Proponen la implementación de un nuevo código penal para anteponer el derecho a la vida en Venezuela

La propuesta viene del abogado Guillermo Aristimuño quien aseguró además  que el actual Código penal  ha traído como resultado un aumento desmesurado de la criminalidad, un gran índice de reincidencia, una super población carcelaria que supera el 400% y la repotenciación del delito

Nota de prensa

“Urge un nuevo código penal”, aseguró el Dr. Guillermo Aristimuño, reconocido abogado del país especialista en derecho penal, quien también acotó que Venezuela transita por un momento único y crucial en  su historia que debe ser aprovechado con la renovación y adecuación de un nuevo código penal que sustituya al actual que lleva más de 100 años en el país.  

El especialista del derecho explicó que “no se ha tenido un nuevo código penal porque éste debe ser aprobado por  la Asamblea Nacional con las 2 terceras partes, las veces que ha existido la voluntad política de los legisladores  para crearla, no ha habido el consenso necesario, por eso este es el momento en la historia de Venezuela de aplicar y crear un nuevo Código”.

Aristimuño insistió en la importancia que tiene para una sociedad regirse por leyes que vayan acordes con las características y comportamientos  de cada nación,  y resaltó que el código penal es pieza clave ya que de ahí se  regirán acciones y sanciones a  seguir para implantar normas en el país.  “Nuestra Constitución nos da principios, deberes, garantías y derechos, nos da el derecho a la vida, a la salud, entre otros, el instrumento que protege esos bienes es el código penal”.   

El abogado explicó que “para el año 1800 nos regíamos por las leyes españolas, es decir por las de otro país  que nos había colonizado, en 1863 fue promulgado nuestro segundo código penal pero tenía como fundamento el código penal español. En 1897 cuando Guzmán Blanco elaboraron un nuevo código penal, es cuando se aprueba el tercero de Venezuela, copia prácticamente del código italiano. Luego de 122 años ese código sigue vigente en Venezuela, no ha cambiado su estructura, ha tenido algunos cambios muy menores  pero seguimos siendo regidos por un código de hace más de 100 años”. 

Resaltó que “todos los códigos del mundo empiezan tratando los delitos contra la vida, luego de la libertad y de último contra la propiedad, nuestra Constitución empieza protegiendo la vida en su artículo 43. Nuestro código penal empieza hablando de delitos contra la patria, contra la corrupción, delitos contra la propiedad y de último, el artículo 405  es que toca el tema de  la vida, eso produce la gran descomposición de la sociedad como hemos visto que se  está acentuando”. 

Aristimuño recordó que la vida es lo principal que debe proteger el código penal de un país. “Nosotros estamos al contrario, dejamos la vida para lo último, por otra parte tiene 122 años y no se ha adecuado a la cantidad de tratados internacionales que han suscrito leyes penales como la Corte penal internacional”. 

“Existe una desproporción entre las penas. En nuestro código  penal por quitarle la vida a una persona que es el bien más sagrado que existe  la pena es de 2 a 18 años, en cambio por el robo de un vehículo la pena es de 18 años. Hacer que una persona pierda su brazo, causar lesiones o provocar el aborto de una mujer embarazada, la pena es de 4 años y 6 meses, mientras que si me robo una vaca, la pena es de 4 a 8 años, o sea que una vaca o un teléfono valen más que la vida humana  en Venezuela”, increpó, 

El jurista dijo que “nuestro código tiene que adecuarse a los códigos del mundo, el nuestro solo ofrece penas de privativas de libertad, no contempla multas, trabajo comunitario, entre otras, ya que no todos deberían ir presos, no se puede mandar a un muchacho de 18 años que cometió un delito menor, a la cárcel con delincuentes que han cometido grandes delitos, porque terminan de corromperse, hay que tener otro tipo de penas, esto está siendo aplicado en todos los  países del mundo, en EEUU, España, Francia, Suiza Colombia, entre otros”. 

Concluyó asegurando que “no podemos seguir teniendo un código que está hecho para otra sociedad, para otra historia, para otra idiosincrasia, debemos tener nuestro propio código penal, hecho por juristas venezolanos en base a las necesidades juristas sociales, políticas, económicas e históricas de nuestro país”. 

Al menos 9 muertos en operativo policial en Caracas

Las muertes violentas en Venezuela, representan una tasa de homicidios de 89 por cada 100.000 habitantes, 15 veces mayor a la media mundial

Con información de AFP

 CARACAS, VENEZUELA.-Al menos nueve muertos dejó este lunes una operación policial contra presuntos delincuentes en Caracas, denunció una ONG de derechos humanos basándose en testimonios de familiares de los fallecidos.

"Hay, extraoficialmente, nueve muertos y la cifra podría ser mayor. Familiares han denunciado que hubo ejecuciones extrajudiciales", declaró a la AFP Marino Alvarado, activista de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), fuerte crítica del gobierno.

Las autoridades no han suministrado información.

Según Alvarado, efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) allanaron en horas de la tarde la Torre Viasa, en el centro de la capital, en busca de supuestos delincuentes.

Uno de los agentes resultó herido en un tiroteo en el interior del edificio, añadió.

Se trata de una vieja edificación abandonada que pertenecía a la antigua aerolínea estatal Viasa (hoy Conviasa), ocupado desde hace una década por familias de bajos recursos.

Alvarado expresó "preocupación" al recordar que el FAES es blanco de continuas denuncias de violaciones de derechos humanos en sus operativos de seguridad.

"En PROVEA lo hemos bautizado como un escuadrón de la muerte. Cada actuación del FAES es seguida por denuncias de abusos y ejecuciones", comentó el activista, quien responsabilizó al ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, por las acciones de ese grupo policial.

De acuerdo con Monitor de Víctimas, una base de datos de medios de comunicación privados surgida ante la ausencia de estadísticas oficiales, unas 300 personas murieron durante actuaciones del FAES en Caracas en el primer semestre del año.

La violencia criminal es uno de los más graves problemas de los venezolanos.

Según ONGs, unas 26.000 muertes violentas se registraron en 2017 en Venezuela, lo que representa una tasa de homicidios de 89 por cada 100.000 habitantes, 15 veces mayor a la media mundial.

Represión ilegal, ejecuciones y éxodo, la cruda realidad venezolana

Amnistía Internacional: “El número de homicidios en Venezuela es superior al de muchos países en guerra”

Con información de diversas fuentes El Día, EFE, AFP

El diario Argentino El Día realizó compilación de diversas fuentes para realizar una reseña de la cruda realidad que enfrentan los venezolanos. En el trabajo destacan la muy elevada tasa de homicidios, junto con niveles altísimos de impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades coloca a Venezuela en una de las peores situaciones de violencia para un país sin guerra, según un informe de Amnistía Internacional.

“El número de homicidios en Venezuela es superior al de muchos países en guerra”, resaltó Esteban Beltrán, director de AI España, al presentar ayer en la capital federal el informe titulado “Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela”.

Según la ONG, desde 2002 la cantidad de homicidios en Venezuela subió de manera constante y a partir de 2010 se convirtió en crítica “porque la tasa de homicidios no ha bajado de las 50 personas por cada 100.000 habitantes”.

A 2017, AI calcula un índice de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, por encima de El Salvador y tres veces más que Brasil. Como agravante, AI destaca que la impunidad alcanza 92% en los casos de delitos comunes y 98% para los de violaciones a los derechos humanos.

El perfil de las víctimas es de hombres entre 16 y 29 años, padres de niños pequeños, responsables del sustento del hogar en las zonas populares de mayor índice de pobreza en las ciudades. En Venezuela, con 30,6 millones de habitantes, había en 2017 unos 5,9 millones de armas cortas, según el informe.

Amnistía Internacional destaca su preocupación por las presuntas ejecuciones que realizan agentes del Estado durante operativos en contra de la delincuencia, en particular los que se llamaron “operación de liberación del pueblo”, generalmente en los barrios marginales de las ciudades.

“Funcionarios del Estado, guiados por una racionalidad militar, han empleado la fuerza de forma abusiva y excesiva con regularidad y, en algunos casos, de manera letal e intencionada en el marco de los operativos de seguridad”, señala la organización.

Amnistía recoge en su reporte relatos de padres y madres que narran cómo sus hijos resultaron muertos durante ese tipo de operativos, en el interior de sus propias viviendas de las que fueron robados objetos de valor como electrodomésticos, dinero en efectivo y ropa. En esos casos, las muertes ocurren en presencia de los familiares de la víctima.

“En los casos documentados por AI, todas las víctimas estaban desarmadas. Las autopsias muestran disparos en el cuello, tórax o cabeza, y la muerte se produce cuando se encuentran arrodillados o acostados. Las autoridades alegan enfrentamiento, pero no figura ni un solo policía herido”, resaltó Beltrán.

De acuerdo con AI, las presuntas ejecuciones han ido en aumento, de 384 registradas en 2012 a 669 en 2013, 1.018 en 2014, 1.396 en 2015 y 2.379 en 2016.

Además, la organización critica la falta de información oficial sobre homicidios “especialmente en los casos en los que se encuentran involucrados oficiales de seguridad del Estado”.

Esa carencia de información se refiere a estadísticas, pero también a la falta de acceso a los expedientes de parte de los familiares de las víctimas.

MIGRACIÓN FORZADA

Para Mariana Fontoura Marques, de AI Argentina, la inseguridad incide de manera importante en el acelerado fenómeno migratorio de los venezolanos. “Es una de las principales causas que argumentan los venezolanos para dejar su país”, dijo Fontoura.

Según cifras de la ONU, alrededor de 2,3 millones de personas, equivalente al 7,5% de su población, han salido de Venezuela. De éstas, 1,6 millones han migrado desde 2015, en muchos casos a países latinoamericanos. Ese flujo es considerado “enorme” por Amnistía, que como dato comparativo señala que de Siria, en ocho años de guerra, han salido entre 4,5 y 5 millones de personas. (AFP, EFE y TÉLAM)

Dip. Solórzano: La OLP solo ha servido para criminalizar la pobreza

La también presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN, resaltó que el incremento de la cifra de homicidios ha crecido en un 7% con respecto a las del año pasado

Evely Orta

Este martes en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional la diputada por la UnidadDelsa Solórzano resaltó que las "OLP han sido instrumentos para criminalizar la pobreza", denunciando que los problemas de inseguridad no se han resuelto con estos operativos de seguridad, al contrario son "cada día peor".

Para la consideración de la plenaria la diputada consignó un proyecto de acuerdo donde resalta que se están derrumbando las casas de las personas, así como otros abusos en contra de los habitantes.

La también presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN, resaltó que el incremento de la cifra de homicidios ha crecido en un 7% con respecto a las del año pasado, asimismo sostuvo que en los primeros seis meses se han registrado 2.826 muertes violentas, lo que representa un incremento del 6%, así como al menos 20 ejecuciones extrajudiciales "se han producido con pruebas fehacientes en el marco de la OLP" y 14 mil detenciones arbitrarias, según Provea.

Solórzano destacó que "no sólo estamos hablando de números, son ciudadanos" y que las víctimas de la Cota 905 hoy tienen más miedo que a los funcionarios que lo que antes le tenían a los delincuentes que hacen vida allí".

Por su parte la diputada por el GPP Nora Delgado se solidarizó con las familias víctimas de las OLP afirmando que se han venido reuniendo con las víctimas de la Cota 905 y que en Guarataro se encontrarán el viernes 15.

Delgado sostuvo que las denuncias han sido escuchadas y se están evaluando, aclarando que "no fue el Gobierno revolucionario quien mandó a cometer esos supuestos excesos (...) insistió que la justicia demostrará cuál es la verdad y sea quien sea y caiga quien caiga nuestro gobierno no será cómplice de ningún hecho delictivo demostrado", afirmando que el chavismo también consignará un documento donde se contempla que los casos de viviendas que van a ser reparadas, los avances están registrados.

El diputado por la Unidad Juan Pablo Guanipa, en su derecho de palabra en la tribuna de oradores para pedir al "señor Nicolás Maduro y a los señores del Gobierno que detengan la Operación para la Liberación del Pueblo" y que "luchen de manera seria contra la delincuencia, contra la inseguridad" al considerar que el proceder "se ha convertido en un mecanismo equivocado para la gente".

Al menos 10 megabandas criminales operan en Venezuela

Criminalista Fermín Mármol García instó a las autoridades a "corregir los errores" para que los delitos que se cometan en Venezuela sean atacados a tiempo

Con información de EFE

El abogado especializado en Criminalidad en Venezuela Fermín Mármol García dijo hoy que en Venezuela operan, al menos, unas 10 bandas criminales de alta peligrosidad, como la que lideraba alias "el Picure, quien murió ayer en un enfrentamiento con autoridades policiales.

"Por lo menos hay unas 10 megabandas criminales en el país que están albergando más de 80 individuos con armas cortas y armas largas y que están albergando artefactos explosivos y granadas,"aseguró el criminalista.

Estas declaraciones surgen luego de que el martes las autoridades venezolanas informaran de la muerte de José Antonio Tovar Colina, alias "el Picure, líder de una banda de alta peligrosidad que llevaba su nombre y que operaba en el centro del país.

Pese a que el criminalista calificó de positiva la acción efectuada por los cuerpos de seguridad del Estado, criticó que se hayan tardado "tanto tiempo" para atrapar a este delincuente, que debió ser arrestado desde el momento que cometió "la primera extorsión".

"¿Cómo permitimos que una banda criminal (...) se convierta en una megabanda criminal?", cuestionó Mármol, que instó a las autoridades venezolanas a "corregir los errores" para que los delitos que se cometan en Venezuela sean atacados a tiempo, pues "el Picure" fue uno de los delincuentes que "le hizo mucho daño al pueblo venezolano".

Aplaudió que el Estado haya tenido "mano dura" para acabar con Tovar Colina y exhortó a que continúen con ello, "porque nada hacemos con golpear la cabeza de una organización criminal y no desmontar la banda".

Mármol García considera que este es el mejor momento para atacar a la organización y lograr su completa desarticulación, debido a que está "fracturada" y la caída de este criminal le da una "esperanza" al pueblo venezolano, que desde hace casi dos décadas se ha enfrentado a una crisis social que año tras año se ha ido agravando.

"En materia de seguridad ciudadana hemos fracasado rotundamente" afirmó el abogado, que argumentó que el país caribeño está en todos los ránking negativos del planeta.

El especialista alertó sobre la ayuda que se están dando, entre ellas, las bandas criminales, pues a su juicio, esto podría terminar en una delincuencia "estructurada y amalgamada".

Alias "el Picure" fue abatido por los cuerpos de seguridad del Estado en horas de la tarde del martes en el céntrico estado Guárico, lugar desde el que la banda operaba y cometía extorsiones en esta y otras partes del país.

El criminal era señalado por supuestamente cometer asesinatos y extorsiones a dueños de fincas en el país caribeño, además de traficar con drogas.

Luego de confirmarse su muerte, el cuerpo del delincuente fue trasladado desde Guárico a la principal morgue de Venezuela, en Caracas, la cual amaneció custodiada por la policía militarizada debido a que "el Picure" está siendo sometido a una autopsia.

Además, se pudo conocer que en horas de la mañana de hoy, en el oeste de Caracas, en la populosa zona de la Cota 905 se reportó un fuerte tiroteo que, según la prensa local, se debe a un homenaje que hacen otros criminales al líder fallecido. 

HRW denuncia ejecuciones y detenciones ilegales en Venezuela

​"El gobierno de Venezuela ha tomado la decisión de enfrentar el delito de una manera no democrática"

Con información de AFP​

​Policiales y militares venezolanos actúan con impunidad participando en ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, denunció este lunes la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) en un informe crítico de la operación gubernamental para combatir la delincuencia en el violento país suramericano.

En más de un centenar de operativos contra la criminalidad realizados desde julio de 2015, unas 245 personas habrían muerto, según cifras oficiales reseñadas por HRW y la organización venezolana Provea en el informe "Poder sin Límites".

De esos, "hemos documentado 20 casos donde la evidencia sugiere que se trata de ejecuciones extrajudiciales", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización de derechos humanos.

Unos 25 funcionarios de seguridad son investigados, según información suministrada a Provea por la Fiscalía venezolana.

Según las organizaciones, autoridades venezolanas han afirmado que los dos centenares de muertes se produjeron por "enfrentamientos" entre delincuentes y fuerzas de seguridad durante los operativos, realizados principalmente en zonas populares en Venezuela.

Pero según Vivanco, los testimonios de familiares y testigos, además de la "enorme desproporcionalidad" entre presuntos criminales y policías muertos (3), "nos permite llegar a la conclusión que la versión oficial no es creíble".

El gobierno del presidente Nicolás Maduro lanzó en julio de 2015 la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) para combatir la delincuencia en barriadas en varias estados del país, uno de los más violentos del mundo, con una tasa de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes al cierre de 2015, según cifras oficiales.

Las organizaciones de derechos humanos reconocen que la elevada criminalidad demandan una inminente respuesta estatal pero critican la fuerte concentración de efectivos militares en estas operaciones y denuncian numerosas violaciones de los derechos humanos como ejecuciones, detenciones, desalojos y deportaciones ilegales, así como maltratos y destrucción de viviendas.

"El gobierno de Venezuela ha tomado la decisión de enfrentar el delito de una manera no democrática", denunció Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, durante una rueda de prensa conjunta en Washington.

Uzcátegui denunció la "militarización del ejercicio de la seguridad ciudadana profundizado por el gobierno del Nicolás Maduro", indicando que esa práctica contraría las recomendaciones de organismos internacionales y la Constitución venezolana.

Viviendas demolidas

HRW y Provea denunciaron la aprehensión "arbitraria" de más de 14.000 personas. Pero además cuestionaron la efectividad de esas prácticas para reducir los crímenes, pues solo un centenar de los detenidos fue formalmente procesado por algún delito.

En la zona fronteriza con Colombia, unos 1.700 inmigrantes colombianos fueron deportados a su país, incluyendo unos 400 refugiados o personas bajo protección por declararse víctima de persecución de paramilitares.

HRW y Provea también verificaron el desalojo forzoso y sin aviso previo -en ocasiones de madrugada- de miles de familias, y la destrucción en cuatro estados de al menos 976 viviendas, que fueron demolidas con aplanadoras, luego de que las fuerzas de seguridad hubieran abatido o detenido a los presuntos delincuentes.

"Nunca hemos visto una cosa de esa naturaleza ni en Venezuela ni en ningún otro sitio de América Latina", afirmó Vivanco.

Según las organizaciones, el panorama de abusos es posible debido a un contexto general de "impunidad estructural", militarización de las funciones de seguridad, fallas en las instituciones de control y la "opacidad" de los organismos públicos en Venezuela.

Y las operaciones no parecen estar reduciendo los índices de criminalidad, apuntan las organizaciones.

"Luego de estos operativos el Estado vuelve a estar ausente. No hay un plan (...) que permita reducir niveles de violencia", dijo Inti Rodríguez, de Provea.

En algunos casos la situación empeora, señalan, pues los policías locales se convierten en objetivos de los delincuentes como represalia por las redadas.

El informe será presentado este lunes durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se prevé la presencia de representantes del Estado venezolano.