Amnistía Internacional destaca represión en su reporte sobre Venezuela
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La ONG denuncia el uso excesivo de la fuerza pública y las detenciones arbitrarias durante 2014
Caracas. Evely Orta
En un informe nada halagador, Amnistía Internacional denunció el miércoles el alto nivel de impunidad y la creciente militarización en América Latina en el 2014, un año en el que recrudecieron las protestas antigubernamentales y el uso de la fuerza pública para reprimirlas en países como México y Venezuela.
El informe 2014/15 sobre derechos humanos, Amnistía Internacional destaca que "en un país tras otro, la gente tomó las calles para protestar contra las prácticas gubernamentales represivas".
"Las manifestaciones constituyeron un auténtico desafío público a los altos niveles de impunidad y corrupción y a las políticas económicas que favorecían a unos pocos", señala el documento.
La Organización defensora de los Derechos Humanos en su análisis explica que dichas protestas, registradas en México, Venezuela y Brasil, se produjeron "en un contexto de erosión del espacio democrático y de una persistente criminalización de la disidencia", con una respuesta "cada vez más militarizada" por parte del Estado a las demandas sociales y políticas.
La situación en México fue considerada la más alarmante, con gran preocupación por la impunidad y los numerosos casos de tortura.
México el más alarmante pues de acuerdo a los datos oficiales, más de 22.000 personas permanecían secuestradas, sometidas a desaparición forzada o en paradero desconocido, entre ellas 43 estudiantes del estado de Guerrero", detalló el informe.
En cuanto a Venezuela, se hace referencia al uso excesivo de la fuerza por parte del Estado para silenciar las protestas populares, que dejaron al menos 43 muertos y 870 heridos en el 2014 en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.
También destaca el informe el aumento de las detenciones y reclusiones arbitrarias en Venezuela, así como las "injerencias gubernamentales" en el sistema judicial, destacando los casos del líder opositor Leopoldo López, "recluido a pesar de la falta de pruebas", y del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, cuya liberación exigió un Grupo de Trabajo de la ONU.
