Organizaciones militares venezolanas denunciaron a Nicolás Maduro y Padrino López ante la CPI por crímenes de lesa humanidad
Solicitaron al fiscal general del máximo tribunal, Karim Khan, que presente el informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares para enjuiciar “a los altos criminales responsables de estos delitos denunciados”
Solicitaron al fiscal general del máximo tribunal, Karim Khan, que presente el informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares para enjuiciar “a los altos criminales responsables de estos delitos denunciados”
Con información de Infobae / Sebastiana Barráez
Tres organizaciones de militares en la reserva denunciaron, ante la Corte Penal Internacional (CPI), este sábado 15 de marzo, a Nicolás Maduro Moros y al Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López “por estar presuntamente incursos en el delito de exterminio, contemplado en el artículo 7(b) del Estatuto de Roma de la CPI, como crimen de lesa humanidad”.
Destacan los oficiales que el delito por el que señalan a Maduro y a Padrino se habría “llevado a efecto mediante acciones concretas, sistemáticas, generalizadas y públicas, destinadas a causar la destrucción del sector más vulnerable de la población venezolana como lo son los ancianos; en especial al personal de militares retirados, sometidos a pensión y/o jubilación”.
Solicitan que, en consideración a la formal denuncia presentada por el Fiscal ante la Corte, “presente con carácter de urgencia” el informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares (Sala 1) para que conforme al artículo 15 y 53 del Estatuto de Roma de la CPI, “se abra definitivamente el juicio a los altos criminales responsables de estos delitos denunciados”.
Agregan que, de ser procedente, “se solicite la detención o comparecencia ante esa instancia internacional de los denunciados para que se inicie el respectivo enjuiciamiento en su carácter de imputados”.
El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan
La comunicación enviada a Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), está suscrita por los oficiales retirados General de Brigada (EJ) Juan Antonio Herrera Betancourt, General de División (EJ) Rafael Ángel Montero Revette y el Coronel (GN) Hidalgo Antonio Valero Briceño, quienes respectivamente presiden el Frente Institucional Militar (FIM), Movimiento de Militares Retirados (MMR) y la Asociación Defensores Populares de la Nueva República (DPR).
“Las míseras pensiones, sumadas” y las “deficiencias del sistema de seguridad social” de civiles y, en especial, de militares en situación de retiro, cuyo sistema de seguridad y bienestar social propio del que gozaban fue destruido por los dos denunciados, reflejan la demostración de la denuncia, según el juicio de Herrera, Montero e Hidalgo.
Califican de insostenible la situación actual como “consecuencia de las devaluaciones sucesivas e intencionales, producto de la mala praxis política, económica y por la alta corrupción, que ha devastado el patrimonio público”.
El Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro son señalados como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad
Aseveran que es por esa razón que Maduro Moros y Padrino López “iniciaron, desde hace años, sus acciones de privación de alimentos, medicinas y servicios públicos básicos que afectan primordialmente a los adultos mayores”.
El último salario
Recuerdan los presidentes de las tres organizaciones, FIM, MMR y DPR, que la moneda nacional, el bolívar, en los años 2008, 2019 y 2021, fue devaluada suprimiéndole catorce ceros, lo que “sumado a las continuas decisiones en contra del poder adquisitivo han sido tan alarmantes que hoy, el salario mínimo vital y las correspondientes pensiones de jubilación, tienen tres años continuos anclados en 130 bolívares”.
Ello corresponde a que “la última vez que se fijó el salario mínimo vital que, en el año 2022, la tasa del cambio oficial era de 1 dólar = 28,00 bolívares”. Para la fecha en la que hacen la solicitud a la CPI “el dólar se cotiza a 66,43, bolívares y sigue sumando diariamente. Ante esta brutal realidad, la pensión se reduce a un salario de 1,95 dólares mensuales y sigue en caída”. Califican de inhumano ese salario que “priva a millones de venezolanos de los básicos alimentos y la posibilidad de adquirir los medicamentos, afectando especialmente a millones de personas de la tercera edad que dieron su aporte y contribución para pensiones y jubilaciones que le garantizaría una vejez digna. Hoy estas personas están irremediablemente condenados a muerte temprana”.
Generales Montero y Herrera, y coronel Hidalgo piden a la CPI celeridad para enjuiciar a responsabes de crímenes de lesa humaniodad en Venezuela
Considerando de dramática la situación reiteran que constituye la sistemática aplicación del “delito de exterminio” contemplado en el artículo 7 (b) del Estatuto de Roma, por cuanto Nicolás Maduro y su Ministro de la Defensa “se ajustan en perfecta medida al supuesto normativo citado como crimen de lesa humanidad”. Citando el Estatuto de Roma resaltan: “El Exterminio comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.
Ni sobrevivir
Los generales Herrera Betancourt y Montero Revete, así como el coronel Hidalgo, le explican a la CPI que la cesta básica “para garantizar una vida con alguna dignidad posible, de acuerdo a la Organización no Gubernamental (ONG), Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) era para el mes de enero 2025 superior a los 800 dólares como ingreso mensual necesarios para cubrir alimentación y otros servicios básicos”.
Agregan que solo la canasta alimentaria “se calcula en 498,47 dólares mensuales para una familia de cinco personas, obviamente el venezolano pensionado o jubilado, necesitará de 255 salarios mínimos, solo para satisfacer únicamente las necesidades alimentarias”.
La consecuencia es que “cerca de ocho millones de venezolanos han emigrado a otros países, en busca de mejores condiciones de vida, lo que puede constituir el delito de lesa humanidad de Traslado Forzoso de Población contemplado en el artículo 7(d) del Estatuto”.
Mencionan que por esas razones se habrían incrementado en los últimos años, “la tasa de suicidios, y fallecimientos por falta de medicinas y asistencia médica”.
“En forma alarmante se ha evidenciado el aumento de suicidios en el caso de ancianos militares retirados a los que el gobierno de Nicolás Maduro y la gestión de Vladimir Padrino no les dejó otra opción”.
Salarios militares
En el año 2001 la pensión de un general de brigada, “una de las más altas de los militares en retiro era el equivalente en moneda norteamericana de mil setecientos dólares mensuales (1.700 dólares). En la actualidad ese monto total mensual es de dieciséis dólares (16 dólares). ¿Cómo vive un militar con esas pensiones?”, se preguntan. “En la muestra comparativa de pensiones de militares en retiro por grados en América Latina y España, se observa la abismal diferencia con las pensiones de los militares”.
Ni las bolsas de alimentos compensan la precaria situación de los militares activos ni retirados
La máxima bonificación que reciben en la actualidad los militares retirados son dos bonos compensatorios, uno de alimentación equivalente a 45 dólares y un bono de guerra económica equivalente a 90 dólares, lo que suma 151 dólares mensuales, frente a la cesta básica de 500 dólares mensuales. “¿Cómo enfrentan los militares retirados esta crisis mientras el costo de vida sigue aumentando?”, es la pregunta que muchos se plantean.
“El régimen de Nicolás Maduro viola también el artículo 39 de la Ley Orgánica de Seguridad Social de la FANB, promulgada el 29-12-2015, denominada Ley Negro Primero, al negar a los militares retirados, algunos bonos que se otorgan a militares activos”.“El citado artículo regula la homologación del ingreso del retirado en la misma cantidad que su grado similar en actividad, condición aceptada en la gran mayoría de las Fuerzas Armadas del mundo”.
Aseveran los oficiales que “como medida necesaria para el plan de sistemática extinción de los militares jubilados, esa homologación que ya existía en forma previa y ratificada por la nueva ley aprobada por Nicolás Maduro, conocida por su ministro desde su publicación, en diciembre 2015, tampoco la han hecho efectiva”.
Al contrario “tal aprobación significó el inicio de todas las acciones ejecutivas para el sistemático exterminio denunciado”, dicen el GB (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt, presidente del Frente Institucional Militar; el GD (Ej) Rafael Montero Revette, Presidente del Movimiento de Militares en Retirados; y el Coronel (GN) Hidalgo Valero Briceño, de la Asociación Defensores Populares de la Nueva República.
La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela dice que continúan la dura represión y los crímenes de lesa humanidad
"El Gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades"
"El Gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades"
Redacción
GINEBRA – El Gobierno de Venezuela sigue llevando a cabo acciones que constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política, cometido en relación con los delitos de encarcelamiento o privación grave de la libertad física, y otros crímenes, según afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (la Misión) en su última actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país.
En su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra hoy día, la Misión informó que continúan las detenciones arbitrarias de personas opositoras, o percibidas como tales, incluidos miembros de la oposición política, así como personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Fuentes no gubernamentales han documentado al menos 42 arrestos entre septiembre y diciembre de 2024, y 84 más durante los primeros 15 días de enero de 2025. Algunas de estas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración.
"El Gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades", declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión. "Este es el mismo patrón de actuación que la Misión ha previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad".
Asimismo, la Misión expresó su preocupación por la detención de al menos 150 personas extranjeras acusadas de participar en conspiraciones contra el Gobierno. Tanto las familias como las autoridades de los países de su nacionalidad desconocen la suerte y el paradero de estas personas. "Los esfuerzos diplomáticos para intentar comunicarse con las personas detenidas son ignorados por el Gobierno de Nicolás Maduro, en contra del derecho internacional", afirmó Francisco Cox, experto de la Misión. "Las personas detenidas son mantenidas en estrictos regímenes de incomunicación, lo que viola el derecho nacional e internacional".
La Misión también proporcionó más detalles al Consejo sobre una de las protestas poselectorales de julio de 2024 en el estado de Aragua, en la que murieron siete personas. La Misión confirmó que se realizaron disparos sin previo aviso desde el interior de una instalación militar contra las personas que se manifestaban. Miembros del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana encargados de controlar la protesta se encontraban dentro de esa instalación.
"La Misión ha identificado a tres generales que estuvieron involucrados en la operación de control del orden público en esta protesta, así como a dos altos oficiales que se encontraban dentro de la instalación militar desde la cual se disparó contra los manifestantes", señaló Patricia Tappatá, experta de la Misión. "El Estado de Venezuela debe investigar este incidente, llevar ante la justicia a los responsables y proporcionar reparación a las víctimas".
La FFM solicitó al Consejo que inste al Gobierno a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, y a prestarles atención médica adecuada y oportuna mientras sigan detenidas.
Antecedentes: En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. La Misión presentó su último informe anual durante un dialogo interactivo del Consejo en septiembre de 2024, acompañado de un documento de sesión con sus conclusiones detalladas. En su resolución 57/36 el Consejo prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta octubre de 2026.
Machado y González Urrutia piden evitar la "injusta criminalización" de los migrantes venezolanos
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia solicitaron "un régimen de protección" para los migrantes de su país como "un paso previo y provisional" de su retorno a Venezuela
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia solicitaron "un régimen de protección" para los migrantes de su país como "un paso previo y provisional" de su retorno a Venezuela
Con información de EFE
Caracas, 17 mar (EFE).- Los líderes antichavistas María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pidieron este lunes evitar la "injusta criminalización" de los migrantes venezolanos, a propósito de la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de enviar a cerca de 250 personas a El Salvador acusadas de supuestamente pertenecer al Tren de Aragua, la banda transnacional que nació en una cárcel del país caribeño.
A través de un comunicado conjunto, los opositores exhortaron a "las autoridades competentes" de los países del mundo a "extremar las precauciones al administrar justicia" y, además, a distinguir "entre criminales empleados por el régimen de (Nicolás) Maduro para delinquir en el extranjero y la gran mayoría de migrantes inocentes".
En este sentido, los opositores venezolanos solicitaron "un régimen de protección" para los migrantes de su país como "un paso previo y provisional" de su retorno a Venezuela, ya que -agregaron- la "inmensa mayoría son ciudadanos de bien" que huyeron de la Administración de Maduro y no pueden regresar al país "mientras éste no sea desalojado del poder".
"Confiamos en el Estado de derecho que rige en los países democráticos -y del que hoy carece Venezuela- para que los venezolanos de bien puedan gozar de toda la protección y el amparo que les brinda la ley", indicaron Machado y González Urrutia.
Además, los políticos respaldaron "las medidas que, en el marco de la ley y del debido proceso", desarrollan los Gobiernos Estados Unidos, Chile y "demás aliados de la causa por la libertad en Venezuela" para "identificar, detener y penalizar a quienes integran o apoyan al Tren de Aragua y otras redes criminales", que -aseguraron- son "dependientes o asociadas a Nicolás Maduro".
Machado y González Urrutia se ratificaron en lo que aseguran son los "nexos" de la Administración de Maduro con el Tren de Aragua, contrario a lo que afirma el chavismo, que vincula a esta banda -que insiste fue desmantelada-, con el "extremismo opositor venezolano".
Más temprano, el jefe negociador de Maduro, Jorge Rodríguez, calificó de "vulgar secuestro" el traslado de los migrantes desde Estados Unidos a El Salvador y denunció que esta operación se llevó a cabo sin garantizar sus derechos humanos ni el debido proceso.
Además, Rodríguez informó que Venezuela acudirá a los organismos internacionales para denunciar crímenes de lesa humanidad contra los migrantes venezolanos deportados desde EE.UU. y convocó a una serie de actividades, entre este martes y miércoles, para "fortalecer la posición" del país caribeño ante "todos los organismos" y tribunales internacionales. EFE
rbc/lb/jrg
(c) Agencia EFE
La Plataforma de Unidad Democrática de Venezuela nombra a un nuevo coordinador en medio de fracturas
Omar Barboza renunció el jueves al alegar que ha sido imposible "crear las condiciones" para "un plan consensuado"
Omar Barboza renunció el jueves al alegar que ha sido imposible "crear las condiciones" para "un plan consensuado"
Con información de AFP
La principal coalición opositora de Venezuela designó este domingo a un nuevo coordinador, Roberto Enríquez, después de que su antecesor renunciara por fracturas internas de cara a las elecciones de gobernadores y parlamentarios, con llamados a un boicot.
"Queremos informar a todos los venezolanos y a la comunidad internacional" que a Enríquez "le corresponderá la responsabilidad de asumir la dirección del debate con las funciones de secretario ejecutivo", informó la Plataforma Unitaria en un breve mensaje en redes sociales.
Toma el lugar de Omar Barboza, quien era desde mayo de 2022 el secretario ejecutivo de esta alianza, un coordinador que servía de enlace entre los partidos políticos que la integran.
Barboza renunció el jueves al alegar que ha sido imposible "crear las condiciones" para "un plan consensuado".
La Plataforma Unitaria postuló a Edmundo González Urrutia como candidato -representante de la vetada María Corina Machado- en las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, en las que Maduro fue proclamado como ganador.
González Urrutia, sin embargo, reclama un triunfo, mientras la autoridad electoral aún no ha publicado un escrutinio detallado.
En ese contexto, las elecciones de gobernadores y diputados al Parlamento, convocadas para el 25 de mayo, han derivado en un quiebre en la oposición.
De un lado, Machado y sus aliados llaman a la abstención como respuesta al "robo" de la presidencial. Del otro, dirigentes como el excandidato presidencial Henrique Capriles consideran que la oposición debe participar para no "entregar" el país a Maduro.
La oposición ha boicoteado otras elecciones en 25 años de gobiernos del chavismo, incluidas las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2005 y 2020.
Alegó entonces falta de condiciones para participar.
erc/dg
José Luis Pirela: Decisión de Supersociedades sobre Monómeros es necesaria pero no suficiente
El contrato de asistencia técnica de NITROFER con MONOMEROS, es un conflicto de intereses, público, notorio y vergonzoso, que SuperSociedades no debía permitir
El contrato de asistencia técnica de NITROFER con MONOMEROS, es un conflicto de intereses, público, notorio y vergonzoso, que SuperSociedades no debía permitir
Con información de Nota de Prensa
La decisión de SuperSociedades negando la autorización para la venta a NITROFER por las razones señalas por el superintendente en la resolución son un paso importante y satisfactorio, que le dan relieve a la vida institucional del Estado Colombiano, no obstante, este órgano debe enviarle un informe completo de sus actuaciones a la Fiscalía General de Colombia para que se investigue la presunta comisión de delitos penales e el proceso que acaba de desarrollarse. Tenemos además la convicción que surgirán nuevas maniobras de poderosos grupos interesados en ponerles las garras a la empresa, así lo expreso JOSE LUIS PIRELA Diputado A.N (2015), miembro de la Fracción 16 de Julio y Director General Nacional de VENEZUELA INDEPENDIENTE.
El plan para vender MONÓMEROS S.A., es una operación dictatorial raspa la olla, absolutamente contraria a la estrategia de internacionalización petrolera y petroquímica de Venezuela desde los años 60, y a los intereses del Agro en Colombia, Venezuela y América Latina, pone en peligro la consistencia económica de la empresa y atenta contra la estabilidad laboral, social y económica de los trabajadores. Detrás de la operación de venta existen intereses abiertos y encubiertos con impredecibles consecuencias futuras. Los responsables de esta operación son: Alex Saab, Jorge Pacheco (NITROFER), Javier Urrutia (NITRON) y los iraníes, tendrán que responderle a la justicia internacional por una operación maquillada con PEQUIVEN (accionista mayoritario de MONOMEROS, sancionada por la OFAC), lo cual configura un impedimento para una venta legal y transparente,
Asevero Pirela, que el contrato de asistencia técnica de NITROFER con MONOMEROS, es un conflicto de intereses, público, notorio y vergonzoso, que SuperSociedades no debía permitir. La campaña mediática y multimillonaria de Pacheco, fue orientada maliciosamente para afectar a MONOMEROS frente a proveedores, clientes y la banca financiera, creando un daño irreversible e impune al patrimonio de la empresa propiedad del Estado Venezolano y capital social del Atlántico.
El Ing. Ivan Sánchez y la junta directiva de MONOMEROS, son reos de delito en la complicidad con NITROFER por entregarle toda la información clasificada de la empresa. ¿en que lugar del mundo se ha visto que una empresa interesada en comprar otra realiza este tipo de procedimientos, cargados de opacidad, cuando se trata de empresas competidoras en el mismo ramo, que se han disputado en los últimos años el mercado de fertilizantes y otros productos agrícolas?
Existe el precedente que Jorge Pacheco mediante su actuación como asesor de MONOMEROS, en el periodo del gobierno interino, está señalado de sustraer información clasificada en materia financiera, contable, formula de productos, mercados y sustracción de talentos formados en la corporación, este ciudadano esta signado de ser uno de los autores de la artera emboscada para fortalecer la competencia desleal desde la empresa que hoy dirige, pretenda ahora convertirse en asesor de monómeros en materia técnica, teniendo puerta franca para conocer todos los secretos de la empresa, debilitar sus fortalezas, acrecentar sus debilidades lo que termina produciendo daños estructurales de consecuencias impredecibles. A los empleados de NITROFER deben prohibirles la entrada a las instalaciones de MCV, considerándolos como personas no gratas.
Finalizo el Dirigente político señalando, “Respaldamos la posición de SINTRAMONOMEROS, en repudio del contrato de asistencia técnica con NITROFER, los exhortamos a impulsar iniciativas en defensa de los intereses de la empresa, como centro productivo y como espacio digno de labores que utilizan para llevar el sustento diario a muchos hogares del Atlántico colombiano”.
Miércoles 12 de marzo 2025 @joseluispirelar
@joseluispirelaromero1960
Jorge Rodríguez confirma reactivación de vuelos para repatriar a connacionales que están en EEUU
Rodríguez no precisó ninguna fecha sobre los próximos vuelos, pero Grenell informó que "se reanudarán el viernes"
Rodríguez no precisó ninguna fecha sobre los próximos vuelos, pero Grenell informó que "se reanudarán el viernes"
Con información de EFE
Caracas, 13 mar (EFE).- Venezuela confirmó este jueves que reactivará los vuelos para repatriar a sus connacionales que están en Estados Unidos, tal como anunció previamente el enviado del país norteamericano para Misiones Especiales, Richard Grenell.
"Venezuela informa que (...) ha llegado a un acuerdo con el enviado especial Richard Grenell para repatriar hermanos venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos", indicó el presidente del Parlamento y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.
Rodríguez no precisó ninguna fecha sobre los próximos vuelos, pero Grenell informó que "se reanudarán el viernes", sin facilitar más detalles.
El jefe del Parlamento aseguró que Venezuela protege los derechos humanos de los migrantes y "defiende y resguarda la reunificación de las familias" que "han sido víctimas" de las "sanciones criminales", que son -reiteró- las que "provocaron la salida de connacionales" del país caribeño.
"Ratificamos que cuidaremos de nuestros compatriotas donde quiera que estén y nos congratulamos por la felicidad que llega a los hogares venezolanos cuando vemos regresar a sus hijos e hijas a su casa, a su patria", manifestó Rodríguez.
La semana pasada, Venezuela indicó que la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de retirar la licencia a la petrolera Chevron en Venezuela supuso la interrupción de los vuelos programados con aviones de la estatal Conviasa para trasladar a los migrantes venezolanos desde Estados Unidos.
"Ahora tenemos un problemita ahí, porque con eso que ellos hicieron han dañado las comunicaciones que habíamos abierto, y a mí me interesaban las comunicaciones que habíamos abierto, porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos injustamente solo por ser migrantes", dijo Nicolás Maduro el pasado 8 de marzo.
El 4 de marzo el Ejecutivo de Trump puso fin a la licencia de Chevron en Venezuela y le dio un mes, hasta el 3 de abril, para salir del país caribeño, después de que el mandatario estadounidense criticara a Maduro por no acelerar las deportaciones de indocumentados en EE.UU. tan rápido como esperaba.
(c) Agencia EFE
Manifestantes exigen aumento de pensiones en Venezuela, de menos de 2 dólares
Los 130 bolívares que reciben los pensionados del Seguro Social equivalían a unos 30 dólares en 2022, cuando se decretó el último aumento del salario mínimo. Hoy son 1,96 dólares
Los 130 bolívares que reciben los pensionados del Seguro Social equivalían a unos 30 dólares en 2022, cuando se decretó el último aumento del salario mínimo. Hoy son 1,96 dólares
Con información de AFP
Una manifestación exigió el jueves un aumento a las pensiones "de hambre" en Venezuela que no llegan a los 2 dólares mensuales, congeladas desde hace tres años y golpeadas por la devaluación de la moneda local.
"Nos aplican la pena de muerte porque con los salarios que ganamos no nos alcanza para comer", dijo a la AFP Ana Mercedes Lares, jubilada de un hospital público de 71 años, que acudió a esta manifestación de unas 40 personas frente a la Defesoría del Pueblo.
"Si no fuese por mis hijos, por mis nietos", que la ayudan económicamente, "hubiera muerto", añadió.
Los 130 bolívares que reciben los pensionados del Seguro Social equivalían a unos 30 dólares en 2022, cuando se decretó el último aumento del salario mínimo. Hoy son 1,96 dólares.
Un jubilado de la administración pública puede ganar un poco más, pero igual es un ingreso precario.
El gobierno del presidente izquierdista Nicolás Maduro normalmente responsabiliza por los bajos salarios a las sanciones que desde 2019 aplica Estados Unidos a Venezuela.
En los últimos años ha optado por complementar el salario mínimo de los empleados públicos activos con bonificaciones que llevan el ingreso mínimo mensual a 130 dólares, pero no impactan en beneficios sociales. Los pensionados no los reciben.
Expertos estiman que una compra mensual básica para una familia de cuatro personas varía entre 270 y 500 dólares.
"Tenemos pensiones y salarios de hambre, estamos en situación de indigentes sociales", expresó por su parte Ana Rosario Contreras, también jubilada de la administración pública.
jt/erc/nn
El triángulo de Trump en Venezuela: Chevron, deportaciones y democracia
La revocación de la licencia a Chevron contrasta marcadamente con la impresión inicial que dejaron las acciones de la Casa Blanca hacia el régimen venezolano
La revocación de la licencia a Chevron contrasta marcadamente con la impresión inicial que dejaron las acciones de la Casa Blanca hacia el régimen venezolano
Con información de DW
El 26 de febrero de 2025, Donald Trump anunció en su cuenta de X la revocación de las licencias asociadas al acuerdo petrolero otorgado por la administración Biden, que permitía a Chevron y otras empresas extranjeras operar en Venezuela.
Por instrucción de Trump, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió el 4 de marzo de 2025 la Licencia General 41A, que da a Chevron solo un mes —en lugar de los seis habituales— para cerrar sus operaciones en el país. Esta medida prohíbe pagar impuestos o regalías al Gobierno venezolano, distribuir dividendos a PDVSA o vender petróleo para exportación fuera de Estados Unidos. La decisión afectará de inmediato la producción petrolera venezolana, que depende en un 20-25 % de los 200.000 barriles diarios de Chevron, impactando así los flujos financieros del régimen de Nicolás Maduro.
Con esta decisión, Trump parece girar hacia una línea dura, pero el verdadero propósito sigue siendo incierto. ¿Es el inicio de una presión sostenida sobre el régimen venezolano o solo un ajuste táctico dentro de una política exterior muy flexible?
Idas y venidas en la relación Washington-Caracas
La revocación de la licencia a Chevron contrasta marcadamente con la impresión inicial que dejaron las acciones de la Casa Blanca hacia el régimen venezolano. El 31 de enero de 2025, Richard Grenell, enviado especial de Trump, se reunió con Maduro en Caracas, logrando la liberación de seis de al menos trece estadounidenses detenidos y el compromiso de Maduro de recibir a venezolanos deportados por Estados Unidos. Este encuentro en el palacio de Miraflores fue aprovechado por Maduro para presentarlo como un reconocimiento de Washington a su presidencia.
Entre el 10 y el 20 de febrero, el régimen recogió a 366 venezolanos deportados por EE. UU. En esos días, Grenell declaró a The Epoch Times que, aunque la Casa Blanca tenía clara su postura sobre Maduro, "Donald Trump no busca cambios de régimen". Estas afirmaciones, junto con la renovación automática de la licencia de Chevron por seis meses el 1 de marzo de 2025 por parte de la OFAC, sugerían algún tipo de entendimiento entre Caracas y Washington, pese a las negativas oficiales de la Casa Blanca.
La combinación de gestos iniciales de acercamiento o negociación de la Casa Blanca con Maduro, seguidos por un endurecimiento repentino de las sanciones petroleras —motivada tanto por la demora en la recepción de deportados venezolanos como por el incumplimiento de Maduro de sus compromisos electorales en las presidenciales de 2024—, junto con el anuncio de Trump sobre la revocación de la licencia a Chevron justo cuando su hijo, Donald Trump Jr., entrevistaba a la líder opositora María Corina Machado, ha llevado a calificar la estrategia de Washington hacia Caracas como "ambigua" o, al menos, "impredecible".
En este sentido, Mike Wirth, CEO de Chevron, cuestionó la decisión de Trump durante la conferencia CERAWeek en Houston, advirtiendo que "pasar de un extremo a otro no es el enfoque adecuado; necesitamos una política coherente y estable". El lobby petrolero en Washington defiende que las licencias a empresas estadounidenses en Venezuela limitan la influencia de China y Rusia, generan ganancias para estas compañías, impulsan la economía local, reducen la presión migratoria hacia EE. UU. y mantienen un canal de diálogo con el régimen.
Por su parte, Miraflores calificó la revocación como "inexplicable" y Maduro dio a entender que se suspendería la recepción de deportados, afirmando el pasado fin de semana: "Esto dañó las comunicaciones que habíamos abierto, ahora tenemos un problemita ahí".
¿Están las negociaciones entre Washington y Caracas suspendidas de forma definitiva? ¿Continuará la administración Trump aumentando la presión sobre el régimen de Maduro, extendiendo las restricciones operativas a otras empresas en Venezuela, como reportó Bloomberg recientemente? ¿Intentará Washington que Maduro acepte los resultados de las elecciones presidenciales o se limitará al tema migratorio? Por ahora, estas interrogantes no tienen respuestas definitivas, dadas las prioridades de Trump, el contexto de su segundo mandato y su estilo de gobierno.
¿Continuará la administración Trump aumentando la presión sobre el régimen de Maduro, extendiendo las restricciones operativas a otras empresas en Venezuela?YURI CORTEZ/AFP/Getty Images
MAGA y política exterior: las prioridades de Trump
La política exterior de Trump está estrechamente vinculada a sus prioridades domésticas, enfocadas en restaurar la posición histórica de Estados Unidos según su visión "Make America Great Again" (MAGA), o "Hacer a Estados Unidos grande otra vez".
El control migratorio, respaldado por su compromiso de realizar deportaciones masivas de indocumentados, constituye uno de los ejes fundamentales de su agenda gubernamental. Esta primacía de los intereses internos hace que las relaciones con países como Venezuela adopten un carácter instrumental, susceptibles de giros inesperados en función de las demandas de su estrategia política nacional.
En este segundo mandato, Trump enfrenta condicionantes que limitan su margen de maniobra política. Con solo cuatro años y sin reelección posible, su administración necesita implementar rápidamente su agenda, una urgencia que se acentúa ante las elecciones de medio término de 2026.
Trump necesita presentar logros concretos y cumplir promesas de campaña en poco tiempo para fortalecer su base electoral y preservar —o ampliar— las ajustadas mayorías republicanas en el Congreso. Si los demócratas recuperan una o ambas cámaras, podría enfrentar bloqueos legislativos o investigaciones más intensas.
El pragmatismo transaccional de Trump
Estos condicionantes han reforzado el estilo de gobierno de Trump de su primer mandato, caracterizado por una implementación rápida y decidida de políticas mediante numerosas órdenes ejecutivas. Su administración tiene un fuerte enfoque pragmático y transaccional, enfocado en objetivos de corto plazo con resultados inmediatos.
La política exterior, altamente centrada en Trump, se canaliza para ciertos temas a través de enviados especiales como Richard Grenell, quienes le reportan directamente, lo que disminuye la autonomía del Departamento de Estado y restringe el margen de acción del secretario Marco Rubio, cuyas posturas ideológicas —como, por ejemplo, su visión sobre las dictaduras latinoamericanas— entran en tensión con la estrategia transaccional de corto plazo.
Es en medio de este complejo escenario donde se configura y desarrolla la política exterior estadounidense vinculada con Venezuela. Las negociaciones entre Richard Grenell y Nicolás Maduro permitieron a Trump mostrar a su electorado resultados rápidos y tangibles en su política de deportación. Sin embargo, estas mismas gestiones y las inesperadas declaraciones de Grenell sobre el régimen venezolano generaron entre los grupos hispanos de influencia en Estados Unidos la percepción de una posible flexibilización de la postura de la Casa Blanca frente al régimen de Maduro.
Con una postura diferente de la del secretario de estado de EE. UU., Marco Rubio, el enviado de Trump, Richard Grenell (izq.), se entrevistó en Caracas con Maduro.Venezuela's presidential press office/AP/picture alliance
El portal Axios reportó que los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez advirtieron a Trump sobre el daño que esta percepción podría causar a sus respectivas bases electorales en Florida, formadas en gran parte por exiliados cubanos y venezolanos.
La estrecha mayoría republicana en la Cámara (apenas tres votos), la cercanía de una votación clave sobre el presupuesto y la necesidad de reforzar el respaldo electoral en Florida para estos legisladores seguramente influyeron para que Trump escuchara sus inquietudes, lo que sumado a la lenta recepción de los deportados venezolanos precipitó la revocación de la licencia a Chevron.
Riesgos de no respaldar la lucha venezolana por la democracia
Anticipar en estos momentos el rumbo de las políticas de Trump hacia Venezuela resulta una tarea arriesgada. Aunque los grupos hispanos continuarán exigiendo sanciones más severas contra Maduro, el lobby petrolero probablemente persistirá en sus esfuerzos por reanudar operaciones en el país. Asimismo, es muy probable que se mantengan las tensiones internas en la administración Trump entre los diferentes enfoques sobre Venezuela representados por Rubio y Grenell.
Por otro lado, la complejidad del proceso democratizador venezolano disminuye su relevancia en la agenda de Trump frente a objetivos internos más tangibles y de implementación relativamente rápida, como las deportaciones, que siguen siendo un objetivo central de su Gobierno. En este contexto, Maduro parece haber dejado un canal de diálogo abierto al responsabilizar de la revocatoria de la licencia a la líder opositora María Corina Machado y al lobby de empresas petroleras competidoras de Chevron, evitando así un enfrentamiento directo con Trump.
En todo caso, si la administración Trump se limita a presionar por la recepción de deportados y no respalda la lucha de los venezolanos por restaurar la democracia, las actividades ilícitas del régimen de Maduro seguirán socavando la seguridad y estabilidad regional, incluida la de Estados Unidos. Un Gobierno autocrático en Venezuela continuará fomentando inestabilidad, narcotráfico, crisis migratoria y otras amenazas transfronterizas, poniendo en riesgo la estabilidad hemisférica y los intereses de seguridad nacional de EE. UU.
(rml)
Un primer banco de alimentos para enfrentar el hambre en Venezuela
Proyecta beneficiar en principio a poco más de 2.500 personas, aunque el hambre afecta a casi cinco de los casi 30 millones de habitantes de este país
Proyecta beneficiar en principio a poco más de 2.500 personas, aunque el hambre afecta a casi cinco de los casi 30 millones de habitantes de este país
Con información de AFP
Cajas apiladas en una casa en Caracas con galletas, arroz, harina, pasta, frijoles: 5,5 toneladas de comida son el capital semilla del primer banco de alimentos de Venezuela, donde el hambre golpea a 17% de la población.
El Banco Alimentar de Venezuela nació en diciembre, tras dos días de donaciones de parte de consumidores y de supermercados que entregaron productos descartados por problemas de empaque o etiquetado.
Proyecta beneficiar en principio a poco más de 2.500 personas, aunque el hambre afecta a casi cinco de los casi 30 millones de habitantes de este país rico en petróleo, según datos de Naciones Unidas.
Los bancos de alimentos son muy populares en el mundo, pero no existían en Venezuela, donde el gobierno lanzó en 2016 un programa que distribuye bolsas de comida a precios subsidiados en medio de una acelerada precarización de los salarios.
Hay quienés que recolectan comida de manera particular para su propia operación. No había, sin embargo, un 'foodbank' que se encargara exclusivamente de acopiar alimentos para distribuirlos entre distintas organizaciones.
"Tenía que surgir un grupo de personas que entendiera cómo enlazar a todos los actores", desde la empresa privada hasta instituciones estatales de atención social, dice a la AFP la presidenta de este banco de alimentos, Marianela Fernandes, que trajo la idea desde Portugal, donde estudió un postgrado.
"Maximizar"
Venezuela cayó en un foso económico en 2013. Encadenó a partir de ese momento ocho años de recesión y cuatro de hiperinflación. Más de siete millones de venezolanos emigraron por la crisis.
Los estantes en los supermercados ya no están vacíos, como ocurría en los años de escasez de productos básicos, pero los precios son inalcanzables para muchos: más de la mitad de la población vive en la pobreza, de acuerdo con un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello (privada), referencia frente a la opacidad en las cifras oficiales.
Expertos estiman que una compra mensual básica para una familia de cuatro personas varía entre 270 y 500 dólares, cuando el salario mínimo apenas sobrepasa el equivalente a dos dólares al mes, complementado con bonos que lo llevan a unos 130 dólares en el sector público.
"La gente está adaptándose para maximizar la ingesta alimenticia con el presupuesto que tiene", explica Omar Zambrano, economista de la firma Anova Policy Research. "El 84% de los venezolanos no tiene para cubrir la canasta" alimentaria.
Ollas populares
El banco es un mayorista que distribuye alimentos entre un orfanato, una residencia de ancianos, una fundación que atiende escuelas públicas, otra para personas sin abrigo y un hospital público psiquiátrico.
Una de esas oenegés es Santa en las Calles, que ofrece atención médica, ropa limpia, un baño y un plato de comida caliente a indigentes en un bus que recorre comunidades pobres. Otras 70 organizaciones esperan trabajar con el banco.
"Como en comedores populares. Mi número de comidas al día es variable", relata a la AFP Alan Morales, de 59 años, un ingeniero mecánico que vive en la calle desde hace 11 luego de perder su apartamento.
Brian Malavé, de 18 años, también depende de las ollas populares: come con entusiasmo el plato de frijoles negros, carne desmechada y plátanos fritos que reparten en una jornada en la barriada caraqueña de Catia.
"Todas las semanas voy a comedores, los únicos días (que no) son los fines de semana, que voy a una panadería y pido que me ayuden", señala este muchacho con problemas de drogas.
Inventario
En un papel está el pedido hecho por una de las organizaciones que participan en la iniciativa: 3 kg de arroz, 3 kg de azúcar y 16 kg de harina de maíz para hacer las tradicionales arepas.
Después de la colecta inicial, la organización recibe donaciones a diario de empresas privadas y ciudadanos de a pie.
Frutas y verduras se entregan inmediatamente a un socio para que no se pierdan, en un país en el que se desperdician más de 1,5 millones de toneladas de comida al año, según la Asociación Venezolana de Ingenieros Agrónomos.
Lo no perecedero está clasificado en un almacén.
"Todo está identificado de acuerdo a su mes de vencimiento para que todo salga cuando el alimento está en perfecto estado", explica Fernandes.
str-jt/erc/lbc/mar/nn
Justicia de Venezuela inicia juicio contra un adolescente por "terrorismo", denuncia ONG
“El comité dijo que el adolescente ya lleva "59 días detenido injustamente, acusado -sin pruebas- de ser un terrorista"
“El comité dijo que el adolescente ya lleva "59 días detenido injustamente, acusado -sin pruebas- de ser un terrorista"
Con información de EFE
Caracas, 11 mar (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este martes que la Justicia de Venezuela comenzó un juicio contra un adolescente de 17 años, detenido hace 59 días, y acusado -dijo- de los presuntos delitos de "terrorismo" e "incitación al odio".
A través de la red social X, la ONG explicó que el pasado 6 de enero, durante una audiencia telemática, la Fiscalía solicitó la privación de la libertad contra el joven y "una pena de diez años de prisión".
Así mismo, el comité dijo que el adolescente ya lleva "59 días detenido injustamente, acusado -sin pruebas- de ser un terrorista".
"Su defensa ha demostrado la arbitrariedad de su detención y los vicios en el proceso, señalando que se han violado sus derechos humanos como adolescente", señaló la organización.
La ONG denunció que el juzgado se ha negado a declarar "la nulidad del juicio y proceder a su liberación, mientras que la Fiscalía insiste en mantenerlo preso de manera arbitraria".
El comité sostuvo que el joven fue detenido el pasado 11 de enero en "su hogar" en la ciudad de Coro, capital del estado Falcón (noroeste), por un "grupo de hombres encapuchados y armados".
"Lo sacaron de su casa por la fuerza, bajo amenazas de muerte, generando un profundo impacto en su familia. Su madre fue agredida, mientras su hermana de nueve años quedó aterrorizada. Durante el traslado, una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela (PNB) lo golpeó, agravando el abuso de autoridad", relató el organismo.
Igualmente, el comité dijo que el adolescente participaba en un grupo de WhatsApp con amigos que "tenían la intención de formar una agrupación musical y eventualmente tocaban temas del acontecer nacional".
La ONG indicó que en dicho grupo se hicieron "comentarios sensibles" en el que el joven -dijo- no participó pero "fue acusado sin pruebas de un supuesto plan terrorista para secuestrar al gobernador del estado Falcón".
"Su detención se dio en un contexto de alta tensión política, coincidiendo con la toma de posesión presidencial", en la que Nicolás Maduro juró para un tercer mandato ante el Parlamento, controlado por el chavismo, pese a las denuncias de "fraude" de la oposición mayoritaria que insiste en el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.
La organización indicó que el joven fue diagnosticado, desde niño, con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y tics motores involuntarios.
"Su detención en un ambiente carcelario no solo viola sus derechos, sino que pone en grave riesgo su salud mental y emocional", advirtió el comité.
La ONG exigió su "libertad inmediata" y el "respeto a sus derechos como adolescentes y como persona con una condición de salud reconocida". EFE
sc/lb/jrg
(c) Agencia EFE
Delcy Rodríguez acusa a la petrolera ExxonMobil de planear asesinatos contra dirigentes venezolanos
“La idea es generar mayor migración, para causar cambio de régimen. De hecho piden mayor presión interna y hablan de venta de petróleo para causar disminución del poder”
“La idea es generar mayor migración, para causar cambio de régimen. De hecho piden mayor presión interna y hablan de venta de petróleo para causar disminución del poder”
Con información de El Nuevo Herald
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha señalado este lunes a la petrolera estadounidense ExxonMobil de impulsar la aprobación de nuevas sanciones contra el país para desestabilizarlo y de preparar incluso asesinatos contra dirigentes venezolanos.
“Este fascismo que promueve la Exxon Mobil, involucra también ataques y asesinatos contra altas autoridades de la Revolución (...). Denuncio responsablemente que, si algo llega a ocurrir a alguna alta autoridad de la República Bolivariana de Venezuela, responsabilizo directamente a la ExxonMobil, por los planes que tiene contra Venezuela”, ha afirmado Rodríguez durante un acto en la sede presidencial, el Palacio de Miraflores.
Rodríguez ha presentado un documento que demostraría que la petrolera está presionando para la retirada de las licencias de explotación petrolera en Venezuela en una maniobra de “venganza”, según recoge el portal de noticias oficialista Últimas Noticias.
El objetivo sería provocar la imposición de más sanciones por parte de Estados Unidos “para derrocar gobiernos democráticos, incluyendo al de Venezuela”. Rodríguez, quien es también ministra de Hidrocarburos, ha acusado de estas maniobras a Juan Zárate, Dave Sheer y Peter Williams.
“La idea es generar mayor migración, para causar cambio de régimen. De hecho piden mayor presión interna y hablan de venta de petróleo para causar disminución del poder”, ha argumentado.
Rodríguez ha asegurado que la oposición está “aliada” con ExxonMobil desde hace más de una década en un plan que incluiría la entrega a la petrolera de la “Guyana Esequiba”, término con el que se refieren las autoridades venezolanas al Esequibo, una región controlada por Guyana pero que Caracas reclama como propio.
“Estamos listos para sortear este plan fascista y estamos preparados para, en cohesión nacional, potenciar grandes capacidades y recursos para construir una gran potencia”, ha apuntado.
Venezolanos en EE.UU. alistan caravana a Washington para alertar sobre "peligro" de Maduro
"Maduro y su cártel son un peligro inminente para la seguridad de Estados Unidos. El problema de Venezuela ya no solo afecta a los venezolanos; estamos viendo su impacto directo en este país y queremos que todos los legisladores lo tengan en cuenta
"Maduro y su cártel son un peligro inminente para la seguridad de Estados Unidos. El problema de Venezuela ya no solo afecta a los venezolanos; estamos viendo su impacto directo en este país y queremos que todos los legisladores lo tengan en cuenta
Con información de EFE
Miami (EE.UU.), 10 mar (EFE).- Una caravana con venezolanos de una veintena de ciudades, entre ellas Miami, partirá hacia Washington para alertar el próximo 25 de marzo a congresistas estadounidenses sobre "el peligro que representa el régimen de Nicolás Maduro a la seguridad nacional de Estados Unidos".
La organización Ciudadanos Venezolanos Americanos Independientes (IVAC), de Miami, anunció este lunes que en esta cuarta caravana repartirán cartas a los legisladores sobre riesgos de narcotráfico y espionaje, entre otros.
El presidente de IVAC, Ernesto Ackerman, explicó a EFE que el grupo representa a 650.000 venezolanos que son ciudadanos estadounidenses y "una fuerza electoral".
Bajo el lema 'Stop Maduro's Cartel, Protect America', las cartas mencionan el tráfico de drogas, la proliferación de drones de espionaje, el ingreso irregular de personas vinculadas a organizaciones terroristas y la presencia de actores geopolíticos como China y Rusia en Venezuela.
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"Maduro y su cártel son un peligro inminente para la seguridad de Estados Unidos. El problema de Venezuela ya no solo afecta a los venezolanos; estamos viendo su impacto directo en este país y queremos que todos los legisladores lo tengan en cuenta", manifestó el activista, quien creó la organización hace más de dos décadas.
Asimismo, esperan que el contacto ayude a "mejorar la imagen de los venezolanos en Estados Unidos", dijo Ackerman en relación con las frecuentes menciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, nacida en las cárceles del país sudamericano.
"Nosotros tenemos un cuerpo de seguridad con nosotros por si surge cualquier incidente, pero vamos a demostrar que somos gente decente, que seguimos las leyes, que somos de bien", resaltó.
El plan es visitar los cuatro edificios de oficinas de representantes y senadores para repartir 545 cartas firmadas por miembros de la organización en 21 ciudades del país. Ackerman aseguró que ya gestionaron las autorizaciones para entrar.
"Estamos hablando de la presencia de grupos extremistas como Hizbulá y Hamas en la isla de Margarita, el uso de pasaportes venezolanos otorgados en Irán sin control alguno y la penetración de intereses chinos y rusos en la región", expresó.
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Ackerman subrayó que la crisis venezolana ha generado una oleada migratoria sin precedentes, pero "con Maduro fuera del poder y la democracia en marcha, el problema de la inmigración venezolana en Estados Unidos se va a resolver".
"Nuestro mensaje es claro: no estamos pidiendo que los hijos de estadounidenses vayan a combatir en Venezuela, sino que se reconozca que el régimen de Maduro es una amenaza que debe ser enfrentada con determinación", insistió.
Entre los congresistas confirmados para recibir a la delegación de IVAC están Carlos Giménez, María Elvira Salazar, Rick Scott y Mario Díaz-Balart, quienes han sido firmes críticos del chavismo.
Ackerman declinó entrar en detalles sobre las acciones que IVAC espera que la caravana desate y se limitó a citar al actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en declaraciones sobre Venezuela cuando estaba en el Senado: "Todas las opciones están sobre la mesa".
(c) Agencia EFE
ONG IPYS documentó en Venezuela 383 casos de "violaciones" a las garantías informativas en 2024
"Ante los atropellos documentados durante julio y agosto, los periodistas decidieron resguardarse, cesar su labor informativa o la cobertura de temas censurados para preservar su integridad física y libertad personal"
"Ante los atropellos documentados durante julio y agosto, los periodistas decidieron resguardarse, cesar su labor informativa o la cobertura de temas censurados para preservar su integridad física y libertad personal"
Con información de EFE
Caracas, 11 mar (EFE).- La ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela documentó durante el año pasado 383 casos en los que consideró hubo "violaciones" a las garantías informativas en el país, lo que representa un aumento del 64,4 % en comparación con 2023, cuando sumó 233 denuncias, según un reporte publicado este martes por la organización.
Ipys documentó que, en esos casos, hubo 571 "violaciones a las garantías informativas de periodistas", entre ellas 151 "agresiones físicas o verbales", 96 "ataques por discurso estigmatizante", 86 "restricciones en Internet", 59 "restricciones de acceso a la información" y 46 "restricciones administrativas".
La ONG también contabilizó 42 "medidas de censura", 32 "actos de hostigamiento judicial", 27 "desplazamientos forzados", 14 detenciones "arbitrarias", nueve "alertas de género", cuatro "detenciones temporales", tres normas que "restringen la libertad de expresión" y dos "desapariciones forzadas".
Según el reporte, los meses con "más ataques contra la prensa" en 2024 fueron julio y agosto, con 143 y 74 casos, respectivamente, en el contexto de la campaña electoral y la cobertura de las elecciones presidenciales y tras ellas, cuando se desataron protestas contra el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio como ganador a Nicolás Maduro.
En este escenario, más de 2.400 personas fueron detenidas, según la Fiscalía, tras la denuncia de fraude electoral proferida por la mayor coalición opositora, que afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, fue el ganador en esta contienda y no Maduro.
"Ante los atropellos documentados durante julio y agosto, los periodistas decidieron resguardarse, cesar su labor informativa o la cobertura de temas censurados para preservar su integridad física y libertad personal", manifestó Ipys.
Así mismo, la ONG indicó que, durante 2024, "las violaciones a las libertades informativas afectaron a 262 trabajadores de la prensa".
De ese total, los más afectados fueron los reporteros (169), seguido de directivos de medios (16), camarógrafos (15), locutores (15) y reporteros gráficos (15), añadió Ipys.
Igualmente, resultaron afectados corresponsales extranjeros (11), quienes fueron "deportados y/o retenidos temporalmente", así como editores (4), coordinadores (4), articulistas (3), conductores de televisión (3), periodistas y dirigentes políticos (3), asistentes de producción (2), escritores (1) y representantes del gremio (1), reseñó la organización.
"Los ataques contra la prensa y la libertad de expresión también afectaron a 110 medios de comunicación, 13 organizaciones de la sociedad civil, una organización gremial y nueve sitios web de redes sociales y software de interés colectivo", agregó Ipys.
Según un conteo del Colegio Nacional de Periodistas, en Venezuela hay actualmente 12 periodistas detenidos, ocho de ellos tras las presidenciales de julio de 2024, en el contexto de crisis por la cuestionada victoria que el ente electoral adjudicó a Maduro, quien se juramentó como presidente en enero pasado, lo que para la mayor coalición opositora es la consumación de un "golpe de Estado".
(c) Agencia EFE
Elecciones de mayo en Venezuela avanzan sin cronograma oficial y con “vicios constantes”
Las elecciones de gobernadores y diputados en Venezuela previstas para el 25 de mayo se desarrollan con un calendario fantasma, sin haberse convocado oficialmente y con una “informalidad” que podría erosionar la legitimidad del voto
Las elecciones de gobernadores y diputados en Venezuela previstas para el 25 de mayo se desarrollan con un calendario fantasma, sin haberse convocado oficialmente y con una “informalidad” que podría erosionar la legitimidad del voto, según expertos
Con información de VOA
El desarrollo de las elecciones regionales y parlamentarias previstas para mayo en Venezuela ha sido tan irregular que aún no tiene un cronograma o una convocatoria formal y tampoco se ha promovido una campaña informativa oficial sobre muchas de sus etapas ya ocurridas, como el corte del padrón de votantes, advierten expertos.
El Consejo Nacional Electoral venezolano fue objeto de amplias críticas internas y externas desde el año pasado por su rol en unas presidenciales cuyos resultados nunca publicó en detalle, ni permitió verificar de manera independiente. El ente ya postergó una vez estas votaciones para elegir a cientos de gobernadores, diputados nacionales y legisladores regionales en todo el país.
La fecha reprogramada para elegir esos cargos es el domingo 25 de mayo, pero politólogos y especialistas califican como “grave” que se hayan incumplido leyes y procesos, expresando preocupación por sus efectos en la legitimidad de los funcionarios a elegir.
“El evento del 25 de mayo es violatorio del marco constitucional y legal venezolano desde el principio”, aseguró el politólogo y experto en comicios en Venezuela Jesús Castellano.
Es un proceso que inició “sin haber cerrado la elección presidencial de 2024, con la publicación de los resultados en la Gaceta Electoral”, explicó a la Voz de América.
El CNE argumentó que su sistema electoral fue hackeado desde Macedonia durante la tarde y noche del 28 de julio, si bien oficialmente declaró ganador al gobernante Nicolás Maduro. La oposición, con Edmundo González Urrutia como candidato, dijo haber ganado esa votación con más de 36 puntos de ventaja, con base en las actas de la votación de más del 85 % de los centros electorales que obtuvieron sus testigos.
“Igual de grave es la no publicación de la convocatoria del evento en Gaceta Electoral”, como lo demanda la ley venezolana, enfatiza Castellanos, ni en la primera fecha prevista, el 27 de abril, tampoco en la última. A su juicio, el CNE pretende llamar a los venezolanos a participar en un acto electoral “sin el debido sustento” e incumpliendo sus normativas.
Otro asunto violatorio de la ley es el secretismo con que avanza los cronogramas electorales, a su entender. “No están publicados”, apuntó. El lunes pasado cerró el registro electoral que estará vigente en mayo sin que fuera comunicado.
“Todo eso vulnera los principios constitucionales y legales de transparencia de los procesos electorales. Además de estándares mínimos electorales”, insistió.
Informalidad del CNE
Tan importante como el cronograma y la campaña institucional informativa por parte del ente electoral -también inexistente hasta el momento- son “las garantías democráticas de transparencia y confiabilidad”, indicó Luis Toty Medina, consultor político en Venezuela y director de la firma de comunicación política Poliestrategia.
El analista dijo a la VOA que el poder electoral adelanta unos sufragios para mayo en medio de una “informalidad”, que, según sus diagnósticos, resulta “alarmante”.
Explicó que ni los electores ni siquiera los actores políticos que desean -o evalúan- participar en no saben “en cuál punto y a qué altura estamos” del cronograma.
La página web del Consejo Nacional Electoral está fuera de servicio desde la polémica elección presidencial, cuyo resultado ha sido desconocido por gobiernos del mundo occidental, como Estados Unidos, Chile, Argentina y naciones europeas.
Sólo algunos, como Italia, Argentina y Estados Unidos, han reconocido como “presidente electo” al opositor González Urrutia, quien se exilió dos meses luego de la votación.
Toty Medina resalta que el CNE ni siquiera ha publicado digitalmente la convocatoria o el cronograma. Según reportes de la prensa venezolana, los partidos han conocido extraoficialmente las etapas del calendario, como los días para inscribir candidatos.
Incluso con la nueva fecha “ha ocurrido un ‘blackout’ (apagón) informativo sobre las nuevas fechas y actividades para el cumplimiento de estas elecciones, las cuales son técnicamente complejas y muy retadoras logística y organizativamente”, advierte.
Omisiones constantes
Eugenio Martínez, periodista especializado en leyes y procesos electorales en Venezuela, considera que las omisiones técnicas y normativas de los comicios de mayo por parte del órgano rector son “constantes” e incluyen la acentuación de una política oficial de “denegar información pública” sobre las elecciones, como ocurrió en las presidenciales.
“Ni siquiera los partidos que han dicho que van a participar tienen datos concretos de las actividades previstas en el cronograma electoral”, aseguró a la VOA.
Ha sido tal el nivel de imprecisiones sobre las elecciones de gobernadores y diputados nacionales, que a su juicio deberían realizarse por separado, que fue un ministro y no el poder comicial quien reveló nuevos detalles fundamentales sobre ellas, subrayó.
El ministro del Interior y primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reveló el lunes pasado que se elegirán en mayo 8 diputados del territorio en disputa con Guyana desde hace dos siglos, conocido como El Esequibo.
El oficialismo se dice preparado para lograr una “gran victoria patriótica” en mayo, mientras analistas independientes advierten que la prontitud para realizar esos comicios también obedece al deseo del chavismo de “pasar la página” de las presidenciales.
Martínez, por su parte, se pregunta quiénes serán los electores que votarán por esos parlamentarios del Esequibo revelados por un vocero del chavismo, cómo fueron seleccionados en el padrón y en qué circunscripción se inscribieron.
“Vicios estructurales”
Castellanos, por su lado, destacó que hay actos electorales que presuntamente ya han ocurrido, pero de los que nadie da cuenta oficialmente, entre ellos la ratificación de miembros de juntas y mesas electorales, o la legalización de nuevos partidos.
El experto afirmó que el evento de mayo “no cuenta con mayor interés”, no sólo por el llamado de un sector importante de la oposición venezolana a no participar, sino esencialmente “por el desconocimiento de la voluntad popular” en julio.
Voceros de la oposición, como González Urrutia y la dirigente María Corina Machado, han llamado a abstenerse en esas votaciones. Sin embargo, hay partidos y fracciones de la coalición antichavista dispuestas a participar con candidaturas en algunos estados.
Otros componentes que agravan el desinterés popular serían “la persecución” contra activistas opositores tras las presidenciales de 2024, con cientos de arrestos, “la falta de confianza y credibilidad del CNE” y la falta de información, enumera Castellanos.
“El evento del 25 de mayo tiene fallas y vicios estructurales que van a dificultar su organización”, insistió. “Que se produzca no garantiza su éxito, muchísimo menos su naturaleza democrática”, complementa Castellanos, que teme que se concrete “una nueva faceta del autoritarismo” luego de esos comicios, indistintamente de cuánta gente vote.
Elecciones “ranchificadas”
El calendario extraoficial contempla fases con fechas inminentes, como la presentación de autorizados a postular (del 24 al 28 de este mes); las postulaciones y modificaciones de candidaturas con efecto en la boleta (del 31 de marzo al 4 de abril); la admisión de postulaciones (6 de abril) y la selección de posiciones en la boleta (del 8 al 9 de abril).
Esas fechas, sin embargo, no son más que “informaciones presumidas”, según Toty Medina. “Ni siquiera se sabe cuáles serán las circunscripciones de votación, necesarias para definir el número de diputados a elegir” para la Asamblea Nacional -son más de 280 principales con sus suplentes- y los Consejos Legislativos regionales, señaló.
Tampoco se conocen las fechas de auditorías del registro electoral y del software de las máquinas electorales, remarcó.
“Con semejante informalidad, vamos a unas elecciones ‘ranchificadas’, que le hacen un muy delgado servicio al CNE y a la confianza en el organismo y el sistema”, concluyó, temiendo que sea “muy peligroso” para la legitimidad de quienes resulten electos.
Tan preocupante e inédita es la coyuntura que las elecciones quedarían “despojadas” como un instrumento de participación política, ya sin un voto transparente y confiable, dijo.
Sería “la institucionalización de la hegemonía del poder abierta y sin tapujos” en Venezuela, ya gobernada por el chavismo durante los últimos 26 años, advirtió.
Parlamento de Venezuela creará una ley para "proteger" la función de la Cruz Roja nacional
La Cruz Roja nacional fue intervenida en agosto de 2023 por orden del Tribunal Supremo de Justicia
La Cruz Roja nacional fue intervenida en agosto de 2023 por orden del Tribunal Supremo de Justicia
Con información
Caracas, 11 mar (EFE).- La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, controlada por el chavismo, creará una ley para "proteger" la función de la Cruz Roja Venezolana (CRV), tras más de cuatro décadas bajo una dirección que "utilizó a la institución" para "degradarla", informó este martes el presidente del Parlamento unicameral, Jorge Rodríguez.
Durante una sesión del Legislativo, el diputado explicó que el planteamiento de la ley fue hecho por el presidente de la CRV, Luis Farías, con quien se reunió este martes, junto a otros directivos de la institución venezolana y "miembros de la Federación Internacional de la Cruz Roja".
Según Rodríguez, Farías subrayó la "necesidad de que, así como ha ocurrido en otros países del continente americano, como es el caso de Argentina, de Costa Rica y de República Dominicana, pueda Venezuela también contar con una ley de la cruz roja para proteger" su función y, en ese sentido, "impedir que se desvíe".
"El anterior presidente de la Cruz Roja (venezolana, Mario Villaroel) fue presidente por (...) 46 años, y en esos 46 años no hizo una sola elección para escoger a la junta directiva de la Cruz Roja, y despachaba desde su mansión en Miami", dijo el chavista.
Asimismo, según Rodríguez, Villaroel utilizaba a la institución para "deteriorarla" y "obtener ingentes beneficios personales por la vía de la extorsión, del chantaje y de aliarse con los enemigos de Venezuela".
La Cruz Roja nacional fue intervenida en agosto de 2023 por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una semana después de que la Fiscalía abriera una investigación contra Villarroel por el "presunto acoso y maltrato" a voluntarios y trabajadores de la organización.
Villarroel rechazó las acusaciones en su contra, que tildó de "deshonestas", y consideró como "ilegal" la intervención, que incluyó también la designación por parte del Supremo de una directiva para su reestructuración.
El jefe del Parlamento aseguró este martes que, desde entonces, ha habido "un nuevo aire que ha refrescado la función para la cual fue fundada" la Cruz Roja, que ha trabajado junto con el Estado, brindado atención a los migrantes venezolanos que han retornado a su país a través del programa de repatriación Vuelta a la Patria y a poblaciones en zonas fronterizas, según Rodríguez.
Por tanto, ordenó a la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación del Legislativo trabajar con la CRV en un proyecto de ley que será posteriormente presentado ante la plenaria.
En la reunión de este martes, estuvieron presentes la jefa de la Delegación Regional Caracas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Valerie Aubert, y el jefe de delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), Nelson Aly.
Según dijo a EFE el equipo de comunicaciones de la institución venezolana, se busca, como en "todos los países donde está una Cruz Roja", que "se garantice el carácter auxiliar de la misma en materia humanitaria".
En la región latinoamericana, Argentina, Guatemala, Panamá y Costa Rica cuentan con una Ley de la Cruz Roja, mientras que en Ecuador, México, Uruguay y Honduras este tipo de normativa está en proceso de aprobación, según la CRV.
El pasado octubre, Farías dijo a EFE que la Cruz Roja Venezolana está viviendo una "refundación" tras la crisis que culminó en 2023 con el cese de Villarroel, quien estuvo en el cargo desde 1978, y que ahora la meta de la organización es "ser más transparente y confiable".
(c) Agencia EFE
Chavismo acusa a ExxonMobil de conspirar contra Venezuela para generar bloqueo económico
"Denucio responsablemente que si algo llega a ocurrirle a alguna alta autoridad de la República Bolivariana de Venezuela, responsabilizo a la ExxonMobile directamente por los planes que tiene contra Venezuela"
"Denucio responsablemente que si algo llega a ocurrirle a alguna alta autoridad de la República Bolivariana de Venezuela, responsabilizo a la ExxonMobile directamente por los planes que tiene contra Venezuela"
Con información de EFE
Caracas, 10 mar (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este lunes que la petrolera estadounidense ExxonMobil tiene "más de una década" conspirando contra la nación caribeña para causar un "bloqueo económico criminal".
"Quisimos dejar testimonio de la verdad, de cómo la ExxonMobil tiene más de una década conspirando contra Venezuela para socavar su integridad territorial, para robar los recursos del país, para causar desestabilización política interna, para causar agravio, agresión y bloqueo económico criminal, y para asesinar a sus autoridades", dijo Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.
La funcionaria mostró un documento, presuntamente elaborado por la ExxonMobil, que -advirtió- sirvió para incidir en el Gobierno de Estados Unidos que decidió el pasado 4 de marzo poner fin a la licencia de Chevron que le permitía operar en Venezuela.
Asimismo, acusó a los opositores venezolanos María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaidó y Carlos Vecchio de pedir las "sanciones ilícitas y criminales" contra el país.
"Denuncio responsablemente que si algo llega a ocurrirle a alguna alta autoridad de la República Bolivariana de Venezuela, responsabilizo a la ExxonMobile directamente por los planes que tiene contra Venezuela", añadió.
Rodríguez indicó que la ExxonMobil llegó a Venezuela en 1920 y permaneció en el país hasta 2006, cuando -sostuvo- el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) cambió el esquema de explotación a través de empresas mixtas.
"La ExxonMobil se fue de Venezuela, pero no se fue contenta, se fue odiando a Venezuela, y dijo 'voy por la venganza contra Venezuela' y pensó perversamente que la venganza contra Venezuela era irse a explotar los recursos naturales de Venezuela en el territorio de la Guayana Esequiba", indicó.
Actualmente, la empresa opera con una licencia del Gobierno de Guyana en parte del territorio que es reclamado por Venezuela.
Posteriormente, Nicolás Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato consecutivo tras su cuestionada reelección el año pasado, respaldó la denuncia de Rodríguez, al alertar de una "operación de venganza contra el pueblo de Venezuela" encabezada -afirmó- por la ExxonMobil, a la que llamó "empresa enemiga de la historia" del país caribeño.
El líder del chavismo señaló también que, según "uno de los documentos" suministrados por una "muy buena fuente" en EE.UU., Chevron fue "víctima de un lobby (grupo de presión) maquiavélico de mucho dinero" de la ExxonMobil que, a la vez, "pretende apoderarse del petróleo del mar por delimitar" en el área disputada con Guyana.
En ese sentido, sostuvo que la ExxonMobil está también en "el centro de una operación" de "persecución y exterminio" contra Chevron, que tiene hasta el 3 de abril para salir de Venezuela.
Maduro aseguró el jueves que no caerá "ni un litro" la producción petrolera venezolana, que en enero pasado superó por primera vez el millón de barriles por día (bpd) desde junio de 2019, según cifras oficiales.
(c) Agencia EFE
El régimen de Maduro provoca a Guyana: elegirá a ocho diputados del Esequibo en los comicios de regionales de mayo
El dos del chavismo, Diosdado Cabello, hizo el anuncio y aseguró: “Todo lo que esté del lado oeste del río Esequibo le pertenece a Venezuela”
El dos del chavismo, Diosdado Cabello, hizo el anuncio y aseguró: “Todo lo que esté del lado oeste del río Esequibo le pertenece a Venezuela”
Con infprmación de EFE
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que en los comicios regionales del próximo 25 de mayo, además de elegir un gobernador, el país votará por ocho diputados y sus suplentes del Esequibo, el territorio en disputa con Guyana.
Cabello, quien también es primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), indicó en su rueda de prensa semanal que, por primera vez, se escogerán 285 parlamentarios con sus respectivos suplentes para la Asamblea Nacional (AN), incluyendo los representantes del Esequibo.
“El día 25 de mayo va a haber elecciones, y va a haber elecciones en nuestra Guayana Esequiba (...). Ellos verán qué hacen con eso, nosotros seguiremos avanzando porque eso es territorio nuestro”, declaró Cabello, acompañado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
El dirigente chavista reafirmó la postura de su gobierno sobre la soberanía de Venezuela en la zona, al insistir en que “todo lo que esté del lado oeste del río Esequibo le pertenece a Venezuela”. El territorio en disputa, de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados, es rico en petróleo y otros recursos naturales.
Cabello también denunció supuestas provocaciones por parte del Ejército guyanés hacia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Cabello anunció que el 15 de marzo, el PSUV celebrará asambleas en 47.560 comunidades en todo el país para definir a los aspirantes a las elecciones de mayo. Según un documento aprobado en febrero, el presidente Nicolás Maduro y el alto mando político del PSUV tendrán la decisión final sobre la selección de candidatos.
El proceso electoral ha sido rechazado por el líder de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, quien ha cuestionado la legitimidad de la administración de Maduro tras su polémica reelección en 2023.
Reclamo en la CIJ
El ministro desestimó la reciente solicitud de Guyana a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que emita medidas cautelares que obliguen a Venezuela a no celebrar elecciones en el Esequibo y a abstenerse de acciones para anexar el territorio. La CIJ se declaró competente para resolver la controversia, pero el gobierno venezolano ha rechazado la jurisdicción del tribunal en este caso.
Guyana pidió la semana pasada a la Corte Internacional de Justicia emitir de forma “urgente” medidas cautelares para exigir a Caracas “no celebrar elecciones en ninguna parte del territorio guyanés” y “abstenerse de cualquier acción que pretende anexar” el territorio en disputa, incluida la incorporación de “Guyana Esequiba” como parte de Venezuela.
La CIJ explicó que Guyana argumentó su solicitud en el anuncio de Venezuela de celebrar el 25 de mayo elecciones en la región de Esequibo, territorio en disputa entre ambos, lo que, señaló el Gobierno guyanés, violaría “su soberanía, integridad territorial e independencia política”.
Guyana sostiene que la adopción de medidas cautelares es “urgente” porque estas acciones de Venezuela le causarían “daños irreparables”, además de incumplir la orden de este tribunal de la ONU de diciembre de 2023, que exigió a Caracas abstenerse de tomar “acciones unilaterales” que alteraran la situación actual, donde Guyana administra la región.
En este sentido, pidió exigir a Venezuela que no celebre elecciones en ninguna parte del territorio guyanés definido por el Laudo Arbitral de 1899 incluyendo: extender el derecho a voto a personas residentes en el territorio en disputa; distribuir boletas electorales, tarjetas de votación u otros materiales electorales físicos o electrónicos en la zona; o presentar, nombrar o apoyar candidatos venezolanos en elecciones en el territorio.
También le solicitó impedir a Caracas establecer mesas de votación, centros de conteo o sedes electorales en dicho territorio; crear, elegir o designar gobernadores, consejos legislativos u otros funcionarios gubernamentales para el área en disputa; o comunicarse con los residentes del territorio en relación con elecciones organizadas por Venezuela.
La segunda medida cautelar solicitada por Guyana exige a Caracas “abstenerse de cualquier acción que pretenda anexar, de jure o de facto, el territorio en disputa, incluyendo la incorporación de 'Guayana Esequiba' como parte de Venezuela”.
Finalmente, quiere que la CIJ ordene a Venezuela que “se abstenga de modificar la situación actual en la zona en disputa, donde Guyana administra y ejerce control”.
Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70 % del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el laudo arbitral es nulo y sin efecto debido a que ‘afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio de la Guayana Esequiba,’ como la llama el Gobierno venezolano.
El Gobierno venezolano reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido (antes de la independencia guyanesa), y que establece bases para una solución negociada, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
En 2018, Guyana, antigua colonia británica, interpuso una demanda contra Caracas en la CIJ, y en abril de 2023, la Corte se declaró competente para pronunciarse sobre el caso, lo que fue en un golpe a Caracas, que había intentado que se declarara “inadmisible” este caso, y subrayó en numerosas ocasiones que no consiente la jurisdicción de esta Corte sobre esta controversia.
(Con información de EFE)
González Urrutia agradeció a Luis Almagro por su firme compromiso con la democracia venezolana en la OEA
El presidente electo aprovechó para felicitar a Albert Ramdin, elegido este lunes como próximo secretario general del organismo
El presidente electo aprovechó para felicitar a Albert Ramdin, elegido este lunes como próximo secretario general del organismo
Con información de EFE
El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, expresó este lunes su agradecimiento al secretario general saliente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por su apoyo a la democracia en el país sudamericano. Además, felicitó al diplomático surinamés Albert Ramdin, quien asumirá el liderazgo del organismo en mayo.
“Quiero extender nuestro agradecimiento a Luis Almagro por su dedicación durante estos años al frente de la organización y por su firme compromiso con la causa de la libertad y la democracia en Venezuela”, escribió González Urrutia en la red social X.
El opositor, quien se adjudica la victoria frente a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024, también destacó la labor de Almagro en la “defensa de los derechos” del pueblo venezolano.
En la misma publicación, González Urrutia felicitó a Ramdin, elegido este lunes con amplio respaldo de América Latina, y manifestó su deseo de que su gestión en la OEA contribuya a “fortalecer la democracia, los derechos humanos y la cooperación” en la región.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro (EFE/ARCHIVO)
En contraste, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, criticó la labor de Almagro, asegurando que su legado quedará en el “basurero de la historia”.
La membresía de Venezuela en la OEA
Ramdin, quien será el primer caribeño en liderar la OEA, fue elegido por aclamación en una sesión en Washington, presidida por el canciller de Chile, Alberto van Klaveren.
En su primera rueda de prensa, tras ser electo, Ramdin anunció que ordenará una evaluación legal sobre la situación de la membresía de Venezuela en el organismo.
“Lo primero que pediré es una opinión legal sobre el estatus de Venezuela en esta organización y no quiero un consejo unilateral, lo quiero de diferentes lados para poder entender realmente cómo abordamos el asunto,” explicó en una rueda de prensa tras ser elegido secretario general.
En 2017, el régimen de Nicolás Maduro denunció la Carta de la OEA para retirarse formalmente del foro regional, un proceso que dura dos años, pero en 2019 el organismo reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino del país y este retiró la denuncia.
Actualmente, el asiento de Venezuela en la OEA está desocupado.
“El tema de Venezuela en esta institución hay que mirarlo bien. Las personas que actualmente están en el poder en Venezuela, si no se les quiere llamar gobierno, dicen que no son miembros. Otros dicen que Venezuela sigue siendo miembro”, explicó Ramdin.
Así mismo, el surinamés, que en mayo sucederá al uruguayo Luis Almagro al frente de la OEA, reiteró que está a favor del diálogo con la dictadura de Maduro, quien asumió un nuevo mandato a pesar de las denuncias de fraude electoral de la oposición.
“Para resolver los problemas es necesario dialogar. Si te excluyes de esa oportunidad, cierras la puerta a la influencia y la búsqueda de soluciones”, declaró el próximo secretario general, quien cree que se debe ser “neutral” y no “tomar partido por uno de los lados”.
Ramdin explicó además que “en todos los países y no solo Venezuela debe haber elecciones pacíficas, en las que todos puedan participar y que se respeten los resultados.”
En otros asuntos, el sucesor de Luis Almagro reveló que ha mantenido contactos con Estados Unidos, el principal donante económico de la OEA, para que mantenga la financiación del organismo.
Ante el desinterés de la Administración de Donald Trump por los organismos multilaterales, el plan de Ramdin es demostrar a Estados Unidos que los recursos que aporta al organismo “también sirven a sus intereses”.
Preguntado por Nicaragua, que abandonó formalmente la OEA en 2023, el canciller surinamés dijo que no será una “prioridad inmediata” abordar la situación de ese país porque ya no forma parte de la organización.
(Con información de EFE)
Docentes de Venezuela denunciaron acoso y amenazas sistemáticas por parte del régimen de Maduro
Representantes del gremio recordaron las precarias situaciones en las que deben trabajar las maestras en el país, menguado por la crisis económica que causó el chavismo
Representantes del gremio recordaron las precarias situaciones en las que deben trabajar las maestras en el país, menguado por la crisis económica que causó el chavismo
Con información de EFE
La organización Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) de Venezuela denunció este domingo que las maestras del país enfrentan un sistema que las “amedrenta” y “amenaza” en el ejercicio de su labor.
“Las educadoras siguen siendo víctimas de un sistema que amedrenta, amenaza, suspende salarios de manera arbitraria y acosa sistemáticamente a su personal”, señaló Fordisi en un comunicado publicado en X.
La organización afirmó que las maestras venezolanas representan un “símbolo de resiliencia y valentía”, pues, pese a no contar con salarios dignos para sostenerse ni mantener a sus familias, y a ser perseguidas y acosadas, continúan con su labor en un contexto marcado por el hambre, la miseria y la pobreza.
Asimismo, Fordisi expresó preocupación por la situación de algunas docentes privadas de libertad, a quienes, según la organización, se les han vulnerado sus derechos, incluido el debido proceso. “Hoy exigimos su justa libertad plena”, añadió.
Sostuvo que estas maestras detenidas, entre las que mencionó a Dignora Hernández y Carmen Salazar, enfrentan “condiciones difíciles, restricciones en su comunicación y limitaciones en su representación legal”.
En septiembre pasado, Fordisi afirmó que los docentes venezolanos están sumidos en un “letargo desesperanzador” por las -dijo- “pésimas condiciones de trabajo” que incluyen, bajos salarios.
Explicó entonces, en un boletín, que los maestros en el país reciben un salario “que no supera los 15 dólares” mensuales.
Muchas escuelas se quedan sin maestros y los padres tiene que remplazarlos (Lihue Althabe)
El régimen de Nicolás Maduro -que apunta a las sanciones como el factor que impide el incremento salarial- paga a los empleados públicos, además de su sueldo, el llamado ‘bono de guerra económica’, de 90 dólares, que sumado al de alimentación, de 40 dólares -ambos sin incidencia en beneficios laborales- y al salario mínimo alcanza los 132 dólares, pagados en bolívares a la tasa de cambio oficial.
La inflación repuntó en febrero en Venezuela y se situó en el 12,8 % intermensual, 4,9 puntos más que en enero, lo que elevó la variación interanual hasta el 117 %, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un ente independiente integrado por expertos al margen del Banco Central (BCV).
En los dos primeros meses del año, los precios acumulan una subida del 20,3 %.
“Los datos de inflación se corresponden con un aumento del precio promedio del dólar (estadounidense) del 15 % respecto al mes anterior”, explica el OVF.
Según la entidad, los sectores que registraron los mayores incrementos fueron esparcimiento (21,2 %), equipamiento del hogar (17,8 %), restaurantes y hoteles (17,9 %), vestido y calzado (17,1 %), así como alimentos (13,3 %).
“Venezuela ha entrado nuevamente en una dinámica de alta inflación asociada a la caída de los saldos monetarios reales potenciada por un cuadro macroeconómico desfavorable y con un BCV incapaz de contener la depreciación de la moneda”, advierte el OVF.
La moneda venezolana, el bolívar, continuó su caída frente al dólar en febrero, mes en el que perdió un 9,2 % de su valor en el mercado oficial de divisas, según las propias cifras oficiales.
El BCV indicó la semana pasada que el precio oficial del dólar llegó en la última jornada de febrero a un promedio de 64,48 bolívares, un aumento del 10 % en comparación con la primera cotización del mes, de 58,54 bolívares.
En lo que va de 2025, la moneda venezolana se ha devaluado un 18,4 % en el mercado oficial frente al dólar, divisa usada ampliamente en el país caribeño para cotizar bienes y algunos servicios y hacer pagos en comercios y otros establecimientos
Un tribunal de Kenia confirmó la condena contra un ex diplomático venezolano por el asesinato de una embajadora
La corte también declaró culpables a Ahmed Omido, Alex Sifuna y Moses Kiprotich al determinar que los tres llegaron a reunirse hasta en cuatro ocasiones en Nairobi para planear el crimen
La corte también declaró culpables a Ahmed Omido, Alex Sifuna y Moses Kiprotich al determinar que los tres llegaron a reunirse hasta en cuatro ocasiones en Nairobi para planear el crimen
Con información de EFE
Un tribunal de Kenia ratificó la condena de veinte años de prisión dictada en julio de 2023 contra el ex diplomático venezolano Dwight Sagaray y tres ciudadanos kenianos por el asesinato de la embajadora interina de Venezuela, Olga Fonseca, hallada sin vida en su residencia de Nairobi en julio de 2012.
En un fallo emitido el viernes pasado, los jueces del Tribunal de Apelaciones de Nairobi desestimaron el recurso presentado en agosto de 2023 por los condenados, según informaron este lunes fuentes judiciales a EFE.
“Las circunstancias de este caso, tomadas en su conjunto, forman una cadena que no nos deja ninguna duda de que el primer apelante (...), el segundo, el tercero y el cuarto estuvieron involucrados en la trama, planificación y ejecución del asesinato juntos”, señalaron los tres magistrados de la corte, según recogen medios locales este lunes.
Según concluyó al declarar a los acusados culpables en enero 2023 la jueza Roselyn Korir, del Tribunal Superior de la capital keniana, Sagaray tenía una relación hostil con Fonseca, pues ambos querían encabezar la Embajada venezolana en Kenia, y ese conflicto de intereses lo llevó a asesinarla.
“Por ese crimen atroz, los apelantes solo fueron condenados a cumplir una pena muy indulgente de veinte años de prisión. Desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta la gravedad del delito, habríamos considerado la posibilidad de aumentar la pena”, añadieron.
Después de interrogar a 37 testigos, la corte también declaró entonces culpables a los kenianos Ahmed Omido, Alex Sifuna y Moses Kiprotich, al determinar que los tres llegaron a reunirse hasta en cuatro ocasiones en Nairobi para planear el asesinato de Fonseca, por el que pudieron pagar 486.000 chelines kenianos (más de 3.700 dólares).
También participó en esas reuniones otro ciudadano keniano y bien conectado en los círculos políticos del país, Mohamed Ahmed Hassan, un fugitivo de la justicia que nunca fue capturado, aunque su orden de arresto permanece vigente.
Según el fallo, el crimen estuvo motivado por un conflicto de poder entre Dwight Sagaray y la diplomática sobre el liderazgo de la embajada
Sagaray, por su parte, conocía esos planes, pero nunca intentó detenerlos y permitió a Hassan un acceso ilimitado a la embajada de Venezuela.
Según los medios kenianos, en el recurso presentado contra la sentencia, Sagaray alegó que ninguno de los testigos interrogados lo había visto en la residencia de la embajadora interina el día de los hechos y mantuvo que no conocía los planes para acabar con su vida.
Aunque Kiprotich, que es un ex policía, renegó de su confesión inicial a las fuerzas de seguridad, en la que admitía haber tramado el plan, los jueces del Tribunal de Apelaciones señalaron que “las similitudes son demasiado prominentes entre las declaraciones del exagente y de Sifuna, lo que hace pensar que la confesión no pudo ser inventada.”
La corte también desestimó el pasado viernes la afirmación del venezolano de que se le había retirado su inmunidad diplomática de manera ilegal.
El tribunal de apelaciones de Nairobi ratificó la condena de veinte años dictada contra Dwight Sagaray y tres kenianos por el asesinato de Olga Fonseca
Fonseca, de 57 años, reemplazó al anterior embajador venezolano en Kenia, Gerardo Carrillo Silva, a principios de julio de 2012, después que el diplomático se enfrentase a denuncias de acoso sexual por parte de su personal doméstico.
“La diplomática murió estrangulada el 26 de julio de ese año y la Policía encontró su cuerpo en su cama de su residencia en un barrio acomodado de Nairobi con cordones de alambre alrededor del cuello, manos y piernas."