Expresidente colombiano Uribe declarado culpable de abuso de poder y cohecho a funcionario público

Uribe, ha calificado el proceso como una persecución política. Su equipo legal anunció una apelación inmediata, argumentando errores en la decisión

Redacción con Información de Reuters

El 28 de julio de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia declaró culpable al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno a un funcionario público, en un juicio por manipulación de testigos que ha durado más de 13 años. Esta decisión marca un hito en la historia de Colombia, convirtiendo a Uribe en el primer exmandatario condenado en un juicio penal. La jueza absolvió a Uribe de un tercer cargo de soborno, pero los delitos por los que fue hallado responsable conllevan penas de entre 6 y 12 años de prisión cada uno. La sentencia se dictará el viernes, y se evaluará si Uribe, de 73 años, permanece en libertad durante la apelación o cumple arresto domiciliario por su edad. Uribe, quien participó en la audiencia vía videollamada junto a sus abogados, ha calificado el proceso como una persecución política, y su equipo legal anunció una apelación inmediata, argumentando errores en la decisión.

Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó Colombia de 2002 a 2010, es una figura polarizante en la política nacional. Durante su presidencia, lideró una ofensiva militar contra guerrillas de izquierda como las FARC, con apoyo de Estados Unidos, lo que redujo la violencia pero también generó acusaciones de vínculos con paramilitares de derecha. El caso se originó en 2012, cuando Uribe acusó al senador izquierdista Iván Cepeda de orquestar un complot para ligarlo a paramilitares. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema determinó que era Uribe y sus aliados quienes habían presionado y sobornado testigos, incluyendo exparamilitares, para desacreditar testimonios en su contra. La Comisión de la Verdad de Colombia estima que los paramilitares, desmovilizados bajo Uribe, causaron más de 205.000 muertes en el conflicto armado. Uribe, fundador del partido Centro Democrático y mentor de varios candidatos para las elecciones presidenciales de 2026, ha negado siempre las acusaciones, destacando que extraditó a líderes paramilitares a EE.UU.

La condena ha generado reacciones divididas en Colombia y el extranjero. Seguidores de Uribe, como las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, la tildan de decisión política y venganza. El presidente Gustavo Petro instó a respetar la independencia judicial, recordando que "muchos jueces han sido asesinados por ayudar al mundo". En redes sociales como X, la noticia provocó celebraciones entre opositores, quienes ven justicia por presuntos crímenes pasados, y denuncias de persecución por parte de uribistas. Internacionalmente, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, criticó el fallo como "armamentización" de la justicia por jueces radicales, advirtiendo un precedente preocupante. El congresista Mario Díaz-Balart propuso recortar ayuda no militar a Colombia por presuntas violaciones al debido proceso.

Este veredicto ocurre en un contexto de tensión política, a menos de un año de las elecciones de 2026, donde aliados de Uribe compiten por la presidencia. Analistas señalan que podría debilitar al uribismo, pero también polarizar más el país, con riesgos de violencia política en aumento. Uribe ya estuvo bajo arresto domiciliario en 2020 por este caso, y aunque apelará ante el Tribunal Superior y posiblemente la Corte Suprema, el fallo resalta el escrutinio sobre su legado, acusado de nexos con paramilitares y falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales). La jueza Heredia enfatizó que "la justicia no se arrodilla ante el poder" y que su decisión, de más de 1.000 páginas, sirve al pueblo colombiano.

En resumen, la condena a Uribe no solo cierra un capítulo judicial largo y controvertido, sino que subraya divisiones profundas en Colombia entre quienes lo ven como héroe anticomunista y quienes lo consideran responsable de abusos durante su mandato. El proceso continúa con apelaciones, pero ya impacta el panorama electoral y las relaciones con EE.UU., recordando la fragilidad de la democracia en un país marcado por décadas de conflicto armado.