Gobierno nacional delega en los Consejos Comunales La Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente
Desde que crearon los Consejos Comunales, tal figura ha fracasado, vulnerables a corrupción y tráfico de influencias, a pesar de estos antecedentes “el Estado traslada sus responsabilidad a los Consejos Comunales”
Consejos comunales son delegados para Ley de Protección del niño, niña y adolescente
Desde que crearon los Consejos Comunales, tal figura ha fracasado, vulnerables a corrupción y tráfico de influencias, a pesar de estos antecedentes “el Estado traslada sus responsabilidad a los Consejos Comunales”
Caracas. Evely Orta
El gobierno mediante Gaceta especial número 6.185 realizó una serie de reformas en materia penal y administrativa de la Ley Orgánica de Protección al Niño Niña y Adolescente donde destaca la incorporación de los concejos comunales como integrantes del denominado “Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes”.
Desde que crearon los Consejos Comunales, tal figura ha fracasado, vulnerables a corrupción y tráfico de influencias, a pesar de estos antecedentes “el Estado traslada sus responsabilidad a los Consejos Comunales” y los hace cargo de crear “programas de prevención y medidas no privativas de libertad”, según reza el artículo 527-A de la Ley.
Esta medida fue calificada como inconsulta por el especialista Carlos Trapani, abogado en temas de derechos del niño, de la organización civil Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap).
Trapani destacó que los consejos comunales no han recibido una formación específica para tratar esos temas por lo que se pregunta: “¿los consejos comunales conocen sus nuevas atribuciones en el sistema penal de adolescentes?”.
La Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) menos radical expresó, a través de un comunicado dirigido a la Defensoría del Pueblo, que si bien los Consejos Comunales y otras organizaciones sociales pueden apoyar a la meta social de pacificación de las comunidades afectadas por la violencia delincuencial “su aporte puede ser especialmente provechoso en el desarrollo de actividades preventivas y en el seguimiento a situaciones debidamente atendidas y controladas por los órganos y programas especializados”.
Por tal razón sugieren al Estado, la necesidad de crear un “plan nacional para la protección integral de la niñez y la adolescencia afectada por situaciones de violencia, que incluya entre sus metas prioritarias la de reducir la muerte y las lesiones a la integridad personal de niños y adolescentes”.
Sin embargo señalan que “el Estado está obligado a invertir, con prioridad absoluta, los recursos necesarios para esta meta social tan demandada como impostergable”.
Trapani señaló que el 22 de enero de 2015 más de 100 organizaciones se reunieron con la Defensoría para comenzar una serie de discusiones que permitieran realizar cambios a la Ley “luego de esa fecha hubo dos encuentros más donde le hicimos ver al Defensor del Pueblo que no existe una data real de los niños que se encuentran bajo medidas de privación, o cual es la conducción jurídica de los casos, cuántos son los presupuestos y el personal encargado desde las instancias del Estado”. Luego de eso sale sorpresivamente en Gaceta Oficial las reformas sin haber culminado las discusiones correspondientes.
Trapiani explicó que además el Estado “no acató” las recomendaciones del Comité sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas sobre el sistema penal de adolescentes en Venezuela, donde exigieron poner énfasis en que las condiciones de reclusión se ajusten a las normas internacionales de educación y salud.
Otra de las medidas dadas a conocer en el instrumento legal fue el aumento de las penas y la edad de imputabilidad, situación que a juicio del abogado “genera un problema práctico. El incremento de penas para adolescentes debe ir acompañadas de otras medidas que garanticen sus eficacia”.
El jurista indicó que es un hecho real el aumento de la violencia donde están involucrados menores, pero ante ese problema solo se establece incrementos de la pena sin contar con centros especializados. “El país no ha contado ni cuenta con centros especiales para estos casos”.
“No hay desánimo al delito por aumento de penas. Violencia y delito se alimenta de impunidad. El énfasis del Estado debe ser evitar la impunidad, así sea un adolescente que cometa un delito”.
Agregó que el Estado no mantiene políticas públicas dirigidas a prevenir la delincuencia juvenil en el país. “El reto es disminuir factores de riesgos que llevan al adolescente a cometer delito”, sentenció.
Uno de los vacíos en la reforma penal de la LOPNNA es la “indefinición” en la rectoría del Estado en relación al Sistema Penal para los adolescentes.
En el documento se enumeran una serie de instituciones que participarían activamente en los procesos penales que involucren a menores, sin especificar quien establece las reglas a seguir en dichas actuaciones.
El especialista sostuvo que la LOPNNA original “si sanciona al adolescente que comete delito, solo que nunca se cumplió su contenido”. Y Agregó que “las autoridades llamadas a aclarar dudas y precisar detalles no lo hacen. Una evidencia de improvisación”.
Consejos de Abastecimiento no están en capacidad de distribuir productos
Fedecámaras critica la medida de dejar la distribución de productos de la cesta básica a Consejos Populares de Abastecimiento
Foto: Archivo
Fedecámaras critica la medida de dejar la distribución de productos de la cesta básica a Consejos Populares de Abastecimiento
Caracas. Evely Orta
El aumento del salario mínimo decretado por Nicolás Maduro está muy lejos de resolver o por lo menos mitigar la crisis económica de los venezolanos
Así lo señaló este lunes el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, al destacar que los aumentos de sueldos por parte del Gobierno no han derrotado a la inflación.
“Les puedo garantizar que hay empresas pequeñas y medianas que no pueden trasladar sus costos al consumidor. Cuando te hacen aumentar los salarios, eso se traspasa a los precios de venta. Eso se lo tendrías que pasar a la Sundde, pero no lo reconocen”, declaró Roig en Unión Radio.
El dirigente empresarial recordó una vez más, que las empresas tomadas por el Gobierno no han generado resultados e igualmente explicó que el control obrero en fases de producción de algunas empresas, tampoco ha rendido frutos.
Dejó claro Roig que muchas pequeñas y medianas empresas cerrarán o bajarán a un más su producción, como consecuencia de los controles excesivos por parte del Estado y ahora este aumento de salarios.
Agregó que el sector privado siempre ha cumplido con el pago de los aumentos decretados, sin embargo, es el Gobierno el que ha mantenido una prolongada mora con sus trabajadores.
Por su parte el primer vicepresidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, destacó que aún analizan las repercusiones del anuncio. El gabinete empresarial aún no tienen información sobre cómo los Consejos Populares de Abastecimiento controlarán la distribución de productos de la cesta básica. Están esperando más información sobre cómo se van a constituir.
“Si el Gobierno ha estado controlando la distribución de alimentos desde que llegan las materias primas hasta el producto final, es porque sabe dónde están llegando los alimentos. No entendemos como ahora la comunidad va a controlar estas cosas”, explicó.
En este sentido, cuestionó la intención del gobierno de asumir actividades propias del sector privado que tiene históricamente ya establecido un proceso que va desde la cadena de producción hasta la distribución, la escasez es consecuencia de los controles y la falta de liquidez de los dólares, esto último en manos del Estado.
Consejos comunales juzgarán a ciudadanos cuando incurran en delitos menores
En Puerto La Cruz dictarán talleres y charlas sobre juzgamiento de delitos
Foto: Cortesía
En Puerto La Cruz dictarán talleres y charlas sobre juzgamiento de delitos
Con información de nota de prensa
Para iniciar a las comunidades y particularmente a los consejos comunales en lo concerniente al tema de los delitos menos graves y la justicia comunitaria, este viernes en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Puerto La Cruz, la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría Municipal, inició el ciclo de charlas y talleres de “Municipalización de la Justicia”.
La abogada Carmelita Mudarra, coordinadora de esa oficina, explicó que todas las comunidades organizadas deben estar orientadas sobre cuál es el rol que cumplen ellos a la hora fiscalizar, supervisar, juzgar, controlar delitos menores y juzgamiento de las penas impuestas.
En el mismo sentido, indicó que según el artículo 352 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), establece que “los delitos menos graves se determinan por la pena que el legislador impongan, es decir si es menor de 8 años, se considera delito menos grave. En tal sentido, aquella persona que esté sentenciado dentro del lapso mencionado, está obligada a cumplir con el tercer vértice de la Misión A toda Vida Venezuela que establece la transformación del sistema de justicia.
A la par, enfatizó que se le hará fiel cumplimiento al art 371, que señala “cuando el culpable de alguno de los hechos previstos en los artículos 365 y 368 haya cometido el delito por el ejercicio abusivo de una profesión sanitaria o de cualquiera otra profesión o de arte sujeto a autorización o vigilancia por razón de la salubridad pública, las penas serán las siguientes: 1. En el caso del artículo 365, prisión de tres meses a tres años, 2. En el caso del artículo 368, prisión de quince días a tres meses”.
Por tal motivo, Mudarra precisó las comunidades organizadas son portavoces ante el juez, de sus necesidades; por tal motivo se asigna un servicio comunitario, tomando en cuenta factores como las destrezas, habilidades y fortalezas de la persona imputada, además de verificar si tiene alguna profesión u oficios para perfilar el servicio que va a desempeñar. “Es aquí, donde participan las comunidades, de manera protagónica, en la administración de justicia, porque velan y garantizan que el servicio comunitario se cumpla a cabalidad".
Blyde considera inconstitucional la transferencia de recursos a consejos comunales
El alcalde del municipio caraqueño de Baruta critica la nueva “ley del poder popular” aprobada vía Habilitante
Foto: Archivo
El alcalde del municipio caraqueño de Baruta critica la nueva “ley del poder popular” aprobada vía Habilitante
Caracas. Evely Orta
La nueva Ley para la Transferencia al Poder Popular es discriminatoria e inconstitucional, afirmó el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde.
“Lo que nos inquieta más es que esta ley señala que todos los años hay que hacer un plan de transferencia de competencia sólo a organizaciones reconocidas por el poder popular de las comunas y prioriza que además se le transfiera recursos municipales que ya son muy escasos a las comunas”, expresó Blyde en entrevista a Unión Radio.
El además profesor universitario y constitucionalista explicó que con el instrumento legal aprobado vía habilitante “no se pueden transferir recursos sino a aquellos entes que el ministerio autorice”.
Blyde dijo que los consejos comunales enfrentan múltiples inconvenientes para registrarse en el ministerio para las comunas si estos no están vinculados con el partido de gobierno. “Todos saben el calvario por el que pasa un vocero de consejo comunal para que un ministerio los autorice, si no son del Psuv, pero si son del Psuv, pasan rapidito”.
Consejos comunales de Guanta solo ejecutarán obras menores
En la discusión del presupuesto 2015, se decidió asignar a las instancias populares recursos adicionales a los del Fondo de Compensación Interterritorial
En la discusión del presupuesto 2015, se decidió asignar a las instancias populares recursos adicionales a los del Fondo de Compensación Interterritorial
Redacción.
La alcaldía del municipio Guanta aprobó 28 obras por un monto de 37 millones de bolívares para el próximo año. Unos 60 consejos comunales solo se encargarán de ejecutar obras menores, con dineros adicionales a los del Fondo de Compensación Interterritorial.
Los proyectos forman parte del presupuesto 2015, actualmente en discusión. En el debate participaron representantes de las comunas de la jurisdicción, reunidos con el tren ejecutivo local en el auditorio de la Casa de la Cultura “Cacique Toronoima”.
“Debe prevalecer la transparencia y la honestidad en cada uno de los que estamos en el Gobierno, ya que los recursos que vamos a manejar no son nuestros sino del pueblo”, pidió el alcalde Jhonnathan Marín.
Opositores rechazan “secuestro” de consejos comunales en Guanta
Los voceros no militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se enfrentan a retrasos en la entrega de recursos y manipulación de elecciones, según dirigentes
Foto: Archivo
Los voceros no militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se enfrentan a retrasos en la entrega de recursos y manipulación de elecciones, según dirigentes
Salvador Passalacqua
@spassalacqua
Bajo el eslogan “gobierno comunal socialista”, la Alcaldía de Guanta acaba de transferir 8 millones de bolívares a 18 consejos comunales y realizará este sábado un referendo sobre la conformación de tres comunas. La oposición en el municipio rechaza la partidización de las instancias populares y las trabas contra quienes no pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El concejal Luis Gil puntualizó las discriminaciones contra los voceros no militantes. “El PSUV pretende secuestrar el poder popular. Se ha entorpecido y atrasado la entrega de recursos solo por razones políticas. Hay quienes no han podido gestionarlos porque se les dificulta el cambio de firma en los bancos”, aseguró. Los sectores afectados serían Casco Central, Pamatacualito, La Picha y Los Bajos de San José en la zona rural.
La oposición impugnó las elecciones del consejo comunal La Playa del sector Bobure, realizadas el pasado 7 de julio, por la presunta manipulación de planillas para evitar que se inscribieran disidentes. “No podemos permitir que se pierdan los espacios. El alcalde Jhonnathan Marín trata de sabotear y paralizar comicios donde sabe que están perdiendo”, aseveró el excandidato a alcalde Isrrael Caraballo.
Marín anunció este viernes que el proyecto de presupuesto para 2015 contemplará más de 25 millones de bolívares para los consejos comunales. Sin embargo, Caraballo desestima el desembolso: “Lo que manejan las comunidades es una miseria. No hay muchas vallas que anuncien obras realizadas por consejos comunales”.
Comunas "ilegales" e "inconstitucionales"
La Alcaldía promueve la conformación de siete comunas desde 2010. En opinión de Caraballo, el referendo consultivo implica el reconocimiento de que seis de las comunas nunca estuvieron legalmente constituidas.
El concejal Gil enfatizó que se viola la Constitución con estas unidades político territoriales y con la denominación del ayuntamiento como “comunal socialista”: “La Carta Magna establece como elementos insustituibles la pluralidad y la alternabilidad en el Gobierno, de tal forma que la palabra socialista no puede identificar a una institución sin violar estos principios”.