La ética no es un adorno: sin ella, el municipio es solo un botín: Por Pedro Galvis / @pgalvisve
VENEZUELA · GOBIERNO LOCAL
Mientras el cargo se trate como botín y no como custodia, la autonomía municipal seguirá siendo papel mojado y el contribuyente, un financiador involuntario del clientelismo
En Venezuela, hablar de “ética en la política” suena a consigna gastada. Pero la política, vista en serio, no es un ejercicio de dominación. Es un mandato de custodia. El poder se recibe por tiempo limitado, bajo reglas, para proteger el espacio en el que cada persona puede trabajar, asociarse y disentir sin temor arbitrario. Cuando eso se olvida, el alcalde se convierte en repartidor de favores, el concejal en espectador cómplice y el erario en caja chica de la campaña permanente.
En el país real —el de las alcaldías que apenas recogen la basura, que viven del situado y que inventan “tasas” que son impuestos disfrazados— la ética no es un accesorio de discurso. Es la única salvaguarda que le queda al ciudadano frente a un poder local que, sin límites, se vuelve tan opaco y voraz como cualquier otro.
El individuo primero, el Estado después
El liberalismo parte de una idea simple y molesta para quienes gobiernan con consignas colectivas: la unidad de dignidad es la persona, no “el pueblo”, no “la revolución”, no “el proyecto”. Los colectivos existen; lo que no existe es un interés colectivo que autorice a pisotear el derecho de uno solo.
De ahí una consecuencia práctica para el municipio venezolano: el Estado local debe ser árbitro, no empresario universal ni padre sustituto. Seguridad, justicia, reglas claras, infraestructura básica. No una gerencia nueva por cada problema, no una nómina hinchada para acomodar lealtades, no una ordenanza hecha a medida del amigo del alcalde.
El principio de subsidiariedad —lo que el ciudadano o la empresa pueden hacer, el Municipio no debe absorberlo— no es teoría importada. Es el antídoto contra el municipalismo que todo lo centraliza en la alcaldía y después se queja de que no alcanza el presupuesto.
Más que “no robar”
La honestidad mínima —no robar, no cobrar “colaboraciones”, no mentir en el expediente— sigue siendo, en demasiados despachos, una aspiración y no una línea de base. Pero la ética que hace falta es otra: la honestidad proactiva.
Significa asumir, de entrada, que cada bolívar del erario es del contribuyente. No del partido, no de “la gestión”, no del relato histórico. El administrador es depositario temporal, no dueño diferido de la caja. Por eso publicar la nómina, las licitaciones y la ejecución presupuestaria no es un gesto de modernidad: es una tecnología de disuasión. El capitalismo de amigos necesita oscuridad. La regla general necesita luz.
Tres hábitos bastarían para cambiar el tono de muchas alcaldías:
1. Publicar antes de que lo exijan.
2. Separar de una vez el erario de la campaña.
3. Tratar al Concejo, al síndico y a la Contraloría como parte del diseño del poder, no como enemigos del “proyecto”.
Quien solo promete “no robar” puede, sin embargo, malgastar, clienteizar y endeudar. La ética proactiva cierra esas puertas con reglas, no con buenas intenciones de posesión de mando.
La cultura de la explicación
La legitimidad no se agota el día de la elección. Se revalida cada vez que un gobernante explica, con números y plazos, por qué hace lo que hace y por qué no puede hacer lo que le gritan en la plaza.
Eso es el reverso del populismo. El populismo maximiza el beneficio visible y oculta el costo. La verdad fiscal pone el costo sobre la mesa: cuánto cuesta el camión de aseo, quién lo paga, qué se deja de hacer si se regala, qué indicador dirá en noventa días si se cumplió.
Hablar claro, admitir límites, preferir tres prioridades medibles a veinte promesas difusas y corregir en público cuando el dato desmiente el discurso no es debilidad. Es la forma adulta de ejercer autoridad: bajo escrutinio, no por intimidación ni por relato.
Del botín a la custodia
Gran parte de la cultura política que heredamos trata el cargo como botín: llegan los nuestros, se reparte la nómina, se blindan los contratos, se usa la ordenanza como arma selectiva. El cambio de paradigma es pasar del botín a la custodia.
| Botín | Custodia |
|---|---|
| El erario es “nuestro” | El erario es del contribuyente |
| La norma se aplica según el amigo | La norma es general o no es norma |
| El control estorba | El control protege |
| La campaña no termina nunca | La campaña termina el día de la posesión |
Ese cambio no se logra con un discurso inaugural. Se logra con hábitos: presupuesto que justifique cada partida, menos trámites inventados, cargos por mérito y no solo por lealtad, contratos de servicios con indicadores y posibilidad real de revocatoria, mensajes que digan la verdad sobre el costo de lo prometido.
El coraje que falta
En el municipio venezolano, la ética liberal no se discute en abstracto. Se pone a prueba cuando hay que publicar la nómina aunque duela, votar en contra del crédito clientelar aunque la bancada presione, licitar aunque el amigo esperara el contrato, o decir “no hay plata para esa promesa” cuando el mitin pide magia.
El método sin coraje se queda en carpetas. El coraje sin método se agota en el gesto. Juntos producen lo único que legitima el poder en serio: resultados bajo reglas, explicados en público, pagados con honestidad.
La política que vale la pena no promete el cielo en la tierra. Promete algo más escaso: un poder limitado, vigilado y al servicio de personas concretas, no de abstracciones que siempre terminan hablando por boca de quien manda.
El individuo como eje. El Estado como límite. La silla de cristal. La cultura de la explicación. Custodia, no botín.
Mientras eso no se tome en serio en la planta baja del poder —la alcaldía, el concejo, la gobernación— seguiremos discutiendo autonomía en los papeles y repartiendo favores en la práctica.
Seguiremos conversando de estos temas.
