Coronavirus profundiza la crisis social y de salud en Venezuela
Unas 26 organizaciones aseguraron que la situación en Venezuela “ha seguido deteriorándose” tras el brote de COVID-19. Gobiernos de la región abogan por hallar una solución a la crisis política
Con información de AP
CARACAS (AP) — Una coalición de organizaciones humanitarias alertó sobre la profundización de la crisis en Venezuela por la pandemia del coronavirus y reclamó a los gobiernos del continente elevar la presión para que se solucione la situación política de ese país.
Unas 26 organizaciones aseguraron que la situación en Venezuela “ha seguido deteriorándose” tras el brote de COVID-19 que ha dejado hasta ahora 323 contagiados y 10 fallecidos y amenaza con generar estragos en el deteriorado sistema de salud.
Por la tarde, el presidente Nicolás Maduro ordenó repatriar a todo atleta venezolano que se encuentre en el exterior y que esté dispuesto a regresar, tras confirmar la muerte en Colombia de Michelle Martínez, ganadora de la medalla de bronce en bádminton durante los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018.
Martínez, de 22 años, además de entrenar, se desempeñaba como entrenadora en un club deportivo en la ciudad colombiana de Medellín.
Maduro destacó, citando cifras de la cancillería, que hasta el jueves han muerto en el exterior al menos 16 venezolanos, y agregó que “podrían ser más”. Entre esos fallecidos figuran cuatro especialistas médicos venezolanos, uno en Ecuador, dos en España y otro en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Ante el aumento de los contagiados en Chile, que en las últimas horas registró 780 nuevos casos, el gobierno restringió el número de pases para circular en las barriadas con cuarentena obligatoria porque “ha habido un abuso” en su uso, dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Ya sólo se recibirán siete permisos por semana, frente a los 11 otorgados hasta ahora.
El país tiene 16.023 casos y 227 fallecidos.
La restricción se conoció el mismo día en que un centro comercial abrió sus puertas en el acomodado barrio de Las Condes, un mes y medio después de que se prohibiera la operación de todas las grandes tiendas en el país.
El ministro de Economía, Lucas Palacio, dijo recientemente que en un futuro aún no determinado volverán a funcionar 160 grandes tiendas, las que deberán acatar un estricto protocolo sanitario.
En Colombia, el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, pidió a los grupos ilegales que se movilicen y sigan el ejemplo de 20 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que en la víspera se entregaron voluntariamente a las autoridades en el suroeste del país.
“Este es un llamado para todos aquellos que están en los grupos armados organizados para que den un paso como lo están dando estas personas hoy, a la reinserción a la vida civil. Colombia no puede tener la pandemia del virus y la pandemia de la violencia. Lo importante es que no haya más violencia, secuestros, reclutamiento de menores e instalación de minas antipersonal”, agregó.
Colombia tiene 6.507 contagiados y 293 fallecidos.
En Argentina, donde hay 4.210 infectados y 218 muertos, se llevó a cabo un ruidoso cacerolazo en Buenos Aires y en otros puntos del país contra las excarcelaciones de condenados y acusados de delitos graves dispuestas por la justicia en los últimos días con el pretexto de aliviar las superpobladas prisiones ante el riesgo de propagación del virus.
La protesta masiva fue convocada por asociaciones de víctimas con la consigna “No los liberen” luego que los tribunales otorgaran el beneficio del arresto domiciliario a condenados por crímenes de lesa humanidad, corrupción y de violaciones, entre otros.
Al igual que en otros países de Latinoamérica, las cárceles argentinas están hacinadas con una mayoría de presos sin condena. Mientras se multiplican los motines en toda la región, expertos en la materia aconsejaron aliviar las prisiones de reos que se considera están en riesgo por su edad o estado de salud, de los menos peligrosos y los detenidos sin motivos jurídicos suficientes.
Los familiares de las víctimas denuncian que están desprotegidos, que los jueces no los notificaron previamente pese a que la ley los obliga y que no hay suficientes dispositivos de control, como tobilleras electrónicas, para asegurar que los condenados no se den a la fuga.
La polémica roza al propio Alberto Fernández, quien negó que su gobierno esté fomentando la libertad de presos peligrosos, según denunció un sector de la oposición, y afirmó que la responsabilidad es de la justicia.
Horas después, el gobierno de Estados Unidos anunció que destinó 2,6 millones de dólares adicionales en asistencia de salud para ayudar a mitigar el brote en El Salvador. Esta cooperación se suma a los 2,8 millones para la Organización Internacional para las Migraciones destinados a apoyar los centros de contención para las personas en cuarentena.
Washington también proporcionará suministros y equipos médicos cruciales al ministerio de Salud para tres laboratorios ya existentes y se montará otro en la ciudad de Santa, en el occidente del país, lo que permitirá un aumento de hasta un 25% en la capacidad de pruebas que se podrán realizar.
En el país hay 395 casos confirmados y diez fallecidos.
En Panamá, el gobierno anunció un vuelo para traer de vuelta a un grupo de panameños varados en España, incluidos estudiantes que quedaron sin recursos económicos y pedían desde hace semanas que los ayudasen a regresar. El vuelo con capacidad para 250 pasajeros saldrá de Madrid el 10 de mayo. Luego el avión llevará de regreso a viajeros franceses y de otros países europeos varados en Panamá a raíz de las suspensiones de los vuelos internacionales para contener el coronavirus.
Al miércoles los casos en el país centroamericano alcanzaban 5.673 y 178 defunciones.
En Cuba las autoridades actualizaron a 1.440 la cifra de infectados con el coronavirus, mientras que 61 personas han muerto. Casi 3.000 pacientes se encuentran ingresados porque se sospecha que tienen la enfermedad.
Además, el presidente de la sala penal del Tribunal Supremo de Cuba, Otto Molina, indicó durante una presentación en televisión que 6.158 presos recibieron la excarcelación anticipada entre marzo y abril, en el marco de las acciones de prevención contra el virus, y a otros 421 se les permitió ir a casa aunque estaban en prisión provisional.
Las autoridades desarrollan una campaña para evitar algunas ilegalidades asociadas con la crisis por la pandemia, por ejemplo la acaparación de alimentos en un país con serios problemas de desabasto y en el cual las largas filas no pudieron ser eliminadas en estas semanas, o las llamadas indisciplinas sociales como no usar la mascarilla —es obligatoria— o resistirse a las indicaciones de las autoridades.
En Bolivia, la Asamblea Legislativa —integrada en su mayoría por legisladores del partido Movimiento al Socialismo del expresidente Evo Morales— aprobó una ley que retrasa las elecciones por 90 días a partir del 3 de mayo, decisión que la presidenta interina Jeanine Áñez censuró porque dice no le da prioridad al combate al coronavirus.
El 3 de mayo estaba previsto realizar las elecciones presidenciales, pero fueron suspendidas debido a la pandemia.
El Senado dio tratamiento de esta ley rápidamente después que la Cámara de Diputados la aprobara el miércoles.
Áñez decretó cuarentena desde el 22 de marzo y la amplió hasta el 10 de mayo. La mandataria asumió el gobierno interinamente en noviembre después de la renuncia de Morales tras un convulsión social por las fallidas elecciones de octubre.
“Hay que hacer elecciones cuando no sean un riesgo de salud. La salud es primero”, afirmó en Twitter.
En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei anunció que hay 583 personas contagiadas con el virus en el país, así como 16 muertos. De los que se infectaron, ya se recuperaron 66.
El mandatario señaló que hay una tendencia al descenso.
“Estas son semanas que vemos un pequeño declive”, afirmó, aunque aseguró que aún no ha pasado lo peor de la crisis, por lo que llamó a la población a mantener la distancia social, lavarse las manos y usar mascarillas.
El mismo día Giammattei recibió un revés de parte del Congreso de la República, que rechazó el veto que el presidente le aplicó a una iniciativa de ley que ordena a las empresas que prestan el servicio de luz, teléfono, agua, internet y televisión por cable a no cortar el servicio durante tres meses a las personas que no lo paguen, y a que realicen convenios con sus clientes para asegurar que liquidarán sus deudas más adelante.
Con lo anterior, el Congreso podrá publicar el decreto legislativo, que se convertirá en ley. Giammattei había vetado la iniciativa, asegurando que era inconstitucional y poco técnica, lo que le generó rechazo popular pues con la crisis del coronavirus algunos ciudadanos han perdido su empleo.
Por otra parte, el congreso guatemalteco destituyó el jueves en la noche a Carlos Nárez, secretario de la Comisión del Migrante del Congreso de la República, por 86 votos a favor, 5 en contra y 69 ausentes. Nárez estaba acusado de no haber trabajado en favor de la población migrante durante la pandemia y de gastos innecesarios como la compra de un vehículo en medio de la crisis.
En América Latina hay más de 190.000 contagiados y más de 9.900 muertos.
El coronavirus ha infectado a más de 3,2 millones de personas y causado la muerte a más de 233.000 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.
En la mayoría de la gente este virus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas, pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte.
