Militar venezolano se declara culpable en EEUU de participar en esquema de corrupción
Confesó haber participado en el esquema de corrupción, a través del cual pagaba sobornos a funcionarios para que éstos aprobaran solicitudes fraudulentas de dólares preferenciales introducidas ante la autoridad cambiaria de Venezuela, CADIVI
Con información de El Nuevo Herald / por Antonio Maria Delgado
Un mayor retirado de la Guardia Nacional de Venezuela se declaró culpable en una corte federal de Miami el lunes de participar en un esquema de lavado de dinero que involucraba el pago de sobornos a funcionarios del régimen de Caracas para obtener dólares a una tasa de cambio preferencial.
Según documentos de la corte, Nepmar Jesús Escalona Enríquez, un venezolano de 47 años que reside en Fort Lauderdale, participó en el esquema de corrupción, a través del cual pagaba sobornos a funcionarios para que éstos aprobaran solicitudes fraudulentas introducidas ante la autoridad cambiaria de Venezuela, CADIVI, y así obtener dólares a la tasa de cambio oficial, cuyo precio era muy inferior a la tasa de cambio fluctuante.
Escalona, quien se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero el lunes en una corte de Miami, tiene previsto recibir sentencia el 23 de mayo y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, reportó el Departamento de Justicia en un comunicado.
Las solicitudes fraudulentas habían sido presentadas para supuestamente financiar las importaciones de alimentos a Venezuela, pero en realidad se trataba de un artificio para enriquecer a los conspiradores, agregó el DOJ. La operación resultó en la transferencia de casi $1.7 millones desde el venezolano Banco Banesco hasta una cuenta controlada por los conspiradores.
Escalona admitió que en al menos una ocasión, los co-conspiradores en la operación acordaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios venezolanos para evitar la detección de su plan fraudulento.
Escalona también admitió que en otra ocasión le ordenó a un co-conspirador que transfiriera fondos obtenidos a través de la operación fraudulenta, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en los Estados Unidos. Las cinco transferencias electrónicas ilícitas sumaron aproximadamente $420,847.