En 2014 la Comisión de Administración y Servicios de AN recibió solicitud para iniciar una investigación y nunca se hizo

Alexis Castillo

@alexisnoticia

Dos años después y motivado al anuncio sorpresa y calculado del presidente Nicolás Maduro, se produjo la actuación de un organismo público en el caso de la compra irregular de ferrys, cuyo objetivo era mejorar el servicio de transporte marítimo en Anzoátegui.

La adquisición de las embarcaciones se realizó en 2013, y ha sido este mes de abril de 2015 cuando las autoridades de Bolipuertos hablan abiertamente de fallas mecánicas en los buques, a lo que se añade la evasiva de un proceso de licitación en la selección de la mejor empresa de venta naviera.

Han sido dos años sin que la Fiscalía General de la República actuara rápidamente en el caso, como tampoco alguna institución contralora, verificadora de este tipo de procesos que no son cualquier compra barata.

Los medios nacionales reseñan con precisión que los barcos implicaron un desembolso de 50.184.320,30 euros, cantidad autorizada para traer los tres ferrys. Sin embargo, al ser enviados al país y ser cancelados los aranceles correspondientes, Bolipuertos gastó adicionalmente 241 millones de bolívares en hacerle reparaciones generales a las embarcaciones.

¿Por qué ahora es cuando las autoridades revelan tal anormalidad? ¿Ningún ente, departamento u organismo auditor había revisado esta operación? ¿Dónde estuvo la capacidad contralora de los trabajadores? ¿Las denuncias de este caso fueron atendidas en su momento? ¿Quién o quiénes ganaron con este caso de corrupción contra el país?

Caso engavetado

En octubre de 2014 el diputado por el estado Anzoátegui, Carlos Andrés Michelangeli, había solicitado ante la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), iniciar una investigación a la empresa Consolidada de Ferrys (Conferry).

“Esta situación irregular había sido denunciada hace un año tras una inspección al terminal oriental. En esa oportunidad hablamos hasta con los conductores de mercancía que se quejaban por la lentitud en la movilización hacia la isla de Margarita y el daño que eso generaba por la paralización de la flota naviera”, acotó.

El legislador apuntó que “el informe presentado ante la Comisión fue engavetado y esta instancia no quiso investigar y mira lo que ha sucedido”.

A esto hay que agregar que también el 5 de septiembre de 2014 Elmercurioweb.com publicó una declaración del presidente del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de Empresas Navieras en Anzoátegui, Alfredo Santamaría, quien para entonces recalcó que los llamados habían sido insistentes por el riesgo de inestabilidad en el transporte de pasajeros y carga pesada desde Puerto La Cruz hacia Nueva Esparta.

“Al momento de la expropiación en septiembre de 2011 la empresa contaba con 8 buques. Actualmente los dos convencionales se encuentran paralizados por falta de mantenimiento mayor y no han sido llevados a astilleros para chequear motores principales, generadores y el casco; los tres buques rápidos que habían sido expropiados siguen fuera de servicio”, declaró.

El principal señalado por este caso es el ex ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Mayor General Hebert García Plaza, quien no es cualquier militar.

El diario El Nacional resumió su perfil: fue jefe del órgano Contralor de la Economía por orden del presidente Nicolás Maduro. Antes de convertirse en titular de Transporte Acuático y Aéreo, el Mayor General Hebert Josué García Plaza fue viceministro de servicios del ministerio de defensa. El 3 de julio de 2012, García Plaza recibió el ascenso a Mayor General por parte del presidente fallecido Hugo Chávez junto a Wilmer Barrientos.

Dos años después el ministerio público nombra a los fiscales Rubén Contreras y Tayifo Rodríguez para imputar a Plaza y otras altas autoridades por los presuntos delitos de “peculado doloso, concierto con contratista y evasión de procesos licitatorios”.