El costo del saqueo petrolero y la urgencia de una nueva política energética en Venezuela; por: William Hernández /@willian_wilito

El desmantelamiento de la industria petrolera venezolana, centralizada en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), representa uno de los mayores desvíos de fondos públicos en la historia global contemporánea. Durante el mayor auge de materias primas que ha vivido el país, ingresaron a la economía aproximadamente un billón de dólares (el equivalente a un trillion en el sistema anglosajón). Estos fondos, en lugar de transformarse en desarrollo sostenible, terminaron licuados entre la opacidad, la corrupción estructural y una absoluta ausencia de controles institucionales.

Si analizamos este desfalco desde la perspectiva del costo de oportunidad, la pregunta salta a la vista.

¿Qué se pudo haber hecho en Venezuela con esos recursos? Con una fracción de esa bonanza, el país habría consolidado un sistema eléctrico nacional robusto e inmune a los apagones, autopistas y ferrocarriles de primer nivel, hospitales públicos dotados con tecnología de vanguardia y un sistema educativo de referencia continental. El dinero que debió financiar la Venezuela del siglo XXI terminó, en cambio, alimentando complejos esquemas de delincuencia financiera.

Las investigaciones locales e internacionales han desnudado los métodos de este saqueo. El dinero de la nación se extrajo mediante contrataciones con sobreprecios astronómicos en la Faja Petrolífera del Orinoco utilizando empresas de maletín, ingenierías financieras opacas en bancos extranjeros (como la Banca Privada de Andorra) para el lavado de dinero, y transferencias destinadas al pago de sobornos. En su etapa más reciente y desesperada, la trama mutó hacia el uso de criptoactivos y ventas clandestinas de crudo. Mediante estos canales paralelos, se exportaron miles de millones de dólares en petróleo sin que un solo centavo ingresara jamás a las arcas de PDVSA o al Banco Central de Venezuela.

La consecuencia directa de desviar el dinero que debía ir a la modernización y reparación de pozos fue el colapso estructural. Complejos refinadores emblemáticos como Amuay y Cardón quedaron prácticamente inoperativos, provocando que la producción nacional se desplomara desde los 3,2 millones de barriles diarios a mínimos históricos por debajo de los 700.000 barriles. A esto se sumó la factura política: el despido masivo de más de 20.000 técnicos calificados a principios de los años 2000 vació a la estatal de su cerebro operativo, dejando las instalaciones a merced de la impericia y, eventualmente, del desmantelamiento y robo de infraestructura para ser vendida ilegalmente como chatarra.

El impacto social de este colapso transformó por completo la realidad del venezolano. La pérdida de divisas sepultó el poder adquisitivo y catalizó una Emergencia Humanitaria Compleja que empujó a millones de personas a la migración. En una ironía trágica, los ciudadanos del país con las mayores reservas probadas de crudo del planeta hoy pasan días en filas para surtirse de gasolina y diésel. Asimismo, el fondo de pensiones de los trabajadores de la industria fue malversado, dejando en la miseria a los mismos jubilados que construyeron los años dorados de la empresa.

El camino a la reconstrucción parte con un proceso Democrático y posteriormente una nueva ley de hidrocarburos.

Recuperar la industria petrolera no es una tarea de simple carpintería financiera o técnica; requiere un cambio de raíz. El marco legal vigente está profundamente viciado, diseñado para responder a la discrecionalidad y al control político de 26 años de un modelo revolucionario que destruyó la seguridad jurídica. Para rescatar a PDVSA y atraer las inversiones milmillonarias que se necesitan, es imperativo avanzar hacia un proceso democrático transparente.

La reconstrucción exige la redacción y aprobación de una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. Este nuevo texto legal debe nacer del consenso democrático y estar adaptado a las realidades energéticas globales del siglo XXI. Los pilares de esta reforma deben apuntar a una Seguridad jurídica absoluta para Ofrecer reglas claras, estables y verificables para que el capital privado internacional —indispensable para la reactivación— regrese sin temor a expropiaciones arbitrarias.

Transparencia y rendición de cuentas para Crear mecanismos de auditoría independientes y digitalizados que erradiquen la opacidad y aseguren que cada barril producido rinda cuentas al tesoro nacional.

Autonomía técnica para Separar definitivamente la gestión de la industria de la militancia político-partidista, regresando la meritocracia a la dirección de los yacimientos y refinerías.

Una Transición energética Permite un marco flexible que no solo busque extraer crudo de forma eficiente, sino que abra la puerta a la inversión en energías limpias y gas.

Lo ocurrido en Venezuela trascendió la delincuencia común; fue un desmantelamiento institucional que apagó el motor económico del país. La única vía para revertir esta historia es cerrar el ciclo de la opacidad revolucionaria, reabrir las puertas a la democracia y fundar, bajo una nueva ley moderna, una industria energética que esta vez sí le sirva al desarrollo de todos los venezolanos.