Dirigentes sindicales solicitaron la mediación del diputado Armando Armas para ejercer un derecho de palabra en la AN., para exponer la situación de caos que priva en las empresas del Estado

Con información de nota de prensa

A fin de solicitar un derecho de palabra en la Asamblea Nacional (AN) para plantear sus exigencias, trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Venezolana de Cementos (Vencemos), Barrio Adentro y Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) solicitaron la mediación del diputado anzoatiguense y vicepresidente de la Comisión de Defensa, Armando Armas.

Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Fomento Eléctrico (Sintrafeanz), Elvin Villalobos y Miguel Masarelli, entregaron ante la Oficina Parlamentaria de Armando Armas documentos para sustentar las denuncias sobre retraso en la discusión del contrato colectivo, desmejoramiento de los beneficios socioeconómicos tras la estatización, fallas de dotación de equipos, materiales, herramientas y vehículos para atender las emergencias; persecución, acoso y presuntos hechos de corrupción durante el denominado proceso de “control obrero”.

Mientras que Denis Núñez, en representación del Sindicato de los Trabajadores del Cemento de la entidad, consignó una serie de pruebas sobre el mal manejo de la planta ubicada en Perigalete, municipio Guanta, y su posible repercusión en la salud de los habitantes del municipio portuario.

Un grupo de enfermeros de la Misión Barrio Adentro, que prestan servicio desde hace 10 años en los Centros de Atención Integral (CDI) Fabricio Ojeda, Donato Carmona y Chema Sagher de Puerto La Cruz, plantearon la necesidad de presentar ante la AN las evidencias de la deuda que mantiene el Ejecutivo con el personal desde hace cuatro años, deterioro de la infraestructura de los ambulatorios, falta de insumos, inseguridad y casos de intimidación laboral.

Atropellos por parte del gerente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) en Guanta, General Douglas Ocando Vallés, denunciaron obreros de esta empresa estatal. Dijeron que para evitar la conformación del sindicato que agrupará a 320 afiliados se inició una política de persecución que terminó con la calificación de despido contra tres dirigentes gremiales. No obstante, otros 14 trabajadores podrían ser objeto de medidas similares.

Armas se comprometió a canalizar todas las peticiones, cuyas denuncias fueron consignadas ante la Fiscalía y otras instancias, pero ninguna les ha dado respuesta. “Estoy dispuesto a desenmascarar a este gobierno antiobrerista, que humilla y maltrata a la clase trabajadora. Voy a llevar estas pruebas ante la Comisión de Contraloría para que se investigue a fondo todas las irregularidades expuestas por los trabajadores de los entes públicos, quienes deberán tener la oportunidad de explicar al parlamento la realidad que viven dentro de los organismos administrados por este régimen corrupto y hambreador”.