La ley para el saqueo; por César Pérez Vivas / @cesarperezvivas

La instauración de la denominada, por el régimen, como “Ley Antibloqueo” ha suscitado el rechazo total del mundo académico, político, económico y social de la nación.

Análisis muy completos se nos han ofrecido para demostrar su contrariedad al derecho, sus previsibles nefastos efectos sobre el patrimonio nacional y  su aporte a la fosilización autoritaria del estado.

Ese conjunto de normas, en la perspectiva de la Teoría Pura del Derecho, formulada por el jurista austriaco Hans Kelsen, ciertamente se convierte en norma viva, derecho positivo, que le permitirá a la cúpula usurpadora del poder continuar su labor de destrucción del arruinado patrimonio de nuestro país. Es la autorización que se auto conceden para terminar de saquear los activos, que durante décadas, logró construir nuestro país. Es la desaparición del derecho constitucional y administrativo, elaborado, precisamente, para garantizar la transparencia de la función pública y para contener a través de formas y procedimientos, la tentación al robo, abuso y aprovechamiento indebido de los bienes de la sociedad.

De modo que más allá de todas las densas explicaciones ofrecidas sobre su inconstitucionalidad e inexistencia en el plano del buen derecho, su existencia y aplicación es y será una realidad mientras la camarilla madurista se mantenga en la usurpación del poder.

Por supuesto que no por eso dejamos de considerar la dimensión del deber ser de la norma, del derecho natural, justo, ético, y la teleología  de la legislación en un estado democrático.

Esa dimensión debemos examinarla en toda circunstancia, sobre todo en el mundo de los abogados, de los estudiantes de ciencia jurídica, y en el de los ciudadanos angustiados por la destrucción del estado de derecho.

Ese derecho positivo vigente en base a la fuerza del estado autoritario, no es el derecho justo y necesario para la búsqueda del bien común, ni mucho menos para que la justicia prevalezca en nuestra angustiada sociedad.

Quienes hemos sido forjados en la ciencia jurídica y política,  en la construcción del derecho como base de una sociedad moderna, respetuosa de los derechos humanos y promotora del bien común,  no podemos menos que repudiar de forma absoluta este retroceso a la barbarie, a la opacidad, a las conveniencias subalternas, típicas de estos actos de poder que la usurpación hace revestir con el pomposo nombre de “leyes constitucionales”.

Pero lo que más evidencia está funesta normativa es la revelación del fracaso, una vez más en la historia de la humanidad, de las teorías marxistas del estatismo, del control total de la economía por parte del estado y de la subjetividad y discrecionalidad en el manejo del poder.

Llega esta anti ley, con la excusa de las sanciones aplicadas por la comunidad internacional, luego de haber dispuesto, el llamado Socialismo del Siglo XXI, de todos los poderes institucionales del estado y de la más cuantiosa fortuna de recursos financieros, que gobierno alguno en nuestra historia y en América Latina haya dispuesto.

Precisamente por desconocer el mismo orden jurídico, establecido en la Constitución de 1999, se permitió el más brutal saqueo de la historia, y se destruyó de forma total una de las más importantes economías del continente.

Leyes habilitantes, otorgadas a Chávez y Maduro, el estado de excepción económica por ya casi cinco años consecutivos, que les han permitido gobernar a sus anchas y manejar los recursos y la economía a su antojo, han producido esta catástrofe. Cómo no esperar lo peor ahora, que por este primitivo acto normativo, puede el usurpador hacer lo que estime conveniente sin tener que informar, ni rendir cuentas a nadie.

¿Que busca Maduro con estas normas? ¿Porque no se lo habla claro a sus ya menguados, fanáticos y dogmáticos seguidores?

Pues muy sencillo, van a un plan de privatización de lo poco que queda del destruido e ineficiente aparato productivo. Vender refinerías, pozos petroleros, cementeras, plantas eléctricas y pare de contar.

Pero la cobardía de la cúpula roja es tal, que no tienen el coraje de decirlo, y esconden su plan tras el anacrónico discurso cubano del bloqueo, del imperio, de la defensa de la soberanía y de las  demás huecas palabras con las que esconden sus verdaderos propósitos.

Maduro no habla claro por cobardía política y por el acostumbrado método de negociaciones oscuras, con grupos impresentables, a los que buscan entregar nuestros activos.

Ya la legítima Asamblea Nacional, en acuerdo del pasado martes 13 de octubre de 2020, ha dejado claro que toda negociación o contrato de interés nacional que la dictadura adelante sin la autorización del parlamento será nula y no será reconocida en el futuro, al tenor de lo establecido en  el  artículo 187, numeral 9 de la vigente Constitución.

Venezuela debe adelantar un proceso de privatización de ese paquete de empresas públicas quebradas e ineficientes que asumió el chavismo. Debe abrir la economía a la inversión privada nacional e internacional, garantizar la propiedad privada y ofrecer seguridad jurídica a todos los ciudadanos y agentes económicos que participen en los procesos productivos.  Pero eso debe hacerse con total transparencia, con reglas claras, en el marco del establecimiento de una economía social y ecológica de mercado.

La ley del saqueo del chavismo es todo lo contrario. Es una carta oscura para continuar desvalijando, arruinando y cartelizando, con grupos criminales,  la actividad económica y política del país. 

Caracas, 19 de octubre de 2020