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Aumenta la conflictividad social en Venezuela: se registraron más de 4.000 protestas en el primer semestre de 2023

Aumenta la conflictividad social en Venezuela: se registraron más de 4.000 protestas en el primer semestre de 2023

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) señaló que los derechos laborales representan el primer lugar de las demandas ciudadanas planteadas en este lapso

Con información de EFE

En Venezuela se produjeron 4.351 protestas entre enero y junio de este año, lo que representa un incremento de 11,79% en comparación con el mismo período de 2022, cuando se contabilizaron 3.892 manifestaciones, según registros difundidos este sábado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

“El OVCS registró 4.351 protestas durante el primer semestre de 2023, un promedio de 24 manifestaciones diarias”, dijo la organización en su reporte de conflictividad social.

El observatorio detalló que en los primeros seis meses de 2023, “los derechos laborales fueron exigidos en 3.112 oportunidades”, lo que equivale a un 72 % del total registrado y representa el primer lugar de las demandas ciudadanas planteadas en este lapso.

Explicó que los trabajadores reclamaron salarios “dignos y suficientes”, tomando en cuenta el monto mensual fijado por el Ejecutivo que equivale a menos cinco dólares mensuales.

Señaló que jubilados y pensionados se sumaron a estas quejas, participando en unas 616 protestas junto a trabajadores activos para exigir “la garantía del derecho a la seguridad social”.

También se registraron, al menos, 597 manifestaciones en exigencia al respeto de derechos civiles y políticos, en las que destacan movilizaciones “en rechazo a la persecución, estigmatización, criminalización y detención de personas defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios y líderes sindicales”.

“Los estados que lideraron el índice de protestas durante el primer semestre de 2023 fueron Bolívar (453), Anzoátegui (402), Sucre (333), Mérida (320) y Lara (261). Mientras que las regiones que registraron menos protestas fueron Amazonas (42) y Apure (47)”, afirmó.

Por otra parte, el OVCS documentó 95 manifestaciones reprimidas en 19 estados del país que arrojaron un saldo de “14 detenidos y 8 heridos”.

El observatorio manifestó su preocupación por el contexto electoral que se aproxima en Venezuela, y aseguró que el régimen de Nicolás Maduro “continúa impulsando políticas dirigidas al cierre del espacio cívico y democrático”.

“Es urgente que las autoridades empleen mecanismos democráticos para evitar que escale la confrontación y violencia política en las calles de Venezuela”, pidió la ONG.

Protestas de maestros

Por otro lado, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) reveló el miércoles que durante el período escolar 2022-2023 se registraron un total de 3.185 protestas de docentes en Venezuela, donde se exigieron, principalmente, “salarios dignos”.

Los docentes han manifestado por “mejores condiciones de vida y de trabajo, salario digno y seguridad social”, así como también por “calidad educativa para los niños y adolescentes”, dijo la presidenta de la FVM, Carmen Teresa Márquez, citada en una nota de prensa.

“Preocupa que, en el año escolar 2023-2024, se agudicen los conflictos y el patrono Gobierno no garantice educación a la población estudiantil, generando abandono de las aulas por parte de los niños y jóvenes estudiantes, migración de los docentes a otros oficios, así como el éxodo de la familia a otros países”, expresó.

Denunció que las escuelas “no cuentan con servicios públicos eficientes” y “no tienen recursos pedagógicos ni tecnológicos”, además de que “el 40% de los centros educativos están medianamente operativos, con infraestructura en mal estado”.

La presidenta de la FVM aseguró que el “salario de un maestro apenas le alcanza para sobrevivir”, ya que “ni siquiera puede pagar el pasaje de transporte”, y cuestionó la “excusa” del Gobierno de que “no tiene recursos”.

Según el Ejecutivo de Nicolás Maduro, el país dejó de percibir 232.000 millones de dólares en el sector petrolero debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, un dinero que, asegura, se pudo haber usado para la “educación, salud, alimentación, vivienda e infraestructura”.

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