Denunciaron la desaparición de un funcionario del Consejo Electoral en Venezuela después de ser llamado a declarar
La organización Provea, defensora de los DDHH, ofreció los detalles del caso. Los familiares han recorrido múltiples centros de detención sin obtener información sobre su paradero
La organización Provea, defensora de los DDHH, ofreció los detalles del caso. Los familiares han recorrido múltiples centros de detención sin obtener información sobre su paradero
Con información de Infobae
La organización no gubernamental venezolana PROVEA denunció este lunes la desaparición forzada y detención arbitraria de Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), a manos de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en hechos que habrían comenzado el 27 de noviembre de 2024 en Caracas.
Según el comunicado de PROVEA, Maíz Nadales se desempeñaba como director de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación del CNE. Ese día fue citado a una reunión en la sede central del organismo, ubicada en Caracas, y desde entonces su familia no volvió a tener contacto con él.
Su hija, Bianggi Maíz, relató en un video publicado por la ONG que al día siguiente acudió a la sede del CNE para preguntar por su paradero. Tras varios intentos, logró confirmar que su padre había sido trasladado a la sede de la DGCIM en Boleíta, al este de la capital venezolana. Allí, según su testimonio, les permitieron entregarle medicamentos debido a su condición médica: el funcionario es paciente bariátrico, hipertenso y padece de tensión ocular.“El lunes siguiente nos dejaron pasarle sus pertenencias y sus pastillas. Pero al otro lunes, ya no nos las aceptaron. Nos dijeron que él no estaba allí, que había sido desaparecido”, explicó Maíz en el video difundido en la red social X. Según su testimonio, el último contacto indirecto ocurrió el 16 de diciembre de 2024, cuando funcionarios de la DGCIM informaron a la familia que Albert Maíz ya no se encontraba en esa sede.
Desde entonces, los familiares han recorrido múltiples centros de detención sin obtener información sobre su ubicación. Afirmaron que en el Centro Penitenciario Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, incluso se les impidió preguntar por su parader o. El 20 de marzo de 2025, cuatro meses después de su desaparición, la familia se enteró de forma extraoficial que el funcionario había sido presentado ante el Tribunal Segundo contra el Terrorismo. Allí fue acusado de traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. No se permitió a sus familiares designar un abogado privado, y el defensor público asignado “no ha ofrecido ninguna información sobre el caso”, indicó PROVEA.
Bianggi Maíz denunció además que no se les ha permitido tener contacto directo con su padre, ni siquiera para hacerle llegar los medicamentos que requiere para mantener sus condiciones de salud.La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe expresamente la desaparición forzada. El artículo 45 establece que “ninguna autoridad pública, sea civil o militar, incluso en estados de emergencia, puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”. Asimismo, el artículo 44 garantiza el derecho de toda persona detenida a comunicarse con sus familiares, designar un abogado de su confianza y conocer las razones de su detención.
En respuesta a la situación, los familiares han presentado múltiples acciones legales: han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Hasta el momento, aseguran no haber recibido respuesta de ninguna institución.La organización PROVEA exigió la liberación inmediata de Albert Maíz Nadales, el respeto al debido proceso, el acceso a la defensa privada y la atención médica adecuada, en cumplimiento de los compromisos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano.
El caso se produce en un contexto de reiteradas denuncias por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que han alertado sobre patrones sistemáticos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, especialmente contra trabajadores del Estado y ciudadanos vinculados a procesos electorales o actividades políticas.Hasta la fecha, el CNE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la desaparición de su funcionario. Tampoco lo han hecho la DGCIM ni el Ministerio Público.
05/01/2025 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRESIDENCIA DE VENEZUELA
PROVEA, una de las organizaciones de derechos humanos con mayor trayectoria en el país, advirtió que la detención en condiciones de incomunicación y sin garantías procesales constituye una grave violación a los derechos humanos. Señaló además que las acusaciones de terrorismo y traición a la patria contra ciudadanos sin acceso a una defensa adecuada representan un uso indebido del sistema judicial.En el video compartido por la ONG, Bianggi Maíz subrayó: “Queremos respuesta del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y de la Sala Constitucional del TSJ. Todos los derechos de mi padre están siendo vulnerados. Necesitamos verlo, saber dónde está, y que se le respeten sus derechos como ciudadano y como paciente.”
La familia reiteró su llamado a la comunidad nacional e internacional para visibilizar el caso y presionar por el cumplimiento de las leyes venezolanas y los tratados internacionales de derechos humanos.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU mostró su “profunda preocupación” por el arresto de Rocío San Miguel en Venezuela
Su presidenta, Marta Valiñas, indicó que hay “una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se perciben como opositores”
Su presidenta, Marta Valiñas, indicó que hay “una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se perciben como opositores”
Con información de Infobae / Por Gastón Calvo
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela expresó su ”profunda preocupación“ por la detención el viernes de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel e instó al régimen de Nicolás Maduro a “poner fin a la ola de represión“ contra los opositores que se está intensificando en todo el país.
El régimen de Venezuela otorgó la libertad condicional a cuatro familiares de la activista detenida Rocío San Miguel
“Las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. El Fiscal General la acusó de participar en un intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país”, detalló la Misión.
“No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se perciben como opositores”, enfatizó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación.
Y siguió: “El gobierno de Venezuela debe proporcionar información sobre el paradero no sólo de San Miguel y su hija, sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen. Corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal”.
La Misión expresó su preocupación por “una serie de actos recientes que contravienen el derecho internacional“ y que incluyen “detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como de militantes del partido político Vente Venezuela, ganador de las elecciones primarias de la oposición, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado”.
“Las autoridades han tratado de justificar estas y otras violaciones de los derechos humanos como respuesta a conspiraciones organizadas contra el Gobierno y altas autoridades del Estado”, detalló la Misión.
Francisco Cox, miembro de la Misión, subrayó que “el Estado venezolano ha violado los derechos humanos de decenas de personas al investigar a presuntos grupos conspiradores, privando a los investigados, detenidos y procesados de sus más elementales derechos“. Y acotó: “Sin desconocer el derecho del Estado a investigar, ello se tiene que hacer con pleno respeto a los derechos humanos y sin cometer crímenes internacionales”.
Por su parte, Patricia Tappatá, otra de las integrantes de la Misión Investigadora, argumentó: “De acuerdo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual Venezuela es parte, uno de los elementos constitutivos de las desapariciones forzadas es la negación de información sobre el paradero de la persona, lo que impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes”; al tiempo que destacó que “la información tardía e incompleta sobre el paradero y estado de salud de San Miguel y su hija cumple con el objetivo de infundir temor entre quienes expresan críticas al Gobierno, haciendo responsable al Estado bajo el derecho internacional”.
Al respecto, Valiñas agregó que “en Venezuela, las medidas de represión e intimidación dirigidas a reducir el espacio cívico -ahora en mayor riesgo con la próxima aprobación de la ley que regula las organizaciones no gubernamentales y que afecta a su independencia- siguen combinándose con otras gravísimas medidas de represión”.
“Es preocupante que la Fiscalía siga operando de acuerdo con el interés del Gobierno para permitirle una apariencia de legalidad a todos estos abusos”, concluyó.
En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014.
El Consejo de Derechos Humanos, mediante las resoluciones 45/20 y 51/29, prorrogó el mandato de la Misión Internacional por dos años más, hasta septiembre de 2024.
La Misión dará una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos en marzo y presentará su informe en una sesión de diálogo del Consejo en septiembre.
Crece la preocupación internacional ante la escalada de desapariciones forzosas de opositores en Venezuela
El Grupo IDEA, conformado ex líderes iberoamericanos, se sumó a la lista de organismos que rechazan la detención de la activista Rocío San Miguel
El Grupo IDEA, conformado ex líderes iberoamericanos, se sumó a la lista de organismos que rechazan la detención de la activista Rocío San Miguel
Con información de EFE
Los ex mandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) condenaron este martes las detenciones y desapariciones arbitrarias de opositores venezolanos llevadas a cabo por el régimen de Nicolás Maduro, como las sucedidas con dirigentes del partido Vente Venezuela, que lidera la candidata presidencial opositora María Corina Machado, y de la activista venezolana Rocío San Miguel.
La exfuncionaria venezolana Rocío San Miguel Sosa, en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas
”Enterados de que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro arremete con saña mediante la práctica de desapariciones forzadas, (...) condenamos tales hechos y alertamos a la opinión pública y la comunidad internacional”, señala la declaración de IDEA, firmada por 27 ex jefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina.
Entre los desaparecidos, según el Grupo IDEA, se encuentran Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Víctor Venegas, los cuatro dirigentes de Vente Venezuela, y la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.
San Miguel, según confirmó este martes uno de sus abogados, se encuentra detenida desde el pasado viernes por estar presuntamente vinculada con una trama conspirativa para asesinar a Nicolás Maduro y otros funcionarios.
La detención de San Miguel ocurrió casi tres semanas después de que el fiscal general designado por el régimen, Tarek William Saab, informara de la detención de más de una treintena de personas por estar supuestamente involucradas en planes golpistas, y luego de que los funcionarios de Maduro aprehendieran a colaboradores de Machado, acusados de ser parte de una conspiración.
Los ex presidentes iberoamericanos califican estas acciones de “desviaciones de la conducta humana y política” y sostienen que estas “desapariciones forzadas” rememoran “las experiencias totalitarias que llenaron de vergüenza a la Humanidad a mediados del siglo XX”.
En el comunicado, los ex mandatarios recordaron el informe de septiembre de 2023 de la Misión Independiente de Naciones Unidas en el que se da cuenta de “desapariciones forzadas de corta duración, torturas y ejecuciones extrajudiciales”, hechos investigados por la Corte Penal Internacional “para determinar las responsabilidades del régimen de Maduro”.
El pasado diciembre, más de 60 ONG pidieron a la ONU monitorear la “situación de libertades democráticas y derechos humanos” en el país y “pronunciarse oportunamente” sobre este asunto ante los venideros períodos electorales, entre ellos el de las presidenciales, para cuando prevén un aumento de la “represión y persecución”.
“Rocío San Miguel no ha tenido acceso a sus familiares ni representación legal. Ella está detenida por defender los derechos humanos en Venezuela. AI exige a Nicolás Maduro su libertad inmediata e incondicional y que se garantice su integridad personal”, expresó la organización en un comunicado.
IA indicó que San Miguel “se encuentra desaparecida forzosamente, lo cual se asemeja a un patrón ampliamente documentado”.
“Sus abogados han requerido información en centros de detención en Caracas y hasta la fecha no han recibido respuesta. Su hija y otros familiares también fueron detenidos”, señaló AI al recordar que este lunes la defensa de la activista reportó la “desaparición” de cinco familiares de San Miguel, por cuya liberación también abogó.
Las otras personas detenidas, según uno de los abogados de la defensora de derechos humanos, son Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos; Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, y Alejandro González Canales, ex pareja de la activista.
En un pronunciamiento anterior, AI pidió la libertad “inmediata e incondicional” de San Miguel, así como el respeto a sus derechos y a la “medida cautelar de protección dictada a su favor” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012.
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos y la OEA fueron de los primeros en manifestar su preocupación por el arresto de la defensora de los derechos humanos.
El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este martes una “feroz campaña” internacional en contra del sistema de Justicia del país tras la detención de la activista y sus familiares.
En un comunicado, Saab ratificó que San Miguel fue presentada la noche de este lunes ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, y que el Ministerio Público (MP) solicitó para ella una medida “preventiva de libertad” por la “presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”.
"Libertad para Rocío": prisión de activista aumenta tensión en Venezuela
A San Miguel, de nacionalidad venezolana y española, la acusan de "traición a la patria", "terrorismo" y "conspiración"
A San Miguel, de nacionalidad venezolana y española, la acusan de "traición a la patria", "terrorismo" y "conspiración"
Con información de AFP
La fiscalía venezolana defendió este miércoles la detención por "terrorismo" de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, un hecho que oenegés califican de "escalada" contra la sociedad civil a pocos meses de las elecciones presidenciales.
A San Miguel, de nacionalidad venezolana y española, la acusan de "traición a la patria", "terrorismo" y "conspiración", por estar "vinculada de manera directa" con la supuesta operación "Brazalete blanco" para asesinar al presidente Nicolás Maduro, dijo el fiscal Tarek William Saab.
"Ella tenía una misión como parte de esa trama 'Brazalete blanco', incluso delatada por los militares detenidos", señaló Saab en declaraciones a la prensa. "Su misión era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando".
San Miguel fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela junto a su hija, que luego quedó en libertad condicional.
Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue arrestado bajo sospecha de "revelación de secretos políticos y militares".
Sus hermanos y el padre de su hija también fueron detenidos aunque luego excarcelados. Saab los acusó de "encubrir medios probatorios": un celular y una computadora portátil de San Miguel.
- "Violaciones" -
Desde su arresto, que se hizo oficial el domingo en la tarde, los abogados de San Miguel denuncian la "desaparición forzosa" de su defendida, a quien aún no tuvieron acceso.
"Siguen las violaciones a las garantías y derechos fundamentales", escribió uno de sus abogados, Joel García, el miércoles en X. "Estamos a las puertas del tribunal para ser designados como sus defensores, pero no ha sido posible por la ausencia del juez".
"Transcurre el lapso para la apelación y para proponer diligencias de investigación, pero la idea es que transcurra pero sin defensa privada", agregó.
Saab aseguró aseguró que todo se hizo conforme a derecho.
"Explíquenme una desaparición forzada cuando alguien es presentada ante el tribunal (...), que ya fue comunicado por mi persona a solicitud de los fiscales del Ministerio Público", señaló ofuscado.
- "Escalada" contra ONGs -
"¡Liberen a Rocío!", repetían este miércoles representantes de oenegés congregadas en Caracas para exigir la excarcelación de la directora de Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares.
"A Rocío San Miguel la detienen en una política del Estado venezolano de criminalizar las organizaciones de la sociedad civil y a sus miembros (...). Vemos una escalada en la profundización de la criminalización y la represión", dijo a la AFP la abogada Andrea Santacruz, de la ONG Civilis.
"Estamos seguros de que ella no está implicada en ningún hecho ilícito", recalcó.
Con la aprehensión de San Miguel suman 19 los detenidos por la operación "Brazalete blanco", al tiempo que quedan por ejecutar 15 órdenes de arresto, detalló Saab, que acusó una "feroz campaña" internacional contra la justicia venezolana.
- "Puerta giratoria" -
La detención de San Miguel entra dentro de un esquema que expertos denominan "puerta giratoria", y que consiste en concretar excarcelaciones al mismo ritmo en que se practican nuevos arrestos.
"La puerta giratoria ha sido una estrategia del régimen (...), lo hemos visto en este caso muy de cerca ya que a través de unas negociaciones del Acuerdo de Barbados se liberaron unas personas y ahora se vuelve a encarcelar otras", declaró a la AFP Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal que defiende a "presos políticos".
En diciembre pasado, 10 estadounidenses y 24 venezolanos presos por motivos relacionados con la política fueron excarcelados tras un acuerdo suscrito entre el gobierno y la oposición de cara a las elecciones presidenciales, en las que Maduro aparece como candidato natural a la reelección.
A cambio, Estados Unidos liberó a Alex Saab, señalado de ser testaferro del presidente y acusado de lavado de dinero en ese país.
"Ya es costumbre que se inventan casos en contra de personas para justificar supuestos atentados", añadió Romero, que estimó que el gobierno ha optado por pagar "un costo político bien alto".
mbj/jt/mar
La Fiscalía de Venezuela rechaza que la activista Rocío San Miguel sea víctima de desaparición forzada
Juan Luis González, el abogado de la activista Rocío San Miguel dijo el martes que temía que San Miguel fuera víctima de una "desaparición forzada"
Juan Luis González, el abogado de la activista Rocío San Miguel dijo el martes que temía que San Miguel fuera víctima de una "desaparición forzada"
Con información de CNNE
(CNN Español) -- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este miércoles que la activista Rocío San Miguel, quien fue arrestada el viernes pasado, acusada de participar en una supuesta trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro, no es víctima de desaparición forzada, y calificó de “mitómanos” a quienes dicen lo contrario.
“Quiero destacar que en el caso de la señora Rocío San Miguel, el día lunes 12 de febrero, dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales, se realizó la audiencia de presentación”, afirmó ante medios en Caracas.
Abogado de la activista Rocío San Miguel dice que aún desconoce dónde está detenida y teme que se trate de una “desaparición forzada”
El funcionario sugirió que la desaparición forzada es un asesinato.
“(Desaparición forzada) es literalmente el secuestro de una persona que no aparece detenida, que nadie comunica que está detenida, que no es presentada ante un tribunal y que literalmente, lamentablemente, termina siendo desaparecida, porque es la desaparición forzada de la vida porque, bueno, la asesinan”, afirmó.
Juan Luis González, el abogado de la activista Rocío San Miguel dijo el martes que temía que San Miguel fuera víctima de una "desaparición forzada" y añadió que no había sido informado de su paradero a más de tres días de su detención.
La página oficial de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera como desaparición forzada “toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada”.
La ola de detenciones a activistas y a críticos del gobierno de Venezuela que recrudece el conflicto político
El pasado viernes fue detenida Rocio San Miguel y no fue hasta el domingo que el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, confirmó su aprehensión
El pasado viernes fue detenida Rocio San Miguel y no fue hasta el domingo que el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, confirmó su aprehensión
Con información de BBC Mundo
"¿Dónde está Rocío?”
Este fue el mensaje y la etiqueta en redes sociales que durante días se desplegaron en Venezuela y cruzaron fronteras. Y se refería a Rocío San Miguel, activista de derechos humanos y conocida crítica del gobierno de Nicolás Maduro.
El pasado viernes fue detenida y no fue hasta el domingo que el fiscal general del Estado, Tarek William Saab, confirmó su aprehensión y la acusó de participar en una supuesta conspiración para atentar contra la vida del presidente venezolano.
Este martes la presentaron ante tribunales bajo los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, pero sin que pudiera comunicarse con su equipo de abogados.
Cuatro días después de su detención, su equipo de abogados supo por fin que se encuentra recluida en el Helicoide, cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Se le imputaron los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, no fue la única detenida el pasado fin de semana dentro de su entorno cercano.
Su hija, dos de sus hermanos, su exmarido y otra expareja de San Miguel también fueron detenidos. Este martes excarcelaron a cuatro de ellos pero con la prohibición de salir del país o declarar a los medios y con la obligación de presentarse periódicamente ante la justicia.
En cambio, Alejandro González De Canales, expareja de San Miguel, sigue detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Tanto San Miguel como González están incomunicados desde su detención, se desconocen sus condiciones de salud y no han podido contar con defensa privada.
Diversas ONGs venezolanas denuncian que estas detenciones están dentro de un “patrón de persecución política".
Y apuntan que se intensificó en las últimas semanas.
Solo en lo que va de año 36 personas críticas al gobierno fueron detenidas, sin contar las del entorno de San Miguel.
Todo en el marco de un año en el que, aunque aún sin fecha, se espera que se celebren elecciones presidenciales.
Y también en medio de un tira y afloja de acuerdos y conversaciones sostenidas en Barbados entre el gobierno de Maduro y la oposición para que los comicios se celebren de manera libre y justa.
Un escenario que, para los grupos de derechos humanos es, más que de avance, de retrocesos como lo demuestra la inhabilitación de la candidata opositora, María Corina Machado.
Estados Unidos relajó sanciones para luego volver a endurecerlas como reflejo del vaivén político.
El caso de San Miguel
El viernes 9 de febrero San Miguel estaba en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, cuando la detuvieron. Por ahora se desconoce también por qué organismo de seguridad.
El domingo 11, en horas de la tarde en Venezuela, el fiscal general Saab, denunciado por la oposición como un aliado de Maduro, confirmó la detención de la activista.
El motivo era que está “presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios”, escribió Saab en su cuenta de X (antes Twitter).
También por su vinculación con el ataque a varias unidades militares en el país.
Saab dijo que el procedimiento era acorde a lo establecido por “la Constitución, las leyes de la República y las normas nacionales e internacionales de protección a los Derechos Humanos”.
San Miguel cuenta con una medida cautelar de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012.
Precisamente este organismo condenó “la desaparición forzada de la defensora”, calificación que usan al no haber informado de su lugar de detención, y pidió al Estado venezolano “informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia.”
La Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también exigió su “inmediata liberación”.
“En este caso particular el fiscal (Saab) está siendo copartícipe de una desaparición forzosa. Esto no había ocurrido nunca antes”, dice a BBC Mundo Óscar Murillo, director de la ONG Provea.
La operación "Brazalete Blanco"
El caso de Rocío San Miguel se vincula, según las fuentes del gobierno, a la operación “Brazalete Blanco”, una supuesta conspiración perpetrada en Táchira, estado al oeste de Venezuela fronterizo con Colombia.
La primera vez que se escuchó de esta trama fue en enero cuando Nicolás Maduro habló al respecto en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo.
Dijo que el objetivo era atentar contra su vida, además de contra la del gobernador de Táchira, Freddy Bernal, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
Luego, tanto el fiscal Saab como Padrino López apuntaron que hubo varias tramas contra el gobierno desde 2023 hasta ahora, por lo que lo consideran una “conspiración continuada”.
También en enero se informó que en la operación “Brazalete Blanco” formaron parte 33 militares, según datos de Defensa.
Además se emitieron varias órdenes de captura, entre ellas, contra Sebastiana Barráez, periodista de la fuente militar, y Tamara Suju, abogada y defensora de Derechos Humanos, aunque ambas están fuera del país.
“El gobierno arreció la represión contra diferentes actores. Ya tenemos 36 detenidos, entre civiles y militares y 22 con orden de aprehensión en lo que va de año”, apunta Murillo.
Eso, señala Murillo, sin contar la detención de San Miguel y su grupo familiar, lo que suma 41 personas.
Año electoral
“Hay una espiral de abusos que no termina y parece agravarse con el tiempo. Parece que el gobierno quiere distraer en este momento a la opinión pública ante la incertidumbre que conlleva el panorama electoral”, opina Murillo.
Porque, aunque aún sin fecha ni cronograma electoral claro, este año deben celebrarse elecciones presidenciales.
Y una hipótesis, según apunta el director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Eduardo Trujillo Ariza, es que “al estar en año electoral hay un aumento de la conflictividad política en Venezuela”.
Sostiene que se ha intensificado “la persecución por razones políticas en Venezuela y hay un patrón de esto.”
Prueba de ello son los recientes ataques a sedes de partidos políticos de la oposición o “la detención de voceros de algunos partidos, pertenecientes a la agrupación de María Corina Machado”, como señala Murillo.
Machado fue elegida en unas elecciones primarias para ser representante de la oposición ante una convocatoria presidencial. Sin embargo, la justicia venezolana la inhabilitó.
A la vez, varios miembros del partido de Machado, Vente Venezuela, se encuentran entre los acusados de haber conspirado contra Maduro en la operación “Brazalete Blanco” y al menos tres de ellos fueron detenidos.
Machado dijo que esto es una campaña para intimidarla y reprimir cualquier oposición a Maduro, quien ha estado en el poder desde 2013.
Tras confirmarse la inhabilitación de Machado a finales de enero, el gobierno de Estados Unidos empezó a reimponer sanciones económicas sobre Venezuela después de haberlas relajado a comienzos de 2023 tras el enésimo acercamiento entre oposición y gobierno en el Acuerdo de Barbados.
“Cerrar el espacio cívico”
Murillo y Trujillo Ariza sostienen que no es solo un aumento de la persecución a gente del entorno de la política, sino que, tal y como se ve con el caso de San Miguel, abarca el espacio público que sea disidente a Maduro.
"Nos habla de una política de cerrar el espacio cívico, lo que es el avance de una ley que busca controlar y criminalizar la labor de las ONG", apunta Murillo.
El director de Provea se refiere a un proyecto de ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONGs presentado en enero ante la Asamblea Nacional.
Diosdado Cabello, uno de los principales voceros del oficialismo, dijo que las ONGS "conspiran".
"Son utilizadas por parte de EE.UU. como un mecanismo de financiamiento de actividades para la subversión, desestabilización y persecución contra los gobiernos que no les son afines”, dijo Cabello.
La detención de San Miguel marca un hito en el país.
"Parece un caso aleccionador y el llamado para que cualquier persona que realiza este tipo de actividades (de defensa de los derechos humanos) no las siga haciendo, aunque sean legítimas", opina Trujillo Ariza.