Gobiernos Abiertos: Una Esperanza Contra la Corrupción en Venezuela; Pedro Galvis / @pgalvisve
Venezuela ostenta un triste récord: según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, con una puntuación de apenas 13 sobre 100, se ubica en el puesto 177 de 180 países, señalada como una de las naciones con mayor corrupción en el sector público a nivel global. Esta percepción no es solo un número; refleja una realidad donde el saqueo de recursos, el abuso de poder y la impunidad han devastado la economía y la calidad de vida de millones. En este contexto, el concepto de Gobierno Abierto surge como una herramienta poderosa para enfrentar este flagelo y reconstruir la confianza perdida.
La corrupción como raíz de la crisis
La corrupción en Venezuela no es un problema reciente, pero ha alcanzado niveles sistémicos bajo el régimen actual. Desde el desvío de miles de millones de dólares de la estatal petrolera PDVSA hasta el enriquecimiento ilícito de funcionarios a través de programas como los CLAP (supuestos subsidios alimentarios), el país ha visto cómo el dinero público se esfuma mientras la población sufre hambre, apagones y una inflación descontrolada. Organizaciones como Transparencia Venezuela estiman que más de 70 mil millones de dólares están ligados a casos de corrupción investigados en 26 países. Todo esto ocurre en un sistema donde las instituciones —como el Poder Judicial o la Asamblea Nacional— han perdido su independencia, convirtiéndose en cómplices del poder en lugar de garantes de la justicia.
¿Qué puede hacer el Gobierno Abierto?
El Gobierno Abierto se basa en tres principios fundamentales que chocan directamente con las raíces de la corrupción: transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. En un país como Venezuela, donde la opacidad es la norma, aplicar estos principios podría ser revolucionario.
Transparencia para iluminar las sombras: Si el gobierno publicara en tiempo real los presupuestos, contratos y destinos del dinero público en plataformas accesibles, sería mucho más difícil ocultar desvíos o sobornos. Por ejemplo, saber cuánto cuesta realmente importar alimentos para los CLAP y quiénes son los beneficiarios de esos contratos podría frenar el robo descarado que hoy ocurre a plena vista.
Participación para empoderar: Darle a los ciudadanos un rol activo en las decisiones —como presupuestos participativos o consultas públicas— no solo reduciría el monopolio del poder, sino que haría a la gente parte del cambio. En Venezuela, donde la protesta ha sido reprimida, abrir canales digitales o presenciales para que los jóvenes y comunidades propongan y vigilen políticas sería un golpe a la cultura de la imposición.
Rendición de cuentas para castigar la impunidad: Los funcionarios corruptos prosperan porque no enfrentan consecuencias. Un sistema de Gobierno Abierto exigiría que expliquen sus acciones y enfrenten sanciones si fallan. Imagina un portal donde se publiquen las declaraciones patrimoniales de los líderes o los avances de investigaciones judiciales: la luz pública es un desincentivo poderoso.
Tecnología como aliada
En un mundo digital, plataformas como CKAN (usada para datos abiertos) o Consul (para participación ciudadana) podrían ser adaptadas a Venezuela. Por ejemplo, un sistema como X-Road, que Estonia usa para conectar datos de forma segura, podría transparentar las operaciones del gobierno sin excusas de "secretos de Estado". Los jóvenes, que dominan las redes sociales y la tecnología, podrían liderar esta transición, usando herramientas como aplicaciones móviles para denunciar irregularidades o rastrear fondos públicos.
El caso venezolano: un desafío extremo
Aplicar el Gobierno Abierto en Venezuela no sería fácil. La falta de voluntad política es el primer obstáculo: quienes se benefician de la corrupción no quieren perder sus privilegios. Además, la infraestructura tecnológica es precaria tras años de abandono, y millones carecen de acceso a internet. Sin embargo, el cambio no necesita empezar desde cero. Organizaciones civiles y la presión internacional ya han dado pasos, como las denuncias de Transparencia Venezuela o las sanciones a funcionarios corruptos. Un Gobierno Abierto podría construir sobre estos cimientos, empezando en comunidades locales o con gobiernos municipales dispuestos a romper el molde.
Una luz al final del túnel
La corrupción ha sido el cáncer que destruyó las instituciones venezolanas, pero el Gobierno Abierto ofrece un tratamiento: abrir el sistema, involucrar a la gente y exigir responsabilidades. No es una solución mágica, pero sí un camino para que el país deje de ser sinónimo de impunidad y pase a ser un ejemplo de resiliencia. Para los jóvenes venezolanos, hartos de promesas vacías, este modelo representa una oportunidad de tomar el control de su futuro. Si el poder se comparte y se vigila, la corrupción pierde su oxígeno. ¿El reto? Que todos —ciudadanos, líderes y aliados internacionales— se atrevan a encender esa chispa.
