Difunden listas con pagos realizados a más de 200 políticos en Brasil
Los documentos en los que aparecen ministros del gabinete, legisladores, gobernadores y alcaldes, fueron descubiertos durante un allanamiento efectuado en la casa de un ejecutivo de la empresa Odebrecht
Con información de Asocciated Press (AP)
En otro sorprendente giro en la gigantesca pesquisa sobre corrupción que está sacudiendo a Brasil, los principales periódicos difundieron el miércoles decenas de listas escaneadas que decomisó la policía en las que aparecen los pagos que hizo una compañía a unos 200 políticos, incluidos los nombres en clave y las cantidades entregadas.
Los periódicos O Estado de S. Paulo, O Globo y Folha de S. Paulo indicaron que los documentos fueron descubiertos durante un allanamiento efectuado el mes pasado en Río de Janeiro en la casa de un ejecutivo del gigante de la construcción Odebrecht, una de las empresas implicadas en la investigación "Auto Lavado" sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos en la petrolera estatal Petrobras.
Los medios dijeron desconocer de momento si las listas daban seguimiento a donaciones legítimas de campaña o a pagos ilícitos. Sin embargo, la magnitud de los documentos, en los que aparecen ministros del gabinete, legisladores, gobernadores y alcaldes de unos 18 partidos, seguramente suscitará diversos cuestionamientos e intensificará las presiones a gran parte de la clase política, ya de por sí muy repudiada en el país.
Los documentos fueron retirados de la casa de Benedicto Barbosa da Silva Junior, presidente de Oebrecht Infraestructure, durante un registro policial efectuado en febrero, y se les catalogó como pruebas en la investigación presidida por el juez federal Sergio Moro en la ciudad de Curitiba, en el sur.
La oficina de Moro estaba cerrada el miércoles por la Semana Santa y nadie estuvo disponible para que respondiera a preguntas sobre las listas.
En su página de internet, O Estado de S. Paulo publicó más de 60 documentos escaneados que se incluyeron en las pruebas. Las hojas de cálculo, algunas de las cuales incluyen notas manuscritas y agregados, parecen estar vinculadas con pagos efectuados durante las elecciones de 2010, 2012 y 2014.
G1, el portal de internet de la red televisiva Globo, dijo que el dinero total en las listas rebasaba poco más de 55 millones de reales brasileños, unos 15 millones de dólares.
Entre los políticos que aparecen en ellas figuran el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, miembro del círculo interno de la presidenta Dilma Rousseff; el senador opositor Aecio Neves, que perdió por escaso margen ante Rousseff en la segunda vuelta presidencial de 2014, y el presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, enemigo de la mandataria que le abrió un procedimiento de juicio político para destituirla ante acusaciones de mala administración fiscal.
Cunha, acusado de soborno, negó que hubiera recibido contribuciones ilegales de campaña y afirmó que tampoco recibió alguna aportación "directa" de Odebrecht, según G1. Otros políticos que aparecen en las listas también rechazaron haber recibido recursos ilícitos.
Las listas incluyen además al alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, quien es la fuerza impulsora de los Juegos Olímpicos que tendrán lugar del 5 al 21 de agosto en la ciudad.
Los documentos fueron difundidos un día después de que la policía efectuara diversos registros y detenciones en relación con Odebrecht. Los fiscales dijeron que la corrupción estaba tan enraizada en la compañía, una de las más grandes de Brasil, que tenía todo un departamento dedicado a hacer pagos ilícitos.
La colaboración de Odebrecht
Horas después de los allanamientos policiales del martes, la empresa dijo en un comunicado que había decidido colaborar en la investigación.
"Confiamos en que nuestras explicaciones contribuyan significativamente a las instituciones de justicia en Brasil y ayuden a construir un mejor Brasil", dijo la empresa.
La publicación de los documentos siguió a la victoria judicial lograda por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, al que asedian las pesquisas anticorrupción.
El martes en la noche, el magistrado de la Corte Suprema Teori Zavascki dijo que Moro cometió un error al difundir llamadas telefónicas de Lula que fueron grabadas, y lo retiró al menos temporalmente de cualquier investigación sobre el otrora mandatario.
La decisión implica que Moro ya no tiene las facultades para ordenar la detención provisional de Lula por presunto lavado de dinero ni tráfico de influencias en relación con los problemas detectados en Petrobras. El expresidente niega haber incurrido en alguna irregularidad.
Sin embargo, Zavascki no autorizó en su fallo que Lula se convierta en jefe del gabinete de Rousseff, nombramiento bloqueado por otros jueces.
Ese cargo de gabinete aumentaría las dificultades para investigar a Lula por posible corrupción debido a que la Corte Suprema de Brasil es la única facultada a autorizar que se investigue, acuse y detenga a funcionarios de alto rango.
Los rumores de que Lula sería nombrado a un cargo del gabinete salieron a la luz después de que Moro ordenara que lo presentaran para interrogarlo a principios de mes en torno a la pesquisa sobre corrupción.
El exmandatario fue nombrado la semana pasada jefe del gabinete de Rousseff, una decisión que los detractores describieron como un intento para proteger a Lula de las penurias judiciales que afronta.
Durante una reunión efectuada el miércoles con sindicalistas en Sao Paulo, Lula dejó entrever que Rousseff le había ofrecido en agosto un cargo en el gabinete, pero señaló que fue renuente a aceptarlo.
"Me parece que no es fácil que compartan espacio un expresidente y un presidente", dijo Lula en el lugar.
Por otra parte, en los sucesos más recientes dentro de la investigación sobre Petrobras, la policía federal presentó las acusaciones preliminares contra ocho personas, entre ellas un experto en promoción política que ayudó a Rousseff a ganar las elecciones en 2010 y 2014.
Entre las acusaciones contra el estratega de campaña Joao Santana y su esposa figuran lavar dinero y participar en una organización delictiva. La fiscalía debe decidir ahora si acepta los cargos.
