El excremento del diablo y la maldición que no cesa; por Pedro Galvis / @pgalvisve

Lo que para la mayoría de las naciones del planeta sería una bendición providencial —una palanca poderosa para el desarrollo, la prosperidad y el bienestar colectivo—, en Venezuela se ha convertido en un ancla que hunde la libertad y en una maldición cotidiana para millones de venezolanos. Esta es la paradoja cruel que define nuestra tragedia nacional: poseer una de las mayores reservas de recursos naturales del mundo y, al mismo tiempo, vivir en la miseria más indigna.

Juan Pablo Pérez Alfonso, el visionario que ayudó a fundar la OPEP, lo advirtió con una frase que se volvió profética: el petróleo es “el excremento del diablo”. Tenía razón, pero su diagnóstico quedó incompleto. Hoy debemos completarlo sin temor: el oro, el coltán, las tierras raras y todas las riquezas minerales que yacen bajo nuestro suelo comparten esa misma naturaleza diabólica cuando caen en manos de gobernantes corruptos, autoritarios y depredadores.

Estas fortunas no estaban destinadas a financiar fortunas personales ni a perpetuar un poder ilegítimo. Su propósito natural y moral era garantizar a cada venezolano la posibilidad real de perseguir y alcanzar sus proyectos de vida: educar a los hijos con dignidad, acceder a una salud decente, emprender sin miedo, construir un hogar y legar un futuro esperanzador a las siguientes generaciones. En lugar de eso, han sido el combustible de la corrupción, el clientelismo y la represión, condenándonos a la escasez, al éxodo masivo, a la humillación diaria y a la pérdida de toda esperanza.

El régimen interino es ilegitimo. Preside un Estado fallido que ha demostrado, día tras día, su absoluta incapacidad para proteger la vida, la integridad y los derechos humanos más elementales de los venezolanos. La inseguridad, el colapso de los servicios públicos, la represión sistemática y la miseria generalizada son la prueba irrefutable de este fracaso histórico. Lo demuestran escenas que se repiten en cada crisis: mientras los ciudadanos y voluntarios unían esfuerzos para remover escombros, buscar y rescatar sobrevivientes o extraer los cuerpos inertes de las fatídicas víctimas, los policías militares y miembros de las fuerzas armadas obstaculizaban el trabajo civil, y otros se enfocaban en rescatar fusiles, dinero y lingotes de oro escondidos bajo las ruinas. Este contraste brutal revela la verdadera prioridad del régimen: el control armamentístico y el saqueo antes que la vida humana.

Muchos gobiernos en el mundo lo saben y actúan en consecuencia. Lo que más duele, sin embargo, es que nuestro aliado más importante —los Estados Unidos— parezca haber olvidado el compromiso que alguna vez mantuvo con la causa de la democracia venezolana. Esa indiferencia está aumentando la presión sobre un pueblo que ya no aguanta más.

Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe.

La paciencia de los venezolanos tiene un límite, y ese límite está peligrosamente cerca. Cada día que pasa sin justicia, sin libertad y sin esperanza, se acumula una deuda histórica que algún día deberá pagarse.

En medio de esta larga noche, existe una única figura que conserva la confianza mayoritaria y el respaldo genuino del pueblo venezolano: María Corina Machado. Contra ella se han desplegado toda clase de trabas, obstáculos judiciales, amenazas y maniobras políticas con el único objetivo de impedir que regrese a su país y acompañe a su gente en el momento más crítico de nuestra historia reciente. Esa persecución no hace más que confirmar lo que todos sabemos: el miedo que inspira la voluntad popular cuando se expresa con claridad.

Venezuela no puede seguir siendo rehén de su propia riqueza. El petróleo, el oro y el coltán no tienen por qué ser una maldición eterna. Pueden —y deben— convertirse en el fundamento de una nación libre, próspera y digna. Para que eso ocurra, el régimen fallido e ilegal que hoy nos gobierna debe ceder paso a la voluntad soberana del pueblo. No lo hará de forma voluntaria. Solo el pueblo salva al pueblo, y lo están empujando inexorablemente hacia un enfrentamiento para conquistar su libertad.

En medio de toda esta catástrofe, forzar al pueblo venezolano a tomar la justicia en sus propias manos no solo es criminal: convierte en cómplices a quienes, pudiendo actuar, eligen la indiferencia y la pasividad. Ante un Estado fallido como el de Venezuela, donde las autoridades no solo son incapaces de proteger a la población sino que la someten de manera sistemática al sufrimiento, la represión y la indignidad, se hace moralmente imprescindible la activación de la Responsabilidad de Proteger (R2P). La comunidad internacional tiene el deber ineludible de actuar —con determinación y sin más dilaciones— antes de que sea demasiado tarde.

El tiempo de las excusas se agotó. El tiempo de la verdad, la justicia y la protección efectiva del pueblo venezolano ha llegado.