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Aplican “terrorismo laboral” en entes públicos para recoger firmas

Aplican “terrorismo laboral” en entes públicos para recoger firmas

Foto: Archivo

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Presiones y amenazas penden sobre los trabajadores del sector público ante la recolección de firmas contra el decreto de Barack Obama

Caracas. Evely Orta

Los trabajadores públicos están siendo sometidos a estampar su firma para pedir a Washington derogar el decreto que sancionó a siete funcionarios del gobierno de Venezuela y declaró al país como una amenaza.

Pero no son los únicos. Todo ciudadano que asista a un ente del Gobierno a solicitar cualquier trámite, como retirar el pasaporte o renovar la cédula, también es objeto de presión para que firme.

La medida de presión al parecer traspasó las fronteras, como denunció la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Los consulados y las embajadas de Venezuela han enviado una comunicación en la que “invitan” a los venezolanos residentes en el exterior a suscribir la petición, con la amenaza de no otorgarles divisas.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, negó las presiones: “Esto no va a generar ninguna lista ni Tascón ni nada. En todo caso, una lista Obama porque es para rechazar una agresión”.

Trascendió que la lista Obama servirá para amedrentar y hasta despedir a quien no firme en contra del decreto estadounidense.

Servando Carbone, coordinador nacional del sindicato Unete, confirmó presiones contra los trabajadores en varios organismos y ministerios. Bajo la amenaza de despido  “en Pdvsa y en el Ministerio de Finanzas hay una instrucción de los gerentes para que los trabajadores firmen. En el Ministerio del Trabajo utilizan a los empleados para que recojan las firmas; lo mismo en el INE y en el INTT”.

En las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), “los comandos de la GNB, el Ejército y la Armada dieron la orden a los batallones de que firmen. Además, presionan a los trabajadores del Ministerio de la Defensa. Esto es terrorismo laboral porque la gente firma para preservar su trabajo”.

Se ha denunciado presiones a los trabajadores de las contratistas así como en otros ministerios e institutos autónomos dependientes del Gobierno Nacional.

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