Fiscalía brasileña acusa a expresidente Lula Da Silva de Lavado de dinero
Las acusaciones de lavado de dinero fueron presentados contra el ex mandatario, su esposa y uno de sus hijos, en la noche del miércoles
Con información de Associated Press (AP)
SAO PAULO (AP) - Fiscales del estado de Sao Paulo dijeron que presentaron cargos por lavado de dinero y falsa representación en contra del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por evidencia que dicen tener sobre cómo el ex mandatario y su familia se beneficiaron de manera indebida de un entramado de corrupción con bienes raíces que afectó a miles de familias brasileñas.
El fiscal principal del caso, Cassio Conserino, dijo el jueves que Lula y su familia quedaron involucrados en la investigación que ya lleva un año sobre presuntas irregularidades ocurridas en una cooperativa de Sao Paulo que vendía departamentos al costo.
El caso contra Lula se centra en un departamento de tres pisos construido por dicha cooperativa en una torre residencial y que los fiscales argumentan estaba destinado para el uso de la familia de Lula da Silva.
Lula ha negado ser el dueño del departamento ubicado en la ciudad costera de Guaruja.
"Mientras miles de familias perdieron sus viviendas y vieron cómo se destrozaron sus sus sueños de convertirse en propietarios, una de las personas investigadas recibió un departamento de tres pisos", dijo Conserino en rueda de prensa.
En un comunicado el miércoles, el Instituto Lula, una organización sin ánimo de lucro, sugirió que Conserino tiene un sesgo como investigador en contra del ex presidente.
Conserino y los otros fiscales dijeron insistieron el jueves en su neutralidad y diciendo que están cumpliendo con la ley. "La investigación se sustenta en evidencia documental y de procedimiento", dijo Coserino.
Las acusaciones de lavado de dinero fueron presentados contra el ex mandatario, su esposa y uno de sus hijos, en la noche del miércoles. La condena máxima que enfrentaría Lula es de 13 años en prisión.
Las acusaciones ahora tienen que ser aceptadas, o no, por un juez. El fiscal Conserino agregó que no tiene idea de qué sucederá, lo que indica que la siguiente decisión en el caso podría tomar un tiempo.
La semana pasada Lula fue detenido para que rindiera declaración y la policía allanó su casa como parte de la investigación.
En un comunicado, el otrora inmensamente popular expresidente, dijo que los investigadores "no son imparciales" y que no tienen autoridad para llevar a cabo las pesquisas.
Conserino se negó a responder a reiteradas preguntas sobre si los fiscales habían pedido que Silva fuera detenido provisionalmente. El ministro de Finanzas, Nelson Barbosa, dijo que los fiscales locales efectivamente habían hecho esa solicitud, la cual también tendría que ser avalada por el juez que llevaría la causa.
"Esta petición no tiene ningún fundamento", dijo Barbosa a los periodistas que estaban esperando en un hotel de Sao Paulo, donde el Insituto Lula sostenía un debate sobre la economía brasileña. Barbosa agregó que "la polarización está haciendo mucho daño a la economía brasileña".
El comunicado del Instituto Lula dijo que la solicitud como "otro triste intento" de Conserino de "utilizar su trabajo para conseguir fines políticos".
El caso de Sao Paulo es parte de una serie de problemas legales que afronta Silva.
El pasado viernes, investigadores federales dijeron que estaban intentando averiguar si las mejoras realizadas al penthouse de Garuja y otro proyecto de construcción en una casa de campo, utilizada por Lula y su familia, constituían favores realizados a cambio de la obtención de beneficios políticos.
Ambos lugares fueron sometidos a importantes remodelaciones pagadas por empresas constructoras que durante décadas tuvieron contratos con el gobierno federal. Las empresas están también en el centro del escándalo de Petrobras que asciende a los 2.000 millones de dólares.
Lula admite haber visitado el departamento en dos ocasiones, pero dijo que nunca que fuera de su propiedad, y sostiene que la casa de campo pertenece a unos amigos que se la dejan utilizar.
Los investigadores federales buscan determinar también si Lula vendió su influencia en el actual gobierno a cambio de ofrecer discursos y donaciones al Instituto Lula, su organización sin ánimo de lucro.
Jair Jaloreto, un experto en lavado de dinero de Sao Paulo, dijo que el caso del ático que motivó los cargos presentados el miércoles es "muy confuso".
"Veo más riesgo para Lula en las investigaciones sobre la casa de campo. Si no ofreció los discursos por los que cobró, eso también podría ser lavado de dinero. Pero el caso del departamento es difícil. Nunca lo utilizó, no hay documentos que digan eso. Será difícil que los investigadores lo demuestren", explicó.
Lula gobernó Brasil entre 2003 y 2010. A pesar del escándalo de pago de sobornos a cambio de votos que forzó la dimisión de su jefe de gabinete y otros, dejó la presidencia con un nivel record de popularidad y seleccionó personalmente a su sucesora, la actual presidenta Dilma Rousseff, quien ganó las elecciones fácilmente.
Lula y Rousseff han visto cómo su popularidad caía en picada al tiempo que Brasil entraba en su peor recesión en décadas y las investigaciones se extienden. El índice de aprobación de Rousseff es de un solo digito ahora, aunque se ha recuperado ligeramente en los últimos tiempos. La mandataria enfrenta además un juicio político.