La Fiscalía de Venezuela rechaza que la activista Rocío San Miguel sea víctima de desaparición forzada
Juan Luis González, el abogado de la activista Rocío San Miguel dijo el martes que temía que San Miguel fuera víctima de una "desaparición forzada"
Con información de CNNE
(CNN Español) -- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este miércoles que la activista Rocío San Miguel, quien fue arrestada el viernes pasado, acusada de participar en una supuesta trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro, no es víctima de desaparición forzada, y calificó de “mitómanos” a quienes dicen lo contrario.
“Quiero destacar que en el caso de la señora Rocío San Miguel, el día lunes 12 de febrero, dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales, se realizó la audiencia de presentación”, afirmó ante medios en Caracas.
Abogado de la activista Rocío San Miguel dice que aún desconoce dónde está detenida y teme que se trate de una “desaparición forzada”
El funcionario sugirió que la desaparición forzada es un asesinato.
“(Desaparición forzada) es literalmente el secuestro de una persona que no aparece detenida, que nadie comunica que está detenida, que no es presentada ante un tribunal y que literalmente, lamentablemente, termina siendo desaparecida, porque es la desaparición forzada de la vida porque, bueno, la asesinan”, afirmó.
Juan Luis González, el abogado de la activista Rocío San Miguel dijo el martes que temía que San Miguel fuera víctima de una "desaparición forzada" y añadió que no había sido informado de su paradero a más de tres días de su detención.
La página oficial de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera como desaparición forzada “toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada”.
