El petróleo de la libertad: Democracia e instituciones para una nueva Venezuela; por William Hernández / @willian_wilito
El colapso histórico de la industria petrolera venezolana demostró, de la forma más dolorosa, que un Estado que devora su principal recurso termina inevitablemente devorando el futuro de sus ciudadanos. Durante décadas, la gestión energética se desvió hacia el control político, la opacidad y el desmantelamiento técnico, transformando lo que debió ser una palanca de desarrollo en un mecanismo de sumisión y dependencia social. Por esta razón, la reconstrucción del aparato productivo nacional no puede plantearse simplemente como un reto de ingeniería o un cálculo de cuántos barriles se extraerá del subsuelo.
El verdadero punto de partida es un cambio democrático real y profundo, capaz de refundar el marco institucional que devuelva el petróleo a su verdadero propósito: financiar el progreso de la gente.
Bajo este nuevo enfoque, el rescate institucional se convierte en el único camino viable para romper el círculo vicioso de la arbitrariedad. Un proceso democrático auténtico debe dar paso a un Estado fuerte, cuya fortaleza no radique en la asfixia regulatoria ni en el monopolio absoluto de las operaciones, sino en la solidez y transparencia de sus instituciones. Esto exige, como primera medida, una estricta separación de roles en la que el sector público actúe como un regulador independiente y un recaudador eficiente, delegando la operatividad en agencias técnicas libres de la influencia del gobierno de turno. Asimismo, para atraer las masivas inversiones internacionales que requiere la recuperación de los campos y la infraestructura devastada, es indispensable restablecer la seguridad jurídica y contratos transparentes que se respeten rigurosamente, desterrando de forma definitiva el clientelismo para abrirle paso a la meritocracia técnica.
Esta reinvención debe ocurrir, además, bajo las reglas del siglo XXI y en el marco de una transición energética global. La nueva Venezuela democrática no puede aspirar a revivir el modelo rentista del siglo pasado, sino que debe apoyarse firmemente en el apalancamiento de capital privado para asumir los riesgos de exploración y producción. Al liberar al Estado de la carga financiera de operar la industria, el sector público puede asegurar regalías e impuestos limpios, blindados de la corrupción estructural mediante mecanismos estrictos de contraloría. De esta manera, reconstruir desde los escombros ofrece la oportunidad única de levantar una industria sostenible, moderna y eficiente, orientada a minimizar el impacto ambiental y a cumplir con las altas exigencias de los mercados internacionales actuales.
El fin último de esta transformación económica no es adornar los gráficos del Producto Interno Bruto, sino impactar de forma directa en el desarrollo humano del venezolano. Los ingresos bien gestionados —canalizados preferiblemente mediante un Fondo de Estabilización Macroeconómica para evitar distorsiones inflacionarias— deben servir para devolver el poder adquisitivo real al salario de los trabajadores y dinamizar el tejido empresarial local a través de empleos indirectos bien remunerados. El destino de la riqueza petrolera debe ser sagrado y constitucional, enfocado de manera prioritaria en construir una educación de vanguardia, un sistema de salud pública digno y servicios básicos confiables como electricidad, agua y conectividad. Un ciudadano que padece apagones diarios o que carece de acceso a escuelas de calidad se encuentra atrapado, imposibilitado de competir y desarrollarse plenamente en la sociedad moderna.
A la luz de estas transformaciones, el objetivo central del nuevo modelo es transitar definitivamente hacia la autonomía del ciudadano, rompiendo las cadenas de la dependencia estatal. El ingreso petrolero ya no debe utilizarse para financiar subsidios clientelares o bolsas de comida destinadas a la supervivencia básica, sino para sembrar un entorno fértil de oportunidades. Es la transición de un Estado paternalista que controla a un Estado democrático que empodera. Solo a través de la libertad económica, respaldada por un sistema de educación robusto y empleos formales, cada venezolano podrá volver a ser el dueño absoluto de su propio destino y progreso, asegurando que el petróleo sea, finalmente, la riqueza que financie la libertad de toda la nación.