Dos oficiales retirados de la Armada están desaparecidos tras ser detenidos por funcionarios venezolanos
Elías José Noriega Manrique y Daesger Germán Hernández Alvarenga fueron arrestados sin orden judicial por oficiales de la Dirección de Contrainteligencia Militar
Elías José Noriega Manrique y Daesger Germán Hernández Alvarenga fueron arrestados sin orden judicial por oficiales de la Dirección de Contrainteligencia Militar
Con información de Infobae / Sebastiana Barráez
Hace una semana que están en desaparición forzada los oficiales retirados de la Armada, teniente de fragata Elías José Noriega Manrique y Daesger Germán Hernández Alvarenga. El hecho ocurrió la madrugada del 25 de enero de 2025, cuando, sin orden judicial, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se los llevaron. Los dos oficiales en retiro están en desaparición forzada.
Se suman a la lista de otro número de militares desaparecidos en mano de los cuerpos de inteligencia, además de uno, el teniente (Ej) Jean Carlos Amarante Zárraga, quien fue asesinado, el 29 de enero de 2025, por funcionarios supuestamente de la Guardia Nacional en la alcabala de Borojó en el estado Falcón.
En conversación con Infobae, la familia del oficial fallecido destaca que “estamos dolidos y sufriendo mucho por el cruel y despiadado asesinato de Jean Carlos. Queremos limpiar su nombre, porque él era un joven tranquilo, no le debía ni le temía a nadie; él andaba en Coro sin problema”.
La crianza y formación de Amarante estuvo a cargo de su abuela, Carmen Josefa García Acosta, quien desde pequeño lo llevaba a la iglesia, donde Jean Carlos fue monaguillo. “Todo el barrio lo conocía como un joven honrado y alegre, pero ahora quieren ensuciar su nombre diciendo que estaba conspirando”.
“Sabemos que nadie pagará por su muerte, que todo quedará en el olvido, pero no para nosotros como familia”, especialmente para la abuela Carmen Josefa es terrible, a sus 82 años, saber cómo murió su primer nieto.
La familia del oficial muerto tiene miedo y una profunda tristeza; se repite a sí misma que la muerte de Jean Carlos quedará impune porque, aunque no lo dicen, están convencidos que es una praxis del régimen venezolano. “No podemos permitir que el nombre de Jean Carlos quedé manchado con todo lo que le están incriminando”.
Pidieron a Infobae hacer público el clamor de la familia “en nombre de la abuelita que es la que más está sufriendo. No solo es que mataron a Jean Carlos, sino que en la madrugada se estacionan camionetas negras, frente a su casa. El día del entierro llegó a la casa el defensor del pueblo a preguntarle qué pensaban sobre el caso, en lugar de decir que estaban investigando”.
Amarante Zárraga se fue de la Fuerza Armada porque pidió la baja, según explica familia del joven asesinado. “Jean Carlos ya estaba casado y su esposa Jessica no quería irse para Anzoátegui, donde estaba asignado Jean Carlos, porque ella no quería dejar solos a sus padres”.
“Esa viajadera de Jean Carlos desde Anzoátegui a Coro duro un tiempo hasta que él se retiró; en Coro pusieron un abasto panadería con los padres de ella y así pasó el tiempo. ¿Usted cree que si él hubiera estado metido en esas cosas de conspiración, andaría tranquilo en la ciudad y por el barrio, parcelamiento Cruz Verde de Coro?”.
Jean Carlos Amarante, el día de su muerte, andaba con alguien, “pero aún no sabemos quién es esa persona ni qué pasó con él. Nos dijeron que era un hijo, pero Jean Carlos no tuvo hijos con su esposa; supimos que supuestamente había tenido uno en Anzoátegui pero es un niño aun según nos han dicho”.
Ante la pregunta de si la esposa de Amarante sigue detenida, responden que “a la esposa la detuvieron el día antes, martes; le quitaron el teléfono y la computadora. Ella llamó para decirle que estaba detenida, por lo que Jean Carlos le respondió que ya iba de regreso a Coro, pero nunca llegó”.
Oficiales de la Armada
Sobre la muerte de Amarante Zárraga, el régimen venezolano no ha dado una versión oficial. Paralelamente, han detenido a varios oficiales, incluso reciclando a quienes en el pasado estuvieron presos.
Hay oficiales detenidos, cuyos familiares desconocen por qué aparecen en la lista de los cuerpos de inteligencia; algunos recibieron llamada de un oficial que vivió en Perú, pero luego ha operado desde Estados Unidos.
Otras de las víctimas detenidas ni siquiera recibieron llamada alguna, solo aparecían sus nombres en el teléfono que le fue incautado a un individuo alias Guaiguey, que tenía problemas con drogas y fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana. Extrañamente, el individuo llevaba en su teléfono fotos, mensajes y nombres.
El grupo de la Dgcim, según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que habló con Sol Madangelly Hernández Alvarenga, relata que a su hermano Daesger Germán Hernández Alvarenga, los funcionarios, quienes estaban vestidos de negro y con armas largas le dijeron, mientras se lo llevaban, que estaba señalado de conspirar contra el régimen venezolano. Desde entonces está en desaparición forzada.
“Desde ese día, la familia no ha tenido noticias de su paradero ni ha tenido acceso a información oficial sobre su situación. No ha sido presentado ante ningún tribunal, ni se ha confirmado su estado de salud. Este hecho constituye una violación flagrante de sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad personal, la protección contra la desaparición forzada y el derecho a ser informado sobre su paradero y situación”, es lo que dio a conocer la ONG sobre el caso de Hernández Alvarenga.
Por otra parte, tampoco la familia del teniente de fragata Elías José Noriega Manrique tiene información sobre él, dónde se encuentra ni en qué condiciones.
Noriega había estado preso años antes, cuando el régimen lo acusó, junto a una treintena de oficiales de la Armada y la Aviación, de conspirar para impedir los fraudulentos comicios montados por Nicolás Maduro para adelantar las elecciones, a las que se presentó como contrincante Henry Falcón.
El 29 de septiembre de 2023, el TF Elías Noriega fue liberado, junto a seis oficiales más de la Operación Armagedón, cuando fueron obligados a admitir los delitos, aunque al final se resignaron a aceptar uno: ¨Contra el decoro militar¨.
Todos ellos aceptaron admitir ese hecho, luego de estar detenidos durante más de cinco años, desde que Nicolás Maduro se proclamó ganador en las elecciones del 20 de mayo de 2018, que fueron ilegales, porque además fueron convocadas por la ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente 2017.
El régimen necesita más nombres para la lista de conspiradores, por ello acude a detener a quienes ya han cumplido cárcel e incorporando algunos nombres nuevos.
Hernández Dala, el general del Ejército que sostiene a Maduro en el poder, y su rivalidad con Diosdado y los Rodríguez
El incondicional militar encabeza la tenebrosa Dirección General de Contrainteligencia Militar y ocupa la jefatura de la Guardia de Honor Presidencial
El incondicional militar encabeza la tenebrosa Dirección General de Contrainteligencia Militar y ocupa la jefatura de la Guardia de Honor Presidencial
Con informaciónb de Infobae / por Sebastiana Barráez
Nicolás Maduro hizo, en el año 2014, dos jugadas estratégicas y muy puntuales con militares, que le han permitido mantenerse en el poder: decide no pasar a retiro al General (Ej) Vladimir Padrino López, quien pertenece a la última promoción de 30 años, la de 1984 “General de Brigada Juan Gómez Mireles”, y lo nombra Ministro de la Defensa. Y designa como Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), convertida en una tenebrosa organización de terror, tortura y muerte, al General (Ej) Iván Rafael Hernández Dala, quien es el militar más cercano e incondicional del mandatario y no por casualidad ocupa simultáneamente la jefatura de la Guardia de Honor Presidencial. Con él no hay rumor que valga, lo sostiene como su sombra permanente.
Hernández Dala es un hombre de hablar suave, casi susurra como el amigo de todos, trata de demostrar amnesia cuando de violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad se refiere, le dice a Infobae un alto oficial de la Guardia Nacional quien pide mantener su nombre en reserva. No vacila cuando ordena detener a alguien, incluso si es un compañero que confía en él; los casos del general Pedro José Naranjo Suárez, quien lo consideraba su amigo personal, o el coronel Oswaldo Valentín García Palomo, así lo demuestran.
“Llegué a pensar que Iván desconocía lo que, hace unos años, Franco y Granko empezaron a hacer con los civiles, a quienes llamaban acreditados, lo de las torturas, los allanamientos con los robos, el botín de guerra. Cuando supe lo de una jovencita a quienes habían amenazado con violar o el de los hijos de un oficial a quien le dijeron que los sembrarían si su familia no dejaba de hacer denuncias, iba dispuesto a demostrarle a Iván lo que esos monstruos pretendían hacer. Como sabía que eran hombres de su confianza, invité a un compañero al Palacio; ¡qué mejor testigo!, me dije. En el trayecto le revelé mis intenciones. ‘¿Estás alucinando? No te has dado cuenta que esos dos no son más que los ejecutores de lo que Hernández Dala les permite hacer? me dijo el amigo”, manifiesta confesando que no tardó en descubrir que iba a cometer el peor de los errores.
Relación con El Aissami
Hay quienes lo han considerado manipulable, otros, lo describen manipulador. Hernández Dala no es el Fouche de la Revolución Francesa, que describió Stefan Zweig, pero sin duda ha sido hábil en que su nombre pase desapercibido, mientras brotan los del ahora General Rafael Antonio Franco Quintero, el coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, o el Teniente Coronel Alexander Enrique Granko Arteaga cuando se habla de la crueldad con la que han sido tratados y torturados presos y familiares civiles y militares.
La cercanía a Maduro lo había convertido en intocable, nadando cómodamente, con cierta arrogancia hasta que, a sus espaldas, se ejecutó la Operación Caiga quien Caiga donde la baja más importante fue el ministro del Petróleo, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, quien cae gracias a la maniobra de los hermanos Rodríguez Gómez, Jorge de Jesús y Delcy Eloína, junto a Diosdado Cabello Rondón, desempolvando a la Policía Nacional Contra la Corrupción usando a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
Fue tan acertada la estrategia contra El Aissami, que no se sabe desde hacía cuanto tiempo se estuvo preparando, pero que tuvo como su primer asomo el 21 de enero 2023 cuando el Mayor General y exministro del Interior Miguel Rodríguez Torres es trasladado, el 20 de enero, desde la cárcel en Fuerte Tiuna hasta el Tribunal donde en una audiencia exprés asume los hechos, le computan los años de cárcel, desde marzo 2018; al día siguiente, a las 7 de la mañana, lo llevan a otra audiencia donde el juez declara que no hay elementos de juicio y también queda en libertad.
Eso significaba un golpe de frente contra el otrora poderoso El Aissami, quien considera al exjefe de Inteligencia y exministro su acérrimo enemigo y había sido el principal obstáculo para impedir que Rodríguez Torres saliera de prisión.
¿Cómo explicó eso Hernández Dala a El Aissami? No se sabe, pero tanto el Ministro de Petróleo como el jefe de la Dgcim habían consolidado una estrecha relación de amistad. No pocas veces el general Hernández Dala se reunía con el Ministro y fue visto en el estado Falcón, donde El Aissami se instalaba, por largas temporadas, para estar cerca del Centro Refinador Paraguaná (CRP) y de negocios con iraníes y árabes de la zona.
Cabello y los hermanos Rodríguez se aseguraron de ejecutar el golpe contra todo el grupo de El Aissami sin que Hernández Dala ni nadie de la DGCIM tuviese conocimiento de ello, como tampoco el Fiscal General Tarek William Saab ni el Contralor General Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso. Toda la operación sobre la trama de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) la ejecutó el SEBIN a través de la PNCC.
La excusa es que El Aissami planificaba un Golpe de Estado, con ayuda de militares, pero al final lo único claro son los corruptos que se hicieron millonarios a la sombra de ventas paralelas de crudo, de combustible y de criptoactivos, donde están involucrados compañeros y amigos de El Aissami desde sus tiempos de Universidad, así como militares.
César Omaña
Fue la Operación Caiga quien Caiga la que le revela a Hernández Dala la situación de fragilidad en la que podría encontrarse, no solo porque no pudo impedir la caída de El Aissami sino que ni siquiera tuvo conocimiento que esa operación se iba a ejecutar. Es demasiado para el poderosos hombre que controla la Inteligencia Militar que lo hubiesen dejado al margen, más aún porque esa Operación tuvo que ser previamente autorizada por Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Lo único que explica el silencio es que Maduro dudara, aunque fuera por un momento, y llegara a creer que en realidad existía un plan para derrocarlo, que implicaba a El Aissami por lo que era necesario que su hombre de mayor confianza, el encargado de la seguridad de la familia presidencial, no llegara a conocer los planes de acabar con la estructura del Ministro del Petróleo.
El escándalo escaló hasta la estratósfera del poder. Hubo golpes y resistencia. Amenazas de venganza, hasta que el plan contra El Aissami alcanzó al círculo de Hernández Dala, incluso a uno de sus instrumentos más importantes: Cesar Antonio Alfonso Omaña Alcalá, un empresario a quien el jefe de la DGCIM ha usado en un juego de doble agente.
La situación ha desnudado el compromiso de Omaña, demostrando hacia dónde se inclina la balanza del empresario que ha coqueteado entre Leopoldo Eduardo López Mendoza, líder del partido Voluntad Popular, y el jefe de la DGCIM Hernández Dala. No hay duda, siempre fue hombre del militar. Eso lleva a presumir que fue en la DGCIM donde se diseñó el elaborado plan para desactivar la gran protesta que sectores de Oposición habían preparado para el 01 de mayo 2019, pero que Leopoldo López adelantó para el 30 de abril, en la llamada Operación Libertad, que finalmente solo sirvió para que el entonces jefe del SEBIN, General Manuel Ricardo Cristopher Figuera dejara en libertad al líder de VP, mientras varios comandantes y subalternos militares del 30A terminaron presos o en el exilio.
Todos los militares que participaron en la Operación Libertad y que huyeron hacia Colombia, Perú, Chile y El Salvador, recibían ayuda económica de Leopoldo López, a través de Cesar Omaña.
También pagaba el lujoso hotel en Bogotá donde se hospedaban Lester Toledo y Jorge Betancourt. Un video que hace pocos meces salió en redes sociales donde se ve a uno de los oficiales del 30A en una habitación con “damas de compañía” y un joven de la embajada de Venezuela en Colombia, en actitud íntima, fue grabado por Carlos González alias El Loco, un venezolano de La Guaira, que estaba al servicio de Omaña.
Pero a eso se le suma que César Omaña trasladaba en su avión particular a Lester Javier Toledo Soto y al empresario Jorge Betancourt Silva, como representantes de Leopoldo López, a Colombia, quienes fueron los que llevan a Jordan Guy MacDonald Goudreau a Colombia y se lo presentan al Mayor General Cliver Antonio Alcalá Cordones, quien tenía un grupo de jóvenes entrenándose en varios campamentos para la Fuerza de Tarea que planificó desplegar en Venezuela.
Cuando el SEBIN intentó allanar la casa de César Omaña en Altamira, Caracas, funcionarios de la DGCIM, se supone que por orden de Hernández Dala no permitían que se efectuara. Hubo un fuerte cruce de palabras, amenazas de accionar las armas, hasta que la DGCIM recibió la orden de dejar que los del SEBIN entraran, y así ocurrió, lo entrevistaron y se fueron. Esa declaración no fue registrada.
@SebastianaB
Barraéz: Destituyeron a dos jefes de la DGCIM protegidos de Granko Arteaga, el temido director de Asuntos Especiales
Uno está involucrado en el escandaloso robo a una empresa del estado Falcón y el otro, en la detención con tortura y muerte de un funcionario
Uno está involucrado en el escandaloso robo a una empresa del estado Falcón y el otro, en la detención con tortura y muerte de un funcionario
Con información de Infobae / Sebastiana Barraéz
Diez funcionarios con rango de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron destituidos, resaltando el caso de dos comisarios jefes involucrados uno en el escandaloso robo a una empresa del estado Falcón y el otro, en la detención con tortura y muerte de un funcionario del CICPC. Los dos eran jefes poderosos en las regiones, señalados de violar la ley, incurriendo en delitos graves y abuso de poder, acompañados de subalternos. Ambos funcionarios eran protegidos del teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dgcim.
Con la Corte Penal Internacional (CPI) respirando encima, cualquier funcionario que comete delitos que agraven la posición de perpetrador de crímenes de lesa humanidad de la DGCIM y el SEBIN, es una molestia para el régimen venezolano.
Con el memorándum Nr. 50-09-12-03-001085, la directora de Recursos Humanos de la DGCIM, licenciada Marely Josefina Hernández Dala, notificó a los comandantes de región, inspector general, directores de línea y jefes de dependencia la destitución de 10 funcionarios de esa institución.
Explica la funcionaria que “por disposición del Director General de Contrainteligencia Militar (MG Ej Iván Hernández Dala), y de acuerdo con los artículos 15 y 16 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Defensa, y de acuerdo a lo estipulado en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, fueron removidos del cargo los funcionarios de contrainteligencia militar mencionados en la lista”.
Destituidos los comisarios jefe Argenis Gregorio Linarez Márquez y Juan Bautista García Arocha, el inspector jefe Vincenzo Rocco Barreto, los subinspectores Joan Ventura Sandoval León y Karl Roiyer Just Patiño González, los agentes primero Deiby Mackey Medina Sánchez, Jacobo José Vargas Pérez y Freddy del Valle González Alfonzo, así como los agentes tercero Génesis Josefina González Correa y Génesis Irais Oropeza Santiago.
Granko Arteaga, jefe de la DAE, ha sido un obstáculo para que se haga justicia en los dos casos de Falcón y Apure: se opone a la detención de Linarez Márquez como también lo hizo en el de Bautista Arocha, ejerce presión en la administración de justicia y se niega a entregar documentos o datos que solicitan las autoridades. La enorme red de poder que tiene Granko tiene una poderosa base económica en los botines de guerra, en las minas de oro en Bolívar, en el control de los puertos en La Guaira y Puerto Cabello, además de su interés particular por obtener viviendas con puertos privados como ocurrió con la de Isabel González Capriles.
El jefe de Falcón
La joven abogada Beigary Gridmeida Olivares Silva no se quiso convertir en una víctima silenciosa de lo que le hicieron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Falcón, encabezados por el comisario jefe Argenis Gregorio Linarez Márquez, junto a un grupo de subalternos, el inspector Joan Ventura Sandoval León, Freddy del Valle González Alfonzo y otros, que fueron detenidos y expulsados de la institución.
Al estilo de muchos funcionarios de la DGCIM que se han sentido con el poder para allanar sin autorización de ningún juez y sin presencia de fiscalía, para torturar “en nombre de la revolución”, para inventar procedimientos, adulterar actas y servir como testigos en procedimientos amañados, así creyó Linarez Márquez que él podía, con sus hombres, quedar impune.
El grupo de funcionarios entró a la posada donde vivía Olivares Silva, saquearon la casa, de la oficina se llevaron el escritorio, la silla, el equipo de internet, laptop, impresora, entre otras cosas, así como seis mil dólares, además de extorsionarla con 2 mil dólares para devolverle la camioneta Mazda bt50 color gris, que se llevaron del lugar y que entregaron desvalijada; se robaron una gandola con chatarra que vendieron.
Las investigaciones deducen que el ataque contra los bienes de Olivares se materializó porque Kener Antonio Sotillo Hernández, quien trabajó para Antidrogas de la Guardia Nacional, era el encargado que la joven tenía en su empresa y quien le debía dinero. Él se asoció con los funcionarios de Dgcim para no pagarle la deuda y aprovechar de sacar beneficio de lo que pudieron robarse del lugar.
La Abog. Beigary Olivares denunció, demostró cómo los funcionarios de Dgcim la robaron, extorsionaron y amenazaron. Después de la denuncia ha logrado recuperar parte de lo que le pertenece, los funcionarios fueron detenidos pero después les dieron medidas. La Dgcim destituyó a los funcionarios, pero la Fiscalía que lleva el caso tiene la responsabilidad de activar todos los mecanismos para que se haga justicia.
La obsesión de El Gavilán
Cuando el comisario jefe de la DGCIM, Juan Bautista García Arocha alias El Gavilán, comandaba la Base de Contrainteligencia Militar Nr. 32, ubicada en Merecure, municipio Biruaca, estado Apure, cometió cantidad de violaciones a los derechos humanos, allanamientos, torturas que fueron denunciados, pero que no hacían mella en el funcionario protegido directamente por el Teniente Coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM Caracas, a la vez que se ufanaba de comunicarse directamente con Nicolás Maduro Moros.
Apure es un estado sui géneris, donde lo extraño e insólito se muestra cotidiano, donde la barbarie es más común que la civilización, el escenario ideal para que García Arocha fuera considerado un hombre poderoso, para quien solo existía la Ley que él impuso y así doblegaba a la administración de justicia.
A solicitud del Fiscal Cuarto con competencia Nacional en Materia de Corrupción y con orden de aprehensión suscrita por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de Apure, según expediente 1C-22.894-22, por el Delito de Corrupción Agravada, El Gavilán se llevó preso del sitio de donde se encontraba en comisión de servicio, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), al abogado y funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Juan Ángel Pantoja Carreño, de 27 años de edad.
El interés de El Gavilán era que Pantoja le revelara dónde estaba oculto el dueño del hato El Chaparralito, Reyes Gabriel Hernández González “El Finquero”, a quien pretendían capturar para que traspasara el hato y que revelara dónde estaban los “millonarios entierros”, porque un empleado del hato, había contado que había toneles de dinero enterrado. Aunque durante meses han abierto gran cantidad de hoyos en la tierra, usaron maquinaria para excavar e incluso destaparon la tumba del padre de Reyes, no han encontrado nada.
Lo que sí han hecho funcionarios de la DGCIM, incluso hasta hace unos días, ya preso y destituido alias Gavilán, fue saquear el hato, robarse cientos de cabezas de ganado, apropiarse de equipos, maquinarias y todo lo que han podido de El Chaparralito. “Esa gandola del video es del dueño de otro hato que tiene mucha relación con Diosdado Cabello. El 10 de noviembre 2022 se sacaron lo que quedaba del ganado. Y son funcionarios militares porque al hato llegan en las camionetas de ellos”.
La obsesión de García Arocha, que lo llevó a la cárcel, era El Chaparralito, un botín muy importante para jefe de la DGCIM. Es por eso que cuando el 9 de diembre 2021, en el caso IC’22.404-2021, el juez Carlos Alberto Jaimes Gómez, le dio la libertad al Finquero y la devolución del hato, El Gavilán lo detuvo así como al abogado y capitán retirado del Ejército Juan Carlos Guillén Rosales.
Sin poder y sin cargo
En el Tribunal Guillén declaró que los funcionarios de la DGCIM, con Gavilán a la cabeza, lo mantuvieron encapuchado y esposado, le aplicaron presión psicológica para que revelara dónde estaba su cliente Reyes Hernández, lo amenazaron con sembrarle droga, armas o explosivos en su vivienda en Caracas, a la vez que le dijeron que le robarían todas las pertenencias de su casa, que lo iban a agredir físicamente a él y a su familia inmediata.
Nada hubo respuesta de las autoridades, ni las del Tribunal, ni Ministerio Público, menos aun de los superiores en la Dgcim. Fue hasta que el 7 de julio en la madrugada el funcionario del Cicpc, Juan Ángel Pantoja Carreño, murió en la base de la Dgcim. La excusa que el organismo de Inteligencia dio inicialmente es que se suicidó, ahorcándose, luego que se ahogó en un tobo de agua. Compañeros de Pantoja en el Cicpc reaccionaron airadamente, se presentaron a la DGCIM, manifestaron rabia e in dignación y revelaron que el día anterior coando la Dgcim llevó a Pantoja para ser reseñado en el Cicpc, el joven les manifestó que estaba siendo torturado y tenía miedo de que lo terminaran matando.
Quisieron responsabilizar a José Carlos Flores Pérez y Yarumi Rafael Figueroa López, quienes llegaron a la guardia cuando ya Pantoja estaba muerto, pero los familiares denunciaron. Las versiones del suicidio fueron menos creíbles aún porque se evidenció el lugar donde lo tenían con fotos que se filtraron a las redes sociales.
Juan Bautista García Arocha El Gavilán, el otrora poderoso jefe de la DGCIM en Apure, está preso aunque con privilegios con cuatro de sus funcionarios, sin influencias, desesperado publicando ataques contra diversas personas a través de cuentas que ha creado en las redes sociales, pero ahora también destituido de la institución. Son muchas las víctimas que claman justicia. Dos de los subalternos de El Gavilán están detenidos en la sede principal de la Dgcim en Caracas.
Teniente venezolano que escoltaba a un jefe de las FARC, lleva un año en una cárcel militar
Aunque el informe de los funcionarios de la Dgcim relata que la detención ocurrió en un hotel, un habitante de la zona dice que en realidad se dio en una finca que pertenece a un poderoso amigo de Diosdado Cabello
Aunque el informe de los funcionarios de la Dgcim relata que la detención ocurrió en un hotel, un habitante de la zona dice que en realidad se dio en una finca que pertenece a un poderoso amigo de Diosdado Cabello
Por Sebastiana Barráez para Infobae
Los funcionarios de la DGCIM tenían ubicado que el Primer teniente (Ej) Walter Alejandro Gallego Delgado se encontraba en el hotel El Rey, ubicado en la calle Muñoz entre la Boyacá y la calle Piar de San Fernando de Apure. Le seguían la pista porque habían determinado que trasladaba a un mando del Décimo Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con escolta, y para ello usaba un Toyota machito y una camioneta. Ejecutaron su captura en mayo del 2021 y, en medio de un gran misterio, enviaron a alias Máscara a la cárcel Militar de Ramo Verde.
Aunque el informe de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) relata que la detención ocurrió en el mencionado hotel, un habitante de la zona dice que en realidad la captura se dio en una finca atravesada por el río Arauca y que pertenece a un poderoso amigo de Diosdado Cabello.
Ante la pregunta de por qué los funcionarios de la DGCIM cambian el lugar de la detención, explica: “Porque no quieren que otra vez aparezca involucrado el hato que colinda con el Arauca colombiano. Cuando detuvieron a alias Máscara la movilización militar y policial fue inmensa y en el pueblo se corrió la noticia, por lo que se supo que se lo traían desde ese hato”.
Informe de Dgcim
Según relata el acta de inteligencia que levantaron los funcionarios de DGCIM, la encargada del hotel les habría dicho que los dos vehículos Toyota que estaban buscando se encontraban en el hotel desde el 4 de mayo de 2021 y que pertenecen a ciudadanos hospedados en las habitaciones 4,5,7 y 14, que en ese momento se encontraban disfrutando en el área de la piscina consumiendo bebidas alcohólicas.
Los funcionarios de la DGCIM aseguran que alrededor de una mesa, de ese hotel, estaban cuatro hombres y una mujer, quienes se negaron a presentar sus documentos de identidad, pero son requisados corporalmente; tres de ellos por fin se identifican como Fidencio Abizay Tovar Hurtado, con residencia en Cabruta, calle Colombia, municipio Las Mercedes, estado Guárico; Luis Alexander Pulido Sulbarán, también del mismo municipio; y el primer teniente (Ej) Walter Alejandro Gallego Delgado, con residencia en el municipio Atures, Amazonas, quien estaba siendo solicitado por estar vinculado a las Disidencias de las FARC, llamando la atención que también tiene cédula colombiana Nr. 1.127.396.135 expedida el 4 de diciembre 2019.
“Al indagar sobre la procedencia de la misma, este (Gallego Delgado) manifestó poseer ciudadanía colombiana porque su padre era de nacionalidad colombiana y decidió reconocerlo, historia poco creíble, por lo que se presume que esta cédula fue entregada de forma ilícita por el GEDO (Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada) para ayudar a transportar entre Colombia y Venezuela armas, drogas, vestimenta militar vehículos”, reza el informe de Inteligencia.
El cuarto individuo “manifestó no poseer ninguna documentación y dijo llamarse Saúl Ramón Vera al preguntársele por qué no poseía documentación y cuál era su nacionalidad, tomó una actitud nerviosa y no supo dar una explicación convincente por lo que se le preguntó sí poseía algún alias manifestando que no. Al preguntarle a los otros sujetos, que se encontraban con él, manifestaron conocerlo por el alias de Máscara y que él fue quien contrató al teniente por una suma en dólares americanos para que los trasladara a todos hasta Cabruta, estado Guárico y otros estados, corroborándose que es miembro activo de alto nivel del GEDO FARC-EP Disidentes”.
Alias Máscara hizo entrega de las llaves de la camioneta Autana, color beige, placa AA891XN, “manifestando que el chofer del Toyota Machito, placa AA059MJ, color plata, no se encontraba y que tenía la llave; lo conocen con el alias Coni. Por las investigaciones y seguimiento telefónico, este sujeto está identificado como José Miguel Ruiz Hernández, CIV: 20.721.523, miembro activo con grado importante dentro de la organización terrorista y hasta la fecha se desconoce su paradero”.
La mujer no tenía documento de identificación y “dijo llamarse Liliana Yulimar Cedeño Morillo, residenciada en el sector El Tocal, urbanización Lominos II, municipio San Fernando de Apure. Manifestó ser la mujer de Saúl Ramón Vera, alias Máscara”.
Algo más que drogas
Cuando Gallego Delgado fue detenido hubo muchos movimientos, llamadas de militares. Por alias Máscara nadie intercedió, según le dice a Infobae una fuente que pidió mantenerse en el anonimato “por seguridad. Máscara supuestamente movía siete toneladas de cocaína al mes, desde desde Apure”.
“Sobre la que dijo ser esposa de Máscara llama la atención, porque a ella y a sus primas se les conocía en Apure por un grupo de prostitución que recluta chicas en los gimnasios y prestan servicio a gente del gobierno y narcos”.
“Una de ellas es esposa de un agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). La DGCIM las usa para carnadas; el grupo de esas chicas son una decena por lo menos”.
A Fidencio Abizay Tovar Hurtado lo describe como “un hombre fuerte de Cabruta. Recuerde que esa ruta de Cabruta se ha convertido en privilegiada del narcotráfico después de lo que pasó en La Macanilla”.
Las llamadas
Según lo que revela el Informe de Inteligencia que llevó a la captura de alias Máscara, del teniente Gallego y los otros, todo se inició al rastrear unas llamadas telefónicas que hizo el teniente Gallego Delgado, desde dos números telefónicos donde relataba que se movilizaría desde Amazonas a Apure para reunirse con alguien que la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) interpretó se trataba de un mando de las disidencias de las FARC.
El relato de los funcionarios de Dgcim especifica que “en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2021 Lanceros de Apure se detectaron comunicaciones a través de los teléfonos 0426-3451135 y 0412-0335005, propiedad de un efectivo militar, donde se indicaba que se trasladaría desde Amazonas hasta San Fernando de Apure para reunirse con un miembro de alto nivel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia conocido como alias Máscara”.
Dicen que con dicho jefe guerrillero “sostenía comunicación, a través de los números 0412-8755668 y 0426-1004106, uno de los lugartenientes de Jorge Eliezer Jiménez Martínez alias Arturo Ruiz o Jerónimo, cabecilla principal de las disidencias de las FARC-EP responsable de caletas con armas de guerra, traslado de miembros activos a otros estados del país, movilización de sustancias psicotrópicas estupefacientes a gran escala por mar, tierra y aire”.
Agrega el Informe que esas actividades de las disidencias FARC tienen como objetivo “obtener recursos económicos que les permite financiar y mantener los diferentes frentes de organización terrorista reclutador de efectivos militares y funcionarios policiales de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacioal Bolivariana (FANB) y seguridad ciudadana de Venezuela a diferentes estados del país como Caracas, Aragua, Valencia, Bolívar y Amazonas de manera constante”.
Habían determinado que se desplazarían en los vehículos Toyota Land Cruiser Autana color beige y Toyota Land Cruiser techo duro color plata. “Se maneja información que este efectivo militar (Gallegos delgado) es también utilizado para captar a otros efectivos de los diferentes componentes”, aseguran los funcionarios de Dgcim en dicho informe.
Los detenidos, tanto Saúl Ramón Vera como Liliana Yulimar Cedeño Morillo, estuvieron en manos de la DGCIM hasta que fueron enviados a la Cárcel Militar de Ramo Verde.
Detenido el director del Dgcim en Apure tras asesinato de detective del Cicpc
La audiencia de presentación se llevará a cabo este sábado 23 de julio en San Fernando de Apure
La audiencia de presentación se llevará a cabo este sábado 23 de julio en San Fernando de Apure
Redacción
De manera extraoficial se conoció que el Ministerio Público (MP) solicitó al Tribunal Segundo de Control del estado Apure, la privativa de libertad por homicidio por motivos fútiles y quebrantamiento de cadena de custodia, para el director de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Apure, Juan Bautista García (Gavilán), por su presunta participación en el asesinato del detective del Cicpc Juan Pantoja, reportado en los calabozos del Dgcim durante este mes.
De acuerdo a un reporte del Cicpc difundido por las redes sociales el cadáver de Pantoja presentó edema cerebral severo, hemorragia cerebral, hematomas en distintas partes del cuerpo, congestión pulmonar, abundante líquido y hongos en bronquios y hemotórax masivo.
Se pudo conocer que este organismo de administración de justicia hizo la misma solicitud para los agentes del Dgcim, Luis Uzcátegui, Nixon Mirabal, Alvin León y Edgard Almandoz.
Trascendió que, por este caso, desde el martes, en el estado Apure se encuentra una comisión de fiscales nacionales, con la finalidad de esclarecer este asesinato, ocurrido el jueves 7 de julio en las celdas del Dgcim, por torturas.
La audiencia de presentación se llevará a cabo este sábado 23 de julio en San Fernando de Apure, fecha en la cual el Tribunal de Apure, decidirá si los cinco incriminados seguirán encarcelados en la sede del Comando Antiextorsión y Secuestros (CONAS) en San Fernando de Apure.
Recordemos que el mismo día del suceso, dos funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron aprehendidos en flagrancia por el homicidio del detective del Cicpc.
Se trata de Yarumy Rafael Figueroa y José Carlos Flores Pérez, quienes actualmente son parte de la investigación de este crimen. Actualmente, ambos se encuentran recluidos en la Dgcim en Caracas.
Hasta el momento, son siete los detenidos por este crimen. No se descartan más detenciones ante la presencia de una comisión nacional del MP que investiga el caso.
Fue torturado: Revelaron detalles de la autopsia del detective que murió bajo la custodia del DGCIM
El agente había sido detenido el pasado 4 de julio por un supuesto caso de extorsión
El agente había sido detenido el pasado 4 de julio por un supuesto caso de extorsión
Con información de Infobae
Luego de la muerte de un detective del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que se encontraba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de San Fernando de Apure, se revelaron los detalles de la autopsia que arrojan que el hombre habría muerto por “asfixia mecánica por sumersión”.
Se trata del detective del CICPC de 27 años, Juan Ángel Pantoja Carreño, que fue culpado de haber ayudado a salir del país a Reyes Hernández, por lo que fue detenido y terminó muerto. La primera excusa que la DGCIM dio a los funcionarios del CICPC es que murió en un cubo de agua; luego cambiaron su versión y dijeron que se había ahorcado.
Y ahora, el abogado Zair Mundaray, ex asistente de la Fiscalía General de Venezuela que abandonó el país después de haberse distanciado de Maduro, informó a través de Twitter los detalles de su autopsia.
“Estos fueron los hallazgos médico legales durante la autopsia practicada sobre el cuerpo del funcionario del CICPC Juan Pantoja, detenido ayer por el DGCIM”, escribe el letrado: “Edema cerebral severo, hemorragia cerebral epidural subdural y subaracnoidea; hematoma de músculo esternocleodo-mastoideo bilateral; hematoma de pared externa de aorta torácica y abdominal; edema y congestión pulmonar bilateral; abundante líquido en bronquios proximales y distales; abundante hongo de espuma en bronquios proximales y distales; hemotórax masivo; hematoma retroperitone”.
La causa de muerte es por “asfixia mecánica por sumersión”. “Cómo se produjo esa sumersión es lo que hay que investigar. Me informan que hay detenidos por este caso”, finaliza el abogado.
Funcionarios de la DIE y PNB detuvieron al trabajador humanitario Gabriel Blanco en la madrugada de este jueves
La detención se produjo luego de varias horas de hostigamiento y asedio a la vivienda de Blanco por parte de funcionarios de la DGCIM
La detención se produjo luego de varias horas de hostigamiento y asedio a la vivienda de Blanco por parte de funcionarios de la DGCIM
Redacción
Funcionarios de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron la madrugada de este jueves al trabajador humanitario Gabriel Blanco, esposo de la defensora de derechos humanos Diannet Blanco, en Coche, Caracas.
Provea denunció que Blanco es acusado de “terrorismo” y “asociación para delinquir”, y fue trasladado cerca de la 1:00 am a la comisaría La Quebradita.
La detención se produjo luego de varias horas de hostigamiento y asedio a la vivienda de Blanco por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que intentaban arrestarlo sin una orden de captura.
Detienen a estadounidense que ingresó por una trocha en Táchira
El caso fue puesto a la orden del Servicio Administrativo de Identificación
El caso fue puesto a la orden del Servicio Administrativo de Identificación
Redacción
Un hombre de nacionalidad estadounidense fue detenido en Táchira por haber ingresado a Venezuela presuntamente por caminos ilegales denominados trochas, según fuentes militares.
El detenido responde al nombre de Christian Del Toro Sanabria, quien no tenía sello de entrada al territorio venezolano.
La detención del ciudadano estadounidense fue practicada por efectivos adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) en el sector La Popa, San Antonio del Táchira, frontera con Cúcuta, Colombia.
Asimismo, la fuente indicó que Christian Del Toro Sanabria, quien no tenía sello de entrada al territorio venezolano y manifestó haber ingresado al país a través de una trocha que limita con Colombia, dice el reporte, reseñó Últimas Noticias.
El caso fue puesto a la orden del Servicio Administrativo de Identificación (Saime). Dicho procedimiento fue notificado a la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (Dgcim).
Dgcim arrestó a dos militares por video donde dijeron estar drogados
Ambos castrenses custodiaban un centro electoral en Barinas por la elección regional que se aplazó en noviembre pasado
Ambos castrenses custodiaban un centro electoral en Barinas por la elección regional que se aplazó en noviembre pasado
Juan Afonso/@jcabnews
Tras la viralización de un video, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) arrestó a dos oficiales que custodiaban un centro electoral en el estado Barinas.
El video, obtenido por el periodista especializado en sucesos, Delmiro de Barrio, muestra al C/1ro Yeiker Enrique Torres y al soldado Melvin José Parada Contreras, manifestando estar drogados, al tiempo que sostienen sus fusiles de asalto AK-103 de reglamento.
Los dos militares pertenecen a la 82 Brigada Logística / ZODI Capital, y estaban en Barinas custodiando un centro electoral para la elección a gobernador de esa entidad, pautada para este 9 de enero tras su aplazamiento por presuntas irregularidades.
Piden al CICR asistencia para teniente Igbert Marín Chaparro preso en la DGCIM
Denunció que sufre tratos crueles inhumanos y degradantes en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)
Denunció que sufre tratos crueles inhumanos y degradantes en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)
Redacción
La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia solicitó este martes la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para constatar el estado de salud del teniente Igbert José Marín Chaparro, preso político y que inició el 21 de diciembre una huelga de hambre.
El teniente coronel del Ejército Igbert José Marín Chaparro, preso en la DGCIM, informó de su protesta a través de una carta difundida por la ONG Justicia Venezolana, en la que denunció que sufre tratos crueles inhumanos y degradantes en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde se encuentra detenido desde marzo de 2018.
Además, solicitó que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el CICR, el encargado de negocios de la Unión Europea y el nuncio apostólico de la Santa Sede visiten la casa de los sueños, nombre con el que se refieren a una celda de castigo.
“La Coalición por los DDHH solicitó la intervención del CICR, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en la huelga de hambre iniciada por el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, quien se encuentra detenido en la Dgcim, a los efectos que se garanticen sus derechos humanos”, informó la ONG en su cuenta de Twitter.
https://twitter.com/Coalicion_ddhh/status/1475830901477158921?s=20
Funcionarios de la DGCIM ocuparon hacienda en el estado de Apure. El dueño fue torturado y su abogado y un juez están presos
Los vecinos del hato Chaparralito denunciaron que “desde hace mucho tiempo han sustraído gran cantidad de animales, tanto bufalinos como bovinos
Los vecinos del hato Chaparralito denunciaron que “desde hace mucho tiempo han sustraído gran cantidad de animales, tanto bufalinos como bovinos
Con información de Infobae; Por Sebastiana Barráez
La periodista Sebastiana Barráez realizó un amplio reportaje publicado por el portal de noticias Infobae, titulado: “Guerra por la finca Chaparralito en Venezuela: el dueño fue torturado y su abogado y un juez están presos”, donde hace una recopilación de hechos y datos relacionados con esta situación irregular.
El juez Carlos Alberto Jaimes Gómez, confiando en la solicitud de la Dgcim, de haber encontrado municiones y explosivos en el hato de Reyes Gabriel Hernández González, emitió orden de detención en su contra, el 29 de octubre 2020. El juez no sabía que El Finquero, como conocen a Hernández en los sótanos de DGCIM, estaba preso desde el 2017 y aunque terminó su condena el 20 de octubre, aun no lo habían liberado cuando él emitió la nueva orden de detención. Un año después le da libertad plena y ordena que le devuelvan el hato Chaparralito. Ahora el juez está preso y el abogado defensor también.
A Juan Carlos Guillén Rosales, un capitán retirado del Ejército y abogado defensor de Reyes Gabriel Hernández González lo detuvo la DGCIM, el 10 de diciembre 2021, en horas de la tarde, en el despacho del juez Carlos Alberto Jaimes Gómez, un día después de la audiencia en la que el Tribunal Primero de Control de Apure declaró la libertad plena para su defendido. El abogado estaba buscando la orden para que el CONAS y la GNB lo acompañara para tomar el hato, además de la inspección de barrido de drogas.
El 9 de diciembre 2021 el juez Carlos Jaimes Gómez, juez primero de Control del estado Apure, le comunica a Hermes Eduardo Juárez, Fiscal Superior de esa entidad federal, las denuncias que se hicieron durante la audiencia preliminar de Reyes Gabriel Hernández González, a quien se le sigue causa como coautor deltráfico ilícito de municiones y explosivos en la modalidad de ocultamiento. Le anuncia que su Tribunal decretó sobreseimiento de esa causa y ordenó su libertad sin restricciones.
Entre las denuncias el Juez recibió en esa audiencia, por parte de la defensa, está que Hernández González, a quien en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) llamaban El Finquero, fue la tortura, violación de sus derechos humanos, desde el mismo momento en que fue detenido en septiembre 2017.
Otro de los argumentos es que la defensa denunció que Reyes Gabriel “poseía 12 armas de fuego, colocando a la vista del Tribunal los correspondientes permisos de cada una de ellas”. Lo relevante es cuando el 11 de septiembre 2017 fue detenido, por funcionarios de la Base de Contrainteligencia Militar Nr. 32 del estado Apure, “esas armas fueron tomadas o retenidas sin justificación alguna desconociendo actualmente dónde se encuentran”.
La defensa solicitó en la audiencia que se investigue dónde están esas armas para que no se pueda presentar algún hecho donde estén vinculadas y pretendan involucrar a Hernández.
Robo de ganado
Por otra parte, vecinos del hato Chaparralito denunciaron que “desde hace mucho tiempo han sustraído gran cantidad de animales, tanto bufalinos como bovinos, por lo que solicita la suspensión de movilización de animales herrados con la señal de los hierros que pertenecen al hato”.
Narra el juez que el abogado Guillén Rosales denunció que “existe información respecto a la estadía de animales pertenecientes al hato Chaparralito, sobre los predios que conforman la compañía Agroflora y Corporación ganadera Bravos de Apure, por lo que solicita una inspección con la finalidad de constatar la presencia de dichos animales dentro de los predios y que sean devueltos al lugar donde pertenecen”.
Es así como la defensa de Hernández González denunció a Wilmer Arcángel Rodríguez Véliz, presidente de la empresa del Estado Corporación Ganadera Bravos de Apure, “porque ordena la salida de gran cantidad de animales pertenecientes al hato, además de que, mediante interpuestos funcionarios de esa Corporación, se introducen el 21 de julio 2020, antes de que fuera ordena la incautación del Chaparralito, en compañía del director de la Base de Contrainteligencia Militar Nr. 32 Juan García, y realizan un acta de entrega de bienes muebles y animales de distintas razas sin orden previa; ello se evidencia en el acta de entrega IC-22-404-20″.
Denuncian transferencia virtual de presos políticos al ministerio de prisiones
Una vez conocida la visita del fiscal de la CPI a Venezuela se ejerció el pase a el ministerio de prisiones la custodia y reclusión de los presos políticos
Una vez conocida la visita del fiscal de la CPI a Venezuela se ejerció el pase a el ministerio de prisiones la custodia y reclusión de los presos políticos
Redacción
Presos políticos denuncian que la transferencia de custodia al ministerio de prisiones “es virtual”, por medio de una carta explicaron la situación en la que se encuentran.
“La transferencia de custodia de presos políticos y criminalizados del DGCIM al ministerio de prisiones es virtual (Fallada) ya que la DGCIM mantiene el control sobre el centro de prisiones y continúan la violación a los derechos humanos”.
“Para complacer a los actores intelectuales (poder ejecutivo)una vez conocida la visita del fiscal de la CPI a Venezuela se ejecutaron varias acciones entre las cuales destacan el pase a el ministerio de prisiones de la custodia y reclusión de los presos políticos y criminalización, hecho que ocurrió el 15 de octubre de 2021 lo más patético lo representa la casa de la tortura (casa de los sueños), famoso por ser un sitio de violación de los derechos humanos a la cual solo cambiaron la pintura y le colocaron el nombre del ministerio de penitenciaria, y es ahora catalogado una prisión de máxima seguridad, porque en ella serían recluidos privados de alta peligrosidad el hecho es el DGCIM, procedió a trasladar a la mayoría privados de libertad a otros centros de reclusión quedando en la casa de los sueños y sótanos de este organismo 18 privados de libertad entre civiles y militares los cuales fueron seleccionados por la DGCIM”.
“hacemos un llamado a las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos para que se dé cumplimiento del artículo 25 de CRBV la aplicación del debido proceso y la ejecución de la reforma al código orgánico procesal penal por parte del TSJ. Solicitamos sus buenos oficios para que sean revisados los casos de cada uno de los privados de libertad”, reza parte de la carta que escribieron los privados de libertad.
La Dgcim detuvo a un coronel del Ejército en Apure
Rojas Moratinos se desempeñaba hasta ahora como comandante del 911 Grupo de Caballería Blindada del Ejército “GB Ambrosio Plaza”
Rojas Moratinos se desempeñaba hasta ahora como comandante del 911 Grupo de Caballería Blindada del Ejército “GB Ambrosio Plaza”
Redacción
Por razones aún desconocidas funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron al coronel del Ejército Francisco Augusto Rojas Moratinos en el estado Apure.
Rojas Moratinos se desempeñaba hasta ahora como comandante del 911 Grupo de Caballería Blindada del Ejército “GB Ambrosio Plaza”, asentada en Elorza, informó Eligio Rojas de últimas Noticias.
Su captura tiene la finalidad de “adelantar investigación emanada desde la sede principal de la DGCIM”, dice la nota de prensa sin adelantar detalles.
Al momento de la detención, los funcionarios le incautaron a Rojas Moratinos 130 cartuchos, un pendrive y dos pistolas: una Beretta 380 serial B36161Y con cargador de 13 municiones y otra Sig Sauer P226, serial VE0019663.
El militar detenido será trasladado a Caracas para su procesamiento penal, explico el informante.
Lilia Camejo: Presos políticos militares no pueden ser sometidos a compartir celdas con delincuentes comunes
La experta en justicia penal militar hizo un llamado a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que se aboque a evitar que se ponga en riesgo la vida de presos políticos, militares y civiles
La experta en justicia penal militar hizo un llamado a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que se aboque a evitar que se ponga en riesgo la vida de presos políticos, militares y civiles
Redacción
Lilia Camejo, directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, cuestionó categóricamente -este miércoles- la medida ordenada por el Ejecutivo Nacional de transferir la custodia de presos políticos militares -hoy ubicados en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)- al Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Sobre el Decreto 4.610 publicado en Gaceta Oficial 42.125, la profesional del derecho subrayó que en el caso de los castrenses detenidos por razones políticas, además de violar que la justicia militar prevé los centros carcelarios para estos, podría suponer un enorme riesgo para la integridad física de los mismos, ante el hacinamiento en reclusorios comunes, cifra que hoy supera 171% de la capacidad instalada, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
"Como organización que encabeza la defensa privada de varios oficiales tras las rejas sin haber cometido delito, hemos denunciado por años las pésimas condiciones que existen tanto en la Dgcim como en el Sebin por tratarse de centros de detención preventivos. Hoy con profunda preocupación alertamos que pretendan trasladar a varios de los 140 militares presos políticos a sitios de reclusión donde reina la anarquía, abundan casos de enfermedades crónicas, existe desnutrición y no se garantizan los derechos humanos de los detenidos", detalló la jurista.
La abogada de varios oficiales hoy detenidos o con procesos penales en su contra, agregó que el alto índice de propagación del COVID-19 en el país es una razón de peso para otorgar medidas de arrestos domiciliarios con el firme propósito de preservar la vida de los privados.
En este sentido, la experta en justicia penal militar hizo un llamado a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que el equipo de su oficina que ha seguido de cerca la situación de los derechos humanos en Venezuela se aboque a evitar que se ponga en riesgo la vida de presos políticos, militares y civiles, so pretexto del descongestionamiento de los calabozos de las mencionadas instituciones policiales.
Insistiendo en que el traslado de presos políticos a cárceles comunes supone un enorme riesgo para su integridad física y mental, Camejo reiteró que en Venezuela no se cumplen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, comúnmente conocidas como Reglas Mandela, en razón de lo que hizo un llamado a los organismos competentes a velar y garantizar por la vida de todos los detenidos.
Activistas de Azul Positivo son traslados nuevamente a la sede de la Dgcim en Maracaibo
Los integrantes de esta ONG fueron trasladados el 23 de enero a la Policlínica San Francisco
Los integrantes de esta ONG fueron trasladados el 23 de enero a la Policlínica San Francisco
Redacción
La noche del martes 26 de enero la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), informó que los cinco activistas de la organización Azul Positivo fueron trasladados nuevamente a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en la ciudad de Maracaibo, esto luego de permanecer varios días recibiendo atención médica tras presentar síntomas de covid-19.
Los integrantes de esta ONG fueron trasladados el 23 de enero a la Policlínica San Francisco, luego de que se denunciara que habían comenzado a presentar síntomas de coronavirus.
“Trabajadores humanitarios de Azul Positivo fueron trasladados de vuelta al comando de la Dgcim, luego de estar hospitalizados por sospechas de covid-19”, escribieron en la cuenta de Twitter de Codhez.
Estados Unidos prohíbe la venta de tecnología y servicios afines a la DGCIM
Los nuevos controles impiden que las personas estadounidenses apoyen determinados servicios de inteligencia militar extranjeros
Los nuevos controles impiden que las personas estadounidenses apoyen determinados servicios de inteligencia militar extranjeros
Con información de Agencias REUTERS, EFE, AP
Este martes, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio (Comercio) impuso nuevos controles sobre cualquier tecnología estadounidense y actividades específicas de personas estadounidenses que puedan estar apoyando inteligencia militar extranjera en China, Cuba, Rusia y Venezuela, así como en países que apoyan al terrorismo.
En el caso preciso de Venezuela se restringe el suministro de tecnología y servicios afines a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM).
“No podemos permitir que las organizaciones extranjeras de inteligencia militar de nuestros adversarios en China, Cuba, Rusia, Venezuela, Irán y otras naciones que apoyan a los terroristas se beneficien de la tecnología o los servicios estadounidenses para apoyar sus actividades desestabilizadoras”, dijo el secretario de Comercio Wilbur. Ross.
En ese sentido, los nuevos controles impiden que las personas estadounidenses apoyen determinados servicios de inteligencia militar extranjeros, como la intermediación en la venta de artículos de origen extranjero o la prestación de servicios de mantenimiento, reparación o revisión.
Debemos asegurarnos de que nuestros controles eviten que las personas estadounidenses, dondequiera que se encuentren, apoyen actividades de ADM no autorizadas en todo el mundo. Las importantes actualizaciones del sistema de control de exportaciones de los Estados Unidos de hoy logran estos dos objetivos y mejoran nuestra seguridad nacional “, sentenció.
Aún se desconoce dónde está recluido Eudis Girot tras ser detenido por la Dgcim
Girot es operador de planta de Pdvsa y director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros
Girot es operador de planta de Pdvsa y director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros
Redacción
El dirigente petrolero Eudis Girot ha sido trasladado a Caracas y aún se desconoce dónde está recluido en la capital, lo reportan fuentes vinculados con el sindicalista que cuestiona las gestión actual de Petróleos de Venezuela.
El pasado 18 de noviembre Girot fue detenido en el estado Anzoátegui por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), presuntamente le imputarán cuatro delitos.
Girot es operador de planta de Pdvsa y director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros. Iván Freites, sindicalista del sector señaló, esgrimiendo una orden de aprehensión, que estos son los delitos que presuntamente le imputan:
Terrorismo. (Art. 52 De La Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada Y Financiamiento Al Terrorismo)
Asociación. (Art. 37 De La Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada Y Financiamiento Al Terrorismo)
Revelación de Información Confidencial. (Art. 134 Código Penal)
Conspiración. (Art. 132 Código Penal)
Se espera por la confirmación oficial de los organismos de seguridad o del Poder Judicial por el sitio de reclusión. Girot, ahora preso político, sufre de hipertensión arterial y los dirigentes sindicales advierten que debe tenerse cuidado con su salud.
Dgcim detiene al dirigente sindical Eudis Girot
En octubre Girot había denunciado que existía una orden de aprehensión en su contra solicitada al Ministerio Público de Anzoátegui
En octubre Girot había denunciado que existía una orden de aprehensión en su contra solicitada al Ministerio Público de Anzoátegui
Redacción
Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se habrían llevado detenido a Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, luego que este denunciara en horas de la tarde del miércoles que los funcionarios llegaron a su casa con una orden de aprehensión en su contra.
Desde horas de la noche se desconoce el paradero de Girot, quien a través minutos antes de su detención señaló vía Twitter que la orden no especificaba el tribunal que la emitió.
En el mes de octubre Girot había denunciado también que existía una orden de aprehensión en su contra solicitada al Ministerio Público de Anzoátegui, por organizar y ser parte de las protestas de los trabajadores petroleros, que han exigido por meses mejoras socioeconómicas y contractuales de la contratación colectiva de Pdvsa.
Durante los últimos meses también ha denunciado la situación interna de Pdvsa así como el funcionamiento de las refinerías y las causas de la escasez de combustible en el país.
Aseguran que bases de datos del Sebin y Dgcim fueron hackeadas
La defensora de DDHH, Tamara Suju reveló que esa información tiene nombres de agentes, centros de tortura ocultos y otros detalles que podrían generar una sacudida en el régimen chavista
La defensora de DDHH, Tamara Suju reveló que esa información tiene nombres de agentes, centros de tortura ocultos y otros detalles que podrían generar una sacudida en el régimen chavista
Redacción El Mercurio Web
Según informó la defensora de DDHH, refugiada en República Checa, Tamara Suju, las bases de datos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), fueron hackeadas.
La activista reveló que esa información contiene los nombres de agentes, alias, centros clandestinos de torturas y otros datos relevantes, que podrían dejar al chavismo en shock si se revelan.
Ambos cuerpos de seguridad son considerados como violadores de DDHH por el Consejo de DDHH de la ONU, la Misión de Verificación de Hechos y otras organizaciones en la materia. Acusaron a Nicolás Maduro y toda su línea de mando de estar incursos en crímenes de lesa humanidad.
El coronavirus llegó a los calabozos de la Dgcim
Hay aproximadamente 200 personas en riesgo, se exige la presencia de la Cruz Roja Internacional
Hay aproximadamente 200 personas en riesgo, se exige la presencia de la Cruz Roja Internacional
Redacción
Molly de la Sotta, hermana del capitán de navío Luis de la Sotta detenido en los sótanos de la Dirección de Containteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, en Caracas, confirmó que una fiscal del Ministerio Público no pudo ingresar a verificar las condiciones de los detenidos por haber casos de Covid-19 en el lugar.
La hermana del militar señaló que en los sótanos de la Dgcim hay aproximadamente 200 personas en riesgo y exigió la presencia de la Cruz Roja Internacional, así como la de funcionarios de la Alta Comisionada para los SSHH de la ONU, Michelle Bachelet para que constaten la situación.