EE.UU. Impone Sanciones a un Juez del Supremo Brasileño en Medio de Tensiones Políticas
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que Moraes "se ha erigido en juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileños"
Redacción con información de Reuters / Asistencia de IA
El 30 de julio de 2025, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, anunció la imposición de sanciones contra Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, quien preside el juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Estas medidas, aplicadas bajo la Ley Global Magnitsky —que permite penalizar a extranjeros por corrupción o abusos a los derechos humanos—, incluyen la congelación de cualquier activo que Moraes pueda tener en territorio estadounidense y la prohibición para ciudadanos y empresas norteamericanas de realizar transacciones con él. Paralelamente, Trump firmó una orden ejecutiva que establece un arancel del 50% sobre los bienes brasileños importados, argumentando que busca detener lo que califica como una "caza de brujas" contra su aliado ideológico, Bolsonaro.
La Crisis Política en Brasil y el Rol de Moraes
Para entender esta decisión, es esencial contextualizar el panorama político brasileño. Jair Bolsonaro, un líder de extrema derecha que gobernó Brasil de 2019 a 2022, perdió las elecciones presidenciales de octubre de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Similar a lo ocurrido con Trump tras las elecciones de 2020 en EE.UU., Bolsonaro se negó a reconocer la derrota, promoviendo narrativas de fraude electoral sin pruebas contundentes. Esto culminó en el asalto a las instituciones en Brasilia el 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores invadieron el Congreso, el Palacio Presidencial y el STF, en un evento reminiscentes del asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021.
Alexandre de Moraes, nombrado ministro del STF en 2017 por el entonces presidente Michel Temer, ha sido una figura central en la lucha contra la desinformación y las "milicias digitales" en Brasil. Como relator de investigaciones sobre fake news y ataques a la democracia, Moraes ha ordenado medidas controvertidas, como la suspensión temporal de plataformas como X (antes Twitter) en Brasil —ocurrida en 2024 por incumplir órdenes judiciales—, bloqueos de cuentas de influencers y políticos acusados de incitar violencia, y detenciones preventivas de sospechosos en el complot golpista. En el caso específico de Bolsonaro, Moraes ha impuesto restricciones como el uso de un brazalete electrónico, la prohibición de contacto con funcionarios extranjeros y el veto temporal en redes sociales, citando riesgos de interferencia externa en el juicio. Estas acciones han sido avaladas por el pleno del STF en revisiones colectivas, pero han generado acusaciones de censura y abuso de poder desde sectores conservadores.
El gobierno de Trump ve en Moraes un paralelo a las investigaciones contra el propio expresidente estadounidense, acusándolo de "una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias y procesamientos politizados". El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que Moraes "se ha erigido en juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileños". Además, las sanciones siguen a restricciones de visa impuestas el 18 de julio de 2025 a Moraes, su familia y otros funcionarios judiciales.
Medidas Económicas y su Impacto Bilateral
La imposición del arancel del 50% a productos brasileños representa una escalada en las tensiones comerciales. Brasil, uno de los pocos grandes economías con las que EE.UU. mantiene un superávit comercial, exporta bienes como acero, café y soja. Expertos como Welber Barral, ex secretario de Comercio brasileño, cuestionan la vinculación entre sanciones por derechos humanos y aranceles, que típicamente responden a desequilibrios comerciales. Ivar Hartmann, profesor de derecho en la escuela de negocios Insper de São Paulo, sugiere que estas medidas podrían endurecer la postura del STF, demostrando que "no nos doblegaremos ante ellos", y servir como pretexto para revisiones futuras de los aranceles en Washington.
Reacciones Nacionales e Internacionales
En Brasil, las reacciones han sido de rechazo unánime desde el gobierno y el poder judicial. El presidente Lula da Silva calificó las sanciones como "arbitrarias e infundadas", violando la soberanía y el respeto mutuo entre naciones. Gleisi Hoffmann, ministra del gabinete de Lula, las describió como un "acto violento y arrogante" en redes sociales. El ministro del STF Flavio Dino expresó "solidaridad personal" con Moraes, afirmando que solo cumple con la Constitución brasileña. Bolsonaro, por su parte, llamó a Moraes "dictador" y denunció las órdenes judiciales como "cobardía", negando cualquier rol en el golpe pero admitiendo participación en reuniones para revertir el resultado electoral.
En el ámbito internacional, la decisión ha generado ecos. En la Unión Europea, 16 eurodiputados, liderados por el polaco Dominik Tarczyński, enviaron una carta a la Alta Representante Kaja Kallas instando a sanciones similares contra Moraes por violaciones a los derechos humanos. Organizaciones como Human Rights Watch han criticado las acciones de Moraes en materia de libertad de expresión, pero también condenaron las sanciones estadounidenses como interferencia en el poder judicial brasileño. En redes como X, las reacciones son polarizadas: conservadores celebran el "FAFO" (Fuck Around and Find Out) contra Moraes, mientras que izquierdistas lo ven como un ataque imperialista. Un post viral mostró a Moraes en un partido de Corinthians sonriendo y haciendo gestos obscenos el día de las sanciones, interpretado como desafío.
Al 31 de julio de 2025, no hay respuestas oficiales inmediatas de Moraes o el STF, pero reportes indican que el juez continúa sus actividades normales. En EE.UU., el secretario de Estado Marco Rubio había anticipado estas medidas en junio, y el Departamento de Estado las justifica como defensa de intereses estadounidenses, incluyendo a figuras como Elon Musk, afectado por órdenes de Moraes contra X.
Implicaciones y Perspectivas Futuras
Este episodio resalta las tensiones geopolíticas entre un EE.UU. trumpista, alineado con líderes autoritarios de derecha como Bolsonaro, y un Brasil bajo Lula, enfocado en restaurar instituciones democráticas tras años de polarización. Las sanciones podrían justificar represalias brasileñas, como revisiones en acuerdos comerciales o diplomáticos, y afectar las relaciones bilaterales en áreas como el cambio climático y el comercio. Además, plantean preguntas sobre la extraterritorialidad de las sanciones estadounidenses y su uso en disputas judiciales extranjeras.
En resumen, lo que comenzó como un juicio interno por un intento de golpe se ha convertido en un conflicto internacional que mezcla justicia, derechos humanos y economía. Mientras Trump busca proteger a aliados globales, Brasil defiende su soberanía judicial, potencialmente fortaleciendo la unidad interna contra injerencias externas. Este desarrollo, aún en evolución, podría influir en dinámicas similares en otros países con tensiones políticas análogas.