A tribunales la presidenta del concesionario La Venezolana
La empresa estafó a más de 6.000 personas que cancelaron la cuota inicial para la adquisición de vehículos
Foto: Cortesía
La empresa estafó a más de 6.000 personas que cancelaron la cuota inicial para la adquisición de vehículos
Redacción.
El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control a la presidenta del concesionario La Venezolana, Angelis Gibelli Quiroz Gutiérrez, por su presunta participación en la estafa a más de 6.000 personas que habían cancelado la cuota inicial para adquirir vehículos, refiere una nota de prensa.
Quiroz Gutiérrez, quien se presentó en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, tenía orden de aprehensión solicitada por los fiscales del caso y acordada por el Tribunal 51° de Control del área metropolitana de Caracas desde el 19 de mayo de 2014.
La imputarán los fiscales 22°, 54° y 73º nacionales, Raiza Sifontes, Yeimmy Navarro e Israel Paredes. Por este caso ya fueron condenados, tras admisión de hechos, Graciela Auxiliadora González Pacheco (abogada), Jean Carlos Hidalgo (mensajero), y los escolatas Abrahan Cristopher Fuentes, Will León y Dimas Sanz.
Se encuentra en espera del acto conclusivo John Alexis Quiroz Fonnegro, quien fue extraditado de Panamá a Venezuela el 19 de marzo de este año. Está privado de libertad por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir, uso de documentos falsos y falsa identidad.
Francisco Illaramendi pagará 13 años de cárcel
El inversor se había declarado culpable de un fraude que le permitió apropiarse de 20 millones de dólares
Foto: Archivo
El inversor se había declarado culpable de un fraude que le permitió apropiarse de 20 millones de dólares
Con información de AP
El venezolano Francisco Illaramendi, gerente de un fondo de inversión, pagará 13 años de cárcel en Estados Unidos por un enorme plan de estafa de inversiones en Connecticut por valor de cientos de millones de dólares.
Illarramendi expresó arrepentimiento durante la audiencia de sentencia el jueves en el tribunal federal de Bridgeport. Hace cuatro años se había declarado culpable de varios cargos de fraude y confabulación en lo que fiscales federales han calificado el mayor caso de delito económico en la historia de Connecticut.
Illarramendi fue acusado de apropiarse de 20 millones de dólares en una enorme estafa que expuso a inversionistas, en su mayoría extranjeros, a perder más de 200 millones de dólares, en su mayoría de Pdvsa.
Las autoridades dicen que buena parte del dinero se ha recuperado, pero todavía no está claro cuánto perdieron los inversionistas.
El Gobierno asegura que Pdvsa puso fin a un contrato con Illarramendi en 2004, un año antes de que comenzara la trama fraudulenta.
Funcionarios de banco del Gobierno recibieron sobornos desde Nueva York
Ejecutivos declaran su culpabilidad por pagos a ocupantes de altos cargos de una entidad financiera estatal, con el propósito de perpetrar una estafa
Corredores declaran su culpabilidad por pagos a ocupantes de altos cargos de una entidad financiera venezolana, con el propósito de perpetrar una estafa
Con información de Reuters
Dos exejecutivos de una desaparecida firma de corretaje en Nueva York se declararon culpables el miércoles de haber participado en el soborno a funcionarios de un banco estatal en Venezuela para conseguir un negocio cambiario.
Benito Chinea, quien fuera presidente ejecutivo de la firma Direct Access Partners LLC, y José Demeneses, su director, se declararon culpables de las acusaciones de conspiración ante una corte federal en Manhattan.
Chinea, de 48 años, admitió que en 2011 discutió sobre cómo pagar un soborno al jefe de operaciones del Banco de Desarrollo Económico de Venezuela, conocido como Bandes.
"Yo sabía que hacer un acuerdo con otros para pagar un soborno era incorrecto e impropio, y además violaba las leyes de Estados Unidos", dijo Chinea ante el juez.
Los testimonios de Chinea y Demeneses, de 46 años, forman parte de una gran investigación en Estados Unidos sobre el soborno que involucró a la firma estadounidense con el banco del Gobierno de Venezuela.
Fiscales dijeron que los operadores participaron en una estafa entre 2008 y 2012, que involucró pagos a la jefa de operaciones y funcionaria de alto rango del Bandes, María de los Ángeles González de Hernández.
El fraude le generó a los operadores ganancias superiores a 60 millones de dólares por la comercialización de títulos valores que González les asignó a cambio de recibir 5 millones de dólares, según habían dicho los fiscales previamente.
La empresa matriz de la firma Direct Access Partners LLC se declaró en bancarrota en mayo de 2013, después que los fiscales presentaron los primeros cargos contra los directivos.
González se declaró culpable el mes pasado de llevar adelante operaciones de lavado de dinero y conspirar para violar leyes estadounidenses, así como de otros cargos vinculados con esos delitos. Junto a otros empleados de la firma estadounidense ha colaborado con la investigación.
Al aceptar su culpabilidad, Chinea y Demeneses aceptaron renunciar a 3,6 millones de dólares y 2,7 millones de dólares, respectivamente. Ambos enfrentan penas de hasta cinco años de prisión, de acuerdo con lo que decida el juez en su sentencia, prevista para el 27 de marzo.
Un juicio en paralelo ante el ente regulador de las instituciones financieras en Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) está pendiente.