Hoy, después de la destrucción de los servicios públicos y de la economía en manos de la revolución, sus perpetradores intentarán aplicar su versión del programa económico de CAP, pero sin la convicción para hacerlo

Cuando en 1.989 el gobierno de Carlos Andrés Pérez inició con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y la participación de destacados profesionales, el ambicioso programa de reformas que pretendía finalizar el largo camino del populismo trazado por la democracia venezolana que la llevó a la crisis, haciendo imposible su continuidad en los mismos términos, no sólo recibió fuertes críticas de los sectores de izquierda, tradicionalmente opositores a los programas de liberalización económica, sino también de su partido AD, de COPEI y de distintos sectores, académicos, sociales, etc., pero principalmente de algunos de los sectores económicos a los cuales la apertura, liberación del control de cambio y cese de los favoritismos y monopolios, los haría entrar en el verdadero mundo de la economía competitiva, sin privilegios que agradecer al Estado, poder al cual renunciaba el gobierno de Pérez con su programa.

Ni siquiera se había iniciado. Sólo las medidas de eliminación del control cambio y el aumento gradual del precio de la gasolina, cuando la oposición a éste fue tan grande que hizo vacilar a sus ejecutores, dejando en el tintero el avance profundo en las reformas comerciales y en la privatización, que liberaría las amarras de la economía venezolana. Con todo, para el 4 de Febrero de 1992, fecha del alzamiento militar contra Pérez, la economía crecía vigorosamente.

Hoy, que tenemos las mismos problemas de 1.989, agravados por la destrucción que la Revolución hizo no sólo de la economía, los servicios sino que incluso para muchos que huyen del país, hasta la esperanza, los más radicales opositores de entonces van a intentar de nuevo sin ninguna convicción, su versión del Paquete, con la medida de despenalizar las operaciones con divisas, seguramente algún sistema para permitir el funcionamiento normal de los sectores petrolero-petroquímico, minero y el aumento sideral del precio de la gasolina, aunque seguro de forma gradual. Sobre esto último, si el Gobierno pretende hacer pagar a los venezolanos el precio internacional del combustible, debiéramos esperar que como medida de justicia con su pueblo, elimine por completo los convenios de Petrocaribe que financian a otros países los combustibles y la internacionalización de los salarios.

La falta de coherencia en las medidas, la ausencia de muchas otras incluyendo la derogatoria de cantidad de Decretos-Leyes que obstaculizan la producción, el estado lamentable de la seguridad jurídica a todo nivel, la falta de un plan de privatización de las decenas de empresas estatales que despilfarran día a día ingentes recursos, la nula credibilidad en los inexpertos ejecutores y por último la irreversible desconfianza de la empresa privada, luego de veinte años de expropiaciones y crecientes controles, van a hacer fracasar esta versión 2.0 del Paquete.

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Escrito por: Yovany Rojas / @YovanyRojas