Obstáculos y desafíos para implementar gobiernos abiertos en Venezuela; por Pedro Galvis / @pgalvisve
La implementación de gobiernos abiertos en Venezuela representa un ideal atractivo pero extremadamente complejo, dado el contexto político, social y económico de nuestro país. Un gobierno abierto se basa en principios como la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y el uso de tecnologías para facilitar el acceso a la información pública. Sin embargo, estamos marcados por años de crisis institucional, polarización política y un terrible deterioro económico, que constituyen obstáculos estructurales y coyunturales que dificultan su aplicación. A continuación, exploraremos los principales desafíos para establecer un modelo de gobierno abierto en Venezuela.
Falta de institucionalidad y estado de derecho
Uno de los pilares fundamentales de un gobierno abierto es un marco institucional sólido que garantice el cumplimiento de las leyes y la independencia de los poderes públicos. En Venezuela, la erosión del estado de derecho, la concentración de poder en el Ejecutivo y la falta de autonomía de instituciones como el Poder Judicial o la Contraloría General representan barreras significativas. Sin un sistema judicial imparcial que supervise y sancione la corrupción o el mal uso de recursos públicos, la transparencia queda comprometida. Asimismo, la opacidad en la gestión de organismos estatales, como Petróleos de Venezuela (PDVSA), dificulta el acceso a datos confiables sobre el manejo de los recursos nacionales.
Restricciones al acceso a la información
La transparencia, piedra angular de los gobiernos abiertos, requiere que los ciudadanos puedan acceder libremente a información sobre las decisiones gubernamentales. En Venezuela, el acceso a datos públicos es restringido de manera sistemática. Informes financieros, estadísticas oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV) o del Instituto Nacional de Estadística (INE), y detalles sobre políticas públicas a menudo no se publican o se divulgan de forma incompleta. Además, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada en 2010, no se ha implementado efectivamente, y las solicitudes de información suelen ser ignoradas o denegadas bajo argumentos de seguridad nacional.
Desconfianza y polarización ciudadana
Un gobierno abierto depende de la participación activa de la ciudadanía, pero en Venezuela la extrema polarización política ha generado una profunda desconfianza hacia las instituciones y entre los propios ciudadanos. La población, dividida entre sectores que apoyan al gobierno y otros que lo rechazan, tiene dificultades para articular una demanda colectiva de apertura gubernamental. Esta fragmentación reduce la capacidad de la sociedad civil para presionar por reformas y limita el impacto de iniciativas que promuevan la colaboración entre el Estado y los ciudadanos.
Crisis económica y falta de infraestructura tecnológica
La implementación de gobiernos abiertos suele apoyarse en el uso de tecnologías de la información para facilitar el acceso a datos y la interacción entre gobierno y ciudadanos. Sin embargo, la crisis económica en Venezuela ha dejado al país con una infraestructura tecnológica deficiente. El acceso a internet es limitado, con velocidades bajas y cortes frecuentes de electricidad, lo que dificulta la creación de plataformas digitales accesibles. Según datos recientes, Venezuela tiene una de las peores conectividades de América Latina, lo que representa un obstáculo para iniciativas como portales de datos abiertos o sistemas de consulta pública en línea.
Represión y falta de libertades políticas
La participación ciudadana, otro pilar del gobierno abierto, requiere un entorno donde se respeten las libertades de expresión, asociación y prensa. En Venezuela, la represión de voces disidentes, el encarcelamiento de líderes opositores y las restricciones a los medios de comunicación independientes limitan la posibilidad de un diálogo constructivo entre el gobierno y la sociedad. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que abogan por la transparencia enfrentan hostigamiento, lo que reduce el espacio para iniciativas de monitoreo ciudadano o rendición de cuentas.
Cultura de opacidad y corrupción arraigada
La corrupción, enquistada en distintos niveles del Estado venezolano, es un obstáculo cultural e institucional para la apertura gubernamental. Según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, Venezuela consistentemente ocupa uno de los últimos lugares a nivel mundial. Esta realidad no solo mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino que también desincentiva a los funcionarios públicos a adoptar prácticas transparentes, ya que la opacidad suele ser un mecanismo de protección para actividades ilícitas.
Posibles caminos hacia adelante
A pesar de estos desafíos, la implementación de gobiernos abiertos en Venezuela no es del todo inviable. Un primer paso necesariamente es lograr el cambio político del régimen para efectivamente poder fortalecer a la sociedad civil y las organizaciones independientes para que actúen como contrapeso y promuevan la demanda de transparencia. La cooperación internacional también podría desempeñar un papel clave, apoyando proyectos piloto de datos abiertos en gobiernos locales o sectores específicos. Además, aprovechar las redes sociales y plataformas digitales, ampliamente utilizadas por los venezolanos a pesar de las limitaciones, podría ser una vía para fomentar la participación ciudadana y la difusión de información.
Entonces, requerimos reconstruir las instituciones, garantizar libertades fundamentales y superar la crisis económica que limita los recursos disponibles. El camino hacia la apertura gubernamental comienza con pequeños pasos que, con el tiempo, fomentan la generación de confianza que sienten las bases para un modelo más participativo y transparente. En nuestro país donde la información y el poder han estado históricamente concentrados, el desafío no es solo técnico, sino profundamente político y social.
