Maduro liberó a la adolescente que María Corina Machado puso como ejemplo de las menores presas políticas en Venezuela

Mariana González, de 16 años, estaba detenida desde el pasado 29 de julio. La líder opositora había mencionado su caso al responderle a João Pedro de Vasconcelos Fins do Lago, embajador de Portugal, quien pidió a la comunidad portuguesa en el país mantenerse “equidistante”

Con información de Infobae / Gastón Calvo

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela anunció la liberación de una adolescente detenida tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en el marco de las protestas que dejaron más de 2.400 personas arrestadas en el país. Estas manifestaciones surgieron en rechazo al fraude electoral.

En un comunicado publicado en Instagram, el MP informó que, en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, la joven fue sometida a una evaluación médica, sin ofrecer mayores detalles. Posteriormente, se solicitó la revisión de su medida privativa de libertad.

“Dicha solicitud fue acordada ahora por el tribunal correspondiente, encontrándose dicha joven en libertad”, agregó.

Tras conocerse la noticia, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos declaró en su cuenta en X que la joven tiene 16 años y que había sido encarcelada de manera injusta.

“Gracias a la exigencia firme de su madre, amigos, organizaciones y todos los venezolanos que condenaron la crueldad contra la adolescente Mariana González, hoy fue liberada. Nunca debió estar injustamente detenida. No es terrorista, es inocente. Como ella, deben ser liberados inmediatamente todos los niños y adolescentes que siguen injustamente presos”, manifestó la ONG.

De acuerdo con datos de la organización Foro Penal, entre los detenidos durante las manifestaciones se encuentran más de un centenar de menores de entre 14 y 17 años. Según esta fuente y familiares de los arrestados, 48 de ellos aún permanecen encarcelados.

En septiembre pasado, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela denunció que al menos 158 niños, algunos con discapacidad, fueron arrestados durante los primeros días de las protestas. La misión señaló que varios de ellos enfrentan acusaciones por delitos graves, como terrorismo e incitación al odio.

Machado puso este caso como ejemplo en su cruce con el embajador de Portugal

Horas antes de concretarse la esperada liberación, la líder opositora María Corina Machado había puesto este caso como ejemplo al responderle al embajador de Portugal en Venezuela, João Pedro de Vasconcelos Fins do Lago. El diplomático había pedido a la comunidad portuguesa en el país mantenerse “equidistante” ante las acciones del régimen de Nicolás Maduro y temas que “dividan al país”.

“¿Qué significa ser ‘equidistante’, Señor Embajador? ¿Ignorar que Maduro perdió la elección por más de 40% de los votos y se negaron a publicar los resultados? ¿Ignorar que 2.000 venezolanos fueron apresados, entre ellos 198 niños y adolescentes? ¿Ignorar que han torturado, abusado sexualmente y asesinado detenidos? ¿Ignorar que en este momento hay asilados en la Embajada de Argentina, bajo protección de Brasil, a quienes se les acosa y deja sin luz, agua y alimentos? ¿Ignorar que hay niños y jóvenes presos y TORTURADOS porque protestaron pacíficamente o simplemente caminaban por la calle?”, preguntó Machado a través de su cuenta en la red social X.

Y siguió: “Usted le recomienda a sus compatriotas ser ‘equidistantes’ entre la justicia y la corrupción; entre el bien y el mal; entre las víctimas y los victimarios. No existe tal cosa como la equidistancia hoy en Venezuela. No hay neutralidad posible, ni apelación a la ignorancia sobre lo que está pasando”.

“La sociedad venezolana no está dividida sobre estos temas, Señor Embajador. Como quedó demostrado el 28 de julio, existe un pueblo unido que anhela vivir con dignidad, justicia y libertad, y que enfrenta con valentía a una tiranía criminal en fase terminal”, subrayó la líder opositora; al tiempo que acotó: “Quien decida callar ante esta realidad ha decidido escoger el lado del opresor. Los venezolanos y la historia juzgarán implacablemente”.

En el mismo texto, Machado citó un mensaje en X de la cuenta DDHH Vente Venezuela, su partido. En dicho posteo, se hizo referencia al crudo testimonio de Mariana González, la presa política menor de edad que fue liberada ayer.

“Señor Embajador, escuche aquí el testimonio de Mariana, una joven de 16 años detenida al día siguiente de la elección y quien le escribió a su mamá: ‘Prefiero matarme antes que seguir sufriendo’. Explíquele a su madre que ‘su deber’ es ser ‘equidistante’ entre quienes torturan a su hija y Mariana”, expresó.

“Si no puedo estar con ustedes, no quiero estar con más nadie. Prefiero morir (...) A veces quiero hacerme daño a mí misma. Ya no puedo más”, había escrito la joven en una carta enviada a sus seres queridos desde la prisión en la que se encontraba.

DDHH Vente Venezuela contó más acerca de ella: “Este es el sentimiento de Mariana González, expresado a su madre mediante una carta, tras cuatro meses de detención arbitraria. La joven de 16 años fue detenida el 29 de julio durante el contexto postelectoral”.

Y concluyó: “Esta es la realidad que enfrentan más de 1.900 personas que han sido detenidas por el régimen, y que hoy sufren un daño irreparable. Exigimos su libertad inmediata y justicia para todos los responsables de estas atrocidades”.

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigieron que se retiren los cargos en su contra y sean liberados

Según la ONG Foro Penal, en el país hay 1.958 personas privadas de su libertad por cuestiones políticas, de las cuales 1.828 fueron aprehendidas después de las elecciones presidenciales y acusadas, en su mayoría, de terrorismo

Con información de EFE

Familiares de los presos políticos en Venezuela se manifestaron este miércoles frente a la sede de la Fiscalía, en Caracas, para exigir a la Justicia que retire los cargos contra ellos y los deje en libertad. Con carteles con lemas como “Libertad para todos los presos políticos”, “Basta de persecución” y “No más tortura en Venezuela”, el grupo protestó contra el régimen de Nicolás Maduro y la intensa represión que ordenó desde los comicios del 28 de julio.

Yuleima Ruiz, hermana de Edwin, quien fue detenido por defender a unas personas que estaban siendo “perseguidas por oficiales” de la dictadura, confió en que Dios abrirá “los corazones y las mentes” de las autoridades, para que puedan así “escuchar las peticiones” que acercaron, como la de levantar “los cargos tan atroces como lo es el terrorismo”, la incitación al odio, la resistencia a la autoridad y el hurto calificado.

“(El terrorismo) es una palabra tan horrible que hay que buscar hasta en el diccionario”, sostuvo.

El grupo también reclamó el acceso a los expedientes de sus parientes para una correcta evaluación de cada caso y la posibilidad de designar a un equipo de abogados de confianza, que el régimen suele prohibir, quedando los acusados obligados a recibir la defensa de un letrado impuesto por el Estado, que no presenta pruebas o documentos clave.

En Venezuela hay, de momento, 1.958 presos políticos, de los cuales 1.828 se remontan a las protestas post electorales, iniciadas el 28 de julio, según datos de la ONG Foro Penal. De ellos, 70 son menores de edad y nueve presentan discapacidades.

Se trata del “mayor número de presos con fines políticos conocido en el país, al menos en el siglo XXI”, advirtieron desde la organización, mientras que desde Justicia, Encuentro y Perdón denunciaron que estas personas están en “condiciones alarmantes de reclusión”, con “mala alimentación”, una atención médica indebida y la carencia de productos de higiene personal.

A raíz de ello, días atrás, familiares de los menores detenidos entregaron un documento a Unicef en Caracas en el que solicitaban a la Agencia de la ONU que interceda ante el régimen para conseguir su liberación.

La situación “de los niños y jóvenes es alarmante”, comenzó apuntando el texto, que especificó que “están injustamente detenidos” y “viven en condiciones infrahumanas, no aptas para su edad y condición, en violación de los estándares internacionales”. Entre ellas, precisaron los allegados, se encuentran el “hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos de salud, la alimentación deficiente y la falta de protección frente a abusos físicos y psicológicos”.

Katherine Martínez, una de las firmantes del documento, explicó que su hija, de 17 años, fue detenida “porque está en un grupo de WhatsApp” y, ahora, “están pidiendo para ella diez años (de cárcel) por el delito de incitación al odio”.

María Corina Machado, en Venezuela, y Edmundo González Urrutia, en España, aseguran seguir trabajando por conseguir el cese de la persecución en el país y la libertad de todos los presos políticos, así como el retorno del orden democrático, tal como fue expresado por la mayoría del pueblo en los comicios.

“Todo lo que vale la pena sucede únicamente cuando le apostamos por completo a la verdad y a la vida. Hemos recorrido juntos un largo camino de dolor, crecimiento y rendición. Es hora de construir el futuro que realmente nos merecemos”, dijo la líder opositora días atrás al ratificar su lucha en defensa de la victoria del ex diplomático.

Nueve venezolanos con discapacidad siguen detenidos tras las protestas por el fraude electoral de Nicolás Maduro

La Confederación de Sordos de Venezuela denunció que a estas personas no se les está garantizando los ajustes para que se informen sobre por qué están privados de libertad y las orientaciones legales relacionadas

Con información de EFE

Nueve personas con discapacidad, incluidas adolescentes, llevan tres meses detenidas tras los comicios.

Consorven señala falta de “accesibilidad y ajustes razonables” en sus procesos legales.

Foro Penal reporta un récord de 1.953 presos políticos en el contexto postelectoral.

La ONG Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) afirmó este martes que nueve personas con discapacidad, así como un joven de 17 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA), siguen detenidos tres meses después de la crisis política que se desató en el país tras el rechazo al resultado oficial de los comicios presidenciales.

A través de una nota de prensa, Consorven indicó que a estas nueve personas no se les está garantizando la “accesibilidad ni los ajustes razonables, a los fines de comprender por qué están privados de libertad y recibir las orientaciones legales relacionadas al proceso”.

“Nos preocupa la situación de un adolescente con TEA, quien tiene 17 años, que también está detenido por el contexto postelectoral y según información suministrada por sus familiares, el joven se mostró confundido y nervioso al no saber las razones de su detención, propio de la falta de acompañamiento de profesionales para el acceso a la información”, añadió.

La ONG pidió a las autoridades que a estas personas se les garantice el “acceso a la justicia, la libertad y seguridad”, como contempla la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dispone “que el Estado asegurará el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones”.

El pasado 25 de octubre, la ONG Foro Penal indicó que en Venezuela hay 1.953 presos políticos, la mayoría detenidos en el contexto de crisis postelectoral.

Se trata del “mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos, en el siglo XXI”, aseguró en la red social X la ONG, que computa 69 adolescentes encarcelados -con edades de 14 a 17 años- y 1.884 adultos.

Del total, 1.824 fueron detenidos tras los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó -con base en unos datos aún desconocidos de forma desagregada- la reelección de Nicolás Maduro, un anuncio señalado como fraudulento por la oposición mayoritaria, lo que desató numerosas protestas en el país.

El régimen venezolano responsabiliza a los manifestantes -a quienes vincula con la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- de generar “violencia” y “vandalismo” en varias sedes públicas, mientras que la oposición acusa de “represión” a los agentes de seguridad del Estado.