EE.UU. autoriza que Nicolás Maduro y Cilia Flores paguen sus abogados con fondos del Estado venezolano
La licencia emitida por la OFAC mantiene las restricciones generales sobre los bienes del Estado venezolano
Washington, 25 de abril de 2026 – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), concedió licencias especiales que permiten al gobierno venezolano costear los honorarios de los abogados defensores de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el caso de narcotráfico que se sigue en Nueva York.
La decisión, anunciada el jueves 24 de abril, resuelve el bloqueo previo que impedía el uso de recursos oficiales venezolanos para la defensa y evita que los contribuyentes estadounidenses tengan que financiar una defensa pública de alto perfil.
Según documentos presentados ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, la OFAC emitió licencias modificadas que autorizan el pago de honorarios y gastos legales utilizando fondos disponibles del gobierno venezolano después del 5 de marzo de 2026, siempre y cuando no provengan de activos específicamente sancionados o bloqueados por Estados Unidos.
El fiscal federal Jay Clayton informó al juez Alvin Hellerstein sobre la nueva autorización, lo que permitió al equipo de defensa de Maduro y Flores retirar la moción presentada para desestimar el caso por supuesta imposibilidad de costear una defensa adecuada.
Reversión de una posición inicial restrictiva
La medida representa un giro respecto a la posición inicial de la OFAC, que había restringido el acceso a estos fondos y generado un intenso debate judicial sobre el derecho constitucional a una defensa efectiva.
Con esta autorización, el juez Hellerstein evitó tener que asignar defensores públicos o recursos federales estadounidenses para cubrir los costos de uno de los casos más mediáticos en curso en el Distrito Sur de Manhattan.
Contexto del caso
Nicolás Maduro fue detenido el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y otros delitos graves. Cilia Flores también es parte del proceso como coacusada.
La defensa había argumentado que las sanciones y el congelamiento de activos impedían contratar y pagar a un equipo legal privado de suficiente calibre, lo que podría vulnerar las garantías del debido proceso.
La licencia emitida por la OFAC mantiene las restricciones generales sobre los bienes del Estado venezolano, pero abre una excepción específica y controlada para garantizar el derecho a la defensa en este juicio.
Hasta el momento, ni el Departamento del Tesoro ni los abogados de Maduro han emitido declaraciones públicas sobre el monto de los honorarios autorizados ni sobre la identidad del bufete o bufetes que llevarán la defensa.
Este desarrollo se produce mientras el gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela enfrenta presiones internas y externas para avanzar en una transición política, y en medio de las negociaciones entre Washington y Caracas sobre el descongelamiento controlado de activos y el manejo de los fondos en el exterior.
