Alejandra, absurda crueldad del castrismo; por: Pedro Corzo / @PedroCorzo43
Aunque es una niña muy pequeña ya sufre las múltiples tropelías de que es capaz la dictadura dinástica cubana y las padece con particular encono porque es la hija de Jorge Luis García Pérez Antúnez, un emblemático opositor que después de haber cumplido 17 años tras las rejas, no ha cejado en su lucha por la libertad y la democracia para su país.
Alejandra es ciudadana estadounidense por nacimiento y aunque sus padres quieren que la niña se nacionalice las autoridades cubanas le niegan ese derecho en base a una disposición oficial que establece que cuando el padre o madre cubanos o los tutores legales de un menor hayan cometido hechos o realizado acciones contra los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado cubano el expediente de nacionalización del infante será archivado, aclarando que los hijos menores de edad de esas personas podrían reiniciar el proceso una vez que lleguen a la mayoría de edad.
Esta decisión se corresponde con la naturaleza del proyecto totalitario castrista porque desde los primeros días en el gobierno Fidel Castro ambicionó convencer al pueblo de que él era una especie de Trinidad que sintetizaba en su voluntad la nación cubana, el estado y la revolución que comandaba, en consecuencia, ir en contra de sus propuestas, era estar contra el estado cubano y la nación con todo lo que representaba, de ahí el calificativo de traidor a la Patria a sus enemigos, un Luis XIV Tropical.
En Cuba no importa el sujeto que esté al frente de la furiosa jauría que gobierna el país, ni cuál es la constitución que supuestamente rige la conducta de sus gobernantes, lo fundamental para los autócratas insulares es sujetar férreamente los controles del poder y trasmitirle a la población la certeza de que solo puede actuar en el marco que las autoridades dispongan por arbitrarias que sean sus decisiones.
El totalitarismo es real. El control está presente en todos los estamentos de la sociedad, el ciudadano lo percibe, causa por la cual la inmensa mayoría de la población se siente desamparada ante las autoridades del estado. El desamparo y desaliento es una especie de epidemia de la cual muy pocos pueden sustraerse y que cala dolorosamente en el conocimiento de cada individuo desde su más tierna infancia, razón por la cual muchos prefieren acatar los dictados para no aumentar los sufrimientos.
Sin embargo cuando los abusos son rechazados y las victimas optan por enfrentar el verdugo como están haciendo Antúnez y su esposa en defensa de Alejandra, la solidaridad es obligatoria.
Es un deber ineludible sumar voluntades y esfuerzos para apoyar a quienes padecen las crueldades absurdas del castrismo. La defensa de los derechos de un tercero también incluye la defensa de los nuestros. Respaldar a Alejandra y sus padres es un deber, porque cuando los derechos de ellos son vulnerados, los nuestros están amenazados.
La dictadura cuenta con fuerza suficiente e impunidad internacional para disponer quienes pueden salir del país. En el pasado reciente los cubanos para viajar al exterior además del pasaporte requerían un documento final que le autorizaba dejar el país, relacionado con esa disposición, a cada viajero que partía al extranjero le decomisaban sus bienes, incluida vivienda, electrodomésticos, autos, joyas y cuentas bancarias en caso de que tuviera uno o todos estos patrimonios.
Alejandra como tantos otros niños sufre la perversidad de un régimen que violenta todos los derechos de sus ciudadanos, incluido lo no natos, porque desde la perspectiva de los gobernantes un pequeño es cómplice de sus padres si estos actúan en su contra.
Como bien dijera el propio Antúnez, “Es una inmoralidad, es inhumano y cruel condicionar el estatus legal de una inocente por las ideas políticas de sus padres”, una crítica que se acentúa con la reciente prohibición de salida del país de Magali Rivaflecha Revilla, madre de Alejandra, ella viajaba a Estados Unidos para un chequeo médico periódico de la niña y porque al ser ciudadana americana, las leyes de Cuba le prohíben permanecer en el territorio nacional por más de tres meses consecutivos.