Karim Khan fiscal de la CPI: Hay una “oportunidad única” para avanzar en las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela
En su cuarta visita al país, Karim Khan sostuvo que su trabajo “no es ser popular, es simplemente aplicar la ley”
En su cuarta visita al país, Karim Khan sostuvo que su trabajo “no es ser popular, es simplemente aplicar la ley”
Con información de EFE
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo este lunes, en su cuarta visita a Venezuela, que hay una “oportunidad única” para seguir avanzando en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y crear -señaló- un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que prestarán a Venezuela.
“Estamos frente a una oportunidad única para seguir avanzando en las investigaciones de manera independiente, para realmente crear ese vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que vamos a prestar en pro de la justicia”, señaló Khan durante un encuentro en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), en Caracas.
El fiscal sostuvo que su trabajo “no es ser popular, es simplemente aplicar la ley”.
Asimismo, agradeció al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sus comentarios y la interacción que ha tenido con la oficina de la CPI.
Entretanto, Saab criticó que a nivel internacional se busque posicionar a Venezuela como un “Estado fallido”.
Expuso que, desde 2017 cuando empezó su gestión hasta marzo de 2024, su despacho ha dispuesto de 200 fiscales para trabajar exclusivamente en materia de derechos humanos.
“En solo siete años hemos logrado 227.867 diligencias de investigación, que han permitido obtener los siguientes resultados, 2.389 funcionarios de seguridad del Estado imputados, 2.795 funcionarios de seguridad del Estado acusados, 1.021 privados de libertad, 580 sentencias ya condenatorias, es decir, definitivamente firmes”, agregó.
Khan llegó al país para el lanzamiento de “un plan de trabajo” conjunto entre el alto tribunal y el régimen venezolano, del que no facilitaron detalles, pese a que los medios fueron convocados con dicho proyecto como reclamo.
Antes de esta reunión en la sede de la Asamblea Nacional, el fiscal del alto tribunal sostuvo un encuentro con el dictador Nicolás Maduro, según imágenes transmitidas por el canal estatal VTV, que no emitió declaraciones.
Venezuela es objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La investigación quedó en suspenso, a petición de Caracas, a condición de que el Estado venezolano investigara, internamente, los supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017, una tarea que la Justicia venezolana asegura estar haciendo.
En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación, al desestimar los argumentos presentados por el régimen venezolano para que no continuaran las pesquisas por parte del alto tribunal.
No obstante, la CPI considera que debe continuar la investigación, por lo que, en 2023, rechazó una apelación del Ejecutivo venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga.
En marzo pasado, la Sala de Apelaciones dictó sentencia contra el recurso venezolano, lo que autoriza a la CPI a continuar la investigación.
(Con información de EFE)
El régimen de Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes
En la segunda audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la Fiscalía de la CPI ratificó que “hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad” en el país
En la segunda audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la Fiscalía de la CPI ratificó que “hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad” en el país
Con información de Infobae / por Gastón Calvo
La Corte Penal Internacional (CPI) celebra este miércoles en su sede en La Haya la segunda audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En esta jornada, el régimen chavista presenta de nuevo sus apelaciones contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación en el país caribeño. El martes, la Fiscalía de la CPI rechazó los argumentos.
El régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes: “Evidentemente en algunos casos habrá algún sospechoso idenificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”, dijo en representación del chavismo el abogado británico Ben Emmerson.
En tanto, el letrado Aitor Martínez Jiménez detalló que “los datos actualizados en relación a 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay tres en fase intermedia, es decir con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados”.
Emmerson defendió que “no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales porque eso no es lo que se plantea”. Sin embargo, la Fiscalía retrucó que “deben prestar atención a los mismos porque si no lo hacen no podrán pronunciarse respecto al alcance del daño”.
“La Sala fue razonable e hizo lo correcto”, continuó la Fiscalía de la CPI; al tiempo que ratificó que “hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad” en la nación caribeña. “Pese a esto, Venezuela insistió en que no hubo crímenes contra la población civil y apuntó en que pudo haber habido abusos pero estos fueron casos aislados e individuales y se investigaron oportunamente”, acotó.
Por su parte, el abogado del Estado venezolano reconoció que “ninguno de esos casos se ha cerrado completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua”.
Al respecto, la Fiscalía de la CPI informó que de los 62 casos que observaron, “47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, es decir tres cuartas partes. También 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir, la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal. Y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada”.
Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, indicó que -para las víctimas-, “sólo un enfoque global permitirá develar la verdad, los autores inmediatos, reconocerá el contexto de la violencia en la que se produjeron estos crímenes y la naturaleza sistemática de los patrones”.
Marc Perrin de Brichambaut, juez de la Corte Penal Internacional, recordó que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000. “Cuando lo hizo, asumió unos compromisos, entre ellos el respeto a que la CPI podría tener que actuar en algunas circunstancias. ¿Cuáles fueron los obstáculos que le costó a Venezuela en los últimos 23 años aceptar la legislación?”, preguntó.
Ante ello, el abogado Ben Emmerson respondió: “La crítica de los 23 años es injuta. Venezuela fue el primer país de la región en firmar el Estatuto de Roma y ha respetado sus obligaciones con la Corte”. El letrado criticó que la CPI, como “corte extranjera” -así la definió-, “intervenga en el derecho nacional y soberano de perseguir a los propios ciudadanos por crímenes en su propio territorio”.
El martes, la fiscalía de la CPI alegó que su investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad está en “fase preliminar” y es “poco razonable que pueda identificar” sospechosos o “establecer el alcance real” del caso, en contra de la posición mantenida por el régimen de Caracas.
El chavismo, que niega la validez legal y sustancial de la petición de reanudar la investigación, trató de convencer a los jueces para que rectifiquen su decisión de permitir a la oficina del fiscal Karim Khan reanudar la investigación pero no lo consiguió.
Francisco González Centeno, funcionario de Información Pública y Sensibilización de la Corte Penal Internacional, indicó que, en términos generales, lo que se está dirimiendo es una cuestión de admisibilidad de una situación ante la CPI. Todo esto bajo el artículo 18 del Estatuto de Roma, que requiere que un Estado demuestre un proceso avanzado de investigaciones y procesamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por el Fiscal de la Corte.
Fue en junio pasado cuando los jueces de la sala de cuestiones preliminares autorizaron al fiscal de la CPI a seguir con las investigaciones, al considerar que si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía de la CPI.
La República Bolivariana de Venezuela apeló esa decisión y en estas audiencias no se dictará una sentencia. El fallo de los jueces se emitirá más adelante.
Durante estos dos días -ayer y hoy- se brindó la oportunidad a la Fiscalía de la Corte, a los representantes del régimen venezolano y a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI, que actúa en nombre de los intereses generales de las víctimas, de abordar cuestiones específicas que surjan de sus presentaciones y de responder a las preguntas de los jueces.
Luego de las audiencias, los jueces deliberarán y emitirán su fallo a su debido tiempo. Si no se puede alcanzar la unanimidad, el dictamen se tomará por mayoría de los jueces.
El fallo se dictará en audiencia pública y su fecha se anunciará públicamente con antelación, informaron desde la CPI.
Los jueces pueden decidir confirmar la decisión previa de la Sala de cuestiones preliminares de autorizar la reanudación de la investigación de la Fiscalía en Venezuela, revertirla o modificarla. También pueden enviarla a la Sala de cuestiones preliminares para una nueva determinación.
Omar González: Genocidio contra indígenas de Amazonas es otro crimen de lesa humanidad
Afirman que régimen venezolano no consiguió ayuda económica en China para mantenerse a flote
Afirman que Venezuela está al borde de un colapso energético total
Afirman que régimen venezolano no consiguió ayuda económica en China para mantenerse a flote
Nota de prensa
Puerto La Cruz, 15-09-2023-. En un medio de comunicación internacional, el dirigente de Vente Venezuela, Omar González Moreno, denunció que “el genicidio contra poblaciones indígenas de Amazonas es otro crimen de lesa humanidad del régimen de Maduro”.
Aseguró que grupos militares y estructuras paramilitares –con uniformes y armamentos de las Fuerzas Armadas Nacionales– desalojan a comunidades indígenas de sus ancestrales tierras.
“El Estado está generando un caos terrible; pues, con agresiones y amenazas pretenden expulsar a cientos de pobladores aborígenes de sus áreas históricas para emprender la devastadora práctica minera”.
El dirigente liberal aseguró que el voraz apetito por el oro está llevando a las autoridades a masacrar y saquear pueblos indígenas violando sus derechos humanos en la zona de Yacapana y en el denominado Arco Minero.
Recordó que este hecho no es para nada nuevo, sin embargo advirtió que las labores represivas e intimidatorias se han recrudecido en las últimas horas.
Falla nacional
El integrante del partido de la libertad indicó que la falla general del servicio eléctrico, presentada en las últimas horas en el país, es producto de la carencia de una política de mantenimiento de las plantas generadoras de energía.
“Allí está la obra del socialismo; bajones de luz, cortes prolongados. Todo el sistema eléctrico venezolano falla y todo gracias a los socialistas que por un cuarto de siglo no invirtieron en los servicios públicos”.
Manifestó que Venezuela está al borde de un colapso energético total y que el nuevo gobierno democrático deberá iniciar las soluciones complejas y profundas para recatar los servicios básicos y su funcionalidad.
Auxilio
Omar González resaltó que el régimen de Nicolás Maduro salió corriendo para China en búsqueda de “un auxilio económico para mantenerse a flote por algún tiempo más y fracasó”.
Añadió que los socialistas venezolanos tienen un pánico terrible debido a la fuerza de la opción de María Corina Machado y, además, por su falta de liquidez que le impide adelantar una campaña como la acostumbrada por ellos, es decir, “a los realazos”.
Fiscal argentino inicia investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El funcionario de la Fiscalía imputó a una docena de militares de distinto rango, entre generales de brigada, coroneles, tenientes coroneles y sargentos de los destacamentos de Carabobo y Tocuyito
El funcionario de la Fiscalía imputó a una docena de militares de distinto rango, entre generales de brigada, coroneles, tenientes coroneles y sargentos de los destacamentos de Carabobo y Tocuyito
Con información de AP
BUENOS AIRES (AP) — Un fiscal argentino imputó a militares venezolanos que se desempeñaban como altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas callejeras de 2014 con presuntos crímenes de lesa humanidad contra opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
La medida fue dispuesta por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien resolvió impulsar una acción penal “como presuntos responsables a los -al menos por entonces— mayor general Juan José Noguera Pietri, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y al General de División José Dionisio Goncálvez Mendoza, comandante de la Guardia del Pueblo”, según la disposición difundida el miércoles.
La Corte Penal Internacional de La Haya reabrió una investigación también por crímenes de lesa humanidad por lo sucedido en las manifestaciones de hace nueve años.
El fiscal argentino también pidió enviar exhortos a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que remitan “copias de informes de las misiones internacionales enviadas a Venezuela y toda actuación relacionada a los manifestantes muertos”.
El funcionario de la Fiscalía imputó a una docena de militares de distinto rango, entre generales de brigada, coroneles, tenientes coroneles y sargentos de los destacamentos de Carabobo y Tocuyito.
La resolución de Stornelli, a la que tuvo acceso The Associated Press (AP), se dio a partir de una denuncia presentada por la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, en inglés), tomando en cuenta la jurisprudencia de Argentina en materia de derechos humanos. Esta organización representa a las familias de dos manifestantes venezolanos asesinados hace casi una década.
La negativa de la justicia venezolana a investigar a los jerarcas de la Guardia Nacional Bolivariana --sólo fueron juzgados oficiales de rangos subalternos como autores materiales— llevó a la fundación Clooney a motorizar una causa judicial ante los tribunales argentinos, los cuales se han basado en el principio de jurisdicción universal para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de su territorio.
En ella, se afirma que “el ataque organizado contra la población civil entre febrero y mayo de 2014 respondió a una política del Estado venezolano” y que los asesinatos de al menos 25 manifestantes a manos de fuerzas de seguridad o colectivos se enmarcaron en un “plan sistemático” de represión contra opositores.
Los denunciantes, basándose en el Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional, sostienen que “el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando”.
Denuncian en la Justicia argentina los crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro: “Es una demanda sólida”
La Clooney Foundation for Justice hizo una presentación tras recabar los testimonios de más 100 personas. En diálogo con Infobae, Ignacio Jovtis, responsable senior del programa, brindó los detalles. Amnistía Internacional exigió que se le dé lugar al pedido
La Clooney Foundation for Justice hizo una presentación tras recabar los testimonios de más 100 personas. En diálogo con Infobae, Ignacio Jovtis, responsable senior del programa, brindó los detalles. Amnistía Internacional exigió que se le dé lugar al pedido
Con información de Infobae / por Gaston Calvo
La Clooney Foundation for Justice (CFJ) presentó este miércoles una denuncia ante la justicia federal argentina para que investigue los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En diálogo con Infobae, Ignacio Jovtis, responsable senior del programa que dirige las investigaciones de la CFJ sobre el país caribeño, resaltó que “es una demanda sólida”; y explicó: “Hoy presentamos en la justicia argentina una denuncia por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Por motivos de seguridad, no podemos dar datos de los casos concretos pero denunciamos una situación de sistematicidad”.
“Documentamos decenas de casos. No son aislados, si no que hay un plan de Estado. Hay órdenes para que esto suceda”, consignó.
Preguntado sobre por qué se eligió a la Justicia argentina, Jovtis indicó: “Porque en Venezuela estos crímenes no se investigan. Las víctimas necesitan tener un espacio. Argentina tiene predisposición para llevar adelante este tipo de investigaciones”.
“Nuestro punto es intentar que Venezuela se convierta en una tercera causa en Argentina después de las del franquismo y Myanmar”, completó.
La fundación explicó en un comunicado que la jurisdicción universal permite a los países enjuiciar los crímenes más graves con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima. Y considera que Argentina es una jurisdicción apropiada dada su apuesta, “ya consolidada”, por la jurisdicción universal.
Luego recordó que la justicia federal argentina aplicó con anterioridad el principio de jurisdicción universal a casos en lo que constituye ya una sólida línea de precedentes. Entre ellos, en 2010 una jueza federal argentina inició una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen franquista (1936-1977). Esto dio lugar a una orden de exhumación por parte del tribunal que permitió a la hija de una víctima recuperar los restos de su padre, algo que los tribunales españoles no habían logrado. En 2021, aplicando de nuevo la jurisdicción universal, un juez federal argentino inició una investigación sobre el presunto genocidio cometido contra la comunidad Rohingya en Myanmar.
“El caso de Venezuela tiene un caracter de urgencia porque estos crímenes se siguen cometiendo en ese país. Esperamos que Argentina acceda”, continuó su diálogo con este medio Jovtis; al tiempo que subrayó: “Trabajo en estos temas hace 20 años y una cosa que es llamativa es ver cómo se repiten los patrones”.
Por último, indicó que la fundación se presentó como querellante y expresó: “Entrevisté a gente distinta, que no se conoce, de distintos lugares del país; y te cuentan que el modus operandi es idéntico”.
“Estamos trabajando desde hace un año y entrevistamos, en el contexto de esta investigación, a más 100 personas, incluyendo víctimas, familiares y gente del sector jurídico. Vimos cosas desgarradoras”, concluyó.
Pedido de Amnistía Internacional
La demanda penal presentada hoy ante la justicia federal argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Clooney Foundation for Justice, sobre crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas, es un importante paso para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, dijo Amnistía Internacional.
“Ante la demanda penal interpuesta en Argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la justicia argentina tiene la obligación de investigar estos crímenes y, de hallarse pruebas suficientes y admisibles, debe acusar y condenar a los presuntos perpetradores. Los titánicos esfuerzos de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, ante la impunidad imperante en Venezuela, con el valioso apoyo de organizaciones como la Clooney Foundation for Justice, no pueden caer en oídos sordos. La justicia federal de Argentina no puede darle la espalda a las víctimas; por el contrario, debe abrir la puerta a la jurisdicción universal y generar un precedente importante para que otros países de la región sigan el mismo curso de acción”, destacó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La ONG recordó que la demanda se enmarca en la política de represión instaurada y ejecutada por el régimen de Nicolás Maduro desde 2014. “Esta política —que sigue vigente— incluye la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, entre ellos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y persecución por motivos políticos”, subrayó la organización.
Luego sostuvo que múltiples mecanismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, —incluida Amnistía Internacional— han denunciado cómo estos ataques han adquirido el carácter de sistemáticos y generalizados en contra de quienes son percibidos como opositores al régimen, constituyéndose en crímenes de lesa humanidad. Esta conclusión fue igualmente sostenida por la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, creada en 2019.
“Las víctimas que han denunciado crímenes de lesa humanidad hoy han puesto sus esperanzas de justicia en Argentina. Los tribunales argentinos tienen la competencia constitucional sobre estos crímenes no por dónde hayan sido cometidos o por quién, sino porque se trata de hechos que dañan a la humanidad en su conjunto. Esperamos que el sistema de justicia argentino esté a la altura de las circunstancias y sostenga su tradición histórica de perseguir y castigar a quienes resulten responsables en todos los niveles por estos hechos”, concluyó por su parte Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Un nuevo informe de la OEA advirtió que las reformas en Venezuela “perpetúan la impunidad” de los crímenes de lesa humanidad
El Panel de Expertos Internacionales Independientes presentó su segundo trabajo sobre la opresión del régimen de Nicolás Maduro
El Panel de Expertos Internacionales Independientes presentó su segundo trabajo sobre la opresión del régimen de Nicolás Maduro
Con información de Infobae
El Panel de Expertos Internacionales Independientes, designado por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para evaluar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentó este martes su esperado segundo informe.
En una conferencia de prensa celebrada hoy en La Haya, los miembros del panel Santiago Canton y Joanna Frivet presentaron conclusiones alarmantes que revelan “las reformas institucionales de Venezuela que perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas”.
Moderada por Rodrigo Diamanti, secretario del panel de expertos, la sesión puso de relieve la urgente necesidad de que actúe la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Nombrado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el 14 de septiembre de 2017, el Panel de Expertos Internacionales Independientes está formado por distinguidas personalidades que evalúan los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Entre sus miembros se encuentran Santiago Cantón, de Argentina; Manuel Ventura Robles, de Costa Rica; e Irwin Cotler, de Canadá; junto con la más reciente incorporación, Joanna Frivet, de Mauricio.
El panel reveló que “las reformas institucionales propuestas en Venezuela son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis”.
Además, el informe expresó su preocupación por el hecho de que estas reformas “protejan a los responsables ante la justicia nacional e internacional, perpetuando así la impunidad al más alto nivel. Esto indica una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos, especialmente en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
En ese sentido, el panel destacó dos casos que son ilustrativos del problema generalizado en Venezuela donde presuntos perpetradores son promovidos a posiciones donde están directamente involucrados en la reforma institucional y la relación del Estado con la CPI.
En primer lugar, mencionó a Calixto Ortega, actualmente embajador de Venezuela en los Países Bajos y jefe de la misión diplomática de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Es magistrado de la Sala Constitucional y de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia desde diciembre de 2105. “En su condición de tal, se le atribuye haber colaborado activamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad de detenciones arbitrarias mediante decisiones judiciales que autorizaron la continuación de detenciones sin fundamento jurídico sustantivo, como en los casos de Gilber Caro y Juan Requesens, entre otros”.
En segundo término, el informe señala a Diosdado Cabello, vicepresidente de la “Comisión de la Revolución Judicial” y actual Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. “Es considerado una de las personas que podría tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al Director General del SEBIN, González López, quien de facto dependía de él”, resalta el reporte.
“En lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad. Este informe evidencia con casos concretos cómo el gobierno de Venezuela está garantizando la impunidad”, expresó Santiago Cantón, a la cabeza del panel.
Las principales conclusiones del informe demuestran que las reformas introducidas por Venezuela se quedan cortas en varias áreas críticas:
I) Erosiona aún más el ya deficiente sistema judicial, plagado de falta de independencia e imparcialidad y de corrupción endémica.
II) No establece mecanismos eficaces y viables de rendición de cuentas para llevar a los presuntos responsables ante la justicia.
III) Sigue ignorando a las víctimas venezolanas, al no crear derechos sustantivos a recursos accesibles y transparentes.
En palabras de Joanna Frivet, “el panel ha llegado a la conclusión de que las víctimas venezolanas siguen existiendo en un vacío legal sin derechos sustantivos a reparaciones”.
Los expertos enviaron una recomendación al fiscal Karim Khan para “centrarse en los autores de alto nivel que operan fuera del alcance de la jurisdicción nacional debido a la falta de voluntad y la incapacidad del Gobierno de Venezuela para poner fin a la impunidad”.
Antecedentes
El 29 de mayo de 2018, el Panel emitió su primer informe, indicando una base razonable para considerar los actos perpetrados contra la población civil de Venezuela desde al menos el 12 de febrero de 2014 como crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma.
Estos actos incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y desapariciones forzadas.
El grupo recomendó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que remitiera el informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) e instó a los estados partes en el Estatuto de Roma a solicitar la apertura de una investigación sobre la situación venezolana.
Actualmente, la CPI, el Panel de Expertos de la OEA y la Misión de Investigación de Naciones Unidas son los únicos mecanismos internacionales dedicados a estudiar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
PROVEA advierte sobre iniciativa de Petro para presos políticos en Venezuela
“No puede abarcar impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad”, pues la Constitución no lo permite
“No puede abarcar impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad”, pues la Constitución no lo permite
Con información de VOA Noticias / Carolina Alcalde
Los activistas señalaron que no deben confundirse la condición de preso político con la de violador de los derechos humanos.
Defensores de derechos fundamentales reaccionaron positivamente a la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de una “amnistía” para presos por razones políticas en Venezuela, como parte de las propuestas para lograr acuerdos entre el gobierno y la oposición.
Sin embargo, advirtieron que “no puede abarcar impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad”, pues la Constitución no lo permite.
El activista de derechos humanos Marino Alvarado expuso que tampoco lo permite la jurisprudencia del sistema internacional de protección de derechos humanos.
“Sería una afrenta a las víctimas y en nada favorecería la estabilidad y el retorno a la democracia”, escribió en Twitter.
“Saludo su interés por la situación de Venezuela y agradezco todos sus esfuerzos, pero debe asesorarse bien en materia de derechos humanos y transiciones sin impunidad. Argentina 1985 es un buen ejemplo, juzgar a los criminales contribuye a la estabilidad en el país”, agregó.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, manifestó que “frente a la tentación de amnistiar violadores de derechos humanos, seguiremos apostando a la justicia internacional de los organismos de protección, donde no hay posibilidades de darle espacio a la impunidad”.
El artículo 29 de la Constitución de Venezuela establece que el Estado está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades y precisa que, dichos delitos, “quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.
“De parte nuestra se pidió que hubiera un descalamiento de la conflictividad política en términos de la entrada de Venezuela al Sistema Interamericano de derechos humanos, de una amnistía general, de un desbloqueo general de la economía venezolana, de unas elecciones que para el año 24 debe darle garantías a todas las fuerzas que ahí intervengan”, dijo Petro que, consultado por los periodistas, precisó que su propuesta concernía solo a los presos por razones políticas.
Las declaraciones de Petro surgieron al término de un encuentro a puerta cerrada celebrado el viernes en Francia con los negociadores del gobierno y la oposición venezolanos junto a sus homólogos de Argentina, Alberto Fernández; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Noruega, Anniken Huitfeldt.
En noviembre de 2021 la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
La CPI pide permiso para reanudar investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El fiscal Karim Khan cree que “siguen siendo insuficientes” los esfuerzos del gobierno de Venezuela para compartir información sobre sus procedimientos y reformas legales
El fiscal Karim Khan cree que “siguen siendo insuficientes” los esfuerzos del gobierno de Venezuela para compartir información sobre sus procedimientos y reformas legales.
Con información de VOA Noticias
CARACAS — El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó este martes que la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo autorice la reanudación de su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Khan precisó en un comunicado que, luego de la revisión “objetiva e independiente” de una cantidad sustantiva de información provista por el gobierno de Venezuela y de “fuentes creíbles”, su despacho no consideraba justo un aplazamiento de sus labores.
“He concluido que el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no se justifica, y se debe autorizar la reanudación de la investigación”, indicó el fiscal británico.
A pesar de que su oficina ha tomado nota de los “esfuerzos considerables” del gobierno presidido por Nicolás Maduro para compartir información sobre sus disposiciones, Khan concluyó que estos “siguen siendo insuficientes en su alcance o aún no han tenido un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes” en Venezuela.
Expuso además que la fiscalía de la CPI reconoce y se siente “alentada” por el hecho de que las autoridades venezolanas han adelantado varias reformas legales para corregir “problemas estructurales y sistémicos” dentro del país suramericano.
“Si tales esfuerzos se implementan adecuadamente, podrían ofrecer un margen para la esperanza y el cambio” en Venezuela, consideró el fiscal en su comunicado.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional debe determinar ahora si la petición de Khan procede y, por ende, su despacho reanuda sus investigaciones sobre la posible comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela desde hace cinco años.
El alto funcionario de la CPI reivindicó su compromiso con el “enfoque de doble vía” con respecto a la complementariedad del Estatuto de Roma, que asigna la responsabilidad principal de ese tipo de investigaciones a los países, y el rol de su despacho en esa tarea.
“La complementariedad debe evaluarse sobre la base de los hechos tal como existen, no como podrían materializarse en el futuro. La pregunta para la Corte es si ahora, en esta etapa muy inicial, la investigación de la Fiscalía en esta situación debe aplazarse en su totalidad sobre la base de la solicitud de aplazamiento de Venezuela”, expuso Khan.
El fiscal consideró que la negación de la solicitud venezolana de postergar la investigación no significa que ese escenario no pueda reevaluarse en un futuro.
“Sigo comprometido a cooperar con las autoridades venezolanas y todas las demás partes interesadas en la búsqueda de la verdad”, añade el comunicado de la Fiscalía de la CPI.
Khan hizo votos por hallar “maneras constructivas de implementar en la práctica” el memorando de entendimiento que firmó con el presidente Maduro en noviembre de 2021.
Reiteró su felicitación al gobierno venezolano por su “compromise constructivo” ante la investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad. “En última instancia, corresponderá a los jueces de la Corte decidir sobre los méritos de la solicitud de aplazamiento de Venezuela y nuestra solicitud” de reanudar la indagación, dijo.
En septiembre, un informe de las Naciones Unidas sobre Venezuela confirmó la responsabilidad de autoridades del gobierno de ese país en crímenes de lesa humanidad, entre ellos Maduro y Diosdado Cabello, uno de los líderes más influyentes del chavismo.
Según la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, ambos son responsables de un “plan orquestado” para “reprimir a la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
“El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, declaró entonces la presidenta de la Misión de la ONU, Marta Valiñas, al presentar el informe.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renovó hace tres semanas el mandato de esa misión sobre Venezuela. Según expertos consultados, el reporte presentado en septiembre pasado no es vinculante con la investigación del fiscal Karim Khan.
La misión de la ONU concluyó que hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Su presidenta, Marta Valiñas, presentó una actualización oral de su duro informe al Consejo de Derechos Humanos: “la situación de impunidad debe ser atendida”
Su presidenta, Marta Valiñas, presentó una actualización oral de su duro informe al Consejo de Derechos Humanos: “la situación de impunidad debe ser atendida”
Con información de Infobae
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó este viernes una actualización oral de su duro informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, expresó que “hay motivos razonables para creer que en Venezuela hubo crímenes de lesa humanidad”.
“Hay una situación de impunidad que debe ser atendida”, indicó; al tiempo que dijo que, “poco después de la publicación del segundo informe, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Internacional”.
Luego señaló con preocupación las “violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de seguridad del Estado” y que “continúa siendo un obstáculo la falta de datos” por parte del Estado.
Valiñas destacó que, “en los últimos meses, se han producido algunos avances en casos emblemáticos abordados por la Misión”. Sin embargo, reiteró que “los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen el derecho de participar en las investigaciones” que se llevan adelante en el país.
La presidenta de la Misión se refirió a la reforma judicial que se planteó desde la Asamblea Nacional venezolana y consideró que la misma “es insuficiente” si en la práctica no hay un respeto por los derechos humanos. “Hay decenas de personas que llevan más de tres años detenidas sin juicio. En la segunda mitad de 2021 se produjeron dos muertes en prisión relacionadas por falta de atención médica”, manifestó.
Mencionó -como este jueves lo hizo Michelle Bachelet- el caso de Javier Tarazona, el presidente de la ONG Fundaredes, quien se encuentra detenido y su estado de salud está deteriorado. “La Misión recibió información de que recibió tortura psicológica”.
Por último, expresó: “Hoy la vida cotidiana de los venezolanos sigue afectada. Han soportado una década de crisis política, social, económica y de derechos humanos. La muestra de todo ello son los más de seis millones que debieron abandonar el país. Continuaremos trabajando de manera independiente e imparcial en el país”, concluyó.
A lo largo de su actualización oral, Valiñas citó algunas de las conclusiones del informe presentado en septiembre del año pasado. Dicho escrito destacó que el Estado (el régimen de Nicolás Maduro) “no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos”.
“El sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”, indicó.
La Misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar las violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al régimen de Maduro e indicó en su informe de septiembre pasado que realizó “177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos”.
Además, efectuó un “extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales”, y de “183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno” entre 2014 y agosto de 2021, y documentó “las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal”.
Venezuela, gobernada por Maduro desde 2013, vive una debacle social y económica que, según la última actualización de la ONU, ha forzado en los últimos años la salida del país de seis millones de personas.
Con la mediación de Noruega, el régimen de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, iniciaron en agosto un proceso de negociación política en México para sacar a Venezuela de la crisis. Sin embargo, dicho proceso fue interrumpido por el propio régimen, que en los últimos días dijo estar dispuesto a sentarse a conversar.
Este jueves, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su actualización oral sobre la situación de los DDHH en Venezuela.
En el marco del 49 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresó: “Desde septiembre del año pasado -fecha en que hizo la última actualización hasta ayer-, hemos visto 93 incidentes relacionados con el espacio cívico de Venezuela, incluidos las amenazas”.
Luego indicó que “la reforma al sistema de justicia y la reestructuración de la Policía son pasos prometedores, así como las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de prisión. Estas reformas deben implementarse inmediatamente”, pidió.
En otro orden, consignó que “la reciente celebración de un memorando de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal es una excelente oportunidad para el compromiso del gobierno de Venezuela” en materia de derechos humanos. Igualmente, subrayó: “Seguimos observando los desafíos al debido proceso”.
“Reitero que todos los detenidos arbitrariamente deben ser puestos en libertad y debe garantizarse el debido proceso. Deben tener una atención médica adecuada”, resaltó.
Posteriormente, dijo que sigue con preocupación el enjuiciamiento de los miembros de la ONG Fundaredes. “Su director sigue detenido y su salud preocupa”, subrayó.
Bachelet también hizo referencia a la necesidad de “fortalecer el diálogo” entre todos los actores de la sociedad y dijo que “es alentador saber sobre las discusiones para la reanudación de las negociaciones entre el gobierno y la oposición”.
Cofavic: La decisión de la CPI es un “paso histórico”
“Aquí se ratifica el criterio de la fiscalía de que hay motivos razonables para pensar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela”
“Aquí se ratifica el criterio de la fiscalía de que hay motivos razonables para pensar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela”
Redacción
La fundadora de Cofavic, Liliana Ortega, calificó de «histórica y sorprendente» la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, de abrir una investigación para el caso Venezuela I por la presunta comisión de crímenes graves.
«Aquí se ratifica el criterio de la fiscalía de que hay motivos razonables para pensar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, son crímenes imprescriptibles y crímenes internacionales», dijo.
En entrevista concedida a Unión Radio, explicó que se trata de un proceso jurídico «muy riguroso» y con una serie de trámites que deben cumplirse.
Comentó que en este tipo de proceso todas las partes involucradas tendrán garantías judiciales, el debido proceso y podrán interponer los recursos que la defensa considere conveniente.
Afirmó que luego de que la CPI y la administración de Nicolás Maduro firmaron un memorándum de entendimiento, el Estado tendrá que «cooperar en esta fase de manera determinante».
Ortega consideró necesario que las ONGs se encarguen de promover expectativas justas para las presuntas víctimas ante el largo camino de investigación. «Hay que esperar y tener paciencia sobre los pasos y el contexto procesal en que tienen que desarrollarse», acotó.
María Corina Machado: Maduro ha firmado su propia sentencia
La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela asegura que con el avance a la fase de investigación de la Corte Penal Internacional “aquellos que pretenden hacerle el juego al sistema criminal, deben saber que ahora puede haber órdenes de comparecencias y aprehensión”
La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela asegura que con el avance a la fase de investigación de la Corte Penal Internacional “aquellos que pretenden hacerle el juego al sistema criminal, deben saber que ahora puede haber órdenes de comparecencias y aprehensión”
Nota de prensa
(Caracas. 04/11/2021) Este miércoles, durante una entrevista en el programa “La Tarde”, en la cadena de noticias NTN24, conducido por la periodista venezolana Idania Chirinos, la líder política María Corina Machado expresó que “Nicolás Maduro ha firmado su propia sentencia”, en referencia a lo ocurrido ayer en el Palacio de Miraflores entre el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI). Karim Khan, y el jerarca del régimen.
Khan anunció que la fiscalía de la CPI pasará a la IV Fase del proceso de investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ya que la evidencia obtenida por la Corte apunta a que el proceso debe continuar. Ante esto, la Coordinadora Nacional de Vente Venezuela aseguró que “aquellos que pretenden hacerle el juego al sistema criminal, deben saber que ahora puede haber órdenes de comparecencias y aprehensión”.
“Hoy es un día histórico para Venezuela. Yo no puedo dejar de pensar en este momento en cada una de las víctimas: Pernalete, Baduel, David Vallenilla, Tarazona, De La Sotta; en todos aquellos que hoy son víctimas”, expresó Machado, quien reconoció la labor realizada por la organizaciones de derechos humanos venezolanas haciéndole seguimiento a los casos, pero en especial quiso agradecer el esfuerzo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) liderada por Luis Almagro cuyo apoyo calificó como “crucial”, así como el respaldo de los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile, Canadá, Paraguay y Perú, que en 2018 solicitaron la investigación del chavismo ante la corte, especialmente al presidente Iván Duque y a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez de Colombia.
Para Machado, “esto es un antes y un después” para la lucha por la libertad de Venezuela, afirmando que “esto es algo que los venezolanos esperamos desde hace mucho tiempo. Sabemos que la justicia internacional tiene sus etapas y que han habido muchos obstáculos”.
“Cuando el Fiscal dice «no somos políticos» es un mensaje que no solo va dirigido al régimen, también es un mensaje claro a la falsa oposición y los que pretenden que puede negociarse la justicia. Es algo que se ha filtrado como pretensiones del diálogo de México”, sentenció Machado, quien concluyó que “lo ocurrido hoy ratifica lo que hemos dicho desde hace años: no enfrentamos políticos, sino criminales. Con estos criminales no puede haber concesiones y no se les puede legitimar. Nunca antes un individuo que usurpa el poder, como acá, ha sido llevado a investigación. Habrá justicia internacional, pero también habrá justicia en Venezuela”.
Tarek William Saab calificó el informe de la fiscalía de la CPI como "gratuitas e inveraces“
“Las conclusiones emitidas por Fatou Bensouda antes de abandonar el cargo carecen de valor alguno”
“Las conclusiones emitidas por Fatou Bensouda antes de abandonar el cargo carecen de valor alguno”
Redacción
El fiscal general oficialista, Tarek William Saab, rechazó este jueves el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), mediante el cual se confirma la “inacción” por parte del Estado venezolano para investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad y la falta de independencia de la Justicia venezolana.
“Las actuaciones de la exfiscal, en el marco del caso Venezuela I, se llevaron a cabo, tal y como lo confirmó la Sala de Cuestiones Preliminares, de manera unilateral y sin tener en cuenta, ni la colaboración efectiva ofrecida de buena fe por nuestras autoridades, ni la documentación presentada”, afirmó Saab en un documento.
Saab consideró que las conclusiones emitidas por Fatou Bensouda antes de abandonar el cargo “carecen de valor alguno” y las calificó como “gratuitas e inveraces”.
Sin embargo, manifestó su confianza en el nuevo fiscal de la CPI, el británico Karim Khan, y dijo que espera que visite Venezuela “y compruebe in situ los esfuerzos realizados por las instituciones venezolanas”.
EFE: Expertos de la OEA piden que la CPI anuncie investigación contra Venezuela
“Cualquier retraso” en este proceso “sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo venezolano”
“Cualquier retraso” en este proceso “sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo venezolano”
Con información de EFE
WASHINGTON.- Un grupo de expertos designado por la Organización de Estados Americanos (OEA) urgió este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) a que anuncie la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad contra Venezuela, cuyo caso se encuentra en examen preliminar.
En un comunicado, el panel de expertos se refirió a la situación del país caribeño, que desde febrero de 2018 se encuentra bajo examen preliminar por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
El panel, designado en 2017 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió que se abra la investigación. Pero sobre la apertura o no de esa investigación debía pronunciarse la exfiscal de la CPI Fatou Bensouda, quien dejó su cargo el pasado 15 de junio, y fue reemplazada por el abogado británico Karim Khan.
Para los expertos, “cualquier retraso” en este proceso “sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo venezolano”.
Bensouda dijo el 8 de junio a Efe que esperaba anunciar si abriría o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del país , que se quejó de trato “discriminatorio” y “desigual”.
En la nota, los expertos indicaron que la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI rechazó el pasado 2 de julio por “improcedente” el pedido de Venezuela.
En ese contexto, el panel consideró que “corresponde anunciar el comienzo de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela”.
El grupo de expertos, integrado por Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Santiago Canton (Argentina) e Irwin Cotler (Canadá), señaló que demorar este caso permitiría además que “se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos”.
De igual forma, planteó que cualquier visita a ese país “se realice como parte de una investigación, una vez abierta”, tras la invitación que extendió el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan.
OEA presenta nuevo informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El informe, toma como base el informe del Panel de Expertos Independientes de la OEA de 2018
El informe, toma como base el informe del Panel de Expertos Independientes de la OEA de 2018
Redacción
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presenta este miércoles un nuevo informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El informe, elaborado por el Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser, se basa en el informe del Panel de Expertos Independientes de la OEA de 2018, que recaudó una gran cantidad de evidencia con la cual se determinó que había razones para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Tenemos una responsabilidad de proteger a nuestros vecinos cuando ya no pueden protegerse a sí mismos (…) La comunidad internacional tiene la responsabilidad de usar los instrumentos disponibles para apoyar al pueblo venezolano para que puedan restaurar la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho”, enfatizó el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El diplomático consideró que “es una tragedia en Venezuela que muchos actores internacionales se escondan detrás del principio de no interferencia“.
Por su parte, el Asesor Especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger, Jared Genser, aseguró que “Venezuela sufre de violencia patrocinada por el Estado“.
Genser cuestionó que luego de tres años de haber iniciado el examen preliminar, aún la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no haya abierto una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“El ritmo ha sido muy lento en la revisión“, dijo.
Saab: CPI no sustituye al sistema de justicia de Venezuela
“En el caso de Venezuela no se puede tipificar que haya crímenes de lesa humanidad, porque no se trata de una política de Estado”
“En el caso de Venezuela no se puede tipificar que haya crímenes de lesa humanidad, porque no se trata de una política de Estado”
Redacción
El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, expuso su versión sobre las diligencias del gobierno de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional de La Haya este lunes 9 de noviembre.
Acompañado por el defensor del pueblo nombrado por la constituyente, Alfredo Ruiz, Saab aseguró que, durante el encuentro con la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, presentó las diligencias realizadas para sancionar a los violadores de DDHH.
Detalla que la CPI estudia dos casos: Venezuela 1 (lo sucedido durante las protestas de 2017, que investiga actuaciones de fuerzas de seguridad y actores privados). Y Venezuela 2 (relativa a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por “medidas coercitivas ilícitas”).
Insistió Saab que ambas “permanecen en un examen preliminar”, por lo que “todavía no se ha iniciado una investigación al respecto”, enfatizó.
A su juicio, en el caso de Venezuela no se puede tipificar que haya crímenes de lesa humanidad, porque no se trata de una política de Estado.
Saab dijo que invitó a la fiscal Bensouda para que visite Venezuela. Insistió en que los responsables de violaciones de DDHH han sido sancionados en el país.
Alfredo Ruiz, por su parte, planteó que el gobierno de España no ha extraditado ni juzgado al presunto responsable de la quema del ciudadano Orlando Figuera durante una protesta en el año 2017.
La CPI declara que existen fundamentos sobre delitos de competencia en Venezuela
Solicitan información sobre los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma
Solicitan información sobre los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma
Redacción
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda, recibió a la delegación de la administración de Nicolás Maduro el martes en su sede de La Haya, a la cual comunicó que existen «fundamentos razonables» para creer que en Venezuela hubo delitos que pueden ser tratados por la Corte.
Bensouda, fiscal de la CPI, sostuvo una reunión con el fiscal constituyente, Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
La oficina de la CPI pudo intercambiar ideas con la delegación de Maduro sobre el estado de los dos exámenes preliminares contra el Estado venezolano iniciados en febrero de 2018 y febrero 2020 respectivamente.
«La Fiscalía había concluido su análisis de la materia y determinó que existían fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte. En este sentido, la oficina solicitó información sobre los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma», cita la nota de prensa de la CPI.
Duque pide actuar contra Maduro por "crímenes de lesa humanidad"
El presidente de Colombia se reunió con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, quien agradeció a Bogotá su respaldo “al presidente interino Juan Guaidó”
El presidente de Colombia se reunió con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, quien agradeció a Bogotá su respaldo “al presidente interino Juan Guaidó”
Con información de DW
El presidente de Colombia, Iván Duque, llamó este sábado (19.09.2020) a la comunidad internacional a actuar contra Nicolás Maduro, por crímenes de lesa humanidad, luego de que se conociera un reporte de Naciones Unidas que asegura que en Venezuela se aplica una política sistemática de violaciones a los derechos humanos.
Duque dio una conferencia conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien realiza una breve gira por algunos países de Sudamérica, cuyo objetivo declarado es aumentar la presión contra el régimen de Caracas. Para Duque, el reporte de la ONU confirma que "la cabeza de la dictadura (Maduro) es en sí mismo un criminal de lesa humanidad y la comunidad internacional tiene que actuar para que esta situación termine".
Duque aseguró que el círculo cercano del mandatario venezolano "también está rodeado de criminales de lesa humanidad”, y añadió que Colombia ha tenido una "política fraterna para atender hermanos y hermanas venezolanos, pero sabemos que la situación que se presenta allí es insostenible". Duque aprovechó la ocasión para agradecer a Estados Unidos la ayuda que presta a su país para combatir el terrorismo y el narcotráfico.
Apoyo al presidente Guaidó
El informe presentado por la ONU denunció "motivos razonables" para creer que autoridades y fuerzas de seguridad de la otrora potencia petrolera planificaron y ejecutaron graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales "constituyen crímenes de lesa humanidad". Caracas rechazó el documento al que considera "plagado de falsedades".
Por su parte, Pompeo agradeció a Duque su apoyo "al presidente interino (de Venezuela) Juan Guaidó" y a la "transición democrática de una Venezuela sin la influencia maligna de Cuba, Rusia e Irán". Y agregó que la violencia de grupos como los disidentes de las FARC o el ELN "es intolerable”, como también lo son "acciones de regímenes como el de Maduro, que han venido brindando refugio seguro (...) a esos terroristas”.
Pompeo llegó a Bogotá el viernes tras visitar un centro para refugiados en la ciudad brasileña fronteriza de Boa Vista, donde enfatizó la situación de casi cinco millones de venezolanos que huyeron de la crisis económica en su país. El diplomático estadounidense dijo ese día que Maduro "tiene que irse", desatando una furiosa reacción del líder venezolano, que lo acusó de emprender una "gira guerrerista".
DZC (EFE, AFP)
Informe de la ONU reconoce los delitos de Lesa Humanidad en Venezuela
La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas
La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas
Redacción
El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado este 16 de septiembre.
La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.
Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.
La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.
Misión de la ONU vincula a Maduro y al régimen venezolano con “crímenes de lesa humanidad”
La misión investigó “16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales”, además de “2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad”
La misión investigó “16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales”, además de “2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad”
Con información de AFP
Nicolás Maduro, y los ministros más importantes de su gobierno están vinculados con posibles "crímenes de lesa humanidad", afirmó este miércoles una misión de la ONU al presentar un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en ese país.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, citada en un comunicado.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó Valiñas.
Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política, que se profundizó en 2019 cuando el líder opositor y titular del parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado del país, luego de declarar que Maduro usurpó el cargo tras reelegirse en unos cuestionados comicios un año antes.
En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la situación en el país al presentar un informe en el que denunciaba “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”.
En esta ocasión, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un exhaustivo informe de 443 páginas.
Además, estudió otros 2.891 casos para “corroborar los patrones de violaciones y crímenes”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
No obstante, esta misión no pudo visitar Venezuela, debido a que “el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes” y a las restricciones de viaje en vigor debido a la pandemia del nuevo coronavirus y realizó 274 entrevistas a distancia, explica el informe.
Si bien la misión reconoce “la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público”, constató que “el gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela”.
Ejecuciones y torturas
La misión investigó “16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales”, además de “2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad” entre 2015 y 2017.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dijeron a la misión que “era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular ‘enfrentamientos'”.
“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad (…). Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”, dijo Valiñas.
En el caso de las torturas, la misión investigó el accionar del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y documentó detenciones que en realidad eran “desapariciones forzadas de corta duración”.
Estas incluían “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo”.
“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia –tanto hombres como mujeres– a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales”, dijo Francisco Cox, miembro de la misión.
La misión instó a las autoridades venezolanas a llevar a cabo de inmediato “investigaciones rápidas”, “independientes” y “transparentes” sobre las violaciones y los crímenes.
Valiñas dijo que instancias como la Corte Penal Internacional (CPI) “deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales” contra los responsables identificados por la misión.
Desde finales de 2015, unos cinco millones de personas “abandonaron” Venezuela a raíz de la crisis política y económica, según cifras de la ONU.
Una nueva denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro alerta sobre el aumento de la represión
El caso revela los ataques de las fuerzas oficialistas contra una clínica y tres Iglesias durante las protestas contra la administración de Maduro
El caso revela los ataques de las fuerzas oficialistas contra una clínica y tres Iglesias durante las protestas contra la administración de Maduro
Con informacion de Infobae
Un instituto académico checo, dirigido por la jurista venezolana Tamara Sujú, informó este lunes en Praga de que ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por los ataques de las fuerzas de seguridad venezolanas contra una clínica privada y tres iglesias.
Según explicó Tamara Sujú, directora ejecutiva de CASLA, un centro especializado en estudios de América Latina en Praga, el objetivo es "demostrar que la represión se ha recrudecido" en el país caribeño.
"No importa ya atacar una clínica o centro de salud, lo que internacionalmente está penado", señaló la jurista venezolana, que recibió asilo en la República Checa en 2014.
CASLA ha presentado en el pasado varios pliegos ante la CPI con más de 600 casos de supuestas torturas atribuidos a responsables del Gobierno de Maduro.
En los dos expedientes por crímenes de lesa humanidad abiertos contra Venezuela en La Haya hay casos de torturas, de detención arbitraria, violencia sexual y desapariciones forzadas temporales.
En el material presentado ahora al CPI se denuncia el ataque a la clínica privada "Alfa" en Maiquetía (estado de Vargas), donde fueron heridas de gravedad tres mujeres durante las protestas callejeras que siguieron a un discurso del dirigente opositor Juan Guaidó el pasado 30 de abril.
La intervención de las fuerzas del orden hizo que numerosas personas se refugiasen en el centro del salud, donde entraron agentes y abrieron el fuego "a quemarropa", asegura Sujú.
Agentes de la Guardia Nacional y Policía Regional allanaron ese mismo día tres iglesias, en Maiquetía, San Cristóbal (estado de Táchira) y Barquisimeto (estado de Lara). Allí se habían refugiado manifestantes, contra los que se usaron gases lacrimógenos dentro del templo durante el oficio religioso.
En el pliego de denuncia a la CPI figuran el gobernador de Vargas, José Luís García Carneiro; el vicealmirante Gustavo Romero Matamoros, y el jefe de la policía del estado de Vargas, Virgilio Pelequia, como "cabezas de la represión", aseguró Sujú.
Seis países -Argentina, Perú, Paraguay, Colombia, Chile y Canadá- han denunciado a Venezuela ante la CPI y han instado al fiscal a abrir la investigación contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Por otra parte, CASLA anunció hoy que en cooperación con la secretaría general de la Organización de Estados Américanos (OEA) entregará en junio próximo un informe en la CPI sobre la "masacre del pueblo pemón".
Esta comunidad indígena autóctona se ha visto desplazada por el Gobierno venezolano para facilitar la extracción minera en su zona de residencia.
"Unos 1.200 'pemones' se han visto obligados a abandonar Venezuela y refugiarse en Brasil tras ser intimidados por el Gobierno", explicó Sujú.