La Fiscalía de Venezuela rechaza que la activista Rocío San Miguel sea víctima de desaparición forzada
Juan Luis González, el abogado de la activista Rocío San Miguel dijo el martes que temía que San Miguel fuera víctima de una "desaparición forzada"
Juan Luis González, el abogado de la activista Rocío San Miguel dijo el martes que temía que San Miguel fuera víctima de una "desaparición forzada"
Con información de CNNE
(CNN Español) -- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este miércoles que la activista Rocío San Miguel, quien fue arrestada el viernes pasado, acusada de participar en una supuesta trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro, no es víctima de desaparición forzada, y calificó de “mitómanos” a quienes dicen lo contrario.
“Quiero destacar que en el caso de la señora Rocío San Miguel, el día lunes 12 de febrero, dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales, se realizó la audiencia de presentación”, afirmó ante medios en Caracas.
Abogado de la activista Rocío San Miguel dice que aún desconoce dónde está detenida y teme que se trate de una “desaparición forzada”
El funcionario sugirió que la desaparición forzada es un asesinato.
“(Desaparición forzada) es literalmente el secuestro de una persona que no aparece detenida, que nadie comunica que está detenida, que no es presentada ante un tribunal y que literalmente, lamentablemente, termina siendo desaparecida, porque es la desaparición forzada de la vida porque, bueno, la asesinan”, afirmó.
Juan Luis González, el abogado de la activista Rocío San Miguel dijo el martes que temía que San Miguel fuera víctima de una "desaparición forzada" y añadió que no había sido informado de su paradero a más de tres días de su detención.
La página oficial de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera como desaparición forzada “toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada”.
La Fiscalía del régimen inició una investigación penal sobre las elecciones primarias de la oposición
“Hay millares de ejemplos de denuncia que reflejaron el total fraude que allí se realizó, burlando la voluntad de quienes quisieron apostar por este proceso”, argumentó el fiscal general Tarek William Saab
“Hay millares de ejemplos de denuncia que reflejaron el total fraude que allí se realizó, burlando la voluntad de quienes quisieron apostar por este proceso”, argumentó el fiscal general Tarek William Saab
Con información de EFE
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) del régimen anunció este miércoles la apertura de una investigación penal contra las elecciones primarias celebradas por la oposición el pasado domingo, cuando la ex diputada María Corina Machado arrasó con el 92% de los votos, lo que la convierte en la abanderada del antichavismo para las presidenciales de 2024.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó de la designación de dos investigadores penales especializados en “delincuencia organizada” y en asuntos de identificación y extranjería para llevar adelante estas averiguaciones en vista del “fraude” que, reiteró, se produjo el pasado domingo, cuando votaron 2,3 millones de personas, según los datos oficiales.
“Hay millares de ejemplos de denuncia que reflejaron el total fraude que allí se realizó, burlando la voluntad de quienes quisieron apostar por este proceso”, sostuvo Saab, tras mostrar el mismo video difundido por el régimen de Nicolás Maduro en el que unas personas se confunden durante la totalización en una de las 5.000 mesas habilitadas para estos comicios.
La Fiscalía supone que el domingo se incurrió en, al menos, cuatro delitos: usurpación de funciones; usurpación de identidad, partiendo de la hipótesis de que se usaron nombres de personas que no votaron; legitimación de capitales, por desconocer la procedencia del dinero con el que se realizó la contienda, y asociación para delinquir.
Por ello, la institución citará en calidad de testigos al presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), Jesús María Casa, así como a la vicepresidenta, Mildred Camero, y a los 24 jefes de las juntas regionales que organizaron estas votaciones de manera autogestionada, sin ayuda del ente electoral.
Adelantó que estas personas, entre las que no mencionó a la vencedora de la contienda María Corina Machado, deberán presentarse en la Fiscalía “en los próximos días” para “que compadezcan y respondan por estas irregularidades”.
La Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento, controlado por el chavismo) denunció este martes que las elecciones primarias fueron un fraude por varias razones, entre las que mencionó la supuesta alteración al alza en el número de votos emitidos, un argumento que la Fiscalía también esgrimió este miércoles.
Sobre Machado pesa una inhabilitación impuesta por la Contraloría en 2015 y extendida hasta 2030, por lo que la ex diputada no podrá ocupar cargos de elección popular ni competir en las presidenciales de 2024 a menos que la sanción le sea levantada.
Dictan orden de captura y arresto contra Juan Guaidó
El fiscal general de Venezuela anunció que fue solicitada una orden de aprehensión contra el dirigente opositor Juan Guaidó, contra quien fue abierta una nueva investigación sobre la base de documentos de una corte estadounidense que lleva el caso de Citgo.
El fiscal general de Venezuela anunció que fue solicitada una orden de aprehensión contra el dirigente opositor Juan Guaidó, contra quien fue abierta una nueva investigación sobre la base de documentos de una corte estadounidense que lleva el caso de Citgo.
Con información de VOA Noticias
CARACAS — La fiscalía de Venezuela dictó el jueves orden de aprehensión y presentó una solicitud de alerta roja a la Interpol contra el dirigente político opositor, Juan Guaidó, por presuntamente haber utilizado recursos del Estado para financiar al extinto gobierno interino.
Guaidó es señalado por la fiscalía de haber cometido los presuntos delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, provecho o distracción del dinero, valores o bienes públicos, legitimación de capitales y asociación.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que documentos de una corte de Delaware, en Estados Unidos, relacionados con una posible liquidación de Citgo, la filial de PDVSA en EEUU, confirmaron parte de las investigaciones que adelantaba la fiscalía.
Saab aseguró que el gobierno interino, disuelto a inicios de este año, financió “gastos personales” con recursos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), causando pérdidas al Estado por unos 20.000 millones de dólares.
“La corte de Delaware detalla que ese falso Gobierno, liderado por este sujeto despreciable, usó los recursos de PDVSA para financiar gastos personales, gastos “legales” y obligó a PDVSA, utilizando la figura del gobierno ficticio, a utilizar sus términos para un presunto refinanciamiento. Por esa vía el prácticamente él entregó a Citgo” dijo Saab en una declaración transmitida por el canal del Estado el jueves por la noche.
Citgo es la séptima mayor refinería en EEUU que acreedores intentan embargar para saldar deudas pendientes del Estado venezolano y que se encuentra protegida hasta el próximo 20 de octubre por una licencia de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Guaidó, expresidente del Parlamento de 2015, fue proclamado presidente interino de Venezuela en 2019 y fue reconocido por al menos cincuenta países, argumentando que el proceso electoral en el que en 2018 el presidente Nicolás Maduro obtuvo la reelección fue “fraudulento”.
Guaidó se encuentra exiliado en EEUU desde abril de este año, a donde llegó tras ser “obligado” por el gobierno del presidente Gustavo Petro a abandonar Colombia, donde esperaba ser escuchado en una conferencia internacional convocada para abordar la crisis de Venezuela.
A inicios de este año, el Parlamento de mayoría opositora que, por tercera vez consecutiva, extendió su mandato, decidió disolver el interinato y dejar en el ejercicio de funciones al Consejo de Administración y Protección de Activos, órgano competente para proteger todos los bienes o activos de Venezuela en el Exterior.
La Fiscalía investigará un presunto ajusticiamiento por parte de policías
A través de la red social X el fiscal general informó de la designación de la Fiscalía 10 "adscrita a derechos humanos" para "investigar y sancionar el presunto ajusticiamiento"
A través de la red social X el fiscal general informó de la designación de la Fiscalía 10 "adscrita a derechos humanos" para "investigar y sancionar el presunto ajusticiamiento"
Con información de EFE
Caracas, 6 sep (EFE).- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela investigará un presunto ajusticiamiento a un ciudadano por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado La Guaira (norte), anunció este miércoles el titular de esta institución, Tarek William Saab.
A través de la red social X (antes Twitter), el fiscal general informó de la designación de la Fiscalía 10 "adscrita a derechos humanos" para "investigar y sancionar el presunto ajusticiamiento" de un ciudadano de nombre Marcos Guevara por parte de los agentes, en un sector de esta región costera.
Según un informe de las ONG Provea y Fundación Centro Gumilla, presentado en marzo, los diversos cuerpos de seguridad del Estado fueron culpables de, al menos, 824 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el año pasado, 590 menos que en 2021.
Del total de víctimas, 806 fueron hombres y 18 mujeres, y la mayoría "eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad" que residían en barriadas pobres, de acuerdo con la investigación.
Ambas organizaciones señalaron entonces que el organismo de seguridad "más letal" fue la PNB, seguido de "policías estadales", el "Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)" y "la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)".
El pasado enero, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Vulker Türk, entonces de visita en Caracas, recibió, de parte de la ONG Cofavic, una carta en la que la organización habla de 14.296 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2012.
Designan a Fiscalía 17 Nacional contra la Corrupción investigará presunta extorsión policial en aeropuerto de Maiquetía
En un video se revela un audio de los comisarios cuando exigían la cantidad de cinco dólares por turno semanales a cada uno de sus subalternos
En un video se revela un audio de los comisarios cuando exigían la cantidad de cinco dólares por turno semanales a cada uno de sus subalternos
Con información de El Pitazo
Caracas.- El Ministerio Público (MP) designó a la Fiscalía 17 Nacional Contra Corrupción para investigar y sancionar el presunto cobro de una cuota en dólares por parte de funcionarios policiales a sus subalternos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.
La información la difundió el fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, a través de su cuenta en Twitter, este martes 30 de mayo.
Foto twitter: @TarekWilliamSaab
Así responde la fiscalía a un video que se viralizó, en el que se revela el modus operandi de los funcionarios, pese a que la denuncia de esta situación ya se había presentado ante el Ministerio Público.
En el audiovisual que se transmite en redes sociales se denuncian los hechos de corrupción por parte de funcionarios del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos al Servicio Aeroportuario en el aeropuerto de Maiquetía. Tres comisarios serían los implicados en la presunta extorsión.
Al parecer, los comisarios exigían la cantidad de 5 dólares por turno semanales a cada uno de sus subalternos. Esto generaba un pago de 360 dólares por semana. En el video había un audio de los comisarios exigiendo el pago del dinero y amenazando a otros funcionarios que no pagaran.
Trabajadores de Pdvsa con órdenes de reenganche que no se han podido ejecutar acudieron a la Fiscalía Superior del Ministerio Público en Anzoátegui
Sioly Guaramata: Pdvsa no puede ser un ente intocable. El Estado debe obligarla a cumplir con el orden jurídico patrio
Sioly Guaramata: Pdvsa no puede ser un ente intocable. El Estado debe obligarla a cumplir con el orden jurídico patrio
Nota de prensa
Puerto La Cruz, 28 de octubre de 2022.- Una gran cantidad de trabajadores de Pdvsa que fueron despedidos por esta empresa petrolera y que ya habían acudido ante la Inspectoría del Trabajo y les había sido acordado su reenganche y pago de salarios caídos, pero que aún no han podido ejecutar dichas resoluciones, en virtud de que la empresa petrolera ha hecho caso omiso a estos procedimientos, decidieron acudir a la sede del Ministerio Público (MP) en Puerto La Cruz, a fin de solicitar que la Vindicta Pública intervenga y ayude a solucionar la problemática planteada.
La Ing. Sioly Guaramata, despedida de la empresa Pdvsa, señaló que acudieron al MP porque este ente designó a las Fiscalías 63 y 78 como las Fiscalías especializadas en la defensa de los derechos laborales, a fin de que pongan en marcha la solución de la problemática planteada.
Guaramata indicó que Pdvsa no puede ser un ente intocable, toda vez que se da el caché de violar el orden jurídico constitucional y laboral y no hay donde acudir para que respete la Constitución, la Ley y las instituciones del país.
Puntualizó, Sioly Guaramata que Pdvsa está en desacato tanto de órdenes administrativas como jurídicas de reenganche, porque no le para ni a las decisiones de la Inspectoría del Trabajo ni a las decisiones de los tribunales laborales, razón por la cual los trabajadores se hayan en estado de indefensión y no hayan dónde acudir para que le solucionen sus problemas, por eso aplaudimos -dijo- la decisión de establecer un sistema de garantías de los derechos laborales, a cargo de las Fiscalías 63 y 78 del Ministerio Público, para que no siga reinando la impunidad y el incumplimiento de los actos emanados del Ministerio del Trabajo, las inspectorías del trabajo y los tribunales laborales.
Por su parte, Junior Rojas, trabajador cesanteado de la empresa Polar y quién junto a un grupo de trabajadores también tiene acordada una orden de reenganche de la inspectoría del trabajo y un Amparo Constitucional emanando de un Tribunal Laboral, indicó, que sea sumaron a la protesta y consignación de un documento en el MP, porque ellos también son parte del grueso número de trabajadores que no logran que las decisiones administrativas ni judiciales puedan ejecutarse, debido a que la empresa no le para a las decisiones del Ministerio del Trabajo ni de los Tribunales, y éstos no hacen cumplir la ley como establece la Ley de Amparo que penaliza con cárcel el incumplimiento de sus normas como corresponde.
Esperamos, expresó Rojas que el Ministerio Público cumpla con su trabajo y se puedan restablecer con prontitud los derechos que se les han violentado a los trabajadores.
Venezuela solicita la "colaboración" de Colombia para investigar el asesinato de dos niños venezolanos
Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, cuando los jóvenes, uno de 12 y otro de 18, fueron acusados de robar en una tienda
Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, cuando los jóvenes, uno de 12 y otro de 18, fueron acusados de robar en una tienda
Con información de EUROPA PRESS
MADRID, 12 Oct.- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha pedido a su homólogo de Colombia, Francisco Barbosa, su "colaboración" para "esclarecer" el asesinato de dos ciudadanos supuestamente venezolanos, uno de ellos de 12 años, que fueron sorprendidos robando en una tienda de alimentos del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
En una carta dirigida a Barbosa que ha difundido a través de su cuenta en la red social Twitter, Saab ha recordado que el crimen ha sido rechazado por instancias como Naciones Unidas y ha pedido su "valiosa colaboración" para iniciar una investigación para aclarar lo sucedido y "establecer responsabilidades".
Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, cuando los jóvenes, uno de 12 y otro de 18, fueron acusados de robar en una tienda. Los comerciantes de la zona, según han publicado medios colombianos, retuvieron a los dos muchachos hasta que unos hombres en motocicleta y armados se hicieron cargo de ellos.
Sus cuerpos fueron encontrados horas después tirados en un camino. Ambos habían recibido un disparo en la cabeza y el niño de 12 años llevaba un cartel al cuello con la palabra "ladrón".
La Policía, que ha anunciado una recompensa de cien millones de pesos colombianos (22.900 euros) para quien ofrezca información que ayude a dar con el paradero de los responsables, ha responsabilizado a los grupos armados que operan en la zona, ya sea el Frente 33 de las disidencias de las FARC o la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por su parte, la Fiscalía General de Colombia ha designado un grupo especializado de fiscales para investigar lo ocurrido.