Colombia. Periodismo con Fronteras; por: Pedro Corzo / @pedrocorzo43

El periodismo es un oficio peligroso cuando se ejerce a cabalidad, lo que significa no ajustarse  a lo políticamente correcto y menos temer las depredaciones de las que son capaces los poderosos de cualquier clase cuando arriban a la conclusión de que sus intereses están siendo afectados por un justiciero de la información.

El comunicador que considera prioritario informar de lo que puede ser de importancia interés para la ciudadanía, particularmente los casos de corrupción, tráfico de influencia y drogas,  y los abuso de  autoridad en los que incurren algunos funcionarios públicos, es una especie de juez que incomoda a los burócratas que, a veces, aun sin estar involucrados en negociados deshonestos, quieren que los procesos de investigación se desarrollen a su medida y no como el defensor independiente procura.

Paradójicamente estas situaciones no solo se presentan en países como Cuba y Venezuela donde la libertad de prensa en el primero no existe y en el segundo está al borde de la desaparición, ocurren también en países como Colombia donde la labor de un periodista investigativo independiente, Ricardo Puente Melo, director de Periodismo sin Fronteras, ha tenido que asilarse para impedir ser arrestado o sufrir un perjuicio mayor.

Puentes Melo es un periodista incomodo, molesto, una especie de piedra en el zapato de quienes buscan junto a la impunidad, privilegios, porque sin ser un enemigo de la Paz, es un crítico severo de la manera en el que presidente Juan Manuel Santos conduce las negociaciones en La Habana con la narco guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Puentes reprochó severamente al presidente Santos y a su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, por no haberle prestado apoyo aéreo a los militares de las fuerzas armadas nacionales que habían sido atacados por las FARC, qué resultó en la muerte de diez militares.

El director de Periodismo sin Fronteras ha sido critico también de las Fuerzas Armadas de su país al escribir, " en todos los diálogos anteriores –excepto en éste- siempre hemos tenido militares que portan con honor su uniforme y estaban dispuestos a cumplir su compromiso de defender la patria". Puentes Melo evoca a oficiales como el coronel Jaime Hernández López , quien se negó a hacer honores de Jefe de Estado a Fidel Castro y al general Harold Bedoya que prefirió la baja militar antes de actuar contra sus convicciones.

Investigaciones e informaciones como estas, en la opinión de varios analistas, llevaron a que el gobierno le retirara a Puentes la cobertura de protección que le brindaba por su labor de periodista investigativo.

Sin embargo la gota que colmó la copa y condujo a la fiscalía a actuar contra Puentes Melo está relacionada con una acusación de la ex fiscal Ángela Buitrago, quien condujo la instrucción del proceso del Palacio de Justicia que condenó en primera instancia al coronel Alfonso Plazas Vega y al General Arias Cabrales, en junio de 2010.

Lo difícil de entender y lo apunta en un interesante trabajo el investigador Eduardo MacKenzie, es que Puentes Melo no había sido informado por la justicia de que estaba siendo investigado y demandado por la ex fiscal Buitrago, y que el magistrado aun antes de que el periodista fuera declarado culpable, ordenó la confiscación del apartamento donde residía y trabajaba.

El diferendo entre Buitrago y Puentes Melo es que el periodista ha sido muy crítico de la investigación realizada por la ex fiscal sobre los sucesos que tuvieron lugar en el Palacio de Justicia, ocupado por los guerrilleros del M-19 en 1985, lo que motivó un enfrentamiento con el ejercito que resultó en la muerte de 11 magistrado, otras 65 personas, la quema del edificio y de los archivos que guardaba.

Como consecuencia de sus acusaciones contra la fiscal de malos manejos de la investigación y de inventar testigos, Puentes Melo y su familia tuvieron que escapar de su país, pero aun hay mas, situación que demuestra la fragilidad del periodista ante el Poder, y es que primero fue acusado ante la unidad antiterrorista de la Fiscalía quien realizó una investigación sin resultados, por lo que la impugnación debió ser trasladada a otro juzgado, bajo la figura de “injuria y calumnia agravada”, más contumacia, como si Puentes hubiera decidido ignorar el proceso, cuando en realidad desconocía que estaba siendo investigado, según afirma su propio abogado.

Todo parece indicar que la situación para los periodistas en Colombia se complica. Recurrir a los tribunales para limitar la libertad de informar y divulgar es propio de una dictadura no de un estado democrático como el colombiano, o es que acaso los enemigos de las FARC, aun antes de concluir las conversaciones de "paz",  ¿ van a ser víctimas de las históricas depredaciones de los narcoterroristas?.