Familiares de oficiales detenidos piden a Bachelet actuar en caso de militares
Hasta el momento las autoridades no han ofrecido comentarios sobre la situación en el DGCIM
Con información de AP
CARACAS (AP) — Los familiares de los oficiales detenidos en la sede del servicio de contrainteligencia militar de Venezuela pidieron el miércoles a los delegados de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que verifiquen las condiciones de las personas recluidas.
En medio de las versiones que surgieron en las redes sociales sobre una supuesta protesta de los presos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), algunos de los familiares de los oficiales exhortaron a los dos comisionados que dejó en el país la alta comisionada, Michelle Bachelet, a que acudan a la sede del organismo para constatar la situación en el lugar.
La DGCIM se ha visto envuelta en polémica luego del deceso el pasado fin de semana del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que estuvo detenido en la sede del organismo tras ser señalado de estar implicado en un supuesto complot. Los abogados de Acosta Arévalo denunciaron que el militar fue sometido a torturas durante su detención.
“Tienen que acompañarnos a nosotros y darnos una fe de vida”, afirmó Lily Barboza, esposa del general detenido Héctor Hernández Da Costa, al pedir el apoyo de la oficina de Bachelet, que en dos días presentará un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Barboza dijo a la prensa que durante la jornada las autoridades del DGCIM restringieron la entrada de los abogados y no permiten ninguna comunicación con los detenidos.
“Hay un silencio absoluto y no podemos jugar con la situación y la permanencia de ellos (los presos) en esos sótanos de la DGCIM”, expresó la esposa del general, al reconocer que entre los familiares hay gran preocupación luego de la muerte de Acosta Arévalo.
Hernández Da Costa fue arrestado en agosto pasado tras ser vinculado por las autoridades a un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
Levantando un cartel con el rostro de su familiar detenido, la abogada Venecia Zambrano, hermana del coronel Pedro Zambrano Hernández, solicitó a Bachelet actuar en el caso de los militares presos en la DGCIM.
“Estoy esperando el día 5 de julio para tener una respuesta de la alta comisionada. No más burocracia”, agregó.
Zambrano Hernández fue arrestado el año luego de ser vinculado al complot contra el mandatario venezolano.
Hasta el momento las autoridades no han ofrecido comentarios sobre la situación en el DGCIM, donde están detenidos varias decenas de militares y civiles.
La DGCIM encabezó la lista de denuncias de tortura que presentó el año pasado la organización humanitaria Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su informe anual. La organización reportó 75 casos de supuestas torturas a detenidos cometidas por miembros del cuerpo de inteligencia militar.
Por el caso de Acosta Arévalo fueron arrestados esta semana un teniente y un sargento de la Guardia Nacional que laboran en la DGCIM, uno de 23 y el otro de 22 años. La Fiscalía General les imputó el delito de homicidio preterintencional y se estableció como su lugar de reclusión la sede del organismo donde laboraban.
Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, afirmó que el gobierno socialista “rechaza cualquier acto de tortura o de violencia venga de donde venga”, y exhortó a los cuerpos de seguridad a seguir sin inhibiciones las investigaciones sobre el supuesto complot para asesinar a Maduro y otros funcionarios.
“Nosotros no nos vamos a inhibir, vamos a seguir investigando, y que la justicia se imponga”, afirmó Cabello en su programa semanal de radio y televisión “Con el Mazo Dando”.
Cabello también divulgó un vídeo en el que un supuesto detenido, identificado como José Gregorio González, “sin salir torturado” señaló a los diputados opositores Renzo Prieto y Delsa Solórzano como las personas que le dieron directamente la tarea de asesinar, entre otros funcionarios, al dirigente oficialista Freddy Bernal.
Por su parte, Solórzano afirmó en Twitter que las “acusaciones son falsas”, y manifestó que lo que Cabello “pretende es silenciarme por las denuncias de violaciones” a los derechos humanos que ha hecho.
“Aquí los asesinos son otros. Sus falsas afirmaciones no buscan más que desviar la atención sobre el asesinato del capitán de corbeta”, agregó en otro tuit.
El activista Alonso Medina Roa, uno de los defensores del militar fallecido, condenó que el Ministerio Público no incluyera el delito de tortura en la acción contra los dos funcionarios de la DGCIM, y dijo que ejercerá acciones internacionales contra el estado venezolano por el caso del capitán de corbeta.
Bachelet también lamentó que las alegaciones de tortura no fueran incluidas en los cargos. Asimismo, solicitó a las autoridades que se permita a los otros seis militares y policías detenidos por el supuesto complot que sean visitados por sus abogados y familiares y que sean tratados con “humanidad”.
Al rechazar la muerte del militar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo el miércoles en un comunicado que es deber del estado venezolano garantizar los derechos y la vida de los detenidos, e indicó que se debe investigar con diligencia las muertes de las personas que estén bajo su custodia de las autoridades.
A cuatro días del fallecimiento de Acosta Arévalo las autoridades aún no han entregado el cuerpo del militar a sus familiares, situación que fue criticada por activistas y opositores.
“Alertamos al mundo situación irregular con la entrega del cuerpo del capitán de corbeta”, dijo el miércoles en su cuenta de Twitter el líder opositor Juan Guaidó, y agregó que la fiscal del caso y los funcionarios de la morgue “no podrán eludir su responsabilidad”.
