¡Que sean todos libres o no hay transición!; Por Pedro Galvis / @pgalvisve
En enero de 2026, Venezuela vive un momento histórico marcado por la captura de Nicolás Maduro y el inicio de un proceso de excarcelaciones que, aunque ha generado esperanza, dista mucho de ser suficiente. El régimen despótico, responsable de años de represión sistemática, violaciones graves de derechos humanos y un fraude electoral descarado en 2024, dejó un legado de dolor que no puede borrarse con liberaciones parciales ni promesas vacías. Según la ONG Foro Penal, al 20 de enero de 2026 aún permanecen detenidos 777 presos políticos, a pesar de que el gobierno interino o las autoridades actuales anuncian haber liberado a más de 400 personas. Organizaciones independientes confirman cifras mucho más bajas: apenas alrededor de 139 excarcelaciones verificadas en las últimas semanas.
No se puede hablar de “reconciliación nacional” ni de transición democrática mientras cientos de venezolanos —opositores, periodistas, militares, activistas y ciudadanos comunes— sigan encarcelados o desaparecidos por el simple delito de disentir. Muchos de ellos fueron detenidos arbitrariamente tras las protestas masivas de 2024, torturados en centros de detención como el Helicoide o Tocorón, y sometidos a juicios ficticios sin garantías procesales. Informes de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado durante años estas violaciones como crímenes de lesa humanidad: detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y un sistema judicial al servicio del poder.
El Acuerdo de Barbados de 2023, que prometía condiciones electorales justas y respeto a los derechos humanos a cambio de alivio de sanciones, fue incumplido sistemáticamente por el régimen de Maduro. Aquel pacto se convirtió en papel mojado cuando se inhabilitó a candidatos opositores, se manipuló el voto y se reprimió a quienes denunciaron el fraude. Hoy, en este nuevo capítulo, no podemos repetir el error de aceptar medias tintas. Las liberaciones anunciadas —muchas de ellas bajo presión internacional, particularmente de la administración Trump— son un paso, pero insuficiente. Familias enteras siguen esperando noticias de sus seres queridos, algunos trasladados a destinos desconocidos, otros en condiciones de salud precaria tras años de maltrato.
Una verdadera transición democrática exige justicia transicional real, no impunidad disfrazada de “pacificación”. No puede haber perdón colectivo mientras inocentes languidezcan en prisión. Exigimos:
• La liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, sin excepciones ni condiciones.
• Garantías de no repetición: desmantelamiento de los aparatos represivos como las FAES y el SEBIN en su forma actual.
• Investigaciones independientes sobre torturas y desapariciones, con responsabilidad para los autores materiales e intelectuales.
• Reparación a las víctimas y sus familias.
Venezuela no necesita una reconciliación forzada que ignore el sufrimiento de millones. Necesita verdad, justicia y libertad. Solo cuando el último preso político respire aire libre podremos empezar a hablar de un país reconciliado consigo mismo.
¡Que sean todos! No uno menos.
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