El oro ilegal en el sur de Venezuela: un ciclo de violencia, devastación y complicidad estatal
La devastación social, humanitaria y ambiental en el sur de Venezuela continúa avanzando, alimentada por la codicia de actores armados, la complicidad estatal y la indiferencia de los mercados internacionales
Con información de Infobae / por Bautista Sanjurjo
En el sur de Venezuela, grupos armados, tanto nacionales como extranjeros, luchan por el control de las minas de oro, exacerbando el sufrimiento de las comunidades locales y consolidando un sistema de violencia y corrupción que asola la región. “A veces, los jóvenes se enfrentan a una encrucijada: unirse a la guerrilla o arriesgarse a ser asesinados”, compartió un minero indígena de la Amazonía venezolana con International Crisis Group. Su testimonio refleja la dura realidad en los estados de Bolívar y Amazonas, donde la fiebre del oro ha transformado el paisaje en un territorio marcado por la violencia, la explotación y la devastación ambiental.
El auge del oro: redes criminales y élites corruptas
El incremento en el precio internacional del oro ha desatado una fiebre minera sin precedentes en el sur de Venezuela. Redes criminales, guerrillas colombianas y élites corruptas han prosperado a expensas de los ecosistemas locales, mientras las comunidades sufren violencia, explotación sexual, trabajo infantil y ejecuciones. En la última década, la situación ha empeorado, con grupos armados que consolidan su control en Bolívar y Amazonas, desplazando a la población local y a los mineros artesanales, quienes dependen de la voluntad de quienes dominan las minas.
Desde 2022, el régimen de Nicolás Maduro ha desplegado tropas bajo el pretexto de combatir la minería ilegal. Sin embargo, estas operaciones han servido para reconfigurar el control de las minas y apropiarse de los recursos, exigiendo pagos para permitir la explotación. La colaboración con el ELN y disidencias de las FARC ha fortalecido el dominio sobre numerosos yacimientos. Testimonios recogidos por International Crisis Group revelan que las guerrillas imponen su ley, recaudan pagos en oro, reclutan a jóvenes indígenas y siembran el terror. “Ellos ofrecen protección contra otros criminales”, afirmó un administrador de mina, subrayando la ambigüedad moral que enfrentan las comunidades.
Corrupción, contratos opacos y legalidad difusa
El marco legal conocido como Arco Minero del Orinoco, implementado en 2016 para atraer inversiones extranjeras tras la caída de los ingresos petroleros, ha sido un caldo de cultivo para la corrupción y el lavado de oro ilegal. La falta de transparencia, la opacidad contractual y la participación de empresas vinculadas a militares han alimentado un sistema corrupto. Un estudio de Transparencia Internacional, citado por International Crisis Group, indica que aproximadamente el 30 % de la producción de oro queda en manos del crimen organizado, mientras que solo una cuarta parte llega al Banco Central de Venezuela.
La magnitud de la minería ilegal es difícil de cuantificar, pero en 2023 abarcaba 140.000 hectáreas, un aumento de 59.000 hectáreas desde 2018, posicionando a Venezuela con más del 30 % de los sitios de minería ilegal en la cuenca amazónica. La frontera entre lo legal y lo ilegal es difusa, con empresas registradas que operan como fachadas y el oro ilegal que se procesa tanto en el sector público como en el privado. A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2018, el oro venezolano sigue fluyendo hacia mercados en Emiratos Árabes Unidos, Irán, Turquía y, a través de triangulaciones en Colombia, Brasil, Guyana y el Caribe, hasta Europa y Asia. “La imaginación criminal no tiene límites”, advirtió un alto funcionario colombiano, refiriéndose a la sofisticación de las redes de contrabando.
Impacto devastador en las comunidades indígenas
Las comunidades indígenas, que constituyen cerca de la mitad de la población del estado Amazonas, enfrentan una invasión de sus territorios, divisiones internas y la pérdida de sus medios de vida tradicionales. Muchos han abandonado la agricultura para trabajar en la minería, mientras que otros han sido cooptados o amenazados por grupos armados. Se han documentado casos de trabajo infantil, esclavitud moderna y violencia sexual. Un informe de derechos humanos venezolano, citado por International Crisis Group, identificó diez casos de esclavitud moderna, que incluyen explotación laboral y sexual, servidumbre doméstica y trata de personas.
La minería no ha traído desarrollo: en Bolívar, el 82 % de la población vivía en condiciones de indigencia en 2021. La inseguridad alimentaria afecta a todos los hogares de los municipios mineros como Roscio, El Callao y Sifontes. Los servicios básicos están colapsados, con cortes de electricidad, escasez de agua y un sistema de salud en crisis. Las organizaciones humanitarias enfrentan grandes obstáculos para operar, debiendo negociar con autoridades, militares y grupos armados, mientras lidian con el desplazamiento forzado y la violencia estatal.
Catástrofe ambiental: deforestación y contaminación
El daño ecológico es alarmante. El mercurio y otros químicos contaminan ríos y suelos, afectando la salud y la fauna. En 2023, la minería ilegal había invadido 27 de las 41 áreas protegidas de la Amazonía venezolana, y la deforestación avanzó al 170 % anual. Entre 2017 y 2020, se talaron más de 22.000 hectáreas en parques nacionales como Caura, Canaima y Yapacana. Incluso el Cerro Delgado Chalbaud, fuente del Orinoco, fue devastado por mineros brasileños. La infraestructura para la vigilancia ambiental ha desaparecido prácticamente debido a recortes y corrupción generalizada.
International Crisis Group sostiene que la presión internacional debería centrarse en el discurso ambientalista de Maduro y su necesidad de legitimidad tras las elecciones. Los principales compradores de oro, especialmente en Oriente Medio y Asia, podrían exigir garantías de trazabilidad y certificación de origen para el oro venezolano, evitando que provenga de zonas de conflicto o actividades ilícitas. La formalización de la minería, restringida a territorios no protegidos y bajo control y vigilancia estrictos, podría redirigir los beneficios al Estado y a las comunidades, en lugar de a redes criminales. Sin embargo, este proceso requeriría cambios profundos en gobernanza, transparencia y aplicación de la ley, condiciones que actualmente no existen en el país.
Mientras tanto, la devastación social, humanitaria y ambiental en el sur de Venezuela continúa avanzando, alimentada por la codicia de actores armados, la complicidad estatal y la indiferencia de los mercados internacionales.