Lo que se sabe de la Ley de Amnistía

La amnistía cubre a toda persona que se encuentre procesada, condenada o pueda serlo por delitos o faltas de carácter político o conexos ocurridos entre 1999 y 2026

Redacción El Mercurio Web

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad, el jueves 19 de febrero de 2026, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una norma histórica impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 en una operación militar estadounidense.

Contexto y aprobación

- La ley fue promovida por Delcy Rodríguez como un mecanismo para “reparar las heridas” de la confrontación política acumulada durante 27 años de gobiernos chavistas (desde 1999).

- Tras dos semanas de intensas negociaciones y consultas entre oficialismo, oposición minoritaria, sociedad civil y sectores políticos, el Parlamento —controlado por el chavismo— logró un consenso y aprobó el texto completo en segunda discusión durante una sesión de aproximadamente dos horas.

- La aprobación fue unánime: tanto diputados oficialistas como opositores alzaron la mano en señal de respaldo.

- Inmediatamente después, Delcy Rodríguez promulgó la ley en un acto oficial, declarando: “Estamos dejando un poco la intolerancia y abriendo nuevas vías para la política en Venezuela. Hay que saber pedir y recibir perdón. Esta ley abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre”.

Alcance y beneficiarios

- La amnistía cubre a toda persona que se encuentre procesada, condenada o pueda serlo por delitos o faltas de carácter político o conexos ocurridos entre 1999 (inicio de la era bolivariana con Hugo Chávez) y 2026 (o específicamente hechos entre 2002 y 2025 en varios artículos).

- Incluye episodios clave de crisis política: golpe de Estado contra Chávez en 2002, huelga petrolera de 2002-2003, protestas y eventos de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025 (incluyendo las protestas postelectorales de 2024 contra la reelección de Maduro).

- Beneficia a:

- Presos políticos en cárceles venezolanas.

- Personas en el exilio o bajo resguardo.

- Activistas, sindicalistas, periodistas, estudiantes y opositores perseguidos.

- Se espera que conduzca a la liberación plena (no solo condicional) de cientos de detenidos. Desde el 8 de enero ya se habían otorgado libertades condicionales a 448 personas, y hubo excarcelaciones adicionales (como 17 tras promesas de Jorge Rodríguez ante huelgas de hambre familiares).

Exclusiones y limitaciones importantes

- No aplica a delitos graves como:

- Violaciones graves a los derechos humanos o de lesa humanidad.

- Homicidio intencional.

- Lesiones gravísimas.

- Tráfico de drogas.

- Delitos de corrupción.

- Excluye expresamente a personas que hayan promovido, instigado, financiado o participado en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía o la integridad territorial de Venezuela, especialmente si involucran a Estados, corporaciones o personas extranjeras.

- Un punto clave de debate fue el requisito de que los beneficiarios “estén a derecho o se pongan a derecho” (presentarse ante autoridades judiciales venezolanas), lo que generó preocupación en la oposición y organizaciones de derechos humanos sobre su aplicación a exiliados o perseguidos en la clandestinidad.

- Los militares (alrededor de 174 de los ~600-700 presos políticos restantes) acusados de rebelión quedan mayoritariamente excluidos.

Reacciones y contexto político

- La oposición negoció ajustes al texto original (que era más vago) para ampliar el alcance y exigir mayor precisión jurídica, aunque reconoció que “no será la mejor ley” y aún hay aspectos por mejorar.

- El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, celebró la norma como un paso hacia la paz y el reencuentro nacional.

- La aprobación ocurrió horas después de la visita del general Francis Donovan (jefe del Comando Sur de EE.UU.) a Caracas, en el marco de la “hoja de ruta” impuesta por Washington tras la captura de Maduro, que incluye reconciliación política, cesión de control petrolero y reanudación de relaciones bilaterales rotas en 2019.

- Organizaciones de derechos humanos y algunos familiares de presos expresaron preocupación por el alcance limitado y el riesgo de que se convierta en un instrumento ineficaz o selectivo.

Esta ley representa uno de los pasos más significativos en el nuevo escenario político venezolano posterior a la salida forzada de Maduro, aunque su implementación real y el número efectivo de liberaciones dependerán de los procedimientos judiciales posteriores.