¿Por qué Venezuela tiene tantas demandas de inversionistas internacionales?

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La razón por la cual Venezuela tiene tantos casos pendientes en el Ciadi tiene que ver con la ola de nacionalizaciones

Con información de Lanacion.com / BBC Mundo

Un dato quizá desconocido: Venezuela es el país con más casos pendientes en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, el principal mecanismo establecido para dirimir problemas entre Estados e inversionistas.

Venezuela acumula 27 casos, seguida de Argentina, con 22, y Egipto, con 13.

Por estos días se espera el fallo del pleito entre Caracas y la petrolera estadounidense Exxon Mobil, que reclama US$10.000 millones de compensación por la nacionalización de sus bienes y derechos en el país sudamericano.

Aunque Venezuela se retiró del Ciadi en 2012 -porque el entonces presidente, Hugo Chávez , decía desconfiar de sus procedimientos-, firmó esos contratos antes, por lo que debe atenerse a sus decisiones y pagar en caso de que el fallo la obligue a indemnizar a un inversionista.

El Ciadi no es un tribunal: se trata de una secretaría del Banco Mundial que se ocupa, exclusivamente, de resolver casos que enfrentan a un Estado receptor de inversiones y a una empresa con base en otro Estado.

La oficina presta el servicio de tribunales y de administración y ayuda a las partes a designar a los tres árbitros que son quienes emitirán el fallo. Las partes escogen dos árbitros y estos designan al tercero.

¿Por qué?

La razón por la cual Venezuela tiene tantos casos pendientes en el Ciadi tiene que ver con la ola de nacionalizaciones.

Entre 2006 y 2008, el gobierno del fallecido presidente Chávez, realizó una ambiciosa serie de expropiaciones que, en algunos casos, y sobre todo en los petroleros, generaron demandas, pues los inversionistas consideraron que la nacionalización violó el derecho internacional.

De los 27 casos venezolanos, unos cinco procesos deben ser dictaminados antes de que termine 2015.

Cuánto puede llegar a pagar Venezuela por estos casos es una pregunta difícil de responder, pues no se saben con exactitud los montos demandados por los inversionistas y, además, la cifra varía según lo que finalmente fallen los árbitros.

Según un reciente informe del ODH Grupo Consultores, que tiene sede en Caracas, se conocen los montos solicitados por 13 de las 27 demandas, y solo estos llegan a US$53.066 millones.

Mientras que un estudio del Scotia Bank, un banco de inversiones canadiense, calcula que el monto está en torno a US$24.000 millones.

La mayoría de los expedientes sobre Venezuela abiertos en el Ciadi tienen que ver con hidrocarburos y minería, lo que es normal considerando que se trata de una potencia petrolera y que en años previos al gobierno de Chávez había adelantado un política para atraer inversionistas extranjeros al negocio.

"En lo que se refiere a petróleo, Venezuela tiene unas condiciones muy competitivas", le dice Alejandro Grisanti a BBC Mundo, director para América Latina de Barclays Capital, un banco de inversiones.

"Explotar petróleo es muy barato, hay en muchas cantidades, el riesgo de exploración es bajo, el crudo está a apenas 100 metros bajo tierra (mientras que en Brasil a 3km), así que muchas empresas preferían quedarse", dice Grisanti.

Ejercicio de soberanía

La expropiación es una potestad que tienen los Estados en el ejercicio de su autonomía, aunque en medio de la polarización política en Venezuela, algunos frecuentemente lo consideren un procedimiento injusto y contraproducente para la salud económica nacional.

De acuerdo con la legislación venezolana, cualquier nacionalización implica una indemnización, un pago por los activos que el inversionista tiene en el país receptor de dicha inversión.

Venezuela suscribió incluso durante la llamada ola de nacionalizaciones varios tratados de inversión, pero en 2012 se salió del Ciadi porque, según Chávez, el organismo está controlado por Estados Unidos.

"El gobierno yanqui verá, pero nosotros no nos vamos a doblegar ante el imperialismo yanqui y sus obstáculos", dijo Chávez en su anuncio en el marco de la disputa que mantiene con la empresa estadounidense Exxon Mobil.

Sin embargo, como los tratados de inversión que están siendo resueltos ahora se firmaron antes de 2012, Venezuela no está exenta de pagar en caso de que pierda.

"Que alguien crea que tal o cual expropiación fue inconstitucional o no es irrelevante", le explica a BBC Mundo el abogado venezolano José Ignacio Hernandez.

"Lo que el Ciadi mira es si se violó o no el derecho internacional, al que Venezuela se somete en el momento en que firma un tratado bilateral de inversiones", asegura el profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Algunos consideran que la instancia se inclina frecuentemente por las empresas, aunque la oficina afirma que su labor busca garantizar la seguridad de los inversionistas y favorecer el desarrollo económico de los estados receptores.

"La organización es bastante independiente y es mentira que haya una inclinación hacia los inversionista, pues es gente seria, con reputación, que es además escogida por los Estados", dice Hernandez, quien considera que el proceso es "objetivo y eficiente".

¿Pagar o no pagar?

Hace dos semanas, el Ciadi falló en contra de Venezuela en el pleito con la minera estadounidense Gold Reserve.

Sin embargo, si Venezuela ganó o perdió depende de cómo se mire: el país tendrá que pagar US$740 millones, lo cual se puede considerar una victoria para Caracas puesto que inicialmente la minera solicitaba US$2.000 millones.

"Es difícil saber si salen en contra o a favor, porque depende mucho de lo que en un principio se pidió y de si hubo algún tipo de indemnización durante la nacionalización", dice Grisanti.

José Ignacio Hernandez añade que Venezuela tiene un buen historial con estos casos: "La estadística es favorable, porque aunque han tenido que pagar la mayoría de las veces, ha sido menos de lo que inicialmente les piden".

Aunque Venezuela puede apelar, si no paga se arriesga a que le embarguen activos en el exterior, como las tres refinerías Citgo, que están en EE.UU.

Hernández, sin embargo, no cree que el gobierno deje de pagar en caso de que el fallo le obligue a hacerlo.

"Normalmente los Estados terminan pagando porque el incumplimiento, más allá de lo legal, te afecta mucho tu reputación internacional".

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