El Ministerio del Interior argumenta que las manifestaciones, no fueron notificadas para su autorización

Con información de EFE

Al menos dos personas murieron hoy y otras cinco resultaron gravemente heridas en una nueva jornada de protestas contra las autoridades electorales de Kenia, a quienes la oposición acusa de haber pactado el amaño de las elecciones presidenciales de 2017 con el Gobierno.

Las manifestaciones, que según el Ministerio del Interior no fueron notificadas para su autorización, están siendo convocadas semanalmente por la Coalición para la Reforma y la Democracia (CORD), la principal formación opositora.

Al igual que sucedió en las protestas del pasado lunes, la Policía ha dispersado con gases lacrimógenos y palos de madera las concentraciones, especialmente en Nairobi, Mombasa, Kisumu y Siaya, donde ha habido violentos enfrentamientos.

En esta última ciudad es donde se han registrado los incidentes más graves, con un fallecido por herida de bala y otros cinco heridos de gravedad, según informan los medios locales.

La otra víctima mortal, registrada en Kisumu, al parecer fue aplastada por otros manifestantes tras caer al suelo mientras huían de la Policía.

En Nairobi, donde la Comisión de Derechos Humanos de Kenia(KNCHR) informó la pasada semana de un manifestante muerto por una brutal paliza policial, las fuerzas de seguridad desplegaron decenas de agentes y vehículos blindados para impedir el acceso la sede de la Comisión electoral.

La oposición acusa al presidente de esta Comisión, Isaac Hassan, de apoyar al presidente del país, Uhuru Kenyatta, y de haberse confabulado con la alianza gobernante Jubilee para volver a amañar las elecciones, como a su juicio hicieron en 2013.

Aquel año, la coalición de Kenyatta venció con algo más del 50% de los votos, lo justo para no tener que ir a una segunda vuelta, en unos comicios mayoritariamente pacíficos que hicieron olvidar la ola violencia postelectoral de 2008, en la que más de 1.200 personas perdieron la vida.

Los numerosos problemas registrados por el sistema de recuento electrónico -que al final fue abandonado a pesar de su alto coste- generaron una gran controversia entre las fuerzas opositoras, que acudieron a la justicia para denunciar el fraude, pero el Tribunal Supremo consideró que no había pruebas suficientes.