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Las medidas contra la libre empresa van en detrimento del bienestar de la población

Las medidas contra la libre empresa van en detrimento del bienestar de la población

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Cedice Libertad y Liderazgo y Visión presentaron investigación sobre propiedad privada:  “De Agroisleña a Agropatria”

Con Nota de prensa

La población no puede comprender la escasez de productos agrícolas, ni los precios con que se consiguen en el mercado. Por lo general, se tiende a culpar al productor o a la cadena de comercialización y la irritación se hace presente hacia este sector de la economía que hace milagros por mantenerse en el mercado.

Hay que explicar a la población que se trata de decisiones equivocadas que el gobierno toma  de manera inconsulta e irracional con un resentimiento contra la empresa y con el objetivo de dañar al sector privado que produce a pesar de las circunstancias adversas.

Las asociaciones civiles CEDICE Libertad y Liderazgo y Visión, enmarcado en su Programa País de Propietarios y su Observatorio de los Derechos de Propiedad, desarrollo la investigación “De Agroisleña a Agropatria”, elaborada por la periodista Carmen Sofía Alfonzo A., con presentación de la socióloga, Isabel Pereira P, coordinadora de este programa, quien sostiene que “queremos transmitir con estos trabajos,  a los venezolanos, lo perjudicial que resultan medidas que van en contra de la libre empresa, la generación de riqueza y el bienestar del país”

¿Cuál es la realidad?

Agroisleña fue expropiada el 3 de octubre de 2010, según decreto presidencial 7.700, publicado en la Gaceta Oficial 39.523. El Estado justificó la “adquisición forzosa” de la compañía que tenía 52 años de labores ininterrumpidas, con “el propósito de garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria de la nación”. El gobierno acusó a Agroisleña de vender insumos con sobreprecios de hasta 250 por ciento, “a pesar de que el Estado venezolano invertía ingentes sumas de dinero en el subsidio”, sostiene el estudio de Cedice Libertad y Liderazgo y Visión.

Diferencias entre Agroisleña y Agropatria.

Los préstamos que otorgaba Agroisleña a los productores eran aprobados “rápidamente y sin mucho papeleo”, dijo el ex trabajador. “Era un verdadero banco de financiamiento a los productores primarios”, agregó la fuente del sector industrial, quien explicó que la empresa les entregaba a los clientes los insecticidas, herbicidas y demás insumos que requerían para la cosecha a crédito, y les daban entre 60 y 120 días para cancelarlos. Culminado el lapso, los productores podían saldar el préstamo con cosecha, que después Agroisleña procesaba en sus silos y vendían a la agroindustria”.

Una fuente del sector industrial dijo, que además de los insumos agrícolas, la compañía ofrecía tecnología: sistemas de riego, sembradoras, abonadoras y equipos de fumigación, entre otras herramientas indispensables en el campo; y aseguró que todas estas máquinas los productores las pagaban también con cosecha. “Nunca Agroisleña recibió dinero por esto tampoco”, recalcó.

Registros hemerográficos indican que en octubre de 2010, Agroisleña había apoyado a 18.000 productores con fertilizantes, herbicidas, semillas, maquinarias, asesoramiento técnico; y además llevaba a cabo un plan de financiamiento a 3.000 agricultores que estaban cosechando 800.000 toneladas de maíz.

A pesar de que Agropatria continúa recibiendo cosecha como forma de pago, el otorgamiento de créditos es más engorroso y restrictivo, dijo el ex empleado. Agregó que los plazos para pagarlos son más cortos, no pasan de 60 días.

Desde que la compañía pasó a manos del Estado, el gobierno decidió que los consejos comunales se encargarían de administrar y comercializar los insumos y otorgar los préstamos. Es un actor nuevo en la empresa nacionalizada y la primera traba que se consigue un productor a la hora de solicitar un financiamiento.  

“Para optar por un crédito hay que llevar muchos papeles al consejo comunal, los cuales luego de revisarlos, mandan técnicos a medir los terrenos y verificar que lo que dicen los documentos es cierto. Una vez que el consejo comunal lo valida, lo remite a Agropatria, donde el proceso comienza de cero. Nuevamente vuelven a revisar los papeles y a enviar personal a las tierras. Todo esto toma semanas, cuando en Agroisleña la aprobación de financiamientos era cuestión de horas”, señaló un ex trabajador.

La escasez llama a la corrupción

En la investigación se revela que después de superados los trámites para la obtención del crédito, los productores enfrentan otra traba: la poca disponibilidad y variedad de productos y equipos agrícolas, lo que era una de las fortalezas de Agroisleña. Ahora, los productores llegan a las tiendas antes de que amanezca, tal como ocurre con los alimentos y otros productos escasos. El madrugonazo no garantiza conseguir lo que necesitan.

Luego de acudir infructuosamente a Agropatria, los productores toman otras vías en la búsqueda de insumos. Los consiguen a la vuelta de la esquina o al cruzar la frontera colombo-venezolana. El primer hallazgo lo hacen a los pocos metros del local. Los aborda algún integrante de los consejos comunales y les ofrece los insumos pero con un sobreprecio elevado.

Vicente Pérez, director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Fedeagro dijo que con los insumos de Agropatria pasa lo mismo que con los alimentos regulados, que por estar subsidiados marcan precios muy bajos, que perjudican a todo el sector. “Todo el mundo quiere comprar estos productos porque son baratos, pero eso no es posible. Tanto productores como el gobierno debemos convencernos que Agropatria no puede abastecer 100 por ciento del mercado efectivamente. No lo hizo antes, menos lo podrá hacer ahora”, recalcó.

El Centro Nacional de Comercio Exterior le debe al sector alrededor de 70 millones de dólares desde octubre de 2014. Esta prolongada demora, evidentemente, ha imposibilitado a los importadores traer más mercancía porque los proveedores internacionales tienen cerradas las líneas de créditos y detenidos los despachos al país, hasta tanto los empresarios venezolanos no salden los compromisos adquiridos.

Sin duda alguna, que esto es una evidencia de que las empresas en manos del Estado son ineficientes y caen en la corrupción en sus distintas vertientes. Quien paga los “platos rotos” es el consumidor, que evidentemente quiere precios accesibles, pero cuando la corrupción campea, quienes se benefician son quienes están del lado gubernamental.

CEDICE Libertad y Liderazgo y Visión ratificaron “lo perjudicial que resultan medidas que van en contra de la libre empresa, la generación de riqueza y el bienestar del país”.

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