRS, que presentó detalles suministrados por las víctimas sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el país, reveló que víctimas apoyan “abrumadoramente” la reanudación de la investigación por parte de la fiscalía de la CPI sobre el Estado venezolano.
Según las víctimas, el gobierno de Maduro “no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente” los crímenes cometidos en el país “con total impunidad” por parte de las autoridades del Estado.
El Estado venezolano celebró el hecho de que la Sala de Cuestiones Preliminares haya expuesto que el informe de la VPRS sólo recoge las opiniones de "víctimas potenciales", lo que, para el gobierno, hasta el momento determina expresamente que "no existe ninguna víctima reconocida como tal por la CPI”.
A través de un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Maduro reiteró que algunas organizaciones y “víctimas potenciales”, podrían estar siendo instrumentalizadas para convertir a la CPI en un “arma política contra la institucionalidad en Venezuela”.
En el comunicado el gobierno insistió en que en Venezuela “no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional”.
Meses de tira y afloja
En diciembre, la VPRS había habilitado un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que jueces decidirán si autorizan al fiscal de la CPI, Karim Khan retomar la investigación Venezuela I.
A inicios de abril, el gobierno de Maduro rechazó los argumentos del fiscal Khan, quien al responder a las observaciones presentadas por el Estado venezolano que busca evitar que continue la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, ratificó su solicitud de que continúe el proceso de investigación.
La fiscalía de la CPI asegura que ninguna de las peticiones del Estado “tiene fundamento” y reiteró a la Sala de Cuestiones Preliminares su petición de que continúe la investigación.
“El gobierno no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”, precisó la fiscalía, entre otros argumentos.
En ese sentido, la fiscalía sostiene que el aplazamiento de la investigación “no está justificado” y solicita a la Sala de Cuestiones preliminares que autorice la reanudación de la investigación.
En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.
El Estado venezolano cuestionó la decisión del fiscal argumentando que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
Antes de la Conferencia Internacional sobre Venezuela celebrada recientemente en Bogotá, entre sus condiciones para volver al diálogo político con la oposición, el gobierno de Maduro incluyó el cese de lo que calificó de “políticas de ataques” a través de la CPI.
Buena noticia
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en Venezuela, califica como una “magnífica noticia para las víctimas” el hecho de que la Sala no haya otorgado al gobierno venezolano un lapso adicional para responder al informe.
“De esta manera se pone de manifiesto que la solicitud del gobierno no tenía fundamento alguno, de hecho, lo dice expresamente la decisión, que esta solicitud no está contemplada en el procedimiento que se está decidiendo”, resalta Daniels al ser consultado por la Voz de América.
Daniels, abogado y profesor de derecho internacional humanitario, estima que lo que debe proceder es la continuidad de la investigación, "vista la abrumadora cantidad de pruebas que demuestran que en Venezuela no hay justicia”.
Calixto Ávila, vocero en Europa de la organización defensora de DDHH Provea, una de las más antiguas del país, destaca que la petición del Estado venezolano "no tiene precedentes" y recuerda que las dos situaciones similares son las de Afganistán y Filipinas que, explica, no introdujeron ese tipo de recursos.
"El objetivo del recurso era esencialmente dilatorio, es decir, poner trabas en el proceso de decisión de los jueces de la CPI a la petición del fiscal. Es dilatorio y abusivo y contrario al interés de las víctimas", manifestó.
La Corte Penal Internacional informó que 8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El tribunal de justicia indicó que avalaron la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación. Afirmaron que el régimen no está dispuesto a juzgar genuinamente los crímenes
El tribunal de justicia indicó que avalaron la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación. Afirmaron que el régimen no está dispuesto a juzgar genuinamente los crímenes
Con información de Infobae
La Corte Penal Internacional (CPI) informó este viernes que 8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A través de un informe, el tribunal de justicia indicó que, tras la solicitud del Fiscal de la CPI, Karim Khan, de reanudar la investigación sobre la situación en Venezuela, se ordenó el pasado 18 de noviembre a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) de la Secretaría que recabara las opiniones e inquietudes de las víctimas sobre la solicitud de la Fiscalía.
La sala ordenó a la VPRS que transmitiera las observaciones de las víctimas y que las presentara junto con un informe consolidado al respecto y fijó como fecha límite el 20 de abril de 2023. Es por esa razón que dicho escrito se conoció hoy.
La CPI detalló que, tras la “amplia participación de las víctimas” en este proceso de consulta, la VPRS recibió 1.875 solicitudes que contenían sus opiniones e inquietudes (1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 videos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito. Las solicitudes incluyen a 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones.
El informe de 57 páginas no contiene ninguna información que identifique a las víctimasy/o cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso, por lo que el régimen de Venezuela “no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas”, aclararon desde la CPI.
Y subrayaron: “La gran mayoría de las víctimas apoyan la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación y afirman que el gobierno venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, por las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos’”.
Asimismo, la VPRS recibió observaciones de víctimas de todos los crímenes de lesa humanidad, en particular, de los delitos de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y otras violaciones de los derechos humanos.
“Los jueces de la CPI recibieron las opiniones e inquietudes de familiares de las víctimas, así como tutores y cuidadores”, resalta el escrito; al tiempo que agrega: “Las víctimas también incluyen defensoras y defensores de derechos humanos; activistas sociales y ambientales; trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud; jueces, fiscales, abogados y abogadas, y otros funcionarios y funcionarias públicos de la judicatura”.
Además, se tuvieron en consideración los testimonios de “trabajadores del sector público y privado; estudiantes universitarios, profesores, profesoras y personal de apoyo; ex policías y militares; figuras políticas, miembros de partidos políticos, parlamentarios, diplomáticos y diplomáticas; pensionados y pensionadas; periodistas, medios de comunicación, blogueros y usuarios de redes sociales; propietarios y propietarias de tierras, granjas y negocios; inventores, innovadores y artistas”.
La CPI informó que la Sala de Cuestiones Preliminares I dictará una decisión tras “examinar y evaluar detenidamente” todas las observaciones recibidas, incluidas las opiniones e inquietudes de las víctimas.
El informe
En un contundente informe con fecha al 30 de marzo, que se titula “La situación en la República Bolivariana de Venezuela 1″, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respondió a los argumentos presentados por el régimen de Nicolás Maduro que buscaban desestimar las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
“La Fiscalía sostiene respetuosamente que ninguna de esas peticiones tiene fundamento”, rechazó el informe. En el documento, el fiscal Karim Khan ratificó que “existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento”.
“Desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación”, subrayó.
La Fiscalía sostuvo que no se trata de temas aislados, si no que, por el contrario, “la comisión múltiple de estos actos constituía un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado sistemática y que la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.
Khan indicó que encontró una base razonable para creer que cientos de víctimas habían sido sometidas “a una amplia gama de actos criminales durante períodos prolongados de detención, incluyendo tortura, violación y/o violencia sexual”. Y detalló: “Las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.
Además, denunció que el chavismo “no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”.
El contexto
El pasado 1 de noviembre, Khan solicitó a la sala autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, después de que quedara en suspenso a solicitud de Caracas. Dos semanas después, la sala pidió a Venezuela presentar sus observaciones sobre el pedido del fiscal.
El 1 de marzo, Khan recibió unas observaciones presentadas por Venezuela, a las que respondió en un documento transmitido a Caracas el día 28 del mismo mes. En su reacción formal, Venezuela pidió más tiempo para contestar y sostuvo que la respuesta del fiscal “planteó una nueva cuestión que el Estado no podía haber anticipado razonablemente”.
El fiscal señaló entonces, el 31 de marzo, que los temas identificados por el equipo legal venezolano “no son nuevos” y “podrían haber sido razonablemente anticipados”, pero dejó en manos de la sala la decisión de dar o no más tiempo a Caracas y autorizar los puntos a los que puede responder.
El reglamento de la CPI dispone que el país o el fiscal “solo podrá contestar a una respuesta con el permiso de la sala” y que ésta “debe limitarse a cuestiones nuevas planteadas en la respuesta, que el participante que reacciona no podría haber previsto razonablemente”.
En este sentido, la sala consideró que la cuestión relacionada con la “evaluación” del fiscal es algo que Caracas “no podría haber anticipado” y por eso tenía hasta el 20 de abril para responder. Algo que hasta el momento no hizo.
Víctimas de la represión en Venezuela siguen a la espera de los resutados de la investigación de la CPI contra el régimen de Maduro
La Corte Penal Internacional le dio plazo hasta el 20 de abril a la dictadura venezolana para que responda al fiscal sobre las violaciones a los derechos humanos, torturas y ejecuciones extrajudiciales
La Corte Penal Internacional le dio plazo hasta el 20 de abril a la dictadura venezolana para que responda al fiscal sobre las violaciones a los derechos humanos, torturas y ejecuciones extrajudiciales
Con información de AFP
Las víctimas de violaciones de Derechos Humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, esperan que la investigación de la Corte Penal Internacional relacionada a los asesinatos, torturas y represión en el país caribeño les brinde algún tipo de solución.
Confían en las gestiones del fiscal general de la CPI, Karim Khan, que en marzo pidió al tribunal que autorizara la reapertura de una investigación sobre la brutal represión de la dictadura chavista que ha dejado más de 100 muertos desde el estallido de las protestas antigubernamentales en 2017.
Khan informó al tribunal que había una “base razonable para creer que se han cometido crímenes contra la humanidad.”
Funcionarios del régimen chavista acusaron a Khan de ser un fiscal parcializado y aseguraron que trabajan con cientos de acusados por violaciones, sin embargo, la CPI insiste en que estos esfuerzos son insuficientes.
Algunas de las historias de víctimas de torturas, violaciones y represión:
El estudiante universitario Juan Pablo Pernalete murió el 26 de abril de 2017 en Caracas, tras el impacto en el pecho de una bomba lacrimógena disparada por un funcionario chavista durante una protesta antigubernamental. Tenía 20 años.
“Juan Pablo siempre salía a protestar.... Yo le decía: Juan, tengo miedo, están asesinando muchachos”, le contó a la agencia de noticias AFP Elvira de Pernalete en su casa de Caracas, adornada con las medallas de baloncesto de su hijo.
“Él me decía: ‘Mamá, protestar no es un delito, protestar significa que las cosas no están bien’. Y yo le seguía rezando a Dios para que mi hijo volviera a casa”, añadió.
Elvira estaba cocinando cuando recibió la llamada: su hijo había sido herido por las fuerzas de Maduro en una protesta. Cuando llegó a la clínica, le notificaron que Juan Pablo había muerto.
“Me volví loca. Empecé a tirar cosas, a correr... hasta que llegué a la cama donde estaba mi hijo... Le dije: ‘¡Levántate, Juan, levántate de ahí!”, recordó.
Las autoridades afirmaron que el joven había muerto a manos de otros manifestantes, antes de admitir finalmente que su muerte fue por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno.
En 2021, 13 militares fueron acusados de homicidio involuntario por este caso
Once han vuelto al trabajo, según la madre de Pernalete, y dos están prófugos de la justicia.
Los padres del joven presentaron una demanda civil que fue desestimada el año pasado. Han presentado un recurso.
“Necesitamos que la investigación continúe en los organismos internacionales. Es la única forma de que podamos tener algo de paz”.
En otro caso, el concejal del Municipio Libertador Fernando Albán, de 56 años, fue lanzado desde el décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Contrainteligencia Militar, la policía política de Maduro, el 8 de octubre de 2018, tres días después haber sido detenido.
La dictadura venezolana aseguró que fue un suicidio, pero activistas y amigos cercanos afirmaron que fue arrojado desde una ventana para borrar pruebas de tortura.
Albán había sido acusado de participar en un atentado en 2018 con drones cargados de explosivos contra Maduro.
“Todos sus derechos fueron violados: fue sometido a detención arbitraria... tortura y muerte bajo custodia”, expresó su esposa, Meudy Osio, en Nueva York, donde vive con sus dos hijos.
“Tenía moratones, cortes, arañazos... Los abogados me dijeron que había señales de tortura”, dijo a la AFP.
Dos agentes de los servicios de inteligencia fueron condenados en diciembre de 2021 a cinco años y diez meses de cárcel cada uno por la muerte de Alban.
Según Osio, los funcionarios vinculados a la muerte de su marido hoy están en libertad.
Entretanto, Anrry Chinchilla murió el 26 de abril de 2019, a los 30 años, en una operación contra la delincuencia realizada en un barrio de Caracas planificada por la unidad de fuerzas especiales FAES, unidad disuelta tras cientos de denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Hoy, su foto está sobre una mesa rodeada de estampas religiosas en el departamento de sus padres, junto a una tarjeta que dice “Te quiero, papá”, hecha por una Anrry de 3 años.
El padre de Chinchilla, Gregorio, indicó que la hermana del joven había oído cómo lo mataban desde la ventana del apartamento.
“Lo sacaron (del apartamento) y lo llevaron al patio. Usaron una sábana del tendedero para protegerse. Fue entonces cuando oyó los... tres disparos”, dijo Gregorio Chinchilla.
Familiares de la víctima aseguraron que la captura Chinchilla se trató de un error.
“No tenía antecedentes penales”, explicó su padre.
“Hicieron de él un espectáculo... Decían: ‘ríndete, ríndete, suelta el arma’”, describió. “Simularon un enfrentamiento, luego lo hicieron arrodillarse y le dispararon”.
Chinchilla dijo que pudo ver el cuerpo de su hijo en la morgue del hospital. “No me permitieron tocarlo... Vi tres disparos a corta distancia... todos en el pecho”.
Omar González: Maduro debería desistir de seguir al frente del régimen
Afirman que la CPI anunciará su decisión contra Maduro
Señaló que el Viernes Santo es un día de reflexión sobre el sacrificio y el bien
*Nota de Prensa*-. “Si tuviera un poquito de dignidad Maduro renunciaría de inmediato al cargo que usurpa en Miraflores”, así lo aseveró el dirigente nacional de Vente Venezuela, Omar González Moreno.
Indicó que los escándalos de corrupción en Petróleos de Venezuela, la CVG, las cementeras y demás instituciones públicas que lo implican a él y a decenas de integrantes de su gabinete y del Psuv, sería motivo suficiente para que en cualquier parte del mundo hubiera un colapso total en el régimen.
“Si esto pasará en otro pais, ya todos estuvieran fuera de sus cargos; sin embargo, aquí se devela un desfalco mil millonario y no pasa nada, meten a unos cuantos presos y el régimen queda como si nada”, apuntó.
“No solo se trata de Tareck El Aissami y su entorno en Pdvsa, Pedro Maldonado y demas directivos de la CVG, ministros, diputados, gobernadores, alcaldes, bolichicos y seudo empresarios, sino que todo el sistema socialista está corrompido y siempre lo estará pues fundamenta su pensamiento en una doctrina podrida en toda la extensión del término”, dijo.
Agregó que en medio del escándalo de la millonada extraída ilegalmente por quienes ocupan el poder, siguen enviando furtivamente millones de barriles de crudo a Cuba y sus compinches de forma clandestina.
“Esto es otro tipo de robo, pues todos esos barriles pudieron ser comercializados por el país en el mercado internacional y obtener de su venta recursos para las escuelas, para el pago de maestros, médicos, empleados públicos o pensionados ”, acentuó.
CPI
Omar González indicó que el miedo reina por los pasillos del Palacio de Miraflores por el eminente pronunciamiento de la Corte Penal Internacional sobre el caso de Venezuela y Nicolás Maduro.
“Están en la mira telescópica de la justicia internacional; ellos saben que tienen la soga al cuello. Se hacen los bravucones de barrio, pero a solas muestran todo el terror que los invade”.
El Esequibo
Al referirse al fallo de la Corte Internacional de Juticia contra Venezuela en el caso del Esequibo, González Moreno señaló que es culpa del socialismo.
"El socialismo entregó el territorio venezolano del Esequibo. Le corresponderá a María Corina Machado hacer todo lo que esté a su alcance para recuperarlo", sentenció.
Como se sabe, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una sentencia contra Venezuela al rechazar los mediocres alegatos presentados por el régimen de Nicolás Maduro sobre el diferendo limítrofe con Guyana por el territorio Esequibo que comprende más de 160.000 kilómetros cuadrados.
“La posición entreguista de los representantes de Maduro fue rechazada por 14 votos a 1, según se supo cuando dieron a conocer la sentencia en La Haya.
"Si se llegase a perder este valioso territorio -señaló- fue por culpa de Hugo Chávez y de Nicolas Maduro y sus mafias, ya que -por imposición de los cubanos- echaron por la borda años de lucha de avezados diplomáticos, juristas, militares y ciudadanos venezolanos por recuperar el Esequibo".
El dirigente liberal agregó que esta es "otra criminal traición a la patria de estos bribones que en mala hora asaltaron el poder para saquear a Venezuela".
Finalizó precisando que "le corresponderá a María Corina Machado, como próxima Presidente de la Nación, tratar de enderezar este entuerto, mediante la activacion de todos los recursos a su alcance y el concurso de nuestros mejores talentos, para recuperar El Esequibo".
Viernes Santo
Sobre el Viernes Santo aseveró que es un momento para reflexionar sobre el sacrificio y el triunfo del bien sobre el mal después de atravesar el calvario.
“A veces los grandes logros tienen que ser probados con fuego, en un camino muy duro. Jesucristo efectuó la mayor prueba de sacrificio por nosotros, lo torturaron y crucificaron; nos dejó el ejemplo que el bien no llega solo, sino que hay que construirlo, a veces con mucho dolor, con pasión. Pero al final el bien siempre, siempre, siempre triunfa”, sentenció.
CPI desestima observaciones de Maduro: Estado venezolano no investiga crímenes de lesa humanidad
Estado venezolano no ofrece pruebas circunstanciales que permitan admitir que presuntos crímenes de lesa humanidad son investigados, juzgados y realmente sancionados
Estado venezolano no ofrece pruebas circunstanciales que permitan admitir que presuntos crímenes de lesa humanidad son investigados, juzgados y realmente sancionados
Con información de El Pitazo
Caracas.- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) respondió a los argumentos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro, que buscaban desestimar las investigaciones por delitos de lesa humanidad. El fiscal Karim Khan ratifica que, en efecto, hay una política criminal que merece seguir bajo investigación.
En un documento de 22 páginas, con fecha del 30 de marzo de 2023, se indica que la Fiscalía de la CPI señala que el Estado venezolano no ofrece pruebas circunstanciales que permitan admitir que presuntos crímenes de lesa humanidad son investigados, juzgados y realmente sancionados.
“La política de atacar a esta parte de la población (civil) fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”, señala el documento presentado el jueves 30.
El informe agrega que la Fiscalía llegó a la conclusión de que los posibles casos identificados, “son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas por la Corte, a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”.
Gobierno venezolano argumenta
El gobierno oficialista insistió en que la Corte Penal Internacional no tiene competencia para juzgar y afirma que Venezuela ha investigado y enjuiciado los presuntos crímenes. El oficialismo, además, acusó a la Fiscalía de la CPI de tener “vínculos” con organizaciones no gubernamentales.
El documento de Khan busca entonces contestarle a las desestimaciones hechas por Maduro. Recuerda que se encontró base razonable para creer que cientos de víctimas habían sido sometidas “a una amplia gamade actos criminales durante períodos prolongados de detención, incluyendo tortura, violación y/o violencia sexual”.
Desde 2018, la CPI investiga al Gobierno nacional por crímenes contra la población civil, luego de recibir una denuncia de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Maduro ha dicho que la CPI no tiene competencia para investigarlo y juzgarlo.
La investigación debe continuar
El fiscal Khan pide que se continúe el caso “Venezuela I”, el cual se abrió por la anterior fiscal, Fatou Bensouda, y busca exigir un enjuiciamiento por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela.
La Corte de la La Haya no tiene en la mira sólo a Maduro, lo que investiga es un plan sistemático ordenado por el gobernante, peroejecutado por un grupo de sus funcionarios con puestos de decisión en dependencias clave del Estado venezolano: ministros del Ejecutivo nacional, mandos de la PNB, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la extinta Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), entre otros.
2022, el año en que la justicia simuló cambiar para escapar de la investigación de la Corte Penal Internacional
La sexta reestructuración que el máximo juzgado ha sufrido desde el año 2000 quedó en una simple simulación
La sexta reestructuración que el máximo juzgado ha sufrido desde el año 2000 quedó en una simple simulación
Nota de prensa
2022 estaba destinado a ser el año de la justicia en Venezuela. Así lo aseguraron las altas autoridades, quienes vendieron la idea de que las reformas legislativas que pusieron en marcha a finales de 2021 y las institucionales emprendidas en los primeros meses del año, como la designación de un «nuevo» Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), estaban destinadas a mejorar y hacer más eficiente al Poder Judicial; y, por consiguiente, haría innecesaria la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad presuntamente ocurridos en el país. Sin embargo, pronto quedó en claro que las promesas de cambio no eran tales.
La sexta reestructuración que el máximo juzgado ha sufrido desde el año 2000 quedó en una simple simulación, y la reducción de treinta y dos a veinte en el número de magistrados no ha traído el «profundo proceso de transformación del sistema de justicia», anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, cuando juramentó en abril pasado a los miembros del organismo rector del Poder Judicial.
Lo anterior no debería sorprender, visto que el 60% de los «nuevos» miembros del organismo rector del Poder Judicial ya venían ocupando ese cargo y fueron reelectos. Esto a pesar de que el artículo 264 de la Constitución señala claramente que «los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos por un único período de doce años».
El Parlamento obvió esta disposición de la carta magna y en la reforma que en enero pasado hizo a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) abrió las puertas para que los funcionarios en ejercicio se pudieran postular para un nuevo mandato, al establecer tal posibilidad en la disposición transitoria segunda de esa ley.
Menos magistrados, mismo TSJ
El «nuevo» TSJ es muy similar al anterior, su única diferencia es que tiene menos magistrados. Sin embargo, como en el anterior, estos tienen vínculos importantes con el Gobierno o el partido de Gobierno: una inmensa mayoría de sus miembros (85%) tienen nexos familiares con altos funcionarios, han ocupado puestos en el Ejecutivo durante las administraciones del fallecido Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, han militado en el Partido Socialista de Unido de Venezuela (PSUV) o simplemente han respaldado sus actuaciones, una situación que genera dudas más que razonables respecto a su independencia.
Por ejemplo, la actual presidenta de la Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, se desempeñó temporalmente como alcaldesa de Caracas tras la renuncia de Erika Farías, mientras que la actual integrante de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, fue durante una década rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y antes de eso diputada por el extinto Movimiento Quinta República (MVR).
Esta situación provocó alarma internacionalmente. «Los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con los partidos políticos plantean preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes», denunció la exalta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en julio del año pasado.
El nombramiento de magistrados afectos al oficialismo explica por qué el máximo juzgado continúa avalando las decisiones del Gobierno y rechazando todas aquellas que se oponen a ellas. Ejemplos recientes son los cuatro fallos de la Sala Político Administrativa que desecharon las demandas contra el instructivo salarial dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) interpuestas por un grupo de universidades, sindicatos y jubilados, o la sentencia de la Sala Electoral que suspendió parcialmente las elecciones de autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en las cuales el oficialismo salió mal parado.
Por su parte, la Sala Constitucional ha continuado interviniendo colegios profesionales y organizaciones sindicales.
Los problemas siguen iguales
En los casi ocho meses que han transcurrido desde que la elección de este «nuevo» TSJ, el organismo no ha adoptado ninguna medida tendiente a atacar uno de los problemas más serios que quejan a la justicia venezolana: la provisionalidad.
Esto tampoco debería ser sorpresa, porque desde 2004 el máximo juzgado no adjudica un solo cargo de juez mediante concursos de oposición. La última vez que un magistrado habló del asunto fue en 2009, cuando el entonces director de la Escuela Nacional de la Magistratura, Arcadio Delgado Rosales, prometió que en 2010 se retomarían, algo que no ocurrió.
Acceso a la Justicia, en un informe publicado en mayo de 2022, reveló que, en el mejor de los casos, de los 844 jueces penales que hay en el país, solamente 164 son titulares (19,43%) y 609 son provisorios (72,16%).
Al ser jueces provisorios, temporales, accidentales, suplentes o itinerantes, el TSJ no considera que estos funcionarios gocen de estabilidad en el cargo y, por lo tanto, los puede remover sin ningún procedimiento previo que le garantice su derecho a la defensa. Esta situación los hace vulnerables y susceptibles a recibir instrucciones para mantener sus puestos, según han advertido tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
No es de extrañar que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, nada más revisar la reforma de la Ley Orgánica del TSJ advirtiera que la remodelación del organismo podría «perpetuar» los problemas que aquejan a la justicia.
Cambios de rostros, no de políticas
Pero no solo en el TSJ se produjeron presuntos cambios. La AN también designó a los nuevos titulares de los organismos subordinados al TSJ, tales como el director de la Escuela de la Magistratura y la Inspectora General de Tribunales. Asimismo, hubo la designación de un «nuevo» Defensor Público General.
No obstante, no se cumplieron los planes de renovar al Ministerio Público, organismo que viene siendo dirigido por Tarek William Saab, quien llegó allí por decisión de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017. Tampoco ha habido cambios respecto de la Defensoría del Pueblo, cuya máxima autoridad, Alfredo Ruiz, también fue designado por la ANC
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Las modificaciones en el TSJ no se han traducido en un cambio beneficioso para los ciudadanos. Problemas como la provisionalidad de los jueces se mantienen intactos, mientras que la máxima instancia judicial sigue actuando como defensor del Gobierno, sin importar lo que digan la Constitución, las leyes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Venezuela.
Sin embargo, esta maniobra parece no haber logrado su principal objetivo: cerrarle las puertas a la Fiscalía de la CPI, al intentar hacerle creer que se están investigando presuntos crímenes de lesa humanidad o que están tomando medidas para hacer justicia en Venezuela. Así, el fiscal del organismo, Karim Khan, ha pedido continuar sus averiguaciones.
Maduro acusa a fiscal de la CPI de tener una visión prejuiciada sobre Venezuela
La polémica sobre si se reanuda o no la investigación por parte del despacho de Khan está en manos de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI
La polémica sobre si se reanuda o no la investigación por parte del despacho de Khan está en manos de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI
Con información de VOA Noticias
El Portal de Noticias Voz de América reseñó que el canciller de Nicolás Maduro acusó al fiscal jefe de la CPI de fundamentar su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en “fuentes secundarias carentes de toda credibilidad, dada su marcada parcialidad y clara politización”.
El gobierno de Nicolás Maduro acusó al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el británico Karim Khan, de tener “una visión claramente prejuiciada” en su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, días después luego de que este solicitara permiso a ese organismo para reanudar su trabajo.
La cancillería venezolana, a cargo de Carlos Faría, dijo lamentar que el fiscal “insista en una investigación basada en fuentes secundarias guiadas por intereses políticos”, en referencia a organizaciones no gubernamentales, víctimas y familiares de estas que han denunciado la comisión de delitos de lesa humanidad en el país suramericano desde 2017.
Faría publicó la noche del sábado un comunicado donde recrimina que “a pesar de toda la información suministrada y los fluidos intercambios sostenidos con la Fiscalía durante el año 2022, el fiscal Karim Khan mantenga una visión claramente prejuiciada en relación con la situación de Venezuela, haciéndose eco de las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos”.
“Es especialmente preocupante que la solicitud del fiscal se fundamente básicamente en fuentes secundarias carentes de toda credibilidad, dada su marcada parcialidad y clara politización, en perjuicio de la rigurosidad que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia en materia de administración de justicia especializada”, reprochó.
El martes pasado, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo que autorice la reanudación de su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, detenida desde abril de este año por solicitud del gobierno de Maduro.
Pulso en la sala
El canciller de Maduro aseguró en su comunicado del fin de semana que el Estado venezolano “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos, a los fines de determinar la verdad y establecer, de ser el caso, las responsabilidades penales correspondientes”.
Faría anticipó que Venezuela acudirá ante la Sala de Cuestiones Preliminares “para defender la verdad y demostrar la productiva labor de las autoridades nacionales en la investigación de todas las denuncias de delitos graves contra las personas”.
En el párrafo final de su texto, el canciller madurista reafirmó que Venezuela “continuará colaborando de buena fe con la Fiscalía y la Corte Penal Internacional”.
La polémica sobre si se reanuda o no la investigación por parte del despacho de Khan está en manos de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, una decisión que, según expertos consultados por la Voz de América, debería ocurrir antes de que finalice este año.
Una misión independiente de las Naciones Unidas, renovada hace poco en su mandato, concluyó en septiembre pasado que existe responsabilidad de autoridades del gobierno venezolano en crímenes de lesa humanidad, entre ellos Maduro y Diosdado Cabello, diputado, exvicepresidente del país y uno de los hombres fuertes del chavismo.
Según esos investigadores, cuyas indagaciones no guardan relación directa con las de la oficina del fiscal de la CPI, tanto Maduro como Cabello lideraron un “plan orquestado” para “reprimir a la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
Se venció el plazo que otorgó la CPI a la administración de Maduro para la entrega del informe de violación de DDHH
Antes de dejar su cargo, la fiscal Fatou Bensouda afirmó que habían “fundamentos razonables” para considerar la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Antes de dejar su cargo, la fiscal Fatou Bensouda afirmó que habían “fundamentos razonables” para considerar la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Redacción
El pasado 16 de abril venció el plazo fijado por la Corte Penal Internacional (CPI) para que la administración de Nicolás Maduro entregue el informe relacionado con las investigaciones de casos de violación de los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.
Este informe está relacionado al memorándum de entendimiento suscrito entre la CPI, por el fiscal general Karim Khan y Nicolás Maduro, firmado el 3 de noviembre del año pasado. El artículo 18 del Estatuto de Roma, establece un mes para presentar el informe solicitado por la fiscalía de la CPI, y da una prórroga de tres meses para que la administración de Maduro realizara las investigaciones,. El mismo venció este 16 de abril de 2022, a menos que haya otra prórroga.
Desde el 2018, la CPI abrió un examen preliminar del caso Venezuela por los hechos de violación de los Derechos Humanos cuando en 2017, durante las protestas contra el régimen de Maduro se aplicó el Plan Zamora. Este hecho contabilizó 163 fallecimientos a manos de los cuerpos represores a cargo del régimen.
Antes de dejar su cargo, la fiscal Fatou Bensouda afirmó que habían “fundamentos razonables” para considerar la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Caso que ha continuado investigando el actual fiscal Karim Khan.
En una reciente declaración ofrecida a un diario españoL, Khan precisó que su investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúa en paralelo con el trabajo de cooperación técnica que realizará la oficina que acordó abrir en Caracas.
Fiscal de la CPI declara a Ucrania “escena del crimen”
“Ucrania es una escena del crimen. Estamos aquí porque tenemos buenas razones para creer que se están cometiendo delitos de la competencia de la Corte”
“Ucrania es una escena del crimen. Estamos aquí porque tenemos buenas razones para creer que se están cometiendo delitos de la competencia de la Corte”
Redacción
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se encuentra en Kiev como parte de las investigaciones que adelanta su oficina por los crímenes de lesa humanidad cometidos por Rusia en Ucrania.
Khan dijo el miércoles que Ucrania es una «escena del crimen», durante una visita a la ciudad de Bucha, en la región de Kiev.
“Ucrania es una escena del crimen. Estamos aquí porque tenemos buenas razones para creer que se están cometiendo delitos de la competencia de la Corte. Tenemos que atravesar la niebla de la guerra para llegar a la verdad”, expresó Khan a los periodistas durante una visita a esta ciudad, donde se encontraron cientos de civiles muertos tras la ocupación de Rusia.
Khan se reunió con la fiscal general de Ucrania, Iryna Venicetova, en Kiev, da la bienvenida a la fuerte cooperación de las autoridades ucranianas para las investigaciones independientes de la CPI.
También los presidentes de Polonia, Lituania y Estonia dicen se encuentran en Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.
Provea celebra la apertura de una oficina de la fiscalía de la CPI en Venezuela
El defensor de derechos humanos destacó que esto “es un logro especialmente de las víctimas y de los familiares que han brindado su testimonio a pesar de las amenazas, el temor y las represalias”
El defensor de derechos humanos destacó que esto “es un logro especialmente de las víctimas y de los familiares que han brindado su testimonio a pesar de las amenazas, el temor y las represalias”
Redacción
El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA) celebró este viernes el anuncio de la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.
“Esperamos que esta oficina tenga un mandato suficientemente robusto con el personal para poder atender todas las diferentes situaciones y que se generen mecanismos de protección para todas las personas que colaboren con esa oficina de la CPI dentro de nuestro país, para evitar las represalias, los ataques, la criminalización de las víctimas y las organizaciones que cooperemos con ella”, dijo el coordinador de PROVEA, Rafael Uzcátegui.
El defensor de derechos humanos destacó que esto “es un logro especialmente de las víctimas y de los familiares que han brindado su testimonio a pesar de las amenazas, el temor y las represalias. Pero también del liderazgo social y político que hemos acudido a las instancias internacionales de protección ante la ausencia de justicia en nuestro país”.
En este sentido, consideró que esta decisión ratifica “una vez más que dentro de Venezuela el Estado no tiene ni la voluntad ni la capacidad para generar por sí mismo mecanismos de investigación, justicia y no repetición de los hechos”.
Uzcátegui dijo que espera que la oficina de la CPI se convierta en un “mecanismo de disuasión frente a los abusos de poder”, como ha ocurrido con los delegados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que están presentes en Caracas.
“Desde las ONG vamos a seguir exigiendo que se permita también la visita a Venezuela de otras importantes instituciones, como la Misión de Determinación de Hechos, la CIDH o los relatores de la ONU“, concluyó.
Fiscal de la CPI advierte que cualquier ataque a civiles en Ucrania es un delito (Video)
“Sabemos muy claramente que si se ataca directamente a civiles, si se atacan residencias o lugares civiles, eso es un delito”
“Sabemos muy claramente que si se ataca directamente a civiles, si se atacan residencias o lugares civiles, eso es un delito”
Redacción
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, habló sobre la investigación de la corte sobre posibles crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Rusia en Ucrania.
Khan expresó su preocupación por los civiles que son atacados en Ucrania y advirtió que esto constituía “un crimen”. Cuando se le preguntó sobre posibles procedimientos de la CPI contra el propio presidente ruso, Vladimir Putin, Khan dijo: “Ya veremos: ¿hay responsabilidad penal individual? Y si la hay, tomaremos las medidas necesarias”, expresó durante una entrevista concedida a France 24.
“Sabemos muy claramente que si se ataca directamente a civiles, si se atacan residencias o lugares civiles, eso es un delito. Y no es una defensa decir que pueden ser una necesidad militar si se usan armas de amplio alcance; armas que no son precisos o que tienen una gran huella en áreas civiles muy densamente pobladas”, dijo el fiscal.
Khan agregó que con el “movimiento de la lucha a las áreas urbanas” de Ucrania, estaba “particularmente preocupado” por los “crímenes contra los niños y que los afectan y los delitos de violencia sexual basada en el género, ya sea en las casas cuando hay peleas callejeras, pero también en lugares de detención”.
“Estos son delitos en los que también vamos a invertir recursos, para asegurarnos de que, con suerte, pueda haber un grado de disuasión, un grado de cumplimiento de lo que cada soldado, cada parte beligerante de cualquier lado del conflicto debe hacer defender”, recalcó.
CPI rechazó pedido de “control judicial” que había sido interpuesto la administración de Maduro
La CPI explicó que está dando un plazo de tres meses a la dictadura de Nicolás Maduro para responder por los crímenes de Lesa Humanidad y violación a los Derechos Humanos
La CPI explicó que está dando un plazo de tres meses a la dictadura de Nicolás Maduro para responder por los crímenes de Lesa Humanidad y violación a los Derechos Humanos
Redacción
La Sala de Cuestiones Preliminares 1 de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó pedido de “control judicial” que había sido interpuesto por la administración de Nicolás Maduro.
El pasado 28 de mayo de 2021, el chavismo, a través de Tarek William Saab, presentó una “Solicitud de control judicial” por la falta de complementariedad y colaboración de la Fiscalía de la CPI con Venezuela.
El pasado 3 de noviembre del 2021 el fiscal de la CPI, Karim Khan notificó su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Pese a ello, el pasado mes de enero, el organismo anunció que extendería por tres meses, el plazo para que Maduro presente su informe acerca de las investigaciones puestas en marcha sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Es decir, tiene hasta el 16 de abril para cumplir la orden.
El texto del fiscal Karim Khan indica que “en un espíritu de cooperación, de diálogo y de equidad, el Fiscal aceptó además conceder a Venezuela una prórroga de tres meses, a saber, hasta el 16 de abril de 2022?, dado que el plazo inicial expiraba el pasado domingo. “Esta prórroga es adecuada y está justificada debido a varias circunstancias, que deben considerarse excepcionales”, añadió.
La CPI explicó que está dando un plazo de tres meses a la dictadura de Nicolás Maduro para responder por los crímenes de Lesa Humanidad y violación a los Derechos Humanos.
Recientemente el chavismo inició una serie de reformas en el sistema de justicia que, según diversos sectores, “ninguno de los cambios altera el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes”.
En diciembre, Tarek William Saab aseguró que decenas de funcionarios de seguridad han sido imputados por presuntas vulneraciones a los derechos humanos.
Consignan 14 expedientes de delitos de lesa humanidad en Venezuela ante la CPI
El informe con las actas que fueron remitidas responde al artículo 15.2 del Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional
El informe con las actas que fueron remitidas responde al artículo 15.2 del Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional
Redacción
La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad (Red-CLH) -en su labor de búsqueda de nuevos testimonios de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela- logró construir los primeros 14 expedientes de casos que alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad, los cuales fueron remitidos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
“Esta labor se emprendió en vista de que observamos con preocupación la impunidad en el sistema de justicia venezolano, por eso decidimos aportar al proceso internacional de búsqueda de justicia a través de la documentación de casos de quienes habían emigrado de Venezuela”, explicó Alonso Domínguez, coordinador de la Red-CLH.
La labor de los activistas de la Red-CLH en los países donde hay mayor presencia de venezolanos migrantes, así como la creación de un correo electrónico a través del cual se reciben las denuncias ha permitido a la Red-CLH registrar más de 300 víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir de 2014.
“Muchos venezolanos se fueron del país sin denunciar las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas; algunos por desconocimiento de sus derechos, otros por amenazas y hostigamientos y una gran parte por desconfianza en las instituciones, pues es sabido que en Venezuela al no existir separación de poderes los órganos del Estado que deben proteger a la víctimas se han convertido en cómplices de los victimarios”, añadió Domínguez.
Recolección de información
Para el proceso de documentación y sistematización de los casos se identificó y entrevistó a las víctimas a fin de garantizar la información más fidedigna y exhaustiva posible, y se investigó cada caso con protocolos rigurosos para identificar aquellos que constituyen crímenes de lesa humanidad y de allí se elaboraron las actas que recogen la información que fue remitida a la Fiscalía de la CPI este mes de febrero.
El informe con las actas que fueron remitidas responde al artículo 15.2 del Estatuto de Roma –que rige a la Corte Penal Internacional– el cual indica que “el Fiscal de esa instancia analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte”.
La documentación de estos casos confirma la existencia de patrones de crímenes de lesa humanidad identificados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y evidencia la falta de investigación y sanción a los máximos responsables.
Patrones
Algunos de los patrones identificados en las entrevistas con las víctimas son:
Hostigamiento,
Seguimiento con patrullas o carros particulares,
Detenciones arbitrarias,
Desapariciones forzadas prolongadas,
Hacinamiento en tanquetas y celdas,
Incomunicación,
Interrogatorios sin presencia de fiscales,
Acosos por vínculos con organizaciones de derechos humanos y/o partidos políticos,
Traslados a sitios de reclusión clandestinos,
Torturas físicas y psicológicas,
Detenidos colgados de manos y/o de cabeza,
Tortura con luz blanca día y noche,
Golpizas en diversas partes del cuerpo –incluidos dedos, cabeza y partes íntimas– hasta dejar inconscientes a las víctimas,
Simulación de ejecución,
Quemaduras,
Exposición a frío intenso,
Insultos,
Privación de sueño, agua y comida,
Celdas sin servicios de higiene personal y plagadas de insectos,
Detenidos obligados a criar animales y luego matarlos,
Acoso sexual,
Algunos detenidos obligados a tomar orina y rociados con gasolina,
Privación de libertad en “La casa de los sueños” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM),
Amenazas de muerte a detenidos y sus familias,
Anulación de pasaportes, entre otros.
Además, las víctimas denunciaron daños severos a viviendas y edificios donde residían, así como destrozos a carros, amenazas y agresiones a vecinos y entorno cercano. Omisión de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía en tomar denuncias; cambios de relatos de las víctimas en los expedientes por parte de estos funcionarios; negación de presentación ante un juez a fin de evitar registros oficiales, jueces recibiendo órdenes durante las audiencias, civiles procesados por tribunales militares, inexistencia de procesos judiciales, entre otros.
De los testimonios hasta ahora documentados las víctimas identificadas fueron manifestantes, activistas, dirigentes políticos, líderes universitarios, estudiantes, personal de primeros auxilios, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas que manifestaban por la escasez de gasolina o fallas en los servicios públicos, activistas digitales, empleados públicos que expresaron alguna inconformidad y personas del entorno cercano a las víctimas. En algunos casos las secuelas en las víctimas son de por vida.
Estos patrones coinciden con los señalados por el Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela de la Organización de Estados Americanos en su informe de 2018, así como por los informes de la Misión internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Próximas acciones
En los próximos días, la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad remitirá otros casos documentados, que junto con estos primeros 14 hacen un total de 47. Se trata de casos que han pasado por un exhaustivo proceso de investigación y constatación de evidencias. También se enviarán al Panel de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia que hace años inició los esfuerzos en el ámbito internacional para lograr que haya justicia en Venezuela
“En la Red continuamos con la labor de investigación de las denuncias recibidas hasta ahora y de recepción de nuevos testimonios para iniciar el contacto con las víctimas en aras de que los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela no queden impunes. Este importante proceso de documentación le da voz a miles de víctimas que por diversas razones no han sido escuchadas. Además, el principio de complementariedad establecido por la Corte Penal Internacional continuará siendo la llave de acceso de la Fiscalía para el inicio de investigación de los casos, y en la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad de Venezuela trabajamos para dar nuestro aporte”.
Cabe destacar que en 2021, la Red-CLH, integrada por las organizaciones Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza, inició una campaña para captar nuevos testimonios de víctimas que se extendió a los venezolanos que emigraron de manera forzada a diversos países de América Latina, España y Estados Unidos –que son los que acogen la mayor cantidad de connacionales que huyen de la Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis generalizada y la represión–.
Foro Penal: Representantes de la Fiscalía de la CPI vendrán a Venezuela se hará por primera vez bajo investigación
Romero aclaró que la investigación que adelanta la Fiscalía de la CPI ya no solo eno sólo se trata de los casos desde 2017 sino desde 2014, por decisión de la Corte.
Romero aclaró que la investigación que adelanta la Fiscalía de la CPI ya no solo eno sólo se trata de los casos desde 2017 sino desde 2014, por decisión de la Corte.
Redacción
Tras conocerse el plazo otorgado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a Nicolás Maduro sobre los casos de violación de los Derechos Humanos cometidos en Venezuela bajo su gestión, la ONG Foro Penal informó sobre los próximos pasos de la instancia internacional en el país.
En este sentido el director del Foro Penal, Alfredo Romero, destacó la importancia de la próxima visita que harán representantes de la Fiscalía de la Corte Penal internacional al país y que se tiene prevista dentro de los próximos tres meses, ya que sería la primera vez que vendrán a Venezuela bajo una investigación.
Explicó que en esta oportunidad la Fiscalía si podría recolectar evidencias, entrevistarse con las víctimas y presos políticos debido a que hay una investigación formal abierta para determinar responsabilidades sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Romero aclaró que la investigación que adelanta la Fiscalía de la CPI ya no solo eno sólo se trata de los casos desde 2017 sino desde 2014, por decisión de la Corte.
Con respecto al Examen Periódico Universal de la ONU sobre la situación de Venezuela destacó que Hubo referencia a la detención y persecución y quedó demostrada la preocupación de los países sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela. «Se ve que hay una gran cantidad de países que observan que la situación de los Derechos Humanos no ha mejorado»
Los presos políticos son coaccionados
Alfredo Romero también informó que solo 35 de los 245 presos políticos que hay actualmente en el país han sido condenados. «Los otros que son 210 ni siquiera han pasado en muchas ocasiones la audiencia preliminar y no han tenido derecho a juicio ni a defenderse», afirmó.
Señaló que más grave aún es el hecho que de los 245 presos políticos, 91 se encuentran en prisión preventiva, es decir, sin condena, con más de tres años privados de libertad», dijo que uno de los casos es el del militar José Gámez Bustamante, encarcelado desde el año 2015 y quien presenta una situación delicada de salud.
Recordó que el artículo 231 de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal establece un máximo total de tres años para que las personas puedan estar en prisión preventiva. «Luego de trascurridos esos tres años las personas deben ser liberadas y continuar en juicio en libertad», destacó Romero.
Denunció que de las 35 personas que han sido condenadas, al menos a 12 se les ha obligado a admitir los hechos. «¿Por qué admiten hechos?, porque una de las mayores angustias para los presos políticos y sus familiares es no saber el tiempo que van a estar en prisión, incluso llegan a estar mucho más tiempo en prisión preventiva, es un esquema de tortura psicológica», señaló.
Recordó también que solo en el año 2021 murieron tres presos políticos bajo privación de libertad preventiva, entre ellos el exministro de la defensa Raúl Isaías Baduel.
CPI prolonga plazo para que Venezuela presente investigación sobre crímenes de lesa humanidad
La extensión del plazo se da debido a "varias circunstancias". El Fiscal de la Corte señala que, además, le permitirá volver al país antes de que el nuevo periodo venza en abril.
La extensión del plazo se da debido a "varias circunstancias". El Fiscal de la Corte señala que, además, le permitirá volver al país antes de que el nuevo periodo venza en abril.
Con información de VOA
La Corte Penal Internacional (CPI) otorgó al gobierno de Venezuela una extensión de tres meses para mostrar que está investigando o han investigado los presuntos crímenes de lesa humanidad bajo jurisdicción de la corte.
En un documento publicado por la corte el miércoles, el fiscal Karim Khan explica que “en un espíritu de cooperación, diálogo y equidad” se acordó “otorgar a Venezuela una prórroga de tres meses, es decir, hasta el 16 de abril de 2022, para informar a la Corte sobre su investigación”.
El fiscal Khan anunció a inicios de noviembre durante una visita a Venezuela su decisión de abrir una investigación formal sobre la situación “Venezuela I”, sobre presuntos crímenes cometidos al menos desde 2017, en el contexto de manifestaciones antigubernamentales.
El nuevo texto de la corte detalla que la decisión fue notificada a los Estados Parte el pasado 16 de diciembre y explica que el periodo para presentar las investigaciones suele ser de solo un mes.
“Esta prórroga es adecuada y justificada por varias circunstancias”, afirma el documento. Una de ellas, agrega, los “infructuosos intentos de la Fiscalía de reunirse en persona con las autoridades venezolanas para discutir asuntos procesales relevantes”.
En diciembre, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez acusó a Países Bajos de “obstaculizar” e “impedidir” el traslado de una delegación a la Hayapara una reunión con Khan.
El fiscal también sostiene que la extensión le permitirá viajar a Venezuela antes de que este nuevo periodo termine para entablar “un diálogo significativo” con el Gobierno “sobre cuestiones de admisibilidad”.
Con el anuncio del inicio de la investigación el año pasado, las partes firmaron un “memorándum de entendimiento” en el que, entre otras cosas, acordaron establecer mecanismos “para mejorar la cooperación".
La Corte de La Haya decidió investigar a Nicolás Maduro por graves violaciones a los derechos humanos
Víctimas y activistas ven “una puerta a la justicia” en investigación de la CPI en Venezuela
Víctimas y activistas ven “una puerta a la justicia” en investigación de la CPI en Venezuela
Con información de Infobae
El tribunal Penal Internacional resolvió avanzar con el caso en el que se analizan posibles delitos de lesa humanidad por parte del régimen chavista
La Corte Penal Internacional (CPI) resolvió avanzar en su investigación contra Nicolás Maduro y el régimen chavista en Venezuela, que está acusado de una serie de violaciones a los derechos humanos por la violencia ejercida contra la oposición y la sociedad civil.
En principio, el régimen de Maduro ya habría sido notificado de la decisión de la CPI, cuyo fiscal jefe, Karim Khan
El fiscal jefe de la CPI había anunciado la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas el pasado 3 de noviembre, e hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento con el Gobierno, que firmó conjuntamente con Nicolás Maduro.
La CPI, con sede en La Haya, abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos un año antes.
La justicia venezolana ha imputado a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017, según el Ministerio Público. La oposición considera que estas acciones se tomaron únicamente evitar el proceso judicial internacional.
Víctimas y activistas ven “una puerta a la justicia” en investigación de la CPI en Venezuela
“Tenemos que seguir levantando la voz”, reaccionaron los padres de Juan Pablo Pernalete, manifestante que murió durante las protestas antigubernamentales de 2017 en Venezuela, ante la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles crímenes de lesa humanidad en el país.
José Gregorio y Elvira, los padres de Juan Pablo, fallecido a los 20 años al ser impactado en el pecho por una bomba lacrimógena disparada por un militar, creen que la investigación “abre una puerta a la justicia”.
“Hay sentimientos encontrados”, contó a la agencia AFP Elvira. “Por un lado hay satisfacción por el trabajo denunciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela y hay esperanza porque se abre una puerta a la justicia; pero por el otro hay un vacío. Lloramos mucho. El asesinato de nuestro hijo y otros muchachos jamás debió ocurrir”, lamenta.
Activistas consultados por la AFP celebran este paso, pero advierten que el proceso para establecer responsabilidades será largo. El documento suscrito por Khan y Maduro, de hecho, aclara que “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo”.
Venezuela vive su “peor” momento en materia de derechos humanos en 30 años
El país caribeño vive su “peor” período de violaciones de derechos humanos en los últimos 30 años, dijo Rafael Uzcátegui, sociólogo y director de la ONG Provea, premiada este viernes en Caracas.
“Hoy estamos en la peor situación de derechos humanos en los 33 años de existencia de Provea, no solamente por ausencia de democracia, sino por la crisis económica, que ha llevado a la pobreza a niveles que habían sido desconocidos en los últimos 40 años”, indicó Uzcátegui al recibir en la embajada de Francia en la capital venezolana un premio franco-alemán por el Día Internacional de los Derechos Humanos.
El director de Provea (Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos) habló de los riesgos que corren los defensores de derechos humanos, especialmente los activistas locales con menos cobertura mediática que él.
“Este año tuvimos un logro triste, que es que la Corte Penal Internacional (CPI) haya iniciado una investigación sobre Venezuela” por la represión de las protestas antigubernamentales de 2017 y los opositores que están en prisión, agregó.
En tanto, sotuvo: “Hay autoridades que saben que los defensores (de derechos humanos) y quienes hemos acompañado a las víctimas tenemos una gran responsabilidad en que eso se haya logrado y seguramente en algún momento querrán cobrar esa factura”.
Uzcátegui subrayó en particular que Provea ha sido acusada de “narcotráfico y blanqueo de capitales”, señalamientos que calificó de “delirantes”.
Sin embargo, el activista celebró que la acción de las ONG haya ayudado a la liberación de detenidos y a una actuación “menos represiva” de fuerzas policiales y militares ante manifestaciones en los últimos tiempos.
“Como otros países de la región han superado situaciones muy difíciles, los venezolanos también lo vamos a hacer”, aseveró.
Tarek William Saab calificó el informe de la fiscalía de la CPI como "gratuitas e inveraces“
“Las conclusiones emitidas por Fatou Bensouda antes de abandonar el cargo carecen de valor alguno”
“Las conclusiones emitidas por Fatou Bensouda antes de abandonar el cargo carecen de valor alguno”
Redacción
El fiscal general oficialista, Tarek William Saab, rechazó este jueves el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), mediante el cual se confirma la “inacción” por parte del Estado venezolano para investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad y la falta de independencia de la Justicia venezolana.
“Las actuaciones de la exfiscal, en el marco del caso Venezuela I, se llevaron a cabo, tal y como lo confirmó la Sala de Cuestiones Preliminares, de manera unilateral y sin tener en cuenta, ni la colaboración efectiva ofrecida de buena fe por nuestras autoridades, ni la documentación presentada”, afirmó Saab en un documento.
Saab consideró que las conclusiones emitidas por Fatou Bensouda antes de abandonar el cargo “carecen de valor alguno” y las calificó como “gratuitas e inveraces”.
Sin embargo, manifestó su confianza en el nuevo fiscal de la CPI, el británico Karim Khan, y dijo que espera que visite Venezuela “y compruebe in situ los esfuerzos realizados por las instituciones venezolanas”.