Devaluación del bolívar incentiva venta de inmuebles en dólares
En diversos estados del país ya es común encontrar avisos publicitarios en los que se ofrecen viviendas en moneda extranjera
En diversos estados del país ya es común encontrar avisos publicitarios en los que se ofrecen viviendas en moneda extranjera
Niurka Franco
“La Ley es la Ley y hay que ceñirse a ella, nos guste o no, lo contrario acarrea consecuencias y hay que asumirlas”, expresó el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Anzoátegui, José Ramón De Los Ríos, al comentar sobre el tema de la venta de inmuebles en moneda extranjera, que se viene presentando como un “boom” en la entidad y otros estados del país.
A raíz de la devaluación del bolívar, el venezolano en general, no sólo el privilegiado económicamente, intenta proteger su poco o mucho capital, ya sea comprando bienes que se revaloricen o moneda extranjera como el Dólar o el Euro.
El dirigente empresarial señala que desde el punto de vista económico, el procedimiento luce razonable, pero es ilegal. “Hasta ahora no existe documento alguno en el que consten operaciones de ventas de inmuebles en dólares”.
A finales del pasado mes de abril, Tito Oviedo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios, de la Asamblea Nacional aseguró que ese ente legislativo, no permitirá alquileres ni venta de inmuebles en dólares porque el marco legal venezolano lo prohíbe.
Oviedo instó entonces a la ciudadanía que se sienta perjudicada por esta práctica, a formular su denuncia ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento. “No podemos permitir la dolarización de alquileres y venta de inmuebles”, dijo.
Sin embargo, es una realidad cada vez más palpable. Incluso existen avisos publicitarios y clasificados en los que abierta mente se plantea la venta o alquiler de casas o apartamentos en moneda extranjera.
La gente intenta refugiarse en una moneda dura para preservar su dinero a través de operaciones de compra venta, no sólo por la pérdida de valor de nuestro signo monetario, sino además por la vigencia de normativas como la Ley de Arrendamiento de Vivienda y Hábitat y la de Estafas Inmobiliarias, instrumentos que aun cuando el fin es beneficiar a las familias, han terminado perjudicándolas según analistas, quienes advierten que en los últimos años se han generado distorsiones en el mercado inmobiliario.
“Los precios están tan altos que sólo personas con un muy alto nivel de ingreso, pueden tener acceso a una vivienda. Es sabido que aquí en Anzoátegui un apartamento con un solo ambiente puede llegar a costar entre 8 y 10 millones de bolívares, algo nunca visto” comentó Gabriela Moreno una joven maestra que dijo llevar tres años intentando comprar algo módico para vivir independiente, pero cada vez observa más lejana la posibilidad.
“Si en bolívares era difícil, no quiero imaginarme como se pondrá la situación con la dolarización, porque ahora todo es en dólares, la venta de carros y ahora de casa , menos mal que el gobierno es anti imperialista”, exclamó.
AN no permitirá dolarización de alquileres y venta de inmuebles
Diputado oficialista insta a denunciarlo en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento
Foto: Archivo
Diputado oficialista insta a denunciarlo en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento
Caracas. Evely Orta
La Asamblea Nacional (AN) no permitirá alquileres y venta de inmuebles en dólares, aseguró el presidente de la Comisión de Administración y Servicios, Tito Oviedo.
El diputado por el PSUV recordó que “se acaban de entregar viviendas a 700 mil, hay construcción de viviendas de interés social a lo largo y ancho de la nación”.
Oviedo destacó que en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento se puede denunciar la “dolarización” de alquileres y venta de inmuebles.
“A los constructores privados se les dan incentivos de exoneración de impuestos para que produzcan y desarrollen conjuntos habitacionales”, aseguro Oviedo.
Escasez también tocó las viviendas para alquilar
En Anzoátegui cada día es más reducida la oferta para rentar y las pocas existentes son muy costosas. Se requieren hasta 22 salarios mínimos para alquilar un apartamento en zonas residenciales
En Anzoátegui cada día es más reducida la oferta para rentar y las pocas existentes son muy costosas. Se requieren hasta 22 salarios mínimos para alquilar un apartamento en zonas residenciales
Niurka Franco
Las parejas jóvenes que aspiren en la actualidad formar un hogar, pero no cuentan con una vivienda propia, se las ven negras, porque en Anzoátegui la oferta de inmuebles para alquiler mermó sustancialmente y la poca que existe, es costosa.
Oreste Rosín, presidente de la Cámara Inmobiliaria en la entidad, compara la situación actual con las épocas de post guerra, en las que todo parece partir de cero. “Aquí no hay cifras de déficit, ni de construcción, tampoco de viviendas para venta y menos aún para alquiler”, afirma, tras subrayar que la inflación y la Ley de Arrendamiento han acabado con el mercado de inmuebles para alquiler.
“Si las condiciones fuesen otras, el mercado estaría atiborrado, sobrarían las ofertas, pero la gente que tiene un inmueble prefiere cerrarlo antes que alquilarlo, a menos que sea a través de una empresa, por temor a perderlo, porque la Ley ampara al inquilino y deja desasistido al propietario”.
22 salarios mínimos por un alquiler
Mónica y Armando, son una pareja de jóvenes profesionales y planean casarse para finales de año. Sin embargo, afirman que lo único que les detiene es el no contar con una vivienda para independizarse.
“No queremos vivir arrimados y los alquileres están por las nubes, hemos visto algunas ofertas, pero demasiado costosas, incluso en dólares y para poder acceder a un apartamento tipo estudio en una zona segura, tendríamos que disponer de unos 22 salarios mínimos, sólo para poder rentar un apartamento , cuyo precio ronda los 40 mil bolívares mensuales”.
Detalla que es necesario disponer no menos de 120 mil bolívares, para pagar un mes de depósito, uno por adelantado y otro mes administrativo, quedando pendientes otros gastos como servicios, alimentación y transporte.
“En nuestro caso es prácticamente imposible, sin contar con la ayuda de nuestros padres, porque entre los dos apenas si llegamos a los 30 mil bolívares mensuales, esdecir que aquel refrán que reza que quien se casa casaquiere, quedó para el recuerdo”.
De acuerdo con lo dicho por Nelson Blanco, presidente de la Cámara de la Construcción, en el estado desde hace mucho tiempo el sector privado ha estado limitado para construir viviendas, tanto por la escasez de materiales, como por las trabas legales y la voracidad fiscal, por lo que ha mermado considerablemente la oferta tanto para venta como para alquiler.
Sin embargo, declinó ahondar en el tema, subrayando que en la actualidad sería una temeridad arriesgarse a dar cifras sobre el déficit de viviendas, porque no hay estadísticas y las existentes no son confiables.
Venezolanos se protegen comprando bienes inmuebles
Oreste Rosín afirma que ante el sombrío panorama económico es imperativo invertir los recursos antes de que la inflación los devore
Foto: Archivo
Oreste Rosín afirma que ante el sombrío panorama económico es imperativo invertir los recursos antes de que la inflación los devore
Niurka Franco
El proceso inflacionario que se viene dando en Venezuela y el panorama que se observa a inicios de este año signado por la caída en los precios del petróleo, devaluación del bolívar y la consecuente pérdida del poder adquisitivo, conduce a muchos venezolanos hacia el mercado de bienes inmuebles, como una forma de proteger su futuro.
Así se desprende de lo dicho por el presidente la Cámara Inmobiliaria, del estado, Oreste Rosín, quien precisa que se trata de una opción válida porque se revaloriza.
Aclara sin embargo, que no muchos tienen esa posibilidad, tomando en cuenta la escasa construcción de unidades primarias y y el costo que exhiben las secundarias ante una demanda que tiende a incrementarse.
Observa que frente a estas circunstancias, los más perjudicados son los sectores de clase media y media baja, los cuales han perdido la capacidad de ahorro para acceder a una vivienda, sobre todo las parejas jóvenes que desean formar su propia familia.
“Qué profesional joven puede ahorita comprar una casa o apartamento, eso es prácticamente imposible porque no tienen capacidad de compra y a medida que pasa el tiempo, la situación tiende a agudizarse”.
Rosín advierte que es necesaria la búsqueda de salidas y una de ellas a su juicio, sería que cada sector asuma sus propias competencias.
“Es necesario liberar a la empresa privada para que trabaje sin tanto intervencionismo y que el Estado regule pero dejando a los empresarios del sector la ejecución de obras”.
Aunque admite que suena poco halagüeño, el dirigente empresarial vislumbra pocas probabilidades de que los nubarrones que hoy ensombrece el panorama económico se despejen en el corto plazo, menos aún si el gobierno sigue negado a un diálogo sincero.
“No podemos seguir viendo a Venezuela como un ring de boxeo”, apuntó tras aseverar que el gobierno está obligado a dialogar con los sectores productivos para superar la crisis.
Engavetados siguen casos inmobiliarios en Anzoátegui
En Anzoátegui los casos de estafa inmobiliaria siguen sin respuesta. En mayo de este año el Consejo Legislativo (Cleanz) anunció aupar una investigación sobre denuncias, sin embargo, el tiempo pasa y las resoluciones siguen pendientes.
Foto de archivo
Equipo de redacción
En Anzoátegui los casos de estafa inmobiliaria siguen sin respuesta. En mayo de este año el Consejo Legislativo (Cleanz) anunció aupar una investigación sobre denuncias, sin embargo, el tiempo pasa y las resoluciones siguen pendientes.
PRIMERO
Uno de los casos lo recibió el diputado José Castro, presidente de la Comisión de Salud, Desarrollo Social y Económico del parlamento regional, quien trató la denuncia contra la empresa Inversiones Sorte en el Conjunto Residencial Puertos del Este, ubicado en el Complejo Turístico El Morro en Puerto La Cruz, Municipio Sotillo.
Los habitantes denunciaron ante el Cleanz una serie de arbitrariedades cometidas por el representante de la constructora. “El representante de la constructora se apropió de manera arbitraria de un área de uso común, eliminó 72 puestos de estacionamiento para construir 20 apartamentos más y venderlos”.
SEGUNDO
Este mes una situación irregular tiene como protagonistas a habitantes del Conjunto Residencial Punta Arenas ubicado en Barcelona, quienes siguen reclamando apoyo en distintas instancias tras denunciar que son víctimas de estafa inmobiliaria.
El presidente de la Comisión de Política Interior, Derechos Humanos y Equilibrio Territorial del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui, Juan Rodríguez, señaló que la Promotora Habitacional 2005 C.A, sigue amenazando a los propietarios para que protocolicen.
TERCERO
En febrero de 2011e l Ministerio Público anunció que investigaba 112 denuncias de fraude, estafa y usura, vinculados a la venta de inmuebles en el estado Anzoátegui.
En declaración publicada durante este período en el diario El Tiempo la Fiscal Superior del estado Anzoátegui, Katiuska Bolívar, precisó que de los 112 casos de presuntas estafas inmobiliarias 45 las habían registrado en la zona norte de Anzoátegui (Barcelona, Puerto La Cruz, Lechería y Guanta) y 67 en la región centro sur (El Tigre y Anaco).
CUARTO
En abril de 2011 en entonces legislador, Edgar Carrasco, señaló que propietarios de viviendas del conjunto Ciudad Residencial Terranova (Primera etapa), específicamente del edificio Arapantepuy en la ciudad de El Tigre, cuestionaron que la constructora Sarandú, entregó las casas con fallas estructurales.
Carrasco dio cuenta de 160 viviendas promovidas inicialmente a un costo de 160 mil bolívares cada una, pero que posteriormente la contratista disfrazando el cobro por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) terminó por aumentar los costos. Los afectados afirmaron que han llevado estas quejas ante instancias nacionales y siguen sin respuestas.
QUINTO
En agosto de 2011 también el Cleanz reportó problemas registrados en el Conjunto Residencial Valle Alto II, ubicado en el municipio Simón Bolívar (Barcelona). Los habitantes reclamaban a la constructora y promotora del urbanismo los presuntos daños estructurales en los apartamentos. Los denunciantes acusaron fallas por filtración de agua en apartamentos.