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Maduro va por las empresas Polar

Maduro va por las empresas Polar

Desconociendo la voluntad de los venezolanos expresadas en las pasadas elecciones parlamentarias, el TSJ declaró vigente y legítimo el Decreto de Emergencia Económica rechazado por la AN

Evely Orta

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Este jueves en horas de la noche se conoció que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia  declaró vigente y legítimo el Decreto de Emergencia Económica, tras obtener el aval del TSJ el presidente Nicolás Maduro, informó que en los próximos días activará un conjunto de medidas económicas.

Maduro afirmó que “ha hablado el Tribunal Supremo de Justicia, santa palabra, que no se vayan a poner cómicos”, y amenazó nuevamente a la oposición.

Es importante resaltar que la Sala Constitucional del TSJ, publicó este jueves el Recurso de Interpretación sobre el articulado de la Constitución Bolivariana referido a los estados de excepción, y declara que el Decreto de Emergencia Económica publicado el 14 de enero de 2016 por la presidencia de la República, está en vigencia y su legitimidad se mantiene irrevocablemente.

Con ponencia de Gladys Gutiérrez, presidenta del máximo tribunal, quien siempre se apega a las decisiones del Gobierno aunque contravenga la Constitución Bolivariana de Venezuela,  se interpretó que los artículos 339 y 136 CBV, y los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, el Decreto n° 2.184, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 6.214 Extraordinario, del 14 de enero de 2016 que declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 días, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad validez, vigencia y eficacia jurídica-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental.

Con este fallo por demás fuera del ordenamiento jurídico ya se puede inferir la expropiación de las empresas Polar, en la mira del Gobierno desde que se planteo el Decreto de Emergencia Económica, que le otorga al mandatario nacional más poderes que una habilitante.

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